Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     No hay mejor imagen de lo que representa el proyectado Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el conocido como TTIP, sus siglas en inglés, que la del caballo de Troya, adoptado como símbolo por el creciente número de detractores que dicho tratado suscita. Si en la antigüedad clásica el caballo de Troya fue un regalo envenenado de los aqueos para apoderarse astutamente de la ciudad troyana, ahora, tras este ambicioso acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, se esconden planteamientos preocupantes que pueden convertirse en un auténtico golpe contra la democracia y el Estado de Bienestar.

    La amenaza es real ya que, a las negociaciones, cubiertas por el manto del secretismo, se une la actitud de la “gran coalición” existente de facto en el Parlamento Europeo (PE) entre conservadores, liberales y socialdemócratas, que están impulsando la aprobación política del TTIP. Así se comprobó el pasado 28 de mayo con la aprobación por la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE de la llamada “Enmienda CAM 50” mediante la cual se favorece a los intereses de las grandes empresas multinacionales en la misma medida que se diluye la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y del propio PE. Ello ha permitido la inclusión, con la connivencia de los grupos socialdemócratas, del  Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados, el ISDS, en el proyectado TTIP. Ello supone un mecanismo de blindaje que permite a las multinacionales demandar a los Estados con cifras millonarias en caso de considerar en peligro sus inversiones debido a cambios normativos que éstos pudieran llevar a cabo. Tal es así que las demandas de las grandes empresas, en caso de que considerasen que las legislaciones nacionales o comunitarias pudieran reducir sus beneficios, se producirían, por ejemplo, en casos de subidas salariales de los trabajadores o por la reversión al sector público de sectores sanitarios que habían sido previamente privatizados, lo cual socava todo el ordenamiento político y jurídico de la UE. decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

     Si lo anterior no fuera ya un duro golpe  en los muros de nuestra democracia que las hordas del capital trasnacional intentan asaltar, hay que añadir que las demandas tendrían lugar ante comisiones de arbitraje privadas y no ante los tribunales de Justicia ordinarios. Además, estas comisiones internacionales privadas estarían formadas por abogados designados  por los grandes lobbies empresariales y sus decisiones no podrían ser impugnadas ante ninguna otra instancia judicial: el resultado de sus “fallos” sería, pues,  tan parcial como podemos suponer. Ante semejante aberración  Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado su total rechazo  al calificar al ISDS como “un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción” entendida ésta como una función estatal y como un órgano que ejerce un poder reservado al Estado. Además, JpD nos advierte que las prácticas de éstos tribunales serían demoledoras tanto en cuanto traerían una pérdida de derechos laborales básicos, fomentarían el dumping social (enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra), limitarían las sanciones por daños medioambientales causados por las multinacionales y privatizarían servicios públicos esenciales como es el caso de la sanidad. De consumarse esta situación, el caballo de Troya estaría ya dentro de nuestra fortaleza  y, con ello, la democracia estaría herida de muerte ya que nuestros parlamentos no podrían legislar en contra de los abusos de los inversores extranjeros y en defensa de los intereses del conjunto de la sociedad. Por su parte, la oposición sindical ante el TTIP y el ISDS es también frontal y así lo han puesto de manifiesto Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y hasta el movimiento sindical norteamericano  de la AFLCIO pues como señalaban todos ellos, estos acuerdos suponen “una amenaza a los derechos laborales conquistados hace muchos años, a los principios democráticos y a la naturaleza y funciones de los Servicios Públicos, que se pueden ver invadidos por el negocio y los intereses privados, vulnerando su carácter de atención pública, universal, de calidad y gratuita”. Y, de forma premonitoria, el movimiento sindical nos advierte que, “si se mantiene el tratado en los términos que ya conocemos significaría un golpe muy grave y serio a las políticas de cohesión social, al Estado de Bienestar a nivel europeo, a los derechos laborales, al derecho de negociación colectiva y a la propia capacidad de los Estados de la UE para defender políticas de igualdad”. Y no debe sorprendernos esta pretensión, este nuevo intento de retroceso político y social, pues tras este nuevo caballo de Troya, se halla la voracidad neoliberal, ese capitalismo trasnacional sin alma que, como decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

   Ante tan grave amenaza, también la ciudadanía vigilante e informada se ha movilizado y ahí está la Iniciativa Ciudadana Europea Stop TTIP, la cual ya ha sido suscrita por más de dos millones de europeos. Por ello, y visto el trato despiadado al que está siendo sometida Grecia por parte de los poderes económicos representados en la Troika, la oposición ante el TTIP, al cual la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez ha definido como “la constitución de las multinacionales”, ha de ser contundente desde las filas de los grupos progresistas y de izquierdas (incluida la errática socialdemocracia europea), como por parte de la ciudadanía. Además, ante tan importante cuestión, siguiendo el ejemplo de Alexis Tsipras, hay que dar la voz al pueblo soberano y someter el TTIP a referéndum en todos los países de la UE y, por supuesto votar en contra de un tratado que pretende que las grandes corporaciones fijen las reglas de juego y aumenten ilimitadamente sus beneficios al margen de todo control jurídico y democrático, algo que, desde todos los puntos de vista resulta inaceptable.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 de julio de 2015)

     Resulta frecuente en estas últimas fechas escuchar diversas declaraciones del Gobierno tendentes a transmitir el mensaje de que España está saliendo de la recesión, que está superando la crisis económica. A esta ofensiva de optimismo gubernamental tendente a paliar el enorme desgaste sufrido por el Gobierno del PP  como consecuencia de la dura política de ajustes y recortes que ha aplicado, se están dedicando con fervoroso entusiasmo tanto Rajoy como algunos de sus ministros, especialmente De Guindos, Montoro o Fátima Báñez, pues no es casualidad que entramos en un año electoral complejo e incierto y hay que convencer a fieles y ajenos del supuesto horizonte de “bonanza” económica lograda gracias, dicen, a las “reformas” aplicadas por la derecha gobernante.

    Recurriendo a la metáfora de un oscuro y largo túnel en el cual entró la economía española allá por el año 2007, ahora se nos dice que ya estamos saliendo de éste, que ya se ve la luz. Pero esa luz, a la mayor parte de la ciudadanía, nos parece bastante difusa y poco creíble máxime si tenemos en cuenta las elevadísimas tasas de desempleo, la ínfima calidad de los nuevos contratos que se crean actualmente así como el aumento acelerado de las desigualdades sociales y de los índices de pobreza, impropios de un país desarrollado como se supone que somos. Recordando estos factores, pienso que la crisis se asemejaría a una agreste cordillera que hay que atravesar y en la que el tren de la economía puede que haya salido de un túnel…para luego entrar en otro…y en otro más después…ya que las negativas consecuencias de esta crisis global siguen muy presentes y lacerantes en nuestra sociedad y se tardará mucho tiempo en superarlas, el mismo tiempo que, túnel tras túnel, cueste atravesar esta endemoniada cordillera de la crisis.

    Se habla de la salida de la crisis y, sin embargo, en ningún momento se ha buscado desde el Gobierno una salida más social, solidaria y progresista para con los sectores más azotados por la oscuridad de este túnel en el cual, digan lo que digan, seguimos metidos. La lectura reposada del libro de Loretta Napoleoni La mordaza. Las verdaderas razones de la crisis mundial, publicado en 2010, nos ofrece algunas alternativas de interés que todos los gobiernos deberían de tomar en el marco de la economía global para acabar de una vez con esta crisis que, como bien señala la autora, está amordazando nuestras vidas y esperanzas.

    En primer lugar, Napoleoni instaba, ya en aquel año,  a que era imprescindible una rebeldía cívica para hacer frente a esta “tormenta perfecta” a la cual nos ha abocado la letal convergencia del “abuso financiero y la negligencia política”. De este modo, frente a lo que califica de “malestar existencial que aflige a la aldea global”, de forma premonitoria, señalaba que el camino era rebelarse, participar activamente en la política para cambiar  las cosas  pues, así, “encontraremos la fuerza para volver a participar activamente en la vida política y, si es necesario, el valor de renovar totalmente la clase política que nos representa” puesto que “nuestro deber es rebelarlos…[…]…tener el valor de decir basta y dar la espalda  a los grandes prestidigitadores de nuestro tiempo, la clase política, que hasta hoy nos ha representado tan mal”. Como vemos, aseveraciones de tienen total validez y vigencia en la realidad política actual y que, lejos de tendenciosas acusaciones de “populismo”, suponen una profundización en los valores cívicos y democráticos propios de toda sociedad avanzada y progresista. Sólo así podremos hacer  frente al “huracán recesivo” (político, económico y social) que padecemos y que se nos ha impuesto en este contexto de crisis global.

   Además de esto, la auténtica salida del túnel pasa por la construcción de un nuevo modelo económico, un modelo que no pasa por los rescates a la banca privada pues ello, bien lo sabemos en España, “no contienen la hemorragia financiera porque no curan la herida, más bien consumen el erario público y pignoran la riqueza futura”, como ha puesto de manifiesto Paul Krugman. En consecuencia, la actual crisis debe ser aprovechada para reestructurar el actual sistema financiero mediante una apuesta decidida por la nacionalización de aquella parte del sector bancario que sustenta la economía productiva, dejando por el contrario que quiebren aquellas entidades y sociedades que, como dice Napoleoni, apostaron en “los tapetes verdes del casino mundial”, sin olvidar tampoco que el Estado debe suprimir todos los productos financieros tóxicos como son los Hedge Funds o los Credit Default Swaps ya que, “si las altas finanzas se divertían con los juegos de azar, que paguen las consecuencias de esa locura en vez de consumir el dinero necesario para la recuperación económica”.

   Otra luz que ilumina la salida del túnel es el papel que debe desempeñar el Estado en esta nueva etapa, pues se necesita un Estado fuerte que dicte la reglas del juego y que se imponga a los poderes económicos, un Estado “que proteja realmente a sus ciudadanos y no a las instituciones que les han robado”, que potencie los bancos cooperativos y la banca ética, que propicie una reconversión industrial que fomente la economía sostenible, las energía limpias que invierta grandes cantidades en infraestructuras públicas para reactivar la alicaída economía y, de este modo,  fomentar el empleo.

   Estas son algunas de las luces para salir del túnel y ninguna las lleva el tren del gobierno de Rajoy. Por eso, como señala al final de su libro Napoleoni, “el camino para liberarse de esta mordaza que desde comienzo del milenio nos está machacando existe y es distinto a las políticas seguidas hasta ahora. Es hora de que alguien tenga el valor de emprenderlo”. Ahí está el reto.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2015)

Etiquetas: crisis, global, alternativas, progresistas, a, la, rebelión, cívicarebelión, cívica, democracia, participativa

     Frente a los repetidos empeños en reducir los salarios de los trabajadores con la coartada de así lograr una mayor competitividad económica, y cuando el documento Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma elaborado por la FAES y dirigido por Miguel Marín apunta la peligrosa idea de suprimir el salario mínimo interprofesional  y el seguro de desempleo, hay que reivindicar otras alternativas que resulten más justas socialmente y más audaces desde una perspectiva fiscal.

     Este es el caso de la llamada Iniciativa 1:12 para una paga justa la cual supone un intento de acabar con los desmesurados sueldos de los altos ejecutivos, aquellos a quienes en nada ha afectado (bien al contrario), la crisis económica y que en muchas ocasiones sus salarios resultan motivo de escándalo comparados con la devastación social a la que está siendo sometida la clase media y, sobre todo, la clase trabajadora en estos últimos años.

     La idea surgió por parte de la JUSO, la rama juvenil del Partido Socialista Suizo en el año 2009 con objeto de evitar, como señalaba Cédric Wermuth, su entonces dirigente, que “ejecutivos codiciosos ganen millones  mientras otra gente no gana lo suficiente para vivir”. De este modo, la Iniciativa 1:12 proponía limitar constitucionalmente en el país helvético que una persona no pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año, lo cual suponía un audaz intento de acabar con la desigualdad retributiva empresarial.

     La iniciativa de la JUSO, tras lograr las 100.000 firmas necesarias, fue sometida a referéndum el pasado 24 de noviembre de 2013 y, aunque fue derrotada por la presión ejercida por la Swiss Holdings, la federación de las multinacionales con sede en Suiza, entre ellas las farmacéuticas Roche o la poderosa Nestlé, que amenazaron con deslocalizar sus empresas trasladándolas a otros países. Y no es de extrañar el frontal rechazo de las mismas:  los directivos de Roche ganan 236 veces más que su empleado con el sueldo más bajo, y el de los ejecutivos de Nestlé es 188 veces superior.

     Pese a este revés, la Iniciativa 1:12 ha generado, como señala Sam Pizzigati, “un importante debate sobre la igualdad de salarios y una distribución más justa de la renta” y campañas similares se han extendido en Francia y Alemania. También ha sido apoyada por pensadores, a nivel global, sobre la igualdad, como el epidemiólogo británico Richard Wilkinson, según el cual esta iniciativa está poniendo de manifiesto que la actividad empresarial “no debe organizarse como un sistema para la concentración no democrática de la riqueza y el poder”.

   Y así las cosas, ¿qué podemos decir de España en donde los directivos bancarios, pese a su en ocasiones nefasta gestión, reciben salarios e indemnizaciones millonarias? ¿y de los políticos excedentes que, mediante el deplorable método de las “puertas giratorias” hallan retiros dorados muy bien retribuidos en poderosas corporaciones económicas o financieras?.

   Es de justicia señalar que ya en noviembre de 2013, coincidiendo con el citado referéndum suizo y haciéndose eco de su espíritu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una Proposición no de ley en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para poner límites salariales a “las clases dirigentes”. De este modo, se pretendía fijar un techo salarial para los directivos de todas las empresas privadas y administraciones públicas de 1:12, la proporción que da nombre a la Iniciativa 1:12. Esta propuesta, además de incidir en la justicia retributiva, tiene un claro componente ético puesto que resulta evidente (y flagrante) el que, como señalaba ERC, que no ha habido una “justa correlación” entre los costes sociales ocasionados por las reformas estructurales que se han puesto en marcha desde el inicio de la crisis y que tantos recortes de derechos laborales, económicos y de servicios sociales han supuesto para las clases media y trabajadora, y los crecientes beneficios logrados por los perceptores de las rentas más altas, los mismos que, en muchos casos, se han lucrado con la crisis. Baste recordar que los altos directivos de las empresas del Ibex 35 han pasado de ganar 23 veces más que sus empleados en 2007 a cobrar 25 veces por encima en 2013…y la brecha salarial sigue creciendo en la actualidad. Ello ha supuesto que, durante la actual crisis, las clases altas son cada vez más ricas en términos absolutos y relativos mientras que se ha producido un grave empobrecimiento  de la gran mayoría de la población, con consecuencias tan sonrojantes como los crecientes índices de pobreza y malnutrición infantil en España.

   Frente a una creciente desigualdad social, resulta urgente que las fuerzas progresistas y los sindicatos de clase trabajen conjuntamente impulsando ideas que, como la Iniciativa 1:12, vinculen proporcionalmente los salarios de los directivos al salario mínimo dentro de una misma empresa así frenar el riesgo de que la brecha social de la desigualdad siga aumentando. En consecuencia, resulta imprescindible reformar el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores para establecer un techo salarial máximo bruto (incluyendo el salario fijo y los posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual), vinculándolo al sueldo más bajo en relación 1:12. Dicha reforma debería de afectar a la empresa privada y también al sector público (Administración, instituciones del Estado y cualquier organización, empresa, fundación y organización que cuente con participación pública directa o indirecta).

   Esta política retributiva es un deber y una bandera que debemos defender y enarbolar todos aquellos que creemos, pese al avasallamiento al que estamos siendo sometidos por el neoliberalismo, que es posible transformar la sociedad con criterios de justicia y de solidaridad compartida.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 diciembre 2014)

Etiquetas: justicia, retributiva, brecha, salarial, política, fiscal, economía, global

     Otra de las consecuencias de la devastación producida por la actual crisis global es el deterioro y desmantelamiento del marco de relaciones laborales lo cual ha socavado los cauces de negociación colectiva y ha reducido el ámbito de aplicación de los convenios. De este modo, estamos sufriendo  un serio retroceso de nuestros derechos sociales y  laborales que tanto tiempo y esfuerzo costó conseguir. En este sentido hay que situar las constantes reducciones salariales que se están imponiendo a los trabajadores, unido a unas condiciones laborales cada vez más precarias.

   El descaro neoliberal llega a extremos surrealistas como cuando la multimillonaria australiana Gina Rinehart, la 16ª  mujer más poderosas del mundo según la lista Forbes, afirmaba que sus compatriotas deberían de aceptar salarios más bajos porque “la gente de África está dispuesta a trabajar por 1,5 euros al día”. Esta misma empresaria, cuya fortuna personal se estima en 16.000 millones de dólares, propuso, igualmente, que cualquier pareja que ganase menos de 100.000 dólares australianos (unos 77.000 euros) debería de ser esterilizada por la fuerza como “única forma de evitar la pobreza e impedir que las clases bajas se multipliquen”.

     De esta peculiar “sensibilidad social” hacia los trabajadores, hacia las clases populares, las que con mayor intensidad están sufriendo los efectos de la crisis económica,  también tenemos ejemplos flagrantes en España: recordemos las pasadas declaraciones de Jorge Garasa, el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón del pasado mes de febrero en las que sugería que la posibilidad de trabajar, para todo el que quiera…pero sin cobrar, ciertamente, una propuesta fiel reflejo de la mentalidad de la más rancia derecha empresarial, como lo son las recientes propuestas de la FAES demandando la supresión del salario mínimo interprofesional y la reducción de las prestaciones por desempleo.

     Al ajuste neoliberal, siempre insaciable, no le basta con la moderación salarial pactada en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado en enero de 2012 y vigente para el período 2012-2014: ahí está el intento de  imponer una drástica bajada de salarios del 10 %, tal y como dictó el pasado año el FMI y el Colegio de Comisarios de la UE. Semejante recorte salarial responde   a las políticas de ajuste  que, desde 2010, están aplicando ambos organismos y ante las cuales, ni Zapatero en su momento, ni ahora Rajoy, no sólo carecieron del coraje necesario para  oponerse a estas medidas y contraponer una alternativa económica que no causase los enormes destrozos que, en el tejido social,  han generado las políticas neoliberales, sino que, además,  fueron responsables de la aprobación de  unas  reformas laborales muy lesivas para los trabajadores.

     Las reiteradas bajadas de salarios impuestas han supuesto en España, en el período 2010-2013, una caída salarial del 6,3 %, y no han servido para reactivar el empleo ni la actividad económica (bien al contrario, la retrasan), han perjudicado al consumo interno,  además  de incrementar la pobreza llevando a muchas familias a graves situaciones de sufrimiento.

     En cuanto al Programa de Garantía Juvenil aprobado hace unos días por el Gobierno y financiado con 1.900 millones de euros del Plan de empleo juvenil  de la UE, como señalaba Antón Losada, al margen de la publicidad interesada, supone en realidad un sutil engaño pues, “aunque digan que el dinero sale de Europa, en realidad antes salió de nuestros impuestos”, un dinero con el que “pagaremos para que los empresarios puedan seguir precarizando a placer el mercado laboral y subvencionados por el Gobierno, La Seguridad Social verá caer sus ingresos y continuará el deterioro del sistema público de pensiones hasta que ya no quede más remedio que liquidarlo por derribo”. Todo un “negocio redondo” para los empresarios y en el que nuestros jóvenes tendrán que pagar por trabajar.

     En un artículo reciente publicado en este mismo periódico, Adolfo Barrena nos advertía de “un dato tremendamente significativo” cual era que,  por primera vez en la España democrática, “los empleados con contrato indefinido y a tiempo completo han dejado de ser la mayoría en el mercado laboral. La precariedad avanza deprisa”. Esta es la doble tenaza que oprime a  los trabajadores que todavía mantienen un empleo: precariedad laboral y reducciones salariales, una tenaza que ha servido para aumentar de forma acusada las desigualdades en España como lo pone de manifiesto el hecho de que, en medio de la crisis, los directivos de las empresas y los grandes patrimonios han visto incrementar su riqueza y, con ello, el abismo que los separa de los sectores sociales y laborales más débiles: una auténtica injusticia social…y fiscal.

    Si el PP continúa con estas políticas antisociales, seguirá destrozando el presente y las esperanzas de futuro de multitud de familias, de miles de jóvenes, que no hallan en sus vidas un horizonte laboral digno. Destrozadas así las posibilidades de negociación colectiva, arrinconado el ideal de una democracia industrial, habremos vuelto a un tiempo lejano y oscuro en donde, el amo, el patrón, tenía todo el poder y la legislación de su parte mientras que el trabajador, indefenso y resignado, para conseguir un empleo, precario y mal retribuido, sólo podía decir “Si, mi amo; sí, mi patrón”, tal y como ocurría en siglos pasados. Lamentable.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 13 julio 2014)

Etiquetas: política, laboral, precariedad, contratación, derechos, laborales, neoliberalismo

     La reciente decisión del Gobierno y en particular del ministro Montoro relativa a la bajada de los impuestos para 2015 tiene un doble propósito: electoral en la forma y engañoso en el fondo. No hay más que ver la fecha de su aplicación (previa a los comicios previstos para el próximo año) y, también, los nuevos tipos de tributación que contempla aplicables a las indemnizaciones por despido, al alquiler, a los dividendos o a los planes de pensiones. Nuevamente, el Gobierno de Rajoy intenta ser el alumno más aventajado de la clase en lo que a la aplicación de medidas neoliberales se refiere como es la bajada de impuestos, aunque oculta que esta reducción a quien realmente beneficia, como siempre, es a las rentas más altas que, una vez más, capean airosamente los escollos de la crisis económica en la que tantas vidas, esperanzas y economías domésticas han naufragado.

     La reducción de impuestos, convertida en un auténtico dogma de fe neoliberal desde que fue puesto en marcha por los gobiernos de Reagan y Tatcher a comienzos de los años 80, responde a un momento en que, tras la pérdida de credibilidad de las políticas socialdemócratas y keynesianas, unido al fracaso del modelo de planificación económica de los países del llamado socialismo real del Este, la derecha económica actualizó, desde las ideas de Milton Friedman o Friedrich Hayek, los principios liberales clásicos: es lo que conocemos como neoliberalismo, doctrina contraria al Estado de Bienestar (al cual considera incompatible con el progreso económico) y que propugna la reducción del papel del Estado en beneficio de una economía de mercado desregulada, la misma que nos ha conducido a esta crisis global que padecemos. Esta doctrina económica, como hemos comprobado en estos años, pretende igualmente reducir el gasto público y los impuestos con el pretexto de que ello reactiva la iniciativa privada y la inversión, cuando, en realidad ha producido consecuencias negativas como la eliminación de las políticas sociales, el gradual desmantelamiento del Estado del Bienestar y el abandono del objetivo del pleno empleo.

     La reducción de impuestos fue aplicada por Reagan por primera vez en 1981 con su “teoría de la oferta” puesta en marcha por David Stockman, el director de la Oficina de Presupuesto de los EE.UU. Igual hizo el gobierno de Margaret Tatcher, el cual realizó una política de privatizaciones que desmantelaron el sector público británico y supusieron unos grandes costes sociales. Con ello, el neoliberalismo dinamitó la idea de  la economía capitalista de mercado con el compromiso social de ampliar y mantener un Estado de Bienestar de corte socialdemócrata de tan exitosos resultados desde el final de la II Guerra Mundial.

     El dogma neoliberal tuvo numerosos seguidores que aplicaron seguidamente este tipo de políticas. Así lo hizo en Alemania, desde 1982, la coalición cristianodemócrata-liberal o Francia, donde el conservador Jacques Chirac  impulsó a partir de 1986 una política de privatizaciones, favoreció el despido laboral y, por supuesto, suprimió el impuesto a las grandes fortunas creado por el anterior gobierno socialista de Miterrand, un gobierno que, no obstante, ya había iniciado un giro social-liberal que sería seguido posteriormente por otros partidos socialistas y socialdemócratas europeos como el Nuevo Laborismo de Tony Blair o la Tercera Vía del SPD de Gerhard Schröder.

     A esta deriva social-liberal no ha estado ajena España: desde la época de los ministros socialistas Boyer y Solchaga, defensores de la ortodoxia liberal y monetaria, a las reducciones de impuestos de los gobiernos de Aznar  y, también de Zapatero, quien cometió el dislate de afirmar que “bajar los impuestos es de izquierdas”, afirmación que dinamitaba la progresividad fiscal, una de las ideas fundamentales de la socialdemocracia. De hecho, los grandes recortes del gasto público en España son consecuencia directa de esas temerarias bajadas de impuestos pues, como señalaba Vicenç Navarro, “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado  si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF, llevados a cabo por Rato y después por Solves, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     En la actualidad, el PP retoma su programa económico inicial que contempla sustanciales recortes de impuestos, algo en lo que, por cierto, coincide plenamente con  el Gobierno de Artur Mas pues, al margen de diferencias políticas, a la derecha española y a la catalana, les une un mismo dogma neoliberal. En esta misma línea hay que entender los denodados intentos de privatizar la Sanidad pública y las incipientes propuestas de, imitando lo hecho en su día por el gobierno de Pinochet en Chile,  que piden la  privatización total de las pensiones públicas.

    Frente a las interesadas bajadas de impuestos, tan demagógicas como ineficaces para reactivar la economía y mantener el Estado de Bienestar, la socialdemocracia debe contraponer con energía y convicción una auténtica política de progresividad fiscal que priorice los impuestos directos. Ante la actual hegemonía neoliberal, la socialdemocracia sólo tendrá futuro si profundiza en una democracia participativa y enarbola de nuevo la lucha contra las desigualdades, tal como recoge la Red por la Justicia Fiscal Global con objeto de potenciar el Estado Social Europeo y, por supuesto, el mantenimiento de los servicios públicos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 junio 2014)

Etiquetas: neoliberalismo, fiscalidad, economía, desregulada

     En medio de un océano neoliberal embravecido, con la amenaza del fascismo xenófobo emergente y una socialdemocracia desnortada y en demasiadas ocasiones claudicante, la nave del ideal de progreso y solidaridad que debía simbolizar la Unión Europea parece zozobrar ante las graves vías de agua abiertas en su estructura.

     En medio de esta tempestad, de tanto marasmo,  algunos políticos dejan oír su voz. Este es el caso de Oskar Lafontaine dirigente de Die Linke (La Izquierda), el partido político surgido en 2007 tras la unión de una escisión del ala izquierda del SPD alemán y los excomunistas del PDS de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Lafontaine, en 1998, siendo entonces ministro de Finanzas del Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröeder ya había advertido del peligro que suponía la introducción del euro “sin contar con un gobierno económico europeo y, sobre todo, sin una política salarial coordinada”, era de la opinión de que, sin estas medidas complementarias, la Zona Euro “se volvería a desintegrar”. Por esta razón, Lafontaine fue el único político socialdemócrata que, hace ya 15 años reclamaba con firmeza la regulación de los mercados financieros internacionales así como que se pusiera fin a las especulación monetaria proponiendo una zona de tipos de cambio límites y el control de los flujos de capital.

     En esta misma línea, el pasado 25 de septiembre, Lafontaine pronunció en Munich una conferencia en la que, bajo el título de “Los mercados financieros desatados: un análisis del capitalismo moderno” fijaba la posición de un auténtico socialdemócrata ente lo que ya resulta una obviedad: la dictadura de los mercados sobre la vida política, económica y social.  De entrada, define al capitalismo como “un orden económico que se caracteriza por una alta productividad y una distribución desigual”. Enlazando con la actual crisis sistémica, nos recuerda la afirmación de Lenin según la cual “para destruir la sociedad civil hay que devastar su sistema monetario” y es eso precisamente lo que está sucediendo y sus efectos resultan demoledores.

     Esta devastación del orden social (entiéndase, del actual Estado del Bienestar), hace que la sociedad civil pierda sus valores además de agudizar los modelos de distribución injusta y desigual impulsados por el ardoroso entusiasmo de las políticas neoliberales. Semejante temporal está barriendo cualquier principio de justicia equitativa, ideal que durante décadas se cimentaron las sociedades más modernas y avanzadas. Lafontaine lo expresa nítidamente al señalar que “a los peces pequeños se les persigue, los grandes salen impunes” y, a estos últimos, excepto contadas ocasiones, se les jubila con lo que denomina “paracaídas dorados”: la imagen de los directivos bancarios y sus prácticas carentes de toda ética  nos viene de inmediato a la memoria. Frente a esta evidencia, y para frenar el creciente incremento de las desigualdades sociales, como buen socialdemócrata enarbola la bandera de la progresividad fiscal para que las consecuencias de la crisis no pesen sobre los sectores populares sino “sobre los más ricos en forma de un impuesto millonario a nivel europeo”.

     Y la devastación social no queda ahí pues como bien sabemos en España, está socavando los cimientos de la democracia dado que las imposiciones económicas externas están inhabilitando, de hecho, la soberanía de los gobiernos y parlamentos electos. Sólo tenemos que recordar cómo se modificó el artículo 135 de nuestra Constitución ante las exigencias de la Troika. Esta situación nos recuerda lo que, en un lejano año de 1906, decía Theodore Roosevelt: “Detrás del Gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. La primera tarea del arte de gobernar es destruir este gobierno invisible”.

     Otra consecuencia dramática de esta devastación social es el creciente empleo y la depauperación económica, especialmente en los países del sur de Europa como es nuestro caso. Ello, como recordaba Lafontaine, supone “una notable pérdida de libertad”, entendiendo por tal el derecho de cada persona de disponer, dentro de unos límites, de una total autonomía, una libertad que no tiene quien no sabe si llegará a final de mes, si mantendrá su empleo, si podrá alimentar a su familia. Es por ello que, para Pierre Bourdieu, “la libertad consiste en dominar y planificar la vida, las circunstancias vitales”, tema que analiza David Graeber en su libro En deuda en el que se estudia en profundidad la interrelación entre las deudas y la libertad. Ahí está el triste panorama del incierto futuro laboral de nuestra juventud que sufre un paro lacerante del 56% en España y que en Grecia alcanza el 63 %, una juventud que ve bloqueados todos sus proyectos de vida, su libertad en definitiva.

     Ante tanta devastación social Lafontaine es claro y contundente: las fuerzas políticas progresistas deben de imponer una nueva arquitectura financiera mundial que permita una estricta regulación del sector bancario. Sólo así se podrá poner freno a los enormes daños causados a la economía real, a los valores de las sociedades democráticas,    a la vida y la libertad de los ciudadanos. Un reto en el cual la izquierda se juega su credibilidad y futuro como alternativa creíble y efectiva frente a la devastación neoliberal que padecemos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2014)

Etiquetas: crisis, global, socialdemocracia, Oskar, Lafontaine, regulación, mercados, financieros

La Troika, ese entente formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, cual si de los nuevos jinetes de la Apocalipsis se tratara, avasalla nuestros derechos laborales y sociales y comete un auténtico golpe de estado contra la soberanía económica de las naciones que, como es el caso de España, se hallan empantanadas en una crisis global de incierta salida. Y es que, en medio de tan sombrío panorama, resultado, como señalaba Susan George,  a la convergencia simultánea de varias crisis (económica-financiera, ecológica y alimentaria), hay que sumar una crisis también democrática ya que, en el marasmo actual, los poderes económicos, que no han sido elegidos por los ciudadanos, son los que fijan las reglas del juego. Todo ello hace que la Troika se convierta en un poder omnímodo que, con sus políticas, está desmantelando los principales logros sociales de la Unión Europea.

Pero nada de esto es nuevo. La Troika, amparada en los vientos conservadores que soplan en Europa, se mantiene fiel a la política desarrollada por el FMI y el Banco Mundial (BM) desde que ambas instituciones financieras internacionales surgieron en la Conferencia de Bretton Woods (julio 1944) convocada por el presidente norteamericano Roosevelt con objeto de crear un nuevo orden económico internacional (capitalista, desde luego) cuando la II Guerra Mundial  entraba en su fase final. Desde entonces, el FMI-BM se convirtieron en los prestamistas de recursos financieros  no sólo para la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, sino para los países en vías de desarrollo.  Pero, a partir de la crisis petrolífera de 1973 y de la crisis de las deuda de principios de los años 80, la concesión de los créditos quedó condicionada a la previa implantación de duros programas de ajuste estructural por parte de los Estados, a los cuales se exigían severas medidas de disciplina fiscal (reducción gasto público, liberalización financiera y comercial, política de privatizaciones). Esta política ultraliberal, conocida como “El Consenso de Washington”, suponía la consagración de los cuatro dogmas de la ortodoxia neoliberal: la estabilidad presupuestaria, la liberalización, la privatización y la desregulación de los mercados financieros.

Estas políticas, aplicadas durante décadas por el FMI-BM en los países en vías de desarrollo, son las mismas que ahora impone la Troika a los países de la UE con dificultades y que han tenido unos resultados nefastos. De hecho, no sólo no favorecen el crecimiento económico, sino que debilitan los elementos de cohesión social y, con ello, aumentan las desigualdades sociales. Es por ello que la Troika ha alcanzado una excesiva capacidad de influencia (y de decisión) sobre las políticas económicas de los Estados soberanos a los que les imponen su rampante programa neoliberal.

Las recetas macroeconómicas que la Troika nos exige son conocidas: desmantelamiento del sector público, privatizaciones, una mayor flexibilidad laboral y una fiscalidad regresiva (aumento de los impuestos indirectos como el IVA en vez de potenciar una fiscalidad progresiva basada en los impuestos directos tales como el IRPF o el de Sociedades), además de otras medidas tendentes a debilitar, cuando no desmantelar, la educación y la sanidad pública así como la reducción de los subsidios. Por todo ello, la Troika simboliza hoy en día el paradigma extremo de la ideología ultraliberal.

Ante semejante panorama, los gobiernos europeos doblan la rodilla. Este es el caso de España donde, como recordaba Pablo Iglesias Turrión, “los partidos por-Troika”, esto es, el PP y el PSOE, se han aprestado en todo momento a cumplir “diligentemente” sus órdenes y, por ello, reformaron la Constitución para limitar nuestra soberanía económica, y aplicaron reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores. Pero la Troika es insaciable y, asumiendo el último informe del FMI, propone ahora como solución a los problemas económicos de los españoles la reducción de un 10 % de los salarios. Eso dice el FMI, cuya directora, Christine Lagarde, cobra 380.000 euros anuales, y en una España que, como recordaba el economista francés jean Paul Fitoussi, se ha producido una caída de los salarios que “no se ha visto nunca en los tiempos modernos en un país desarrollado”.

Ante semejante agresión, una más, de las políticas de la Troika,  el economista Juan Torres nos insta a rebelarnos ante un programa económico que se nos impone y que está generando auténticos crímenes económicos contra la Humanidad y ante los que, consecuentemente, debemos pedir responsabilidades a sus dirigentes y directivos y exigir una legislación y unos tribunales internacionales que los investiguen y juzguen cuanto antes.

Frente a la resignada claudicación de los gobiernos europeos ante los dictados del FMI en su versión Troika, hallamos el contraste de los gobiernos de izquierdas de América Latina, los cuales se han opuesto de forma tajante a la dictadura neoliberal. Este es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa optó valientemente por la dirección contraria: subió los impuestos a los ricos y a los bancos lo cual duplicó la recaudación tributaria, logró la gratuidad plena de la sanidad y la educación y elevó los salarios reales.

Ante esta Troika que nos trinca derechos y recursos, la única solución, además de una oposición frontal a estas políticas antisociales, pasa por exigir una transformación radical de las instituciones financieras internacionales, democratizando su funcionamiento y exigiendo que se revisen (y en su caso se anulen) las condiciones de política económica y ajustes estructurales en función de los efectos sociales negativos que de ellos pudieran derivarse. Es difícil doblegar a los amos de la economía global, pero resulta imprescindible para garantizar una sociedad más justa, libre y cohesionada.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 septiembre 2013)

     En la renacentista ciudad italiana de Ferrara, la cuna de Savonarola y de Ariosto, en cuya Universidad estudiaron Paracelso y Copérnico, se dice que era tanto su nivel cultural que, en las batallas contra las ciudades vecinas, las bombardas de Ferrara no arrojaban vulgares piedras sobre sus enemigos, sino pulidos bloques de mármol: eran igual de mortales, pero era un arma refinada, propia de la que fue considerada como la primera ciudad moderna de Europa. Así son también los efectos sociales de las medidas de ajuste neoliberal implantadas tan diligentemente por Rajoy: impecablemente democráticas gracias al peso de su mayoría absoluta parlamentaria, pero tan letales  para la cohesión y la justicia social como las bombardas de Ferrara.

     Ante esta situación, Iñaki Gabilondo recordaba hace unos días que, tras la hecatombe financiera, los ciudadanos, convertidos en “súbditos de los mercados”, vivimos en un régimen que no duda en calificar como “una dictadura muy particular disfrazada con los ropajes de la democracia” Puede parecer muy dura esta expresión pero no por ello deja de ser menos cierta.

     En esta línea,  el prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos emplea el término de “fascismo social”,  el cual avanza en las “democracias de baja intensidad”, en aquellas que, según Huntington, el nivel de participación popular es inferior al del nivel de institucionalidad, lo cual produce graves déficits democráticos y genera lo que Lechner define como “minorías consistentes” que, cual nuevas oligarquías, usurpan el espacio que corresponde a la ciudadanía. En consecuencia, se trata de sociedades formalmente democráticas, pero “socialmente fascistas” que, aunque no tienen los mismos rasgos que los movimientos totalitarios del pasado siglo XX, suponen un peligro real para la democracia. Por ello, Sousa Santos define al fascismo social  como “un régimen social que combina la democracia de muy baja intensidad con dictaduras plurales en las relaciones sociales, económicas y culturales”. Tal es así que los ciudadanos somos formalmente libres, pero la realidad nos ha convertido en siervos, hasta el punto de que algunos autores hablan de un “neofeudalismo”, tanto en cuanto los grupos sociales dominantes adquieren un creciente poder sobre la vida las expectativas (personales y laborales) de los ciudadanos y de los grupos sociales oprimidos. En este sentido, Sousa Santos habla de un “fascismo de la inseguridad”, entendiendo por tal la “manipulación discrecional de las seguridad de las personas y los grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo” (ahí están las regresivas reformas laborales) que generan en los trabajadores elevados niveles de ansiedad e incertidumbre hacia el futuro, o el “fascismo contractual”, el que afecta a los contratos de trabajo, derivado de la creciente disparidad entre las partes que hace que la parte débil (el trabajador) acepte, “por onerosas y despóticas que sean, las condiciones impuestas por la parte poderosa” (el empresario)”:  constantes rebajas salariales, creciente incumplimiento de los convenios y, también, las consecuencias derivadas de los procesos de privatización de servicios públicos.

     Pero de los diversos ámbitos en que opera el fascismo social, el más peligroso, virulento y global es el “fascismo financiero”, cuyo exponente es la economía de casino  y el ilimitado poder alcanzado por los sectores financieros y que, como señalaba Juan Carlos Monedero, puede destruir las economías y las expectativas sociales de países enteros. Para ello cuenta con la ayuda inestimable de las agencias de rating, empresas internacionalmente reconocidas para evaluar la situación financiera de los estados y los riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores extranjeros. Estas agencias, que no fueron elegidas por nadie y que manejan criterios arbitrarios para cuantificar el nivel de riesgo de los estados y, que, sin embargo, en las democracias de baja intensidad, como es el caso de España, se obedecen sus dictados “con más fidelidad que a una sentencia de la Corte Constitucional”.

     La punta de lanza del fascismo financiero está enarbolada por estas agencias (Moody’s, Standard & Poors, Fitch), con un poder que puede provocar el estrangulamiento financiero de países como Grecia, o serias dificultades para salir de la sima de la crisis, como le sucede a Portugal o España. Es por ello, que, de nuevo Sousa nos advierte que, mientras el capitalismo financiero siga “resolviendo” la crisis que él mismo ha generado, “las agencias de rating seguirán siendo sus armas de destrucción masiva”.

     A todo lo dicho, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Se trata del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que, aunque paralizado temporalmente, supone el programa de máximos del fascismo financiero. De este modo, en el ámbito de la OCDE y promovido por los EE.UU. y la UE,  el AMI pretende que los países concedan  idéntico trato  a los inversores extranjeros y a los nacionales, prohibiendo tanto los obstáculos específicos a las inversiones extranjeras como los incentivos o subvenciones al capital nacional. En consecuencia, ello supondría la prohibición de las medidas estatales contrarias a las multinacionales con prácticas comerciales ilegales, además de prohibir las políticas nacionales que pretendan restringir la fuga de capitales hacia zonas con menores costes laborales. De este modo, el capital puede deshacer cualquier resistencia obrera o sindical y, con ello, “confiscar la deliberación democrática”, en beneficio de un auténtico fascismo social.

     Ante semejante espectro, sólo hay dos alternativas: aceptar sin reparos esta sutil dictadura, o emprender la ardua labor de refundar los valores y los cimientos de nuestra democracia y del Estado social. Una tarea larga y dura, pero imprescindible e inaplazable.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  El Periódico de Aragón, 18 marzo 2013)

     En estos tiempos aciagos en que las adversidades nos acosan, necesitamos recuperar la fuerza y la esperanza, retomar una dosis de utopía necesaria para hacer frente a las adversidades y avanzar hacia un futuro mejor y más justo, ese futuro que los poderes económicos dominantes nos niegan. Es por ello que resulta recomendable la lectura de los utopistas clásicos, no desde la nostalgia, sino desde una perspectiva actual y aplicada a nuestra realidad inmediata.

     El término “utopía”, divulgado por Tomás Moro en su célebre obra de idéntico nombre,  hace referencia a “un lugar que no existe”, a algo que no es real, pero que sin embargo debiera de serlo porque se imagina como una meta deseable en la búsqueda de un modelo de sociedad ideal.  Por esta razón, las utopías siempre han sido subversivas pues, al contrastar la realidad con el ideal utópico, ponen en evidencia las injusticias del presente. En consecuencia, como señalaba Luís Gómez Llorente, recientemente fallecido, las utopías son el “escalón previo” de proyectos ideológicos progresistas y, por ello, la esperanza de los oprimidos de que un futuro mejor es posible rompiendo así el férreo dogal que en todo tiempo y lugar nos imponen los poderes económicos dominantes.

     En medio de la tempestad desatada por la actuación de  Luis Bárcenas y sus efectos “sobre-cogedores”, es  necesaria la utopía de unos gobernantes que, como señalaba Platón en La República, sean sobrios, austeros, sin otro interés que el bien común y limpios de comportamientos corruptos. Necesitamos la utopía de un nuevo modelo económico que ponga fin al desmedido afán de riqueza, tan inmoral como nefasto, que ha sido el causante de la actual crisis global, a esa “diabólica serpiente” de la codicia a la que se refería Moro, el cual realizó un certero análisis de los males sociales de su época, los cuales arrancaban de una organización económica injusta, de la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, razón que explica sus críticas a la nobleza ociosa y a los banqueros y exalta a los trabajadores, a las clases humildes, que son el sustento real de la sociedad y del Estado. Como advertía en el s. XIX  el socialista fabiano británico William Clarke, el “capitalismo salvaje” tiende “a la crueldad y a la opresión con tanta seguridad como el feudalismo o la esclavitud”, y no podemos permitir que el reloj de la historia retroceda a tiempos tan nefastos para la dignidad del ser humano. Por ello, otro ideal utópico sería el de recuperar el papel del Estado, actualmente convertido en mero títere de “los mercados”, para que, como señalaba Marx y  nos recuerda Sousa Santos, sea un elemento decisivo en la transformación más justa de la sociedad.

     Frente a los derechos constitucionales que, como es el caso del trabajo, la vivienda o los derechos sociales están siendo constantemente vulnerados, también necesitamos recuperar la utopía. Fue la Federación Socialdemócrata británica la que reivindicó en el s. XIX el derecho a un trabajo digno y cuya garantía era exigible a los poderes públicos. Este es un derecho más necesario  que nunca, ahora que la crisis la están soportando con una intensidad brutal las rentas del trabajo, mientras que, por el contrario,  las rentas del capital se están lucrando en medio de la actual recesión y fiasco económico-financiero. En cuanto a las constantes reducciones salariales, tanto en el sector público como en el privado, sería necesario aplicar la Ley contra el envilecimiento de los salarios propugnada por el Frente Popular español en 1936 mediante la cual no sólo se pretendía evitar la depreciación de éstos por parte de los patronos, sino que instaba a las instancias judiciales a actuar de oficio para evitarlo.

     Y qué decir del acoso al que se somete a la educación y  la sanidad pública, elementos esenciales y vertebradores de toda sociedad avanzada y progresista, los cuales están siendo desmantelados en aras a descarados intereses económicos. Deberíamos recordar a Étienne Cabet quien en su obra Viaje a Icaria (1842), su modelo de sociedad ideal,  ponía especial énfasis en la existencia de un servicio sanitario para todos. Por su parte, Tomás Moro señalaba cómo “los utópicos tienen una especial consideración para sus enfermos, a los que cuidan en hospitales públicos […] por lo que los enfermos, aunque sean muchos, nunca tienen que sufrir  escaseces ni privaciones” y, en cuanto al trato que éstos reciben, Moro indicaba que, en aquella sociedad ideal, “no se ahorra nada de lo que pueda ser bueno para lograr su curación, sean alimentos o medicinas”. Ciertamente, la Utopía de Moro no parece ser el libro de lectura de los gobernantes-privatizadores del PP como es el caso de Dolores Cospedal o de Fernández-Lasquetty, el polémico Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

     En esta crisis global existen serios riesgos de que repunten peligrosos populismos demagógicos derechistas, desde el berlusconismo hasta los diversos (y siniestros) rostros de la xenofobia y el fascismo: ahí está  la grave amenaza que supone el partido neonazi Amanecer Dorado para el futuro político de Grecia. Frente a estos riesgos que pueden hacer tambalear los cimientos de las democracias occidentales, es cuando más necesaria resulta la defensa de los ideales de la justicia social y la solidaridad, esa solidaridad que Rigoberta Menchú definió poéticamente como “la ternura de los pueblos”. Y, por ello, es necesario recuperar los ideales, la utopía, para hacer frente a un adverso presente y aunar la fuerza necesaria para conquistar un futuro que se nos adivina incierto. Sólo así mantendremos vivo el anhelo recogido en la frase final de la Utopía de Tomás Moro, obra que el próximo año 2018 cumplirá el quinto centenario de su publicación: “Confesaré con sinceridad que en la república de Utopía hay muchas cosas que deseamos, más que confiamos, ver en nuestras ciudades”. Y por ello, hemos de esforzarnos por hacerlas posibles.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 enero 2013)

     El Diccionario de la Real Academia Española define “sentina” como “un lugar lleno de inmundicias y mal olor”,  allí “donde abundan o se propagan los vicios”. Traigo a colación este término porque quiero asociarlo a Suiza, ese idílico país alpino que, convertido en el mayor paraíso fiscal del mundo, acumula en sus bancos el dinero (inmundo) de multitud de defraudadores, evasores de impuestos, así como los bienes expoliados por tiranos y dictadores diversos, además del dinero procedente del crimen organizado y, especialmente,  del narcotráfico.

     La tradición de Suiza como “lavadora” mundial del dinero negro de tan diversas procedencias  viene de lejos. Recordemos, por ejemplo, el indigno papel desempeñado por el país helvético durante la II Guerra Mundial al “blanquear” el inmenso botín obtenido por los nazis en su saqueo de los países de la Europa ocupada y del expolio al que fue sometido el pueblo judío condenado al holocausto. La lectura de los excelentes libros de Jonathan Díaz y de Ramón J. Campo sobre el tránsito del oro nazi por la estación de Canfranc durante los años de la contienda, resulta reveladora. Gracias a ellos no sólo se conoce una página oculta de nuestra historia, sino, también el papel destacado que en el mismo tuvo el franquismo. En consecuencia, Suiza proporcionó a Alemania ingentes cantidades de francos suizos a cambio del oro expoliado por los nazis a para la compra de las materias primas necesarias para el esfuerzo de guerra hitleriano, entre ellas,   el wolframio que le proporcionaba Franco, vital para el blindaje de sus tanques. A cambio, Suiza obtuvo toneladas de oro que, para ocultar su oprobiosa procedencia, refundió en nuevos lingotes y los blanqueó añadiéndoles las iniciales CH de la Confederación Helvética. Finalmente, los francos suizos que Alemania entregó a los países abastecedores de suministros y materias primas, fueron recomprados de nuevo por Suiza a cambio de los lingotes de oro “lavados” con las siglas CH, un oro que acabó en Sudamérica, Portugal y, también en España, cuyo régimen participó en tan perverso mecanismo financiero por medio del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME).

     Acabada la guerra, se juzgó a los criminales nazis, pero nunca se tomaron  medidas  contra Suiza, que fue un soporte financiero vital para la barbarie nazi que, de este modo, pudo prolongar la guerra con los efectos devastadores y la puesta en marcha del holocausto judío. Por ello, y enlazando con el presente, Suiza merece el calificativo de sentina, al ser un refugio del dinero negro, conectado con el sistema financiero internacional, razón por la cual Ignacio Escolar lo calificaba como “un estado criminal” ya que “vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral” ,sin que este “idílico” país haya sido denunciado por ello ante la Corte Penal Internacional.

     Recientemente, Vicenç Navarro se hacía eco de una noticia que publicó The New York Times relativa a una lista de 569 españoles que contaban con cuentas ocultas en el banco suizo HSBC. Todos ellos, con su actitud, dan un ejemplo deplorable en estos momentos en que se nos pide a todos “arrimar el hombro” (fiscalmente) para salir de la actual crisis económica. Todos ellos, se hallan muy lejos de aquellos otros empresarios que, como ocurre en Alemania, Francia o Estados Unidos, piden a sus gobernantes que les suban los impuestos a ellos, a los más ricos, por un elemental sentido de responsabilidad o, si se quiere, de verdadero patriotismo.

     Pero el poder de Suiza es grande y presiona para que su privilegiado status bancario se mantenga inalterado. Recordemos el caso de Hervé Falciani, el empleado del banco HSBC que desveló los datos de miles de defraudadores de dicha entidad y que, refugiado en España, se halla encarcelado pendiente de extradición al país helvético acusado de “vulneración del secreto bancario”, un delinto que no existe en el ordenamiento jurídico español, o el procesamiento del periodista griego Kostas Vaxevanis por desvelar los nombres de 2.059 delincuentes con cuentas en Suiza para evadir impuestos. Tampoco debe pasarnos desapercibidas las gestiones de Didier Burkhalter, ministro de Asuntos Exteriores suizo quien, en su visita del pasado 8 de octubre, ofreció al Gobierno de Rajoy una oferta para garantizar la privacidad de los españoles que disponen de cuentas en su país: es el llamado Acuerdo Rubik, mediante el cual el Estado cobraría una cantidad de dinero a cambio del silencio y tranquilidad de sus clientes, cuyos nombres no serían revelados. De este modo Suiza pretende impulsar acuerdos bilaterales como los firmados con Austria, Reino Unido y Alemania, con los Gobiernos de la Europa del Sur (Grecia, Portugal y España), aquellos que precisamente están sufriendo con mayor intensidad el azote de la crisis y que padecen un enorme fraude y evasión fiscal.

     Mientras estas cosas sucedan y se consientan, Suiza seguirá siendo una sentina financiera que acoge a todo tipo de defraudadores, al dinero negro de la más diversa procedencia. Y es que, ya lo dijo Aznar, uno de estos patriotas-defraudadores,  al reconocer que “los ricos no pagan impuestos en España”. Y, ciertamente, con la ayuda impagable de Suiza, esta afirmación es una triste y dolorosa verdad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 diciembre 2012)

     La dimensión y calado de la actual crisis global, no sólo está deteriorando nuestro modelo social y la esencia de nuestra democracia, sino que también nos está cambiando a nosotros, a los ciudadanos de a pie: percibimos que hemos retrocedido en nuestro nivel de vida, que la realidad presente nos está empobreciendo, y sentimos un fundado temor ante lo que un incierto futuro nos pueda deparar. Hemos cambiado (a peor) nuestra percepción de la clase política, convertida en un mero instrumento ejecutor de los dictados de lo que ahora se llama “los mercados”, y que son las fuerzas del capital de siempre, nos hemos indignado con la nefasta gestión de la crisis, con la degradación de nuestra democracia, con la voladura controlada de nuestro Estado de Bienestar. También nuestro lenguaje ha ido cambiando y se ha ido llenando de términos nuevos: descubrimos que la “prima de riesgo” nada tenía que ver con una pariente conflictiva, que el “rescate” financiero no significa la salvación de un país como bien saben los sufridos ciudadanos griegos, que las agencias de calificación de riesgos se descalifican por sí solas dadas sus inmorales y delictivas maniobras especulativas, y empezamos a hablar de “terrorismo y genocidio financiero” y ahí está el escándalo de los desahucios, un auténtico oprobio para el supuesto Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución.

     Entre estos nuevos términos, vinculados a la economía que todo lo envuelve, ha aparecido también el de “austericidio” el cual hace referencia, y bien lo saben los ciudadanos griegos, portugueses o españoles, a los destructivos efectos ocasionados por la aplicación estricta  de las políticas de ajuste y recortes, la letal punta de lanza  de las imperantes políticas neoliberales, unas políticas que, como señalaba Jean Ziegler, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nos quieren hacer creer que son “ la única política posible”, una política destructora que, los hechos lo demuestran,  “sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros”.

   El austericidio, que exigió (y consiguió) incluso reformas constitucionales (recordemos la modificación del artículo 135 de nuestra Carta Magna en un nefasto pacto PSOE-PP), está suponiendo unos costes sociales y un cúmulo de sufrimientos que resultan inaceptables en aquellos países donde están siendo aplicados siguiendo los férreos dictados de la Troika (Banco Mundial, FMI y Comisión Europea) y, especialmente, de la canciller Merkel que es la que marca el rumbo económico a una Unión Europea que parece renunciar a construir una auténtica Europa Social. Frente al austericidio se han alzado las voces y los argumentos de Susan George, presidenta de ATTAC, y de diversos economistas críticos con la actual dictadura económica neoliberal como Juan Torres, Vicenç Navarro o Alberto Garzón, todos los cuales han expresado repetidamente cómo el empecinamiento en mantener las actuales políticas de austeridad, sólo están sirviendo para empeorar la ya de por sí grave situación económica y social.

     A estas voces críticas se une Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía quien también ha manifestado repetidamente su rechazo a las políticas de austeridad y de recortes que es aplican en la Eurozona al considerar que conducen a una reducción de la actividad económica (caída del consumo interno, incremento del paro) y ello ahonda la depresión económica. Stiglitz, como Paul Krugman y otros economistas que han recuperado las propuestas de Keynes que sirvieron para salir de la Gran Depresión posterior a 1929,  recuerdan a los gobernantes, hasta ahora sin éxito, que nunca se debe de recortar el gasto público en tiempos de recesión puesto que ello produce efectos letales en los sectores sociales más vulnerables a los embates de la crisis y, como alternativa, proponen políticas de crecimiento basadas en la inversión pública, el incremento del salario mínimo, las prestaciones sociales, la búsqueda del pleno empleo y la lucha contra la desindustrialización. De lo contrario, de mantenerse las políticas de austeridad a ultranza, un negro futuro nos espera y, como advertía Stiglitz, las consecuencias de la crisis serán “largas y severas” , ésta se extenderá a otros países y, para el caso de España,  vaticina “muchos años de crisis” de seguir de forma contumaz con los ajustes.

     Por todo lo dicho, el austericidio, dados los nefastos efectos sociales que ocasiona, puede considerarse como un “crimen económico contra la humanidad”, delito que la Corte Penal Internacional (CPI) define como “cualquier acto inhumano que causa graves sufrimientos o atenta contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Este concepto, reactivado como consecuencia de  la actual crisis, ha hecho que las economistas  Lourdes Benería y Carmen Sarasúa reclamen con toda justicia y razón su denuncia  penal ante los tribunales internacionales. En esta misma línea, se ha manifestado igualmente Jean Ziegler al señalar que  los “especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Nüremberg”, pues son ellos, los culpables de esta crisis sistémica y de los crímenes económicos contra la humanidad que han ocasionado. Y, precisamente por ello, el pasado 24 de julio, un grupo de ciudadanos griegos acudió a la CPI para presentar cargos contra los líderes de la Eurozona y el FMI por “genocidio económico y social”, todo un ejemplo a seguir puesto que, de no hacer frente al austericidio y la violencia estructural que genera, habremos perdido toda esperanza de alcanzar un futuro más justo y solidario.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 noviembre 2012)

     En medio del actual marasmo económico, son frecuentes las noticias sobre el Banco Central Europeo (BCE). Son muchas las opiniones que cuestionan la actuación de esta institución presidida por Mario Draghi, expresidente por cierto de la agencia Goldman Sachs para Europa, y cuyo objetivo principal es el de mantener la estabilidad de precios mediante el control de la inflación en el conjunto de los 17 países que han adoptado como moneda oficial el euro. Ello ha llevado al BCE a convertirse en un férreo rector que ha impuesto una rígida política monetarista que, no sólo está ralentizando la ansiada salida de la crisis y la reactivación económica, sino que ha ocasionado unos elevados (y negativos) efectos sociales, especialmente en lo referente a la destrucción de empleo y en el deterioro de las condiciones laborales.

     Somos muchos los que pensamos que el BCE, tan obsesionado con controlar el déficit público de los Estados, tiene en su funcionamiento y actuación otro tipo de déficits, en este caso democráticos, de los que no se habla tanto en la prensa. Durante el referéndum de la frustrada Constitución Europea celebrado en 2005, ya denunciamos estos déficits democráticos del BCE dado que éste carece de los necesarios mecanismos de control y supervisión, especialmente ante el Parlamento Europeo, unos déficits que le concedían un poder prácticamente ilimitado por encima de los poderes e instituciones políticas de la Unión Europea (UE), razón por la cual el economista Santiago Niño alude a  la existencia de un “sistema parcialmente no democrático” en la relaciones entre el BCE y las instituciones comunitarias.

     Pocos han sido los políticos que han denunciado los déficits democráticos del BCE, cuyos dirigentes,  que no han sido elegidos por la ciudadanía, no han dudado en adoptar medidas que condicionan muy negativamente la vida y el futuro de esos mismos ciudadanos. Uno de estos políticos es Oskar Lafontaine, destacado dirigente durante décadas del SPD alemán, partido que abandonó en 2005 ante la deriva del Gobierno de Gerhard Schroeder el cual aprobó reformas regresivas en materia de jornada laboral, del seguro de desempleo, así como recortes en la sanidad y en los derechos de los trabajadores, medidas que suponían una renuncia a los valores e ideario de la socialdemocracia clásica.

     Lafontaine, que por todas estas razones fundó en 2007 un nuevo partido, La Izquierda (Die Linke), es también autor del libro El corazón late a la izquierda (2000), el cual, pese a estar escrito siete años antes de que estallase la crisis global, resulta de candente actualidad en muchas de sus ideas y propuestas. En el mismo, se nos ofrece un análisis de los desmanes del neoliberalismo, así como una crítica de la deriva social-liberal en que habían caído algunos partidos socialdemócratas como la Tercera Vía de Schroeder o el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Consecuentemente, Lafontaine lanzaba una serie de propuestas para recuperar y reactivar a la izquierda socialdemócrata, cuya tarea inaplazable es la de hacer frente al neoliberalismo, a la ideología monetarista, y así luchar de forma constante  para lograr una regulación de los mercados financieros internacionales y priorizando, sobre todo,  la lucha contra el desempleo. No obstante, reconocía con amargura que, en su época de Ministro de Finanzas en el Gobierno de coalición SPD-Verdes de Schroeder, fracasó en su tentativa de aumentar la fiscalidad de las empresas y en la de “ganar al BCE para la lucha contra el desempleo”, lo cual motivó su dimisión y posterior abandono del SPD.

     En cuanto al BCE, considera Lafontaine que éste, además de “garantizar la estabilidad de los precios”, uno de sus fines primordiales tal y como se señala en el art. 105 del Tratado de Maastricht, debe, también,  contribuir a los objetivos de la Unión Europea fijados en el art. 2º de dicho Tratado, olvidados permanentemente por la actuación exclusivamente “monetarista” del BCE y que son: “potenciar un alto nivel de ocupación y un elevado índice de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un crecimiento constante y no inflacionario, un elevado grado de competitividad y convergencia de las economías, un elevado grado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, el aumento de la calidad de vida y la cohesión económica y social entre los Estados miembros”. Todos estos son, en la actualidad, otros déficits en la labor del BCE ya que, como señalaba Lafontaine,  resulta un grave error que el BCE se limite sus funciones a lograr la estabilidad monetaria, olvidando todos los demás objetivos antes indicados. Por ello, ya entonces,  planteaba una posición política alternativa que, en sus tres líneas esenciales, resulta de total actualidad en el momento presente: en primer lugar, la prioridad del BCE debería de ser el “declarar la guerra al paro” bajando los tipos de interés todo lo que fuera necesario; en segundo lugar, el BCE debería de tener un mayor control democrático por parte de las instituciones de la UE, especialmente por el Parlamento Europeo y, finalmente, debería de rendir cuentas de su actuación públicamente, todo ello con la idea central de rechazar el dogma de fe del neoliberalismo rampante según el cual sólo con el “monetarismo”, se arreglarían todos los problemas económicos que nos acucian.

     Ahora que ya apenas se habla de la Europa Social, ahora que el Estado de Bienestar está siendo acosado y sometido a una voladura controlada de sus logros históricos, resulta más imprescindible que nunca acabar con los déficits del BCE antes indicados,  pues es vital recuperar el ideal de una Europa Social, eje y valor en torno al cual articular una Unión Europea justa, solidaria y al servicio de los ciudadanos, evitando de éste modo que los mercados y la banca nos sigan condicionando y limitando  nuestra democracia. Y para lograrlo, el BCE debe de tener una orientación más social y un funcionamiento más democrático.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2012)

Etiquetas: monetarismo, neoliberalismo, socialdemocracia

     Estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de  nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al  gradual e imparable deterioro del Estado de Bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria  que nos están siendo impuestas, los cuales cada vez exigen mayores sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

     Mientras esto ocurre, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente Banca Pública estatal, aquella que,  lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles creando  así un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, recuperar la Banca Pública es una exigencia común de los partidos de izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de numerosos colectivos sociales.

     Sin embargo, la cuestión de la Banca Pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del s. XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser “el banquero de los pobres” o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran Banco Nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo (“tendente a cero”), estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado mediante un Banco Nacional único.

     Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una Banca Pública que, con el respaldo del Banco Central Europeo ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por  la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de “crímenes económicos contra la humanidad”. Además, la recapitalización de la banca, que  ha supuesto para las arcas de los  EE.UU. y Europa la inyección de 5 billones (con b) de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía  Joseph Stiglitz. Por ello, los economistas críticos con el neoliberalismo  opinan que hubiera sido mucho más eficaz y equitativo que estos recursos  se hubieran destinado a crear un Banco Público, tal y como en su día sugirió Stiglitz a las autoridades españolas y éstas desoyeron.

     En las circunstancias actuales, recuperar la Banca Pública, como recordaba Juan Torres, tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Además, añadimos, permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

     El resurgir de la Banca Pública los hallamos hasta en los EE.UU.,  en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte (BND). Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido el invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas-basura en su práctica bancaria.  El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como “catalizador del crecimiento” ha hecho que Dakota del Norte tenga  el  menor índice de desempleo de  los EE.UU., ejemplo que se está extendiendo a los Estados de Vermont, Virginia, Michigan o Washington.

     En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el Movimiento 15-M,  ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una Banca Pública que se caracterice  por una gestión plenamente transparente y democrática,  que,  rechace las prácticas especulativas y que  invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

     Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las Cajas de Ahorros así como por la creación de una Banca Pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del Movimiento 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea,  como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute de los EE.UU., “los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente” y, además, no buscan “maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas”. Por ello, recuperar la Banca Pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la banca privada y los intereses  que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Y eso tiene que terminar por el bien de la salud democrática, la cohesión  y  la recuperación económica  de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 22 marzo 2012 y El Periódico de Aragón, 26 marzo 2012)

     Hemos  leído con frecuencia que la magnitud de la actual crisis global sólo es comparable con la Gran Depresión de 1929, aquella que, tras aquel 24 de octubre, el “Viernes Negro”,  en que se hundió la Bolsa de Nueva Cork,  produjo una profunda crisis económica que, al igual que ocurre en la actualidad, produjo las dramáticas secuelas de recesión de la producción, desempleo galopante, caída del consumo lo cual, a su vez, originó  más paro, una espiral que, entonces, como ahora, asoló a las sociedades industriales.

     Volviendo al presente, ahora que hablamos de la Tercera Depresión en expresión de Paul Krugman, de la crisis global iniciada a partir del estallido de la crisis financiera de 2007 y cuyo final no se adivina en el horizonte, la comparación entre ambas situaciones nos ofrece algunas reflexiones que nos hacen pensar sobre las alternativas que en cada caso se plantearon para salir de la crisis.

     En primer lugar, el papel que debe desempeñar el Estado como elemento determinante para la reactivación económica. De este modo, frente a las actuales políticas de duro ajuste presupuestario, la aplicación de las políticas económicas de John Maynard Keynes  puestas en marcha en Estados Unidos por el presidente Roosevelt, priorizaron el relanzamiento de la producción y del consumo pues, ante la ausencia de inversión privada y de sequía crediticia, el Estado debe de potenciar políticas de inversión en gasto público que permitan recuperar el empleo y el consumo, aunque ello supusiera un aumento del déficit fiscal. Así se logró combatir el paro en los EE.UU. con un ambicioso programa de obras públicas, a la vez  que la Ley de Reconversión de la Industria Nacional (NIRA) permitió la intervención estatal en el ámbito industrial. Igualmente, frente al drama social que suponían, al igual que ahora,  los desahucios de viviendas para miles de familias, durante la New Deal de  Roosevelt  se aprobó la Ley Nacional de la Vivienda (1934), la cual creaba una Administración Federal de la Vivienda (FHA) que, con fondos públicos, ofreció créditos baratos, estabilizó el mercado inmobiliario y frenó la especulación al responsabilizarse de calcular el valor de los inmuebles. En la actualidad, la FHA continúa siendo un organismo público encargado de financiar las hipotecas y  proyectos de viviendas sociales.

     Otro aspecto a analizar  es el papel del movimiento sindical frente a la crisis. Así, en octubre de 1930 la Federación Internacional de Sindicatos que agrupaba a las organizaciones sindicales socialistas y socialdemócratas,  hizo público un informe en el cual recomendaba que, para hacer frente a tan sombrío panorama económico,  era imprescindible, entre otras medidas,  recuperar la capacidad de compra de la clase trabajadora, disminuir el número de horas de trabajo, a la vez que se exigía una participación activa de los Estados mediante la mejora de los subsidios y el incremento de las obras públicas en la línea de lo que más tarde serían las políticas keynesianas aplicadas con éxito en los Estados Unidos. De hecho, la ya citada NIRA, puesta en marcha en 1934,  así como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 sirvió para garantizar los convenios colectivos en las empresas, un salario justo para los trabajadores y el reconocimiento de la libertad sindical. De este modo, en aquella aguda crisis, el Gobierno de los EE.UU. intervenía decididamente para equilibrar las relaciones laborales y no aprovechaba la coyuntura para reducir los derechos de los trabajadores como ocurre con la actual reforma laboral de Rajoy que descompensa totalmente las relaciones en beneficio del empresario, fragmenta la negociación colectiva, todo ello con el telón de fondo de una campaña sistemática de acoso y descrédito hacia el sindicalismo de clase. Por ello resulta dramático e injusto el hacer pesar   los costes sociales de la crisis sobre la clase media, cada vez más empobrecida, y, de forma especial, sobre la clase trabajadora. Frente a lo que propugnaba en 1930 la Federación Internacional de Sindicatos para recuperar su capacidad adquisitiva de los trabajadores y así fomentar el consumo y el empleo, ahora asistimos a  todo lo contrario: reformas laborales que favorecen los despidos y, en el mejor de los casos, reducciones y congelación de salarios.  Henry Ford, prototipo del capitalista moderno, consideraba, al igual que Keynes, que la reactivación económica dependía del empleo y del consumo, y frente a los que entonces, como ahora, pretenden hacer pagar las crisis a los trabajadores degradando sus condiciones laborales y reduciendo sus salarios,  recordaba a los empresarios que “Nuestro propio éxito depende de lo que paguemos. Si repartimos mucho dinero, ese dinero se gasta. Enriquecer a los comerciantes, a los detallistas, a los fabricantes y a los trabajadores de todo tipo, y esa prosperidad se traduce en un crecimiento de la demanda de nuestros automóviles”.

     Estas son algunas de las lecciones del pasado pues, tanto en los tiempos de la Gran Depresión de 1929 como ahora, es imprescindible mantener la inversión estatal, los derechos laborales de los trabajadores y las políticas sociales que atenúen los efectos de la crisis para ir dejando atrás estos sombríos tiempos. Y es que cada vez resulta más evidente que con  las medidas de ajuste presupuestario dictadas desde las instancias económicas, no se saldrá de la situación actual de recesión ni tampoco se conseguirá recomponer los desgarros y el aumento de las desigualdades sociales que se han acrecentado como consecuencia de la crisis global.

     Si la historia nos enseña, debemos de intentar aprender de ella y, siempre hallamos lecciones en el pasado, lecciones que deberíamos de aplicar en este incierto futuro nuestro puesto que, como decía Nicolás Redondo, “el conocimiento lúcido del pasado es fundamental para conocer mejor el presente, lo cual resulta, a su vez, imprescindible para proyectar el futuro. Negarse a este tipo de comprensión supone la entrega servil a dejarnos llevar por quienes proyectan otros futuros concebidos a  la medida de sus intereses”.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 12 marzo 2012).

     En junio de 2010, Paul Krugman, ya advertía de que la economía mundial, como consecuencia de la agudización de la crisis global, iba a entrar en lo que calificó de “la Tercera Depresión” en la historia reciente del capitalismo, y, lamentablemente, su vaticinio ha sido confirmado por los hechos. De este modo, Krugman, nos recordaba los precedentes de situaciones similares: la primera, conocida como la “Larga Depresión”, se produjo en 1870 y generó el llamado “pánico de 1873”; la segunda, a la que se alude con frecuencia, fue la “Gran Depresión” de 1929, y la tercera, es la que en la actualidad nos hallamos sumidos.

     Frente a la ortodoxia neoliberal de los ajustes presupuestarios asumidos por la práctica totalidad de los gobiernos e incluso impuesta mediante las oportunas reformas constitucionales como ha ocurrido en España, Klugman mantiene una postura crítica y alternativa: reprocha  a los gobiernos su obsesión con controlar la inflación y “apretarse el cinturón”, cuando “el problema real es el gasto insuficiente” puesto que, como señala este prestigioso economista, Premio Nobel en 2008, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, conduce a una grave deflación y ello, nos advierte, “es realmente autodestructivo”. Y no sólo eso: ante la despiadada voracidad de las políticas neoliberales, de los desgarros sociales que están ocasionando (véase desmantelamiento de aspectos esenciales del Estado del Binestar y regresivas reformas laborales), Krugman denuncia que estas recetas económicas tienen como “principal dogma”, el “imponer el sufrimiento a otras personas” como “modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles”, posición que refleja la actitud del FMI, la Comisión Europea, a las reformas auspiciadas por Merkel, Sarkozy o Rajoy. Por ello, Krugman no duda en calificar a esta Tercera Depresión como “el resultado de un fracaso político”,  el de las medidas enarboladas por la política  neoliberal de austeridad, que se han fijado con objetivo “borrar los déficits gubernamentales”, en lugar de optar por “la adopción de una política keynesiana de fuerte estímulo de la economía como medio de salir de la crisis”.

     Ahondando en la idea de la Tercera Depresión de Krugman, otros economistas críticos han analizado la magnitud de la crisis en la que se halla actualmente sumida  la economía mundial. Este es el caso John Bellamy Foster y Fred Magdoff, autores del libro La Gran Crisis Financiera. Causas y consecuencias (2009), obra en la que estos economistas americanos de izquierdas, desde una perspectiva socialista, señalan con acierto que, “el verdadero problema no tiene que ver con la política económica, sino con el desarrollo del propio capitalismo”. Consecuentemente, nos recuerdan los potenciales riesgos en los que nos puede sumir la radicalidad neoliberal a la hora de buscar una salida a la crisis global con arreglo a inconfesables intereses económicos puesto que la Larga Depresión del último tercio del s. XIX fue seguida de “una gran ola de expansión imperialista que debía de llevar a la I Guerra Mundial”,  mientras que  la Gran Depresión de 1929 llevó al auge de los fascismos y a la II Guerra Mundial. Por ello, ambos economistas nos advierten de que en la situación actual, puede haber quienes piensen que, como en las dos depresiones históricas anteriores, la salida de la crisis y la reactivación económica vengan de la mano de una nueva conflagración bélica. Por ello, señalan, resulta un preocupante y “mal augurio” el actual “conflicto imperialista” centrado en el Golfo Pérsico como ha puesto de manifiesto la tensión creciente no sólo en Afganistán e Irak, sino también en Siria y los tambores de guerra que retumban cada vez con mayor fuerza en torno a un Irán a punto de convertirse en potencia nuclear, que podría provocar un conflicto bélico en la zona, lo cual, en caso de producirse un ataque a Irán, tendría “consecuencias desastrosas para la humanidad en su conjunto” y por ello, debemos estar muy alerta para oponernos a esta nueva escalada belicista de quienes pretenden salir de la crisis mediante la locura de una nueva guerra, esta vez contra Irán.

     Además de ese preocupante horizonte prebélico, Bellamy y Magdoff, advierten igualmente de que no   debemos olvidar “la aceleración rápida de la crisis ecológica planetaria”, que cuestiona la supervivencia de la especie humana en un futuro cada vez más incierto.

     Ante tal panorama, retomando la alusión que Keynes hacía en el último capítulo de su Teoría general del empleo, del interés y de la moneda (1936), en la que instaba a la “eutanasia de los rentistas”, (entiéndase también de los especuladores financieros) mediante la implantación de tipos de interés muy bajos que favorezcan la inversión, Bellamy y Magdoff  van más allá y, para salir de la crisis instan a aplicar la “eutanasia del capitalismo”, poniendo fin a un sistema que tanto dolor e injusticias produce y, reemplazándolo  por “una economía orientada hacia el desarrollo humano verdadero, un florecimiento ecológico y la puesta en valor de la verdadera comunidad humana”. En esta misma línea, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, en su libro Hay Alternativas (2011), planteaban 115 medidas concretas para salir de la actual crisis global, entre ellas, la constitución de un Gobierno Mundial que hiciese frente al poder de los grupos privados internacionales, así como que la ONU asumiese todas las competencias necesarias “para la adopción de decisiones en materia económica y financiera”, las cuales deberían de estar siempre subordinadas a los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez parezca una utopía, pero desde luego, es una alternativa que debemos impulsar las fuerzas y colectivos sociales progresistas  no sólo para superar la Tercera Depresión, sino también para construir un futuro basado en los principios de la justicia social global.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 19 febrero 2012 y El Periódico de Aragón, 20 febrero 2012)

     Tiene razón el diputado Antonio Gutiérrez cuando señalaba que la reciente reforma del art. 135 de la Constitución va a suponer un “dogal económico y social para España”, además de un auténtico “suicidio” para la izquierda socialdemócrata. Y es que, esta reforma es una nueva claudicación ante la codicia insaciable de “los mercados”, a los que se pretende “calmar”, (sin ninguna garantía de lograrlo), aunque, para ello, no les ha importado a los partidos que la apoyan, “desasosegar” a los ciudadanos que rechazamos lo que supone una imposición en nuestra Carta Magna procedente de  poderes económicos externos. Tomás Gómez decía tiempo atrás en voz alta lo que muchos pensamos, que  “los mercados no están para ser tranquilizados sino pare ser gobernados por los gobiernos”, pero para ello es preciso pasar de las palabras a los hechos. Además,  como señalaba Manuel Mata, “constitucionalizar la mayor renuncia de un pueblo a su soberanía económica exige un referéndum” y, por el contrario, en esta reforma, presentada con extrema urgencia y  alarmismo  por parte de Zapatero, se ha tenido especial cuidado (o miedo) en hurtar el debate y la capacidad de decisión a la ciudadanía, en una democracia que, como el Movimiento 15-M ha puesto de manifiesto, requiere (y exige) de unos mayores cauces de participación  en la vida pública.

     Parece no haberle importado demasiado a Zapatero y a la dirección del PSOE el desconcierto que, entre la militancia socialista, están produciendo medidas como esta, que son totalmente contrarias a los principios ideológicos y al programa político del partido que fundó Pablo Iglesias. Ello es tanto como renunciar a las políticas keynesianas basadas en impulsar el gasto público, aunque genere déficit, para reactivar la economía (aumento del empleo y el consumo), así como también renegar de la alternativa socialdemócrata que, además de asumir estos principios, siempre ha defendido una potente progresividad fiscal que hoy resulta más necesaria que nunca. Resulta lamentable constatar cómo esta reforma constitucional, regresiva y antisocial, va a condicionar durante décadas la política económica española: es indudable que el PSOE, sumido en una grave  deriva ideológica, al asumir esta reforma,  ha entregado una importante baza al PP que, obviamente utilizará para legitimar sus medidas de ajuste neoliberal en un previsible futuro gobierno  presidido por Rajoy.

     Frente a esta penosa situación, una vez más debemos recordar que las políticas de ajuste, aquellas que se ha aplicado con arreglo a los dictados del Pacto del Euro en Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal y España, no han servido para reactivar la economía productiva pues, como advierte Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa” porque, en la práctica, los recortes del gasto público deprimen más la economía y aumentan el paro. En esta misma línea, Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía y ex-economista jefe del Banco Mundial, denuncia igualmente la falacia de que, para reducir el déficit, sólo cabe recortar el gasto público, una idea que responde “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Estado”, los cuales quedan así a merced de los mercados desregulados.  Resulta indudable que priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     La austeridad presupuestaria neoliberal que se nos impone, en la práctica supone una involución en toda regla porque afecta a derechos ciudadanos básicos como son la educación, la salud y las prestaciones sociales, razón por la cual algunos economistas equiparan estas medidas regresivas que desmantelan aspectos esenciales del Estado de Bienestar a un auténtico “crimen económico” contra los derechos constitucionales. Así ocurrió cuando este concepto, introducido por Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, se extendió como consecuencia de los debates generados por las políticas de ajuste estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante los años 80-90.

     La injusticia de estas medidas queda patente dado que todos los negativos efectos de la crisis global se hacen pagar a las víctimas que sufren, sufrimos, sus consecuencias y, ninguno, a los culpables de la misma: los especuladores financieros, los cuales  todavía se han enriquecido más manejando de forma tan perversa como inmoral las primas de riesgo de los estados soberanos. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU. creada por Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, la crisis se pudo evitar de no haberse producido fallos en el sistema de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas en las prácticas contables y auditorias así como en la transparencia de sus negocios bursátiles. Los culpables están identificados, pero nadie ha tenido el coraje político de exigirles las responsabilidades y sanciones que les corresponden.

     Ante tanto desconcierto e indignación, ante la renuncia del PSOE a sostener posiciones socialdemócratas alternativas a la crisis, resulta imprescindible reagrupar a las fuerzas de izquierda en defensa de los derechos ciudadanos que se restringen y del Estado de Bienestar que se socava. En la asamblea del I Foro Social del 15-M celebrada el pasado 26 de julio, Joseph Stiglitz señalaba que la crisis “es una oportunidad para que la economía aporte medidas más sociales” así como para presionar al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales para que  prioricen más la creación de empleo que el control de la inflación.

     En consecuencia, de no actuar de forma crítica y firme contra estas medidas, la izquierda socialdemócrata, tal y como ahora la conocemos, habrá firmado su certificado de defunción y, con ello, concluirá su ciclo histórico como fuerza transformadora de un cambio social progresista por lo que deberá dejar paso a otras izquierdas y movimientos sociales dispuestos a combatir con firmeza y sin renuncias a la “bestia insaciable”, a la dictadura de los mercados, a la dictadura del capital.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 26 septiembre 2011)

Etiquetas: economía, global, política, España

     El modelo de Estado de Bienestar de los países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) es considerado como el paradigma de una sociedad próspera, justa, progresiva y solidaria. Construido a lo largo de décadas por los gobiernos socialdemócratas  de los países nórdicos, su origen se remonta a los acuerdos de Kanslergade (1933) en la caso de Dinamarca, y a la Convención de Saltsjöbaden de 1938 en Suecia. Este modelo, aúna la intervención planificada del Estado en la política económica interna sin menoscabo de la iniciativa privada, dando lugar a una economía mixta de fuerte componente social que permite una elevada calidad de vida basada en unos amplios y excelentes servicios públicos y asistenciales financiados con una potente progresividad  de los impuestos directos, todo ello unido a unos niveles de corrupción y fraude fiscal mínimos, los menores de Occidente, sobre todo lo cual se cimenta la solidez y estabilidad del modélico Estado de Bienestar nórdico.

     No obstante, en  estos últimos años han empezado a aparecer las primeras grietas en el sistema, tal y como señala Maxililiano Sbarbi para el caso de Suecia, un país que bajo el liderazgo del añorado Olof Palme, se había convertido en un referente ético y social para la izquierda europea. Varios factores explicarían esta situación. En primer lugar, el ascenso al poder en estos países de partidos de centro-derecha que asumieron los postulados del neoliberalismo y, consecuentemente, partidarios de reducir las dimensiones y prestaciones del modelo de Estado de Bienestar socialdemócrata. Este fue el caso de Dinamarca, donde el Partido Liberal ganó las elecciones de 2001 bajo el liderazgo de Anders Fogh Rasmussen, actualmente secretario general de la OTAN. Lo mismo podemos decir de Suecia, donde una coalición de partidos de centro-derecha  encabezada  por Fredrik Reinfeldt, llegó al poder en el 2006   o de Finlandia, donde Jyrki Katainen, dirigente del Partido Conservador, alcanzó el poder en junio de este año al frente de la Coalición Nacional.

     En la actualidad, del otrora uniforme mapa político socialdemócrata nórdico, sólo Noruega se halla gobernada por la izquierda, por el Partido Laborista de Jens Stoltenberg. Fue precisamente en una sociedad tan abierta y tolerante como la noruega, donde el pasado 22 de julio atentó el  ultraderechista Anders Behring Breivik causando 77 muertos, entre ellos los jóvenes socialistas de la isla de Utøya, los mismos que cuatro días antes habían erigido en dicho lugar una placa conmemorativa en honor a los brigadistas internacionales noruegos que defendieron la República Española durante nuestra guerra civil.

     Los gobiernos de centro-derecha  han aplicado políticas neoliberales que han ido socavando el idealizado Estado de Bienestar nórdico. En este sentido, el citado Anders Fogh Rasmussen, principal ideólogo del liberalismo danés, en su libro Del Estado Social al Estado Mínimo (1993), ya abogaba por la reforma del Estado de Bienestar desde la óptica del liberalismo clásico, lo cual supone la reducción del sector público estatal y de los impuestos. Esta misma política ha sido aplicada por el centro-derecha en Suecia, donde se han realizado privatizaciones (banca, telecomunicaciones), se han reducido los impuestos (el primero, el de la riqueza, creado por los socialdemócratas en 1947), se ha recortado el gasto público y se ha reformado el mercado laboral siguiendo el modelo danés que introdujo el peligroso concepto de la “flexiseguridad”. En esta misma línea, el conservador Kaitanen, actual Primer Ministro de Finlandia, pretende  subir la edad de jubilación y rebajar los elevados impuestos que gravan a las grandes empresas, entre ellas, a la todopoderosa Nokia.

     Además, las presiones del FMI, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo a favor de la globalización económica, unidos a los “criterios de convergencia” (control del déficit y de la inflación) exigidos a los países que se han integrado en la Unión Europea como es el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia, han supuesto un serio recorte de los programas sociales, razón por la cual, como señala Giddens, “la globalización presente es uno de los más grandes desafíos a la socialdemocracia en este siglo”.

     Elemento referencial del modelo socialdemócrata nórdico ha sido la existencia de una fuerte fiscalidad progresiva, de unos elevados impuestos, apoyados mayoritariamente por la ciudadanía, pues el Estado los gestiona de forma correcta y eficaz. Tal es así que, cuando en 2007 el gobierno liberal de Rasmussen anunció una reducción del 2 % de los impuestos directos, los daneses convocaron huelgas y manifestaciones con el lema “Sí al bienestar para todos, no a la reducción de impuestos”: digamos que, en la actualidad, la fiscalidad media en Dinamarca es del 46 % sobre los niveles de renta.

     Pese a la ofensiva neoliberal, lo esencial del Estado de Bienestar nórdico persiste dado que, como indicábamos, sigue vigente un sistema de fiscalidad progresiva que resulta imprescindible para garantizar unos amplios servicios públicos y asistenciales de calidad y de carácter universal. De hecho, en la actualidad en Suecia, los impuestos se mantienen en una banda que oscila entre el 30 y el 55 % . Ello permite, por ejemplo, que la baja por maternidad, con la percepción íntegra del salario sea de 18 meses, o que la educación sea gratuita a todos los niveles, incluidos los estudios universitarios, tanto si éstos se realizan en Suecia o bien en el extranjero. Las ayudas sociales son también muy elevadas: las familias reciben del Estado 200 euros mensuales por cada hijo hasta que éste cumple los 15 años y, a partir de entonces, y hasta los 18 años, la Administración sueca abona 150 euros mensuales en una cuenta bancaria a nombre de cada hijo. Ello hace que, como norma general, los jóvenes suecos se emancipen de sus padres al llegar a la mayoría de edad, puesto que, desde los 18 años,  reciben del Estado un cheque mensual de 900 euros en concepto de préstamo: de esa cantidad, 200 euros son a fondo perdido y, el resto, debe ser devuelto sin apenas interés en un plazo de 40 años a partir del momento en que el joven tenga un empleo estable.

     A modo de conclusión digamos que también en los civilizados, progresistas y económicamente desarrollados países nórdicos ha sonado la voz de alarma ante la ofensiva neoliberal, aunque su incidencia no tiene, todavía, la magnitud de la que llevada a cabo en los países del resto de la Unión Europea y, de forma especial, en España, en donde, con la coartada de la crisis global, estamos asistiendo a la mayor regresión de derechos laborales y sociales de nuestra historia reciente. Y, frente a esto, reivindicar una vez más el modelo de Estado de Bienestar nórdico de corte socialdemócrata, defensor del endeudamiento y el déficit público para promover el empleo, el consumo y gestionar una amplia gama de prestaciones sociales, sigue siendo una alternativa más justa, racional y positiva en estos tiempos de incertidumbre y desánimo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 23 agosto 2011 y El Periódico de Aragón, 28 agosto 2011)

     Cuando el pasado 21 de julio el Congreso de los Diputados aprobaba  la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, culminaba en España un proceso que, como señalaba la economista Miren Etxezarreta, no sólo afecta a la Unión Europea sino que tiene una dimensión planetaria y cuyas aspectos esenciales figuraban ya en un informe que, en tal sentido, elaboró el Banco Mundial (BM) en el año 1994.

      Este proceso regresivo de reforma de las pensiones (aumento de la edad de jubilación y del número de años para tener derecho a ella y para el cómputo de la prestación) ha venido acelerado como consecuencia de la crisis global y de las políticas de ajuste antisocial impulsadas por el FMI, el BM y la Comisión Europea, las cuales han sido aplicadas diligentemente por el Gobierno Zapatero, de igual modo que lo seguirán siendo en el previsible Ejecutivo que lidere Rajoy en un futuro inmediato. En este sentido hay que situar el llamado Pacto por el Euro aprobado por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo. Este pacto, a pesar de tener como objetivo “responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo”, supone en la práctica una serie de medidas profundamente antisociales: con el pretexto de “impulsar la competitividad”, se reducen los salarios de los trabajadores; con el pretexto de “impulsar el empleo”, se fomenta la flexiseguridad y la reducción de las cotizaciones sociales (que sirven para financiar las bajas por enfermedad, las pensiones contributivas, el seguro de desempleo, los gastos sanitarios y de formación profesional y reciclaje laboral); con el pretexto de  “reforzar la  estabilidad financiera”, se opta por la privatización de las cajas de ahorros, el control de la deuda pública y la coordinación de las políticas tributarias.

     Además de los citados, un cuarto objetivo pretende “contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas” recalcando la necesidad de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit públicos por debajo del 3 % del PIB. Para lograrlo, se insta a reformar el sistema de pensiones (aumentando la edad de jubilación  y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo), la sanidad pública y las prestaciones sociales. Todo ello, supone, como señala el economista Juan Torres, “debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización de las empresas y servicios públicos”.

     Así las cosas, resulta inaceptable, ética y políticamente, el que estas medidas de ajuste de las finanzas públicas se hagan pesar sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital, ignorando por completo los principios constitucionales de  progresividad fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, resulta evidente que el objetivo último de estas políticas no es tanto luchar contra la deuda sino contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población con ingresos más bajos  para justificar de esta forma su conversión en un negocio privado. De hecho, el célebre Manifiesto de los Economistas Aterrados (septiembre 2010) firmado por Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henry Sterdyniak, criticaba las políticas neoliberales de “reducir los gastos para reducir la deuda pública” puesto que su aplicación rigurosa supone no sólo el agravamiento de  la crisis económica sino, también, el aumento de las desigualdades sociales. En consecuencia, “para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastres social y político”, proponen mantener los niveles de protección social e incluso mejorarlos. De la misma opinión son Mark Weisbrot y Juan Montecino que, en su trabajo Alternativas a la austeridad fiscal en España, destacan la falsedad de que, para aliviar la deuda, sea suficiente con limitar el gasto público puesto que, con ello, sólo se consigue aumentar el malestar social y, también, la falta de recursos públicos al reducir la actividad económica y, con ello, la generación de ingresos para el Estado, perpetuando de éste modo los desequilibrios presupuestarios. Por su parte, Joseph Stiglitz, advierte que reducir el gasto público responde al intento neoliberal de “debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno” como rector de la política económica la cual queda así a merced de los “mercados”, esto es, de los intereses del capital.

     Resulta obvio que el Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos pues, además de precarizar el empleo, cada vez más inseguro, temporal y barato, pretende reducir las pensiones y demás prestaciones sociales propias del Estado del Bienestar. De este modo, como señalaba Juan Torres, el Pacto del Euro es “un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa Social” mientras que, por el contrario,  se exime de toda responsabilidad a los verdaderos culpables de la crisis: la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Consecuentemente, asistimos a una involución en toda regla que afecta a derechos ciudadanos básicos (educación, salud, seguridad social) reconocidos constitucionalmente.

     Cada vez más se desvelan con toda su crudeza las imposiciones de una dictadura económica que vulnera todos nuestros valores y principios democráticos. Ni el PSOE actual ni mucho menos el PP, cambiarán el draconiano rumbo marcado por el Pacto del Euro. Lamentable resulta comprobar cómo los partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas (Zapatero y Rubalcaba incluidos)  han asumido dócilmente las medidas de ajuste financiero y recortes sociales que nos impone la dictadura de los mercados y con ello, renunciando a su historia y valores, se han sumado a la tarea de demolición controlada del Estado del bienestar  y de la Europa Social. El recordado Juan José Carreras,  profesor de historia contemporánea en mis años universitarios, aludiendo a la tarea histórica de la socialdemocracia, decía que ésta, en vez de ser “el sepulturero del capitalismo”, se había convertido en “su médico de cabecera”. Ya lo había advertido igualmente Rosa Luxemburgo  al señalar que si la socialdemocracia no aprendía de sus errores, desaparecería “para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un  nuevo mundo” y sean capaces de recomponer  las fuerzas de la izquierda. De no cambiar las cosas, tal y como ha puesto de evidencia el Movimiento del 15-M, será la ciudadanía la que  pase directamente a la acción para lograr los anhelos de bienestar humano y justicia social.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 30 julio 2011 y El Periódico de Aragón, 31 julio 2011)

      La crisis global, cual si fuera una densa bruma que todo lo envuelve, nos ha sumido en unos tiempos de desánimo, pesimismo e incertidumbre. Nuestras expectativas vitales, nuestro desarrollo económico y unas cotas de bienestar que parecían consolidadas y estables, se desmoronan a nuestro alrededor. Estamos, pues, sufriendo una crisis global que no sólo es económica, sino que tiene derivaciones políticas, ecológicas y de valores. Ante tal panorama, se comprenden las justas razones que impulsan al movimiento de los “Indignados” en la línea de profundizar en  una democracia más participativa y en la búsqueda de un modelo económico y social más justo y humano, opuesto a la voracidad de la dictadura de los mercados, a la mentalidad del enriquecimiento rápido a cualquier precio y  al consumismo desmedido e insolidario.

     Entre el  cúmulo de ideas alternativas emergentes, con la dosis de utopía que ello conlleva, se hallan las que propugnan el “decrecimiento”, una propuesta ciertamente provocadora. En palabras de Joan Surroca,  el decrecimiento supone una teoría que intenta redefinir las nociones de progreso, desarrollo y calidad de vida con objeto de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y también entre los propios seres humanos. Surgió entonces el concepto de “bioeconomía” y algunas de estas ideas aparecen recogidas en el libro del sociólogo francés Edgar Morin titulado ¿Hacia el abismo?. Globalización en el siglo XXI (2010), en el que se alerta a la Humanidad sobre una serie de “problemas vitales” tales como el cambio climático, la carrera armamentística nuclear y el creciente desfase entre la tecnociencia y la ética.

     El movimiento a favor del decrecimiento tiene como eje fundamental el disminuir la producción económica, de ahí su nombre, partiendo de una idea obvia: como ya señalaba  el informe Los límites del crecimiento (Massachussets Institute of Technology, 1972) en un mundo con recursos limitados, no se puede crecer de manera infinita, a pesar de que el sistema capitalista fomente un modo de vida basado en el consumo ilimitado para asegurar la producción y, con ello, los beneficios empresariales. En consecuencia, el decrecentismo considera que los factores económicos deben de dejar de ser la única y exclusiva razón de ser de nuestra vida y nuestra sociedad. Por  ello, la palabra “decrecimiento”, introducida por el economista Nicholas Georgescu-Roegen, pretende generar un debate sobre el modelo económico que vivimos y sufrimos. Ello resulta imprescindible ya que el consumismo ha logrado ejercer un verdadero dominio sobre nuestro pensamiento, hasta colonizarlo y lograr que creamos y actuemos como si no hubiera vida más allá del capitalismo. Y es que, la publicidad interesada, nos bombardea machaconamente con la idea de que la única felicidad posible es acumular dinero o poseer bienes materiales. Frente a esto, el decrecimiento cuestiona estas pretendidas certidumbes y aporta nuevos valores sociales para vivir más y mejor con menos asumiendo el pensamiento de Gandhi de que “necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir”.

     El decrecentismo no es una ideología cerrada, ni tiene un proyecto definido o una hoja de ruta marcada. Sin embargo, sus defensores, los llamados “objetores del crecimiento”, tienen como punto común la voluntad de modificar el actual sistema ofreciendo una alternativa al capitalismo. De hecho, supone una oposición frontal a la economía neoliberal y productivista y en ella convergen posiciones que van desde el cooperativismo autogestionario hasta la planificación económica de corte socialista con el objetivo último de redistribuir de una forma más justa el reparto de la riqueza de la Tierra acabando así con la creciente brecha que separa a los países del norte y el sur. También rechaza la idea del “desarrollo sostenible”, conceptos que considera incompatibles y que en muchas ocasiones sólo sirven de coartada para encubrir un inexistente respeto a los aspectos medioambientales. Entre sus ideas esenciales, podemos citar el cambio de modelo productivo para reducir el consumo o  disminuir la jornada laboral con la idea de que todo el mundo trabaje cada vez menos para que todo el mundo pueda trabajar. En este sentido, Serge Latouche, el principal exponente del decrecentismo en Francia, propone que la jornada laboral no debería ser superior a las 4 horas diarias.

      Especial importancia tiene para los decrecentistas el fomento de la agricultura ecológica, el apoyo a las pequeñas explotaciones agrarias,  la relocalización de la producción agraria, garantizando la calidad de los productos frescos y abaratando sus precios al reducir los costes de transporte, sin olvidar tampoco la defensa de las formas de producción cooperativas.

     Las cuestiones ecológicas son fundamentales para el pensamiento defensor del decrecimiento y, por ello, éste rechaza el uso y abuso de las energías fósiles por sus efectos contaminantes y aceleradores del cambio climático de todos conocidos.

     La idea esencial es que resulta vital construir otros sistemas económicos y organizativos que superen el agobiante productivismo actual de nuestra sociedad y ello pasa porque la ciudadanía reaccione ante  los poderes económicos que controlan nuestras vidas y haciendas. De hecho, la filosofía del decrecimiento desmitifica el “mercado” y el consumo ilimitado como proveedor de la felicidad. En este sentido,  los decrecentistas, rechazan al PIB como índice para medir el progreso de una economía dado que éste no tiene  en cuenta aspectos tan importantes como el bienestar de la población y la conservación de los ecosistemas y los equilibrios climáticos. Por ello, proponen otros índices alternativos que contemplan estas cuestiones como el Indicador de Desarrollo Humano, el Índice de Desempeño Ambiental o la llamada Huella ecológica.

     Ante las desmesuras del neoliberalismo, se hace más necesario que nunca la aparición de un pensamiento crítico alternativo y,  el decrecimiento, es una propuesta en esta línea. Estas ideas, al igual que ya lo hicieron en otros países,  están surgiendo en España gracias al esperanzador estallido de rebeldía cívica y democrática al que estamos asistiendo en estos últimos tiempos. Y es que, como escribía Vicente Verdú, ha llegado el momento de que la razón económica deje de ser la única matriz de nuestro modelo social y para ello, es necesario recuperar la utopía y avanzar hacia cambios políticos, sociales y económicos en los cuales el eje central sea el ser humano en plenitud de derechos y dignidad.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (El Periódico de Aragón, 24 junio 2011 ; Diario de Teruel, 26 junio 2011)

     La crisis global se ha convertido en la coartada perfecta para que los sectores económicos y políticos más ultraconservadores se lancen a una fuerte ofensiva tendente a desmantelar las bases del Estado de bienestar reduciendo derechos laborales y sociales que tanto costó lograr. Como señalaba Naomi Klein en su libro “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” (2007), el capitalismo se está aprovechando de la crisis para introducir medidas de choque muy impopulares entre la población con el único fin de favorecer los intereses del conglomerado financiero y económico internacional, situación que constatamos día a día.

     En fechas recientes, las profesoras de Economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa publicaron un excelente artículo titulado “Crímenes económicos contra la humanidad” en el que demandaban el reconocimiento este tipo de delito, así como poderlos investigar y juzgar con arreglo a la legislación penal internacional, al igual que ha ocurrido con los crímenes de genocidio cometidos en tiempos recientes en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. En esta línea,  Xavier Caño se preguntaba:“¿acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en los paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?”. Según la Corte Penal Internacional se entiende por “crimen contra la humanidad”, “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y, por ello, las víctimas de estos nuevos crímenes económicos son numerosas y sus consecuencias sociales gravísimas, equiparables a los genocidios de tiempos pasados.

     Como señalaba Paul Krugman,“tras las frías cifras, hay un inmenso panorama de sufrimiento”: en los dos últimos años, el número de hambrientos en el mundo ha pasado de los 850 a los 1.100 millones de personas y, según Eurostat en su último cálculo sobre la pobreza, 116 millones de europeos, sufren una de estas tres formas  de exclusión social: índice de personas pobres, personas con privaciones materiales muy graves o personas que sobreviven con salarios muy bajos que apenas les alcanza para sus necesidades básicas. El capitalismo financiero, culpable de la crisis, también ha supuesto en el llamado Primer Mundo un serio retroceso de derechos constitucionales básicos como el de acceso a la vivienda o el derecho al trabajo para millones de personas. El caso español es un claro ejemplo: con casi 5 millones de parados, el 20 % de la población activa y 180.000 embargos hipotecarios en el 2010, estamos sufriendo con toda crudeza los efectos de la crisis global, agudizada todavía  más con los recortes sociales en materia salarial y de pensiones.

     Shoshana Zuboff tiene razón al señalar que no es suficiente con acusar al sistema, a “los mercados” de la crisis, como tampoco lo sería culpar de los crímenes nazis a las ideas hitlerianas, y no a las personas concretas que los cometieron. Por ello, como detrás de un crimen siempre hay un criminal, que tarde o temprano deber ser juzgado legalmente, Zuboff nos señala como culpables del desastre económico a todos los que defendieron la liberalización de los mercados financieros, especialmente a Alan Greespan, el otrora todopoderoso jefe de la Reserva Federal de los EE.UU; a los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de las especulaciones en Bolsa, de las empresas que, como Lehman Brothers o la Agencia Goldman Sachs, fomentaron la llamada “economía de casino”, sin olvidar a todos los bancos que emitieron créditos-basura tóxicos.

     Especialmente grave ha sido la actuación de las llamadas Agencias de calificación de riesgos. Hay que recordar que éstas, desde el 2001, calificaron al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros (hipotecas basura y activos tóxicos) a los que otorgaron la máxima calificación, lo cual facilitó su difusión en los mercados financieros internacionales: si a mediados de 2006 había en el mundo sólo 9 empresas con la máxima calificación (triple A), en enero de 2008, eran ya 64.000, entre ellas Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, calificación que lograron pocos días antes de declararse en quiebra, lo cual dice bien poco a favor de la fiabilidad de estas Agencias. Todo ello generó una burbuja especulativa financiera cuyo estallido, hizo que millones de personas perdiesen su empleo, su vivienda o ambas cosas. Por ello, las turbias prácticas de las Agencias de calificación se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva por sus devastadores efectos económicos y sociales a nivel mundial,  auténticos “crímenes económicos contra la humanidad”, razón  por la cual deben de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

     Especialmente escandalosa es la actuación de estas agencias desvalorizando las deudas públicas de algunos países, como es el caso de España, con lo que sus eventuales prestamistas lograban elevados beneficios. De este modo, sometían a los estados soberanos al chantaje de vincular su solvencia a las ventajas económicas que pudieran ofrecer a los especuladores, Además, la calificación concedida por estas agencias dependía de la mayor o menor predisposición de los gobiernos reducir el gasto social, flexibilizar las relaciones laborales o congelar las pensiones, las cuales había que sacrificar ante los sumos sacerdotes del festín especulativo.

     Lamentablemente ningún gobierno, tampoco los de signo socialdemócrata, ha tenido el coraje de atajar este tipo de crímenes económicos, por lo que ha sido la sociedad civil la que ha pasado a la acción. Además del ejemplo de la ciudadanía de Islandia o del proceso penal en EE.UU. contra Madoff, en el caso de España, el abogado Jaume Asens y Gerardo Pisarello, miembro de ATTAC-España y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, han promovido una querella penal contra las agencias de calificación de riesgo Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings, la cual ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional por la que éstas deberán de responder por dos acusaciones concretas: la de alteración del precio de la deuda pública y la de utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio, penada por los artículos 284 y 285 del Código Penal. Tal vez sea esta una lucha quijotesca contra unos molinos de viento que mueven, o mejor sería decir especulan, con la economía y las finanzas mundiales, pero lo cierto es que esta querella sólo supone una iniciativa jurídica y ciudadana contra la impunidad con que actúan este tipo de agencias y  también para abrir un debate sobre la necesaria depuración y democratización del actual sistema financiero.

     No podemos resignarnos a aceptar el vaticinio de Warren Buffet, el multimillonario propietario de Moody’s, quien recientemente declaró  que “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. No sería aceptable resignarse y, como nos decía Stéphane Hessel, además de indignarnos, debemos pasar a la acción, algo a lo que también nos insta Antón Costas, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, quien advierte que, “si la política no recobra su autonomía  frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación,  no habrá límites a la especulación, la volatilidad financiera  y la desigualdad”. Este es un reto ante el cual debemos reaccionar los ciudadanos pues, de no hacerlo, estarán en riesgo los valores y principios sobre los que se sustenta nuestra democracia.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 12 mayo 2011 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2011)

     La crisis económica sigue dando zarpazos que generan profundas heridas en el conjunto de nuestra sociedad con sus secuelas de paro y desesperanza, un túnel al que todavía no se le atisba una salida próxima. Con este telón de fondo y, hallándonos próximos a iniciarse la campaña electoral, algunos partidos empiezan a plantear diversas propuestas sobre fiscalidad, sobre la posibilidad de rebajar, o en su caso reducir, determinados impuestos. Y, sin embargo, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal de signo socialdemócrata, aspecto esencial de modelo de Estado de bienestar.

     Con arreglo al artículo 31 de la Constitución, los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo  basado en los principios de igualdad y progresividad por lo que, en las circunstancias actuales, se hace necesaria una revisión global de nuestro sistema tributario basado, fundamentalmente, en la priorización de los impuestos directos, aquellos que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta, impulsando medidas concretas  y efectivas tendentes a incrementar la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías de ventas de acciones o viviendas, seguros de vida) cuya tributación se efectúa por una triple vía (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades  y el Impuesto de no residentes). Por ello, debería de restablecerse el Impuesto sobre el Patrimonio aplicándole un mínimo exento, la creación de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital, así como un impuesto adicional sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre los beneficios bancarios y fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos de ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, además, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad, sin olvidar tampoco la inaplazable necesidad de reformar la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

     Consecuentemente, lejos de nosotros la errónea idea de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Bien al contrario, como señalaba Vicenç Navarro, los países que mejor han aplicado la progresividad fiscal, son precisamente los que, a pesar de la actual crisis global, mantienen mejores tasas de población activa y un Estado de Bienestar más desarrollado y de mayor calidad: este es el caso de Dinamarca, con una carga fiscal del 48 % de su PIB, o los de Suecia (47 %), los de Noruega y Finlandia, ambos con el 42 %, mientras que en España es del 33 %. Es por ello que, Navarro no duda en criticar las bajadas de impuestos, las rebajas fiscales aplicadas tanto por gobiernos de derechas como de centro-izquierda, como es el caso del PSOE, dado que ello ha supuesto para los Estados la pérdida de cuantiosos recursos, viéndose obligados a recurrir al endeudamiento, lo cual a su vez ha generado alarmantes déficits en las cuentas públicas.

     Dicho todo esto, resultan oportuno recordar algunas de las ideas y propuestas de la Plataforma para una Fiscalidad justa, ambiental y solidaria, entidad en la que se agrupan más de 30 organizaciones que promueven un modelo fiscal progresivo para España, que tenga por objetivo la redistribución de la riqueza, reducir las desigualdades y, por ello, ser un instrumento para la defensa y la promoción de la justicia social. Y es que, ante la actual situación de austeridad del gasto y de recortes sociales, debemos redefinir el modelo fiscal como forma no sólo de garantizar un auténtico esfuerzo solidario para salir de la crisis, sino también como salvaguardia del Estado de Bienestar ante los embates que está sufriendo por parte de la ofensiva neoliberal que todo lo invade. De hecho, la citada Plataforma no duda en criticar el marco fiscal vigente, tanto en cuanto es “regresivo” puesto que el sistema se sostiene básicamente sobre las rentas de los asalariados y no sobre las rentas del capital, con el agravante, además, de que se han reducido los impuestos directos, los que gravan las rentas y el patrimonio: supresión del impuesto de patrimonio, la práctica eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones o la reducción del impuesto de sociedades (con ello, las multinacionales han dejado de aportar cuantiosos ingresos a las arcas públicas) y, por el contrario, se han incrementado los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tabaco), los cuales pagan por igual todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica: sólo sería aceptable el introducir algún criterio de progresividad en el IVA estableciendo un nuevo tipo superior para los artículos de lujo.

     Por otra parte, la Plataforma no duda en calificar al actual sistema fiscal español de “insuficiente” dadas las sucesivas rebajas fiscales aplicadas desde 1995, las cuales, no sólo han agudizado el déficit público sino que han beneficiado, sobre todo, a las rentas altas, lo cual está provocando un incremento de las desigualdades sociales. En esta misma línea, Vicenç Navarro es contundente al señalar que “los grandes recortes del gasto público que ahora se exigen son consecuencia directa de la bajada de los impuestos” y señala cómo “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF llevados a cabo tanto por Rato y después por Solbes, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     Por todo lo dicho, ante un sistema fiscal regresivo e insuficiente, se hace necesario impulsar una profunda reforma fiscal progresiva basada en tres ideas esenciales: la equiparación de la tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, el establecimiento de una fiscalidad ambiental (impuestos ecológicos) y, desde luego, un riguroso control del fraude fiscal, que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTMA), en el 2009, el año más agudo de la crisis, se elevó al 23,3 % del PIB español.  Se trata pues, de propuestas necesarias, pero hay que tener la valentía política de acometerlas. Debemos tener presente que plantear la cuestión de la  fiscalidad es tanto como abordar el debate sobre el concepto de equidad y el del modelo social que, como ciudadanos, debemos configurar. Por ello, hoy más que nunca, ante el embate de la crisis global y sus negativos efectos sociales, resulta indispensable avanzar hacia la Justicia Fiscal Global, hacia un nuevo modelo fiscal justo, ambiental y solidario.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 24 abril 2011 y Diario de Teruel, 25 abril 2011)

     La magnitud de la crisis global y sus consecuencias económicas, sociales y políticas han desbordado todas las previsiones iniciales desde que ésta se inició en el año 2007. Las crisis cíclicas son consustanciales al sistema capitalista, siempre las ha habido con mayor o menor intensidad, pero la que ahora padecemos se ha convertido en un auténtico tsunami que se está llevando por delante empleos, empresas y logros sociales, además de agrietar gravemente los muros del Estado de Bienestar. Es la victoria del neoliberalismo, el rostro más agresivo e insolidario del capitalismo del siglo XXI.

     Sin embargo, el embate neoliberal ya venía de lejos, desde las ideas de Friedrich Hayek y sobre todo, desde que en los años 80 se impusieron las políticas económicas implantadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Los aspectos esenciales de lo que ahora sucede ya se señalaban en 1993 en el libro La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los 80, editado por el Instituto Sindical de Estudios vinculado a la Escuela “Julián Besteiro” de UGT. En el mismo, nueve economistas realizaban un análisis crítico del neoliberalismo, una ideología que, desde el final de la II Guerra Mundial, se fijó como objetivo “atacar las conquistas sociales del movimiento obrero”. En la presentación, José María Zufiaur, sindicalista histórico de la  UGT, nos ofrecía una síntesis de los cuatro rasgos que definen al neoliberalismo y que en la actualidad se vuelven a repetir con precisión milimétrica: la obsesión monetarista en política económica basada en el control de la inflación; invertir las condiciones del reparto y redistribución de la renta; denostar y desacreditar al sector  público y extender el mercado desregulado, así como el  ataque sistemático contra el sindicalismo de clase y los movimientos sociales alternativos. Cementémoslos brevemente.

     En primer lugar, priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     El segundo objetivo neoliberal consiste en invertir el sentido de la distribución la riqueza para favorecer el incremento de los beneficios empresariales en detrimento de los salarios: de hecho, en los últimos años, se ha reducido el porcentaje de participación de los salarios en el PIB a la vez que se incrementaba el correspondiente a los beneficios empresariales y a las rentas del capital.  Como señala el economista Jesús Albarracín, el objetivo del neoliberalismo es “restaurar el nivel de la tasa de beneficios” existente en las etapas de expansión económica y ello supone la imposición por parte del capital de medidas tales como “aceptar políticas de austeridad y ajuste: reducción de salarios reales, precarización del empleo, retroceso del Estado de Bienestar, aumento de la productividad con cargo al empleo, políticas monetarias y financieras restrictivas”. De este modo, recuperar las tasas de beneficio perdidas pasaba, para las posiciones neoliberales, por debilitar el Estado de Bienestar, combatir las políticas socialdemócratas y rechazar el keynesianismo, esto es, la intervención del Estado en la economía capitalista.

     Otro aspecto lamentable ha sido una regresión en el proceso de  redistribución  de rentas que se realiza mediante los impuestos y el gasto público.  De hecho, el neoliberalismo ha ido socavando la labor redistributiva que, con arreglo a criterios de justicia social, debe llevar a cabo el Estado de bienestar  mediante los impuestos (fiscalidad progresiva), y los gastos en inversiones públicas y en servicios sociales. Bien al contrario, los postulados neoliberales han defendido reformas fiscales conservadoras (rebajas de impuestos y exenciones fiscales) que alivian, sobre todo, a las rentas altas y a las del capital. De igual modo, se han fijado como objetivo el recorte de los servicios públicos y del gasto social, alegando que, con ello, se pretendía corregir el déficit público, un déficit que, paradójicamente, se había generado en muchas ocasiones por esas mismas rebajas fiscales o por la negativa a gravar adecuadamente a los grupos de mayores ingresos.

     El tercer pilar del neoliberalismo es el de  desacreditar todo lo público, esto es, las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía. En contraposición, presentan las privatizaciones y la extensión del mercado como un elemento progresista (la famosa “mano invisible” que autorregula los mercados, de la que hablaba Adam Smith). Así, cuando se alude al mercado libre, lo que en realidad se pretende en conseguir la total discrecionalidad para los grupos de poder que lo controlan y que prefieren una desregulación indiscriminada para mejor imponer sus intereses económicos y, para lograrlo, no debe de haber una sociedad civil organizada que les sirva de contrapeso.

     El cuarto aspecto del ideario neoliberal es su total rechazo hacia el sindicalismo de clase, presentando las posiciones sindicales como arcaicas y retrógradas, así como su frontal oposición a las políticas de concertación y pacto social propias del modelo socialdemócrata. De hecho, en caso de ofrecer la posibilidad de un “pacto social”, para el neoliberalismo y sus aliados, éste deja de ser, como en otros tiempos una salida progresista a la crisis, sino la búsqueda de una legitimación y respaldo sindical a las políticas neoliberales de ajuste, las cuales se presentan, además, como “las únicas posibles”. La firma  el pasado día 2 de febrero del Pacto Social y Económico, puede ser un buen ejemplo de ello: nunca podrá ser bueno un pacto que suponga, en la práctica, el retroceso de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y, desde este punto de vista, me uno a quienes opinan que la firma de este Pacto antisocial por parte de UGT y CC.OO. supone un grave error.

     Frente al capitalismo, “el reino de la injusticia y del despilfarro” en palabras de Jesús Albarracín, y en el contexto de la actual crisis global, este economista nos advierte que “cualquier política económica que quiera ser realmente de izquierdas, chocará con la oposición cerrada del capital, y, por lo tanto, exigirá un cambio en la correlación de fuerzas para imponerla”. Ello resulta especialmente urgente debido a la claudicación de la socialdemocracia ante la dictadura de los mercados imperante y al hecho de que muchas de estas políticas de ajuste de signo neoliberal, iniciadas por el Gobierno de Zapatero,  es de suponer (y de temer) que serán potenciadas por la derecha política y económica en el caso de que Rajoy alcance el poder en un próximo horizonte electoral.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 6 febrero 2011 y Diario de Teruel, 17 febrero 2011)

      La crisis global está sembrando la zozobra en el panorama económico, político y social del Primer Mundo, pero todavía afecta con mayor intensidad a los países en vías de desarrollo. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo con el ambicioso ideal de justicia y progreso que recogía la Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2000, ratificada por 189 países, y que asumió el compromiso de erradicar el hambre en el mundo en el 2015. Y es que la crisis global está retardando, cuando no arruinando, el cumplimiento de la misma, tal y como se constató en la pasada Cumbre de revisión de los ODM celebrada en Nueva York los pasados días 20-22 de septiembre con la asistencia de los principales líderes políticos mundiales y en la cual se realizó un balance de los ODM a los diez años de su aprobación.

      Una lectura atenta del documento Podemos erradicar la pobreza en 2015 allí presentado, supone un detallado análisis de los avances, evolución y el futuro de los 8 puntales básicos sobre los que se sustentan los ODM y que son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; enseñanza primaria universal; igualdad de sexos; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; frenar la pérdida de biodiversidad biológica y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Veamos algunos datos.

      En relación a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el objetivo más afectado por los efectos de la crisis global, se pretendía reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 $ /día. Sin embargo, según numerosos informes, tras la crisis hay en el mundo 215 millones más de pobres y, al finalizar 2010, 64 millones más se sumarán a quienes ya viven en la pobreza. En la lucha contra el hambre, si en el 2007 había 830 millones de personas desnutridas, la crisis ha aumentado su número en otros 41 millones de hambrientos. De hecho, según Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, actualmente hay 100 millones de desnutridos más que en el año 2000 cuando se adoptaron los ODM.

      En cuanto a lograr la enseñanza primaria universal, se pretendía que en el 2015 todos los niños y niñas de mundo fuesen “capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria” pero, a fecha de hoy, 70 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar.

      La promoción de la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer ha tenido escasos avances, mientras que el objetivo de reducir la mortalidad infantil ha tenido mejores resultados pues ésta ha caído de 100 a 72 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Pero, aunque UNICEF reconoce que la mortalidad infantil se ha reducido 1/3 desde 1990, todavía mueren cada año 9 millones de niños menores de 5 años.

      Lo mismo podemos decir de la mejora de la salud materna: si el objetivo era reducir un 75 % su tasa de mortalidad, ésta se reduce de una forma muy lenta pues 350.000 mujeres mueren cada año por complicaciones durante el embarazo o el parto y un millón de niños se quedan huérfanos anualmente.

      En cuanto al combate contra el VIH/SIDA, si el objetivo en el 2010 era lograr el acceso universal al tratamiento del VIH, aunque éste se ha multiplicado por 10 en sólo 5 años en los países de renta baja y media, no debemos olvidar que esta enfermedad sigue causando 5.500 muertos cada día.

      En materia medioambiental, se pretendía “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales”, así como “frenar la pérdida de biodiversidad biológica”, se ha logrado que, desde 1990, 1.200 millones de personas han tenido el acceso al agua potable, pero todavía no disponen  de ella 884 millones y otros 2.600 carecen de servicios de saneamiento.

      Finalmente, el último objetivo tendente a fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo, uno de los más ambiciosos y al único al cual no se le han fijado plazos, también ha sido muy sensible a los efectos de la crisis. De este modo, la proporción de ayuda oficial al desarrollo sigue siendo del 0,31 %, muy por debajo del 0,7 %, acordado por la ONU y que sólo han alcanzado 5 países donantes. Además, muchos países, también España, han reducido los fondos de Ayuda al Desarrollo, cantidades actualmente muy inferiores a las fijadas por los ODM para 2010.

      La conclusión de todo ello resulta obvia: los ODM son alcanzables a pesar de que el progreso en cada uno de estos 8 objetivos no ha sido uniforme tal y como recogía el Boletín de la ONU de marzo de 2010 debido a tres causas: compromisos incumplidos, recursos inadecuados y falta de la necesaria atención y responsabilidad, achacables en parte a la crisis global. Consecuentemente, la ONU insta a todos los países firmantes a cumplir los compromisos de financiación asumidos para el desarrollo de los ODM dado que éstos han quedado en papel mojado tanto por parte de los estados firmantes como por los acuerdos aprobados en las cumbres del G-8 y del G-20.

       Tal vez sea el momento de desarrollar estrategias financieras innovadoras para logar los recursos que la crisis ha aminorado. Interesante resulta la propuesta del Presidente Zapatero de instaurar una tasa sobre las transacciones financieras internacionales,  la conocida como “tasa Tobin”, la cual se destinaría a luchar contra el hambre y la miseria en el mundo, propuesta que Sarkozy se ha comprometido a impulsar cuando en el 2011 Francia asuma la presidencia del G-8. Por su parte, el G-20, parece optar por una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo destinada a tal fin.

      En este contexto, adquieren especial significado las palabras de Ban-Ki-Moon, secretario general de la ONU al señalar que “no podemos fallar a los miles de personas de que la comunidad internacional cumpla la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo mejor”, máxime teniendo en cuenta que “nuestro mundo cuenta con los conocimientos y los recursos necesarios para alcanzar los ODM” a la vez que nos advierte que, “si fracasamos, las amenazas del mundo –inestabilidad, violencia, enfermedades endémicas, degradación del medio ambiente, aumento de la poblaciones desplazadas- se multiplicarán”, lo cual supondría un fracaso inaceptable a nivel moral y práctico. Y eso es lo que hay que evitar.

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en El Periódico de Aragón, 26 diciembre 2010)

     Tan preocupante como la creciente agresividad de los intereses especulativos financieros, de la cada vez más evidente “dictadura de los mercados” sobre los gobiernos democráticos a la hora de fijar sus respectivas políticas económicas para hacer frente a la crisis global, resulta la deriva ideológica y la falta de una alternativa convincente por parte de los partidos socialdemócratas. Y es que estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de nuestras políticas sociales, al  gradual e imparable deterioro, cuando no al desmantelamiento,  del Estado de Bienestar Social, el mayor logro de las políticas socialdemócratas, con la vana ilusión de “calmar” a los especuladores financieros, que cada vez exigen mayores sacrificios como si pretendieran hacer retroceder el reloj de la historia a las más negras etapas del siglo XIX por  lo que a los derechos laborales y sociales de los trabajadores se refiere.

     Mientras esto ocurre, la banca (privada) y sus intereses campan sin freno en medio del tsunami financiero que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una banca pública estatal que sirviera, siquiera en parte, de dique de contención para que tanto los Estados como los ciudadanos pudiéramos hacer frente al embate insaciable de los mercados y facilitar a empresas y particulares créditos en mejores condiciones que las restrictivas, y en ocasiones abusivas, que ofrecen las entidades financieras privadas. Lamentablemente, por lo que a España se refiere, la banca pública fue desmantelada  en sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles  lo cual ha creado un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

     Así las cosas, se debería de recuperar la idea (imprescindible) en los programas económicos socialdemócratas de una nueva banca pública estatal. Igualmente, deberíamos de exigir una mayor implicación del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de hacer frente a las maniobras especulativas que contra los Estados (en el caso de España es evidente) y también contra el euro están lanzando la creciente dictadura de los mercados. Tiempo atrás,  Tzvetan Todorov, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2008, ya nos advertía del peligro totalitario que se encerraba en las cada vez más poderosas políticas neoconservadoras, partidarias de un ultraliberalismo sin límites. De hecho, los acontecimientos recientes están confirmando los negros vaticinios de Todorov tanto en cuanto las políticas ultraliberales han puesto de rodillas a los estados democráticos convirtiéndose por ello en una auténtica amenaza para las sociedades democráticas por su excesiva “concentración de poder y por la limitación del bien común”,  unido a un  cierto “mesianismo” por parte de los mercados, como si éstos nunca pudieran equivocarse,  a la vez que la obsesión ultraliberal por supeditar todo al imperativo económico de lucro y beneficio sin límites.

     Ante esta situación, cada vez se hace más necesario impulsar las ideas de lo que ha dado en llamarse Banca Ética Ciudadana (BEC), un modelo alternativo de crédito que trata de rescatar el valor del dinero como instrumento de justicia y transformación social. Y es que la BEC, frente al precio de las cosas fijado por el mercado  a través de la oferta y la demanda, prioriza el valor social que debe tener el dinero, algo que siempre han despreciado los intereses del mercado.

     La alternativa que ofrece la BEC se sustenta en tres principios de gran calado ético. En primer lugar, considera que el crédito debe de estar al servicio de la justicia social, debe convertirse en un elemento transformador y, por ello, sus “clientes preferentes” serían: la cooperación al desarrollo de los países pobres, las acciones tendentes a la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión (con intervenciones concretas en las necesidades de vivienda y trabajo, claves en todo proceso de inserción) y los proyectos de sensibilización medioambiental.

     En segundo lugar, la BEC se basa en el apoyo y participación de las redes sociales, en lo que algunos llaman “Tercer Sector”, esto es, las organizaciones de carácter no lucrativo comprometidas en luchar por un mundo más justo. De este modo, el eje central de esta nueva Banca Ética son las personas desfavorecidas y las personas que trabajan por ellas  y no la revalorización de las acciones o los dividendos.

     Finalmente, y como conclusión de lo anterior, la BEC se caracteriza por tener un carácter no lucrativo pero esta promoción mediante el crédito de sociedades más justas, no olvida por ello la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos, una gestión económica responsable o la inversión en modernización. Este es el camino emprendido por iniciativas como las de la Banca Popolare Etica en Italia, la Federación de Bancos Éticos y Alternativos o la Fets-Finançament Étic i Solidari en Cataluña.

     Poner coto a los desmanes de la dictadura de los mercados sobre nuestras vidas y haciendas es algo que compete a las políticas socialdemócratas y a los sindicatos de clase, y ello pasa por el restablecimiento de una Banca Pública, tanto a nivel estatal como de la Unión Europea, así como todas aquellas iniciativas que impulsen una Banca Ética Ciudadana socialmente responsable. Tal vez así recuperemos la esperanza como ciudadanos y los Estados la autonomía política y económica que les han arrebatado la dictadura de los mercados.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 6 diciembre 2010 y El Periódico de Aragón, 7 diciembre 2010)

      Lejos quedan ya aquellos tiempos en que el crecimiento de la economía parecía imparable e ilimitado, cuando el PIB crecía año tras año, se reducía el paro hasta alcanzar mínimos históricos, cuando algunos países, España, aumentaron sus ingresos en tiempos de dorada bonanza, alcanzando, por vez primera, superávit en sus cuentas públicas. Pero todo esto pasó y ahora nos parece tan irreal como un lejano espejismo: llegó la crisis global y sus fatídicos efectos tuvieron consecuencias en la economía, la política y, también, en la vida de todos nosotros, los ciudadanos anónimos.

      Las causas de la crisis las conocemos de sobra: un mal día, la burbuja especulativa, alimentada durante años por los mercados financieros, explotó de forma estrepitosa y, con ello se produjo la crisis más profunda desde la Depresión de 1929. Más tarde, la crisis financiera se convirtió en crisis económica pues la falta de confianza, hizo que las entidades crediticias dejaron de prestar dinero a las empresas, a pesar de que los Estados se lanzaron al rescate de los bancos privados con ingentes cantidades de dinero público.

      Mientras tanto, la crisis hizo que los ingresos estatales procedentes de los impuestos se desplomaran: al haber menos trabajadores en activo, se redujeron los ingresos vía IRPF; al retraerse el consumo, descendió la recaudación por IVA y, al cerrar numerosas empresas, cayeron también los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades. Además, el déficit de las cuentas públicas se agudizó al dispararse los gastos sociales, en especial los destinados a los subsidios por desempleo.

      La situación se hizo angustiosa llegándose a elevados déficits que, como ocurre en España, superaron el 10 % del PIB. En la actualidad nos hallamos ante una paradoja indignante  puesto que los Estados, para financiar el déficit público, se vieron obligados a acudir a los mismos mercados financieros que habían provocado la crisis, a aquellos bancos que habían sido rescatados… para pedirles dinero prestado. De este modo, se emitieron títulos de deuda pública, los cuales se convirtieron ante las presiones especulativas de los mercados financieros, en un sustancioso negocio redondo para ellos y en una auténtica pesadilla para los endeudados Estados.

      Los mercados financieros han logrado imponer sus condiciones, fijando la política económica de los estados democráticos, y por ello, la voracidad insaciable de los mercados, parece habernos ganado la partida. Jugando con cartas marcadas, emitían alarmantes informes sobre la solvencia y riesgo del las economías nacionales para así subir los intereses de la deuda a países como Grecia, Portugal o España. De este modo, la deuda pública, en vez de ser la solución, se convirtió en una sangría insostenible para las haciendas estatales. Como señalaba Antoni Comín i Oliveres, diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, “los mercados financieros se frotaban las manos viendo cómo los problemas fiscales de los mismos gobiernos que les habían rescatado se convertían en un suculento negocio: cuanto peor pinta tenían los países, cuanto más grave era su déficit, más alto eran los intereses de su deuda pública y más negocio podrían hacer los inversores que compraban esta deuda”. De este modo, los mercados financieros, carentes de toda ética, están logrando enormes beneficios, en unos momentos en que la crisis global se está enseñando con los sectores más débiles de nuestra sociedad. Además de los crecientes intereses obtenidos por la compra de deuda pública, no tenían escrúpulos en enriquecerse mediante las llamadas “operaciones a corto plazo o al descubierto”, esto es, la obtención de beneficios a costa de un activo que pierde valor.

      Esta situación obligó a todos los Gobiernos a recortar su gasto público para reducir su déficit y así “calmar” a los mercados financieros y evitar que los intereses de la deuda pública no colapsasen sus finanzas. Así pues, los mercados se han convertido en los amos y señores de nuestras vidas, y sobre todo de nuestras haciendas. Antoni Comín resumía esta situación con dramática claridad:“Ellos hacían y deshacían; ellos nos daban el trabajo y nos lo quitaban; ellos decidían las dimensiones de nuestro sistema de protección social; ellos hacían lo que querían… y los Gobiernos, fuesen de derechas, fuesen de izquierdas, tan sólo les quedaba ir a remolque; siempre desbordados y superados por las circunstancias…”.

      Ante esta auténtica dictadura de los mercados financieros, la socialdemocracia debe ofrecer una alternativa para, como decía Rodríguez Ibarra el pasado 22 de junio, hacer frente a “los sinvergüenzas que vencieron en las Bolsas a los Estados”. Pero para ello, ante el actual crisis, frente a los que desean refundar el capitalismo, pienso que lo que de verdad se necesita es una refundación de la socialdemocracia que la rearme ideológicamente para así recuperar con renovados bríos los viejos anhelos de la justicia redistributiva y para que deje de hacerle el trabajo sucio a la derecha al asumir unas políticas de duro ajuste neoliberal ajenas a la esencia y tradición del pensamiento socialista.

      En consecuencia, los Gobiernos socialistas, deben apostar por la inversión pública para reactivar la economía, la cual en vez financiarse con bonos de deuda pública por la cual hay que pagar luego elevados intereses, debería de hacerse mediante una firme y decidida apuesta por la aplicación inmediata de una fiscalidad progresiva propia de la tradición socialdemócrata. Y no sólo eso sino que también hay que avanzar en la implantación de un impuesto al sistema financiero (en Extremadura está vigente desde hace 12 años, y Alemania lo aprobó el pasado 25 de agosto), desarrollar una política fiscal común para toda la Unión Europea, acabar con los paraísos fiscales, prohibir las “operaciones al descubierto” con la deuda de los Estados, establecer un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (la “tasa Tobin”) y también sobre los sueldos y los bonos que cobran los directivos de las entidades financieras o una más justa tributación para las SICAV.

      Resulta imprescindible la reforma y regulación a escala mundial de los mercados financieros para evitar que éstos vuelvan a cometer irresponsables maniobras especulativas, las cuales han provocado el actual desastre que todos estamos padeciendo…y pagando. La socialdemocracia debe dar la batalla éste es el camino para revitalizar los ideales y principios socialistas, para que éstos tengan una razón de ser en el futuro. De no asumir este reto, el tiempo histórico de la socialdemocracia se habrá cumplido trágicamente cerrando un ciclo y serán otras formas y alternativas de izquierda las que deberán continuar la defensa del permanente ideal de la justicia social.

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en Diario de Teruel, 29 de agosto de 2010)

     Tal vez a estas alturas ya se haya convencido el primo de Rajoy de que el cambio climático es una seria amenaza para nuestro planeta. Resulta indudable que el aumento del volumen de los gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y sobre todo CO²) es el responsable del aumento de la temperatura media de la Tierra y las consiguientes modificaciones  sobre el clima, todo lo cual está suponiendo un cambio rápido y profundo, el mayor desde las glaciación Würmiense, hace 10.000 años, y cuyas graves consecuencias ya las estamos empezando a percibir.

     Ante esta situación resulta evidente que el modelo económico y energético basado en los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) responsable del calentamiento del planeta debe ser reemplazado por otro alternativo y más respetuoso con el medio ambiente. Es por ello que cada vez adquieren más importancia las llamadas “energías limpias” como es el caso de la eólica o la solar, así como los biocombustibles. Me referiré seguidamente a estos últimos puesto que suponen una alternativa interesante al consumo de los combustibles fósiles tradicionales.

     Los biocombustibles más usados son el bioetanol (sustituto de la gasolina producido a partir de almidones o azúcares de maíz, trigo, caña de azúcar o remolacha) y el biodiésel, obtenido a partir de algunas plantas oleaginosas (aceite de colza, girasol o de palma). En este contexto, debemos hacer mención al Plan de Acción sobre el Clima y las energías renovables elaborado por la Comisión Europea en enero de 2008. Dicho Plan recoge un conjunto de medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático para después del 2012, fecha en la que expira el actual Protocolo de Kyoto. Entre dichas medidas, se propone el que para el 2020 la Unión Europea (UE) debería de consumir en transporte un 10 % de biocombustibles, siempre que su producción sea sostenible (en la actualidad, apenas cubre el 1% del consumo total).

     Digamos igualmente que, según los estudios existentes, las tierras de cultivo de la UE apenas tienen capacidad para producir la mitad de la cantidad prevista en el objetivo del 2020. En consecuencia, la UE necesitará importar ingentes cantidades de biocombustibles, especialmente procedentes de Malasia e Indonesia (proveedores de caña de azúcar y aceite de palma) y también del Brasil, principal productor de bioetanol.

     La creciente demanda de biocombustibles ha supuesto algunas ventajas para los países productores pues ello ha estimulado a sectores agrícolas estancados además de crear empleo en el campo. Así, por ejemplo, en Brasil se fundó en el 2005 la primera cooperativa de biocombustibles que, con métodos agrícolas sostenibles, ha mejorado las condiciones de vida de en torno a 25.000 familias. Pero junto a todo esto, también es cierto que la cada vez mayor producción de biocombustibles es responsable de hasta el 30 % de la subida de los precios de los alimentos durante la crisis alimentaria del 2006-2008, durante la cual éstos se elevaron hasta en un 83 % con los consiguientes efectos devastadores para la población de muchos países en vías de desarrollo.

     Preocupante resulta igualmente la desenfrenada carrera desatada en estos últimos años en determinados países para convertirse en proveedores del sustancioso suministro del 10 % de biocombustibles para el transporte europeo del 2020. Y lo que es más grave: las presiones de las empresas productoras sobre las comunidades indígenas han hecho que, según la ONU, en torno a 60 millones de personas se hallan en peligro de ser desplazadas fuera de sus tierras para dedicar éstas a la producción de biocombustibles, tal y como está empezando a ocurrir en Tanzania o Indonesia.

     También debemos recordar que los biocombustibles, pese a su buena imagen, se producen con frecuencia a costa de la explotación de los trabajadores de los países pobres (bajos salarios, condiciones de trabajo miserables, forzados a comprar la comida y las medicinas en las plantaciones para las que trabajan a precios inflados, todo ello careciendo del derecho a organizarse y crear sindicatos para defenderse de semejante explotación), todo lo cual nos recuerda las dramáticas condiciones de vida de los obreros del salitre de Santa María de Iquique en el Chile de 1907, causa de la rebelión de éstos y la posterior represión y asesinato de casi 3.000 personas.

     A modo de conclusión, algunos expertos consideran que, en el fondo, las políticas de los países industrializados sobre biocombustibles no ofrecen medidas efectivas para combatir el cambio climático puesto que su impacto sobre la atmósfera es equilibrado pues el CO² que atrapan las plantas al crecer lo liberan posteriormente durante la combustión y sin embargo permite a los gobiernos de los países desarrollados el evadirse de tomar otras decisiones (difíciles y urgentes) sobre cómo reducir el elevado consumo energético. De hecho, el coste real de estas políticas puede suponer en algunos países del Tercer Mundo el profundizar la diferencia entre los países del opulento Norte y de los del Sur en vías de desarrollo, además del riesgo cierto de degradación medioambiental ante la deforestación de amplias zonas para dedicarlas a estos cultivos, como ahora está sucediendo en Indonesia.

     En consecuencia, la UE, como señala María Hidalgo Múgica, del Departamento de Campañas y Estudios de Interpón Oxfam, debería replantearse su política de biocombustibles eliminando la meta del 10 % y promoviendo las condiciones sociales y ambientales que permitan el uso sostenible de los biocombustibles. De este modo, no sólo se reduciría de forma efectiva la emisión de gases de efecto invernadero sino que también se ofrecerían oportunidades de desarrollo local y se podrían impulsar en los países productores una tecnología que les ayudase a reducir su dependencia del petróleo.

     Se trata de todo un reto para así evitar los efectos negativos de la opción por los biocombustibles y para que de éste modo, esta alternativa deje de ser una amenaza añadida al cúmulo de riesgos que sufren y padecen los países pobres.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 11 julio 2010)

     Estamos viviendo un tiempo en el que el dogal de la crisis económica se cierra con fuerza sobre todos nosotros, un tiempo en que el “Mercado” se ha convertido en amo y señor de nuestros destinos y, postrados ante su supremo poder, parecen haberse rendido los gobiernos de todo signo político. Es como si se hubieran difuminado las ideologías, sobre todo las de signo socialdemócrata, renunciando con una fatal resignación a plantear una alternativa a la dictadura de los mercados y de los especuladores financieros, aunque ello suponga poner en peligro los logros del Estado de Bienestar que tanto ha costado conseguir (y consolidar) en las democracias occidentales.

     La crisis económica está derivando en una crisis social como lo prueba la creciente indignación de los trabajadores, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes a los que se está haciendo pagar una crisis que no hemos generado. Este hecho es una enorme injusticia y resulta inaceptable si los sectores económicos financieros y empresariales no asumen de forma inmediata por medio de unas cargas fiscales progresivas adecuadas, su responsabilidad solidaria para salir de la profunda crisis en la que nos han sumido.

     Mientras el mundo desarrollado y muy especialmente la Unión Europea se debaten en esta crisis global (económica y de modelo productivo), leo con interés noticias procedentes de la República Bolivariana de Venezuela relativas a cómo las finanzas deben de estar al servicio de las personas, especialmente de los humildes, y no al revés como estamos acostumbrados a ver y padecer. Me refiero a la experiencia de los Bankomunales (con “k”), también llamados “Grupos de Autogestión  Financiera”, popularmente conocidos como BK.

     Los Bankomunales  están inspirados en las ideas del Premio Nobel Muhammad Yunus, creador de los microcréditos destinados a las mujeres de Bangla Desh por medio  del Grameen Bank. Y es que si las ideas y realizaciones prácticas de Yunus han demostrado que se pueden financiar a las poblaciones pobres del Tercer Mundo, los Bankomunales (BK), significan una forma concreta de autofinanciación para estas mismas comunidades. De hecho, se trata de pequeñas asociaciones formadas a partir de los capitales aportados por los propios socios con el fin de invertir y prestarse servicios de microinversiones, todo ello organizado de forma autogestionaria.

     La iniciativa de los BK ha alcanzado una gran pujanza en Venezuela a partir de la fundación del BK Banpeninsular en 1999. Éstos, surgieron a partir del impulso de la antropóloga Diana Vilera y de Salomón Raydán, filósofo y fundador de la Fundación de Financiamiento Rural (FUNDEFIR) a partir de  la idea de formar pequeños grupos de personas, geográfica y socialmente homogéneos, los cuales ponen sus ahorros en común con lo los que se constituye el capital inicial del BK, el cual se prestará posteriormente a sus miembros a cambio de un mínimo interés.

     Los BK están diseñados para actuar en tres niveles: el consumo, la generación de ingresos y la capitalización familiar. El objeto de los mismos es el de satisfacer las necesidades vitales de alimentos, medicinas, ropas y otros elementos del hogar para sus asociados, además de financiar a las pequeñas empresas familiares y enseñar técnicas de administración a sus miembros. Las posibilidades de las nuevas tecnologías también son aprovechadas por los BK y de hecho, en el presente año 2010, se está trabajando con objeto de compartir recursos en la red y de este modo crear un software de telefinanciación. En consecuencia, los BK, que actualmente son autónomos, pretenden ahora poner en marcha una gestión centralizada de los mismos utilizando sistemas informáticos.

     Dentro de los BK existe un triple sistema de calificación de los solicitantes de préstamos (niveles A, B y C) en función de la solvencia de éstos y de la prontitud para amortizar éstos. Existe, además, un tope máximo para las cuantías a prestar, la cual se debe devolver en 18 meses y, en caso contrario, la penalización de los pagos atrasados que puede llegar hasta el 12 %.

     En la actualidad existen centenares de BK en Venezuela, lo cual ha supuesto un éxito indudable en el proyecto de autofinanciación de las comunidades pobres y su ejemplo ha sido seguido por proyectos similares que se están ensayando en Bolivia, Brasil, Colombia, Senegal e incluso España.

     Un impulso decisivo para la expansión de los BK fue la aprobación en el año 2004 en Venezuela de una ley mediante la cual cada estudiante universitario debe dedicar 120 horas de su tiempo a trabajos comunitarios. De este modo, la Universidad de Oriente (UDO) no sólo creó su propio BK, sino que está desarrollando una importante labor social en este sentido al ofrecer a otros BK el apoyo y asesoramiento de los estudiantes de la Facultad de Administración, además de impartir cursos universitarios sobre microfinanzas, proyectos éstos a los que se ha unido más recientemente la Universidad de Caracas.

     Como señalaba Salomón Raydán, “el sistema bancario tradicional sólo es útil para más o menos el 20 %  de la población mundial, pero los demás también tienen necesidades financieras, aunque no tan sofisticadas como las de los bancos actuales”. De hecho, como señala Raydán, “Muhammad Yunus enseñó al mundo que nos pobres son financiables. Nosotros hemos demostrado que son auto-financiables”: para ello surgieron los BK, un proyecto alternativo y autogestionario de autofinanciación del crédito al cual algunos han dado en llamar “capitalismo de tercera generación” pues, tras los modelos propios de la era industrial y de la era financiera, se pretende ahora impulsar una nueva forma de gestión del capital crediticio más humana, incorporando la ética a la economía práctica financiera.

     Tal vez, el proyecto de los BK esbozado en Venezuela, se consolide como una alternativa humana y justa ante la actual voracidad que el capitalismo financiero supone y que, como consecuencia de la crisis global, está socavando los cimientos de nuestra economía y los principios y valores de nuestra sociedad. Ciertamente, se trata de una idea de gran interés en los convulsos y cambiantes tiempos que nos ha tocado vivir.

      José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 21 junio 2010 ; El Periódico de Aragón, 20 julio 2010)

      Durante el año 2008, se produjo una fuerte crisis alimentaria que afectó a numerosos países del Tercer Mundo como consecuencia de la desmesurada subida del precio de los cereales. Es cierto que ello se debió en parte a la creciente demanda en algunos países emergentes como era el caso de China o India, pero la causa principal de dicha crisis alimentaria se hallaba, una vez más, en las políticas neoliberales y las especulaciones financieras: de hecho, el arroz, alimento básico en numerosos países del Sudeste Asiático llegó a subir, como consecuencia de un movimiento especulativo, su precio un 74 % en las cotizaciones de las Bolsas de Nueva York y Chicago, sin que a los especuladores les importase demasiado las repercusiones sociales que este hecho iba a tener para millones de personas.

      Otra causa de la crisis alimentaria fue la conversión en determinados países de amplias zonas, dedicadas hasta entonces al cultivo de alimentos básicos en áreas de producción de biocombustibles, especialmente bioetanol. Un dato significativo: según el Earth Policy Institute, se necesita la misma cantidad de cereal para llenar el depósito de combustible de un vehículo ecológico con 80 litros de bioetanol, que para alimentar a una persona durante un año.

Consecuencia de la crisis alimentaria fue el estallido de revueltas en más de 20 países del Tercer Mundo ante  la imparable subida de los alimentos básicos por las razones antes indicadas.

      La cuestión que subyace en el fondo de esta crisis es la nefasta política de liberalización de los mercados, también del de alimentos, impulsada desde hace años por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). A ello hay que añadir las acciones del Banco Mundial  para fomentar un tipo de agricultura de exportación en los países del Tercer Mundo al servicio de los gustos e intereses de las grandes cadenas de producción y distribución de alimentos de los países del Primer Mundo. Estas políticas ultraliberales han traído como consecuencia la total desregulación de los mercados internos de muchos de los países, como es el caso de América Latina,  como efecto la aplicación de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC). De este modo, países como Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador, se han visto obligados a realizar una agricultura dedicada exclusivamente a la exportación de determinados productos para los mercados occidentales a precios muy bajos puesto que sus agricultores tienen que competir de igual a igual (esta es la trampa de libre comercio) con las agriculturas mecanizadas y subsidiadas de los países más ricos, lo cual les obliga a producir a precios muy baratos a costa de las condiciones injustas en que se cultivan y comercializan estos productos desde el Tercer Mundo.

      Ejemplo de todo lo anterior sería el caso de Haití, el país más pobre de América y sobre el cual parecería que en su agitada historia se han desatado todas las maldiciones bíblicas, sobre todo tras el dramático terremoto del cual ha sido víctima en fechas recientes. Pues bien, Haití, que en los años 60 era prácticamente autosuficiente en arroz, elemento básico de la dieta del país antillano, tras la liberalización de los mercados agrarios fomentada por el FMI y el Banco Mundial, dejó de cultivar arroz para producir caña de azúcar con destino a la exportación. Ello supuso que Haití, de ser autosuficiente en arroz, pasó a verse obligado a importarlo en cantidades masivas (1,3 millones de toneladas entre 1997-2002), lo cual originó que en el 2008 se produjeran violentas revueltas tras la subida del precio del arroz ya que a la mayoría de la población haitiana le resultaba imposible alimentar a sus familias.

      Frente a esta situación, desde un punto de vista ético, resulta evidente que se debe considerar a la alimentación como un derecho universal que no puede dejarse en manos del mercado libre con el único objeto de lograr la máxima rentabilidad económica. De hecho, cada vez se habla con mayor frecuencia de construir una nueva alternativa más justa en la que prime la persona  sobre la economía, el derecho a la alimentación sobre la especulación y el negocio en torno a los alimentos esenciales: es lo que se conoce como la “soberanía alimentaria”.

La opción a favor de la soberanía alimentaria supone la defensa del derecho de los pueblos y de los países a definir por ellos mismos las políticas agroalimentarias y de producción de alimentos, de acuerdo con sus necesidades y dando siempre prioridad a la producción y al consumo local. La soberanía alimentaria significa igualmente dar prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población en vez de las políticas de exportación masiva impulsadas por el neoliberalismo, así como el acceso de los agricultores y los trabajadores rurales sin tierra (como es el caso del MST brasileño) a la tierra, al agua, las semillas y al crédito, sin olvidar el compromiso con una producción agrícola sostenible que respete el medio ambiente.

      En aras a un comercio justo entre las naciones, resulta imprescindible defender un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regionales y estatales, redimensionando el comercio internacional, pues los precios y la producción deben de ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por las grandes multinacionales y, de este modo dar prioridad al desarrollo local, esto es, todo lo contrario a lo que pretenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Fomentar la soberanía alimentaria supone también apoyar un consumo alternativo y responsable, basado en valores éticos, como los defendidos por las opciones a favor del “comercio justo”, solidario con los excluidos (los campesinos pobres del Tercer Mundo) y con un firme compromiso ecológico que impida, por ejemplo, la deforestación de amplias zonas de selva.

      Ciertamente, la alimentación mundial, al igual que la economía, son temas demasiado importantes como para dejarlos en manos de un  neoliberalismo galopante carente de ética y sensibilidad social. Por ello, la soberanía alimentaria que es tanto como la capacidad de decidir por parte de los productores y también de los consumidores, supone un rechazo frontal a los injustos tratados de libre comercio que atenazan a los países del Tercer Mundo, a las políticas desreguladoras y ultraliberales del FMI, de la OMC o del Banco Mundial y, desde luego, una alternativa frente al poder de las grandes multinacionales que monopolizan la comercialización y distribución de alimentos a escala internacional. Todo un reto para los gobiernos progresistas y los ciudadanos comprometidos.

      José Ramón Villanueva Herrero

      (Diario de Teruel, 9 marzo 2010)

     En fechas recientes fue noticia las declaraciones críticas que, con motivo de la campaña de vacunación contra la gripe A, hizo la doctora Teresa Forcades la cual es, también, monja benedictina y teóloga progresista. Entre otras cosas, la Hermana Teresa advertía, en medio del excesivo alarmismo generado en torno a esta pandemia, de que se desconocían sus efectos secundarios, así como de los grandes intereses económicos que tenían las industrias farmacéuticas en este tema, como era el caso de la comercialización del célebre Tamiflú de la empresa Roche.

      No era la primera vez que la Hna. Teresa Forcades advertía sobre los oscuros intereses que mueven a las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales y los inmensos beneficios obtenidos por éstas. Así, en su documentada obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (Edicions Cristianisme i Justícia, 2006), nos ofrece una imagen demoledora de las presiones y negocios de la industria farmacéutica a nivel mundial, hasta el punto de que ésta ha sido capaz de imponerse a las decisiones de los gobiernos, pudiéndose por ello hablar de una "farmacocracia" en determinados sectores de la política y la economía internacional que sufren, sobre todo, los países del Tercer Mundo y que en el caso de los Estados Unidos, el poder de las grandes compañías farmacéuticas las ha convertido en un sector tan estratégico para la economía americana como lo es el petrolífero.

      El extraordinario poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas se incrementó tras la aprobación por el Gobierno Reagan de la Ley de Extensión de Patentes (1984), también conocida como Ley Hatch-Waxman, y la posterior creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (1994) que, como señala la Hna. Teresa, tenía por objetivo "asegurar que la globalización no atentara contra los intereses del gran capital".

     Pese a que Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó una campaña internacional para el acceso a las medicinas esenciales a precios asequibles mediante la cual se permitía a determinados países como India, Brasil o Sudáfrica producir genéricos a precios muy bajos para combatir el SIDA en los países del Tercer Mundo, las presiones de la industria farmacéutica, que no estaba dispuesta a renunciar a los inmensos beneficios de sus patentes, truncaron el proceso. De hecho, en los últimos años se ha aumentado la protección sobre las patentes farmacéuticas mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) (1995), lo cual ha producido un brutal impacto en la comercialización de los antirretrovirales para combatir el SIDA, enfermedad que causa 3 millones de muertes/año en África. En consecuencia, y por imperativo de los acuerdos de la OMC, se obliga a que, desde 2005, la comercialización de todos los medicamentos esté sometida al sistema de patentes (aunque sus precios sean abusivos en el Tercer Mundo), impidiendo de éste modo la producción legal de genéricos mucho más baratos: en este sentido, Teresa Forcades alude a que los genéricos producidos en Brasil habían reducido su coste un 79 % o que un producto como el Fluconazol, destinado a combatir el SIDA, elaborado por la farmacéutica Pfizer costaba entre 14-25 euros, mientras que su genérico valía solamente 0, 75 euros. Por si esto fuera poco, las grandes compañías se negaron a comercializar en los países pobres los medicamentos que no les aportaban suficientes beneficios (sus márgenes brutos oscilan entre el 70-90 %): este fue el caso del retroviral Kaletra, que no necesitaba refrigeración lo cual lo hacía idóneo en los países del África Subsahariana, y que dejó de comercializarse porque la empresa Abbott lo consideró "poco rentable".

     La Hna. Teresa Forcades, que trabajó tres años como médico residente en el Hospital de Buffalo, la segunda ciudad más importante del Estado de Nueva York, es valiente al afirmar que el actual sistema de patentes farmacéuticas favorece los abusivos intereses de la industria a expensas del bien común, siendo especialmente injusto con los países subdesarrollados, los cuales deberían de estar exentos de las obligaciones ligadas a la propiedad intelectual, especialmente en el caso de los medicamentos esenciales, por todo lo cual resulta cada día más urgente avanzar hacia un nuevo y más justo sistema mundial de patentes.

     Otro de los aspectos importantes denunciados por la Hna. Teresa es cómo la investigación farmacéutica se guía exclusivamente en función del beneficio económico potencial a obtener. Tal es así que en un informe de MSF titulado Desequilibrio fatal (2001) para el estudio de las enfermedades olvidadas, se concluye que "las enfermedades que afectan principalmente a los pobres se investigan poco y las que afectan sólo a los pobres no se investigan nada". Es lo que se ha denominado "desequilibrio 10/90", esto es, que sólo el 10 % de la investigación sanitaria mundial está dedicada a enfermedades que afectan al 90 % de los enfermos del mundo (malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), enfermedad de Chagas, enfermedad de Buruli, dengue, leishmaniosis, lepra, filariasis, esquistosomiasis). Por el contrario, el 90 % de las investigaciones se dedican a otras "prioridades" mucho más rentables como los tratamientos de impotencia, obesidad e insomnio que afectan al 10 % de la población, esto es, al Primer Mundo. En este sentido, sólo con la píldora Viagra, comercializada por Pfizer, la principal compañía farmacéutica americana, ya en el año 2001 obtuvo unos beneficios anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, cantidad que ha seguido aumentando y que convierte a la Viagra en el principal "blockbuster" (medicamento con un volumen de ventas superior a los 1.000 millones dólares/año) del mercado en Occidente.

     Por todo lo dicho, la estrategia farmacéutica de las grandes compañías se basaría en comercializar y hacer propaganda intensa de medicamentos inútiles, nocivos e incluso mortales como el antidepresivo Zoloft (de Pfizer), o los productos anticolesterol Lipoday, Chostat, Staltor (de Bayer) o los antiinflamatorios Vioxx (de Merck) o Bextra y Celebrex (de Pfizer), algunos de ellos ya retirados del mercado por sus nocivos efectos ; explotar al máximo los medicamentos (incluidos los esenciales) en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva; reducir las investigaciones de las enfermedades que afectan principalmente a los pobres porque no les resultan rentables y concentrarse en los problemas de las poblaciones de alto poder adquisitivo, aunque no se trate de "enfermedades", como es el caso de los medicamentos antienvejecimiento y, finalmente, forzar las legislaciones nacionales e internacionales a que favorezcan sus intereses, aunque sea a costa de la vida de miles de personas. En este sentido el lobby farmacéutico americano, agrupado en PhRMA, que controla el 60 % de las patentes de medicinas mundiales y los 50 medicamentos más vendidos, tiene un papel determinante y se convierte así en una auténtica "farmacocracia".

     Ante este panorama, la conclusión de Teresa Forcades supone todo un reto para la política y la defensa de una sanidad pública mundial verdaderamente solidaria con las necesidades del Tercer Mundo. Por ello, la industria farmacéutica y sus intereses económicos requieren de una urgente y más justa regulación política que priorice el bien común, esto es, el derecho universal a la salud y no sólo la búsqueda de una rentabilidad económica de unas compañías. Ciertamente, como nos recuerda Teresa Forcades, una monja benedictina, una doctora comprometida y valiente, resulta un deber moral y político el exigir un mayor control democrático y legislativo internacional que ponga fin a los abusos de la industria farmacéutica.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 13 diciembre 2009)

Siempre he pensado que el mercado internacional armas entre los distintos Estados, aunque tenga por ello reconocimiento legal, al contrario de lo que ocurre con el llamado “mercado negro” armamentístico, resultaba tan inmoral y denigrante como el narcotráfico, sobre todo si tenemos en cuenta que este negocio enriquece a los países desarrollados y consume importantes recursos de los países del llamado Tercer Mundo que deberían destinarse a mejores fines.

Es por todo ello que me ha parecido de gran interés la lectura del documento El negocio de las armas en España publicado en Papeles “Cristianisme i Justícia” que edita la Fundación Espinal, vinculada a los jesuitas de Cataluña. Su autora, Tica Font, perteneciente al Centro de Estudios por la Paz Delàs y a la Asociación Justicia y Paz, nos ofrece datos y reflexiones ciertamente interesantes sobre el papel que desempeña España en este lucrativo y a la vez inmoral negocio. De entrada, sorprende saber que España ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de exportaciones armamentísticas (el 3 % del comercio internacional de armas es español) y que las ventas por este concepto, según datos de 2006, supusieron 845 millones de euros.

En cuanto al destino de la producción  armamentística española, según Tica  Font, el   43 % de la misma es adquirida por países en vías de desarrollo. También resulta importante señalar  que, en algunos casos, nuestros compradores son países con serios conflictos armados como Colombia o Israel, o con situaciones de tensión o inestabilidad interna (Filipinas, Indonesia, Sri Lanka), naciones donde no se respetan los derechos humanos (Kenia, Singapur o Thailandia) o países históricamente enfrentados, como ocurre con India y Pakistán.

Debemos tener en cuenta también que la venta de armas a otro Estado requiere autorización del Gobierno y se  regula por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Aunque en el Preámbulo de dicha Ley se contempla por primera vez el compromiso del Gobierno de “presentar al Parlamento una información completa y detallada” sobre este tipo de exportaciones, y que el artículo 16 alude al control parlamentario que se debe ejercer sobre las mismas, en la práctica existe una gran opacidad  dado que este tipo de exportaciones se considera “información clasificada” conforme a la Ley de Secretos Oficiales. Por ello, las actas de las reuniones donde se decide conceder (o no) a una empresa española la autorización para exportar armas son secretas, no se recoge información sobre los tipos concretos de armas a vender ni la finalidad de las mismas. Este secretismo, además de quedar “justificado” mediante la aplicación de la referida Ley, responde al deseo expreso de los compradores que no quieren que sus potenciales adversarios conozcan este tipo de datos.

Por otra parte, debemos recordar que, según el Reglamento nº 1334/2000 de la Unión Europea (UE), se establecen unas normas de conducta obligatorias para todos los estados miembros como que no se deben vender armas a países sancionados, políticamente inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar precario, aspectos éstos que, para el caso de España,  se han incorporado a la citada Ley 53/2007 en cuyo Preámbulo se hace una mención expresa a que, siendo coherentes con  los compromisos asumidos por España en materia de Derecho Internacional, se debe garantizar, por ley, “que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza”. Pero, al margen de esta declaración ética de intenciones, lo cierto es que España vende armas a países que incumplen los supuestos anteriores tales como Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, Ecuador, India, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Thailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistán o Kenia.

No cabe duda que la ventas de armas, además del negocio consiguiente, son un instrumento más de la política exterior de los países productores. Resulta evidente que las relaciones entre compradores y vendedores de armas articulan alianzas políticas y sirven también para aumentar la influencia de determinados países en zonas geoestratégicas sensibles, tal y como ocurre en Oriente Medio. Un dato significativo: los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia y China) encargados de velar por la paz mundial y evitar los conflictos armados en la esfera internacional, controlan el 76 % del comercio mundial de armas, lo cual es toda una flagrante contradicción con los objetivos y principios por los que se debe esforzar la ONU y su Consejo de Seguridad.

Unas reflexiones finales relacionadas con nuestro país. España ha vendido armas en estos últimos años a algunos de los países más pobres del mundo como Burkina Faso, Angola, Kenia o Mauritania; se ha incumplido el citado Código de Conducta de la UE al vender armas a países que destinan más recursos a gastos militares que al desarrollo humano, esto es, a sanidad y educación, como Turquía, Pakistán, Jordania, Ecuador, Brasil o Angola. Lo sorprendente es que algunos de los países citados reciben de España Ayuda Oficial al Desarrollo por lo que, como señala Tica Font, “primero hacemos negocio y después damos un poco para hacer aquello que el mismo gobierno de estos países no hace por falta de recursos: atender a las necesidades de las personas”.

Todos estos datos y reflexiones nos confirman en que, aunque se ampare en una normativa legal, el negocio mundial de armas resulta tan lucrativo como inmoral, aspectos éstos que cuestionan los principios de la ética, la justicia, la paz y la solidaridad que deben mover las relaciones internacionales, también en el caso de España, para con los países en vías de desarrollo o que sufren conflictos armados.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 21 agosto 2008)

     La ola de pragmatismo impregnado de neoliberalismo económico defendida por la mayoría derechista de la UE ha calado, también, en diversos sectores de la izquierda. Así lo demuestra el caso del nuevo concepto de la "flexiseguridad" que, en síntesis, significa reducir en el mercado laboral los costes patronales para el despido de los trabajadores a cambio de un mayor sistema (público) de protección al desempleo.

     Esta idea, cuando menos inquietante ya que desregula las relaciones laborales, ha generado una cierta polémica en España dado que se alude a la flexiseguridad en la Ponencia Marco a debatir en el próximo 37 Congreso Federal del PSOE. Ante esta cuestión, la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, no puede permanecer impasible dadas las importantes consecuencias negativas que de ello se pueden derivar para los trabajadores. Recogiendo las reflexiones de Alfonso López, las cuales comparto plenamente, hay que decir que la flexiseguridad que se nos quiere vender como un modelo exitoso en los países nórdicos, debe ser cuestionada desde varios puntos de vista. En primer lugar, parte de una diferencia esencial ya que bajo ningún concepto se puede equiparar el Estado de Bienestar existente en los países nórdicos, consolidado tras décadas de gobiernos socialdemócratas, con el incipiente modelo español, lo cual es un grave error de partida, inconsciente o intencionado por parte de quienes avalan en España la flexiseguridad.

     Es significativo que nada se dice sobre la financiación pública de este modelo que, si bien en los países nórdicos se fundamenta en una fuerte fiscalidad progresiva que lo dota de amplios recursos, no ocurriría lo mismo en España en donde se ha optado por una gradual rebaja de los tipos impositivos, cuyo más claro ejemplo ha sido la reciente supresión del impuesto de patrimonio, algo incomprensible desde posiciones de izquierdas.

     Resulta curioso el que, la aireada flexiseguridad a la que tantas "bondades" se le suponen, excluye en su aplicación a los "contratos blindados", los cuales quedarán al margen de la desregulación y de la movilidad laboral, entiéndase, de los despidos cada vez más baratos para los empresarios. Tampoco se tienen en cuenta los problemas que comportan para los trabajadores la pérdida de la estabilidad en el empleo como son la inseguridad, incertidumbre hacia el futuro, sensación de fracaso, etc. En síntesis, esta medida parece indicar que sólo beneficia a los empresarios que verían reducidos sus costes laborales y, en cambio, el Estado estaría obligado a asumir mayores cargas sociales sin tener la garantía de su plena solvencia económica a medio plazo.

     Otro jinete que amenaza nuestro horizonte laboral es la llamada Directiva del Tiempo de Trabajo aprobada el pasado 10 de junio por los ministros de Economía de la UE. Sólo hubo 5 países que se abstuvieron (España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría) y dos más que presentaron reservas (Portugal y Malta) lo cual nos indica que, al margen de la tramitación posterior en el Parlamento Europeo, los países más influyentes de la UE, a excepción de España, respaldan esta regresiva norma comunitaria.

     La iniciativa de tal polémica Directiva, tras cuatro años de negociaciones, ha sido aprobada, al sexto intento, por todos los gobiernos de la derecha europea junto con el apoyo del laborismo británico. Esta Directiva va a suponer la ampliación legal de la jornada laboral semanal: como norma general, en la UE será de 48 horas, como máximo. Pero, y he aquí el quiz de la cuestión, se autoriza a que, mediante acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador, ésta pueda ser de hasta 60 horas, e incluso de 65 en el caso de las guardias médicas.

     Aunque se contempla que estos acuerdos individuales requieren un consentimiento por escrito del trabajador (renovable y con una validez de un año), también se podrán superar las jornadas de 60-65 horas si hay acuerdo entre los interlocutores sociales o así lo establezca un convenio colectivo. Igualmente grave es el hecho de que los contratos menores a 10 semanas no tendrán ninguna limitación de horas de trabajo o que los trabajadores cedidos por las ETTs no tendrán igualdad de trato ni derechos laborales hasta la 12ª semana de contrato.

     Esta grave regresión en la normativa laboral trunca un proceso de avances sociales y quiere convertir a la UE en un mero espacio económico en el cual se ignoran los derechos y valores que dan razón de ser a al Europa Social en la que creemos. De hecho, no es exagerado afirmar que la Directiva de Tiempo de Trabajo supone retroceder en este tema al s. XIX puesto que deja la jornada laboral al margen de la negociación colectiva, reduciéndola a un acuerdo individual empresario-trabajador en el cual el primero, al ser la parte más fuerte, siempre podrá imponer sus condiciones e intereses sin ninguna limitación legal. Además, esta Directiva hace difícil, por no decir imposible, la conciliación de la vida laboral y familiar y, además, supone una seria desprotección en materia de salud laboral.

     Ante estos jinetes que cabalgan hacia nosotros y amenazan los valores de la Europa Social que tanto ha costado construir, hay que reaccionar con firmeza. La izquierda política y sindical tiene que fijar posiciones claras, coherentes y, por ello, irrenunciables. Estas posiciones debemos defenderlas con tenaz convicción ante la creciente ofensiva de la globalización neoliberal, la cual supone un ataque frontal contra nuestros valores cívicos y contra los logros históricos y avances sociales conseguidos por el movimiento obrero en defensa de la clase trabajadora.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 julio 2008)

     En estos últimos meses se ha ido extendiendo una sensación (real) de pesimismo sobre la situación económica, cuyas consecuencias parecen ser más agudas de las inicialmente previstas. Al principio de habló de "desaceleración" como consecuencia de varios factores (crisis inmobiliaria, subida alimentos y recursos energéticos, elevación tipos de interés), ahora se alude a la "estanflación" (inflación y estancamiento de la economía), de una crisis de duración y consecuencias todavía no calibradas.

     Asistimos, pues, a un panorama en el cual parecen galopar desaforados los nuevos jinetes de una amenazadora globalización neoliberal, impulsados en su frenética carrera por intereses exclusivamente economicistas y, por ello, carentes de los valores de justicia y solidaridad que conforman (y deben seguir haciéndolo) nuestro actual Estado de Bienestar. Estos jinetes se llaman "desregulación de los mercados financieros", "flexiseguridad" o las Directivas sobre tiempo de trabajo o política inmigratoria, la llamada "Directiva de la Vergüenza", aprobadas recientemente por la mayoría conservadora imperante en la Unión Europea (UE). A todo ello nos referiremos seguidamente.

     Es un hecho que el ciudadano percibe sensibles déficits democráticos en el funcionamiento de la UE ya que se habla mucho de la Europa de los capitales, poco de la Europa de los ciudadanos y casi nada de la Europa Social. El origen de esta situación es la pugna, no sólo económica sino también ideológica, entre dos modelos sociales contrapuestos: el capitalismo neoliberal angloamericano y el modelo europeo de Estado Social. Así, mientras el primero, defendido por la derecha política y económica, se basa en la existencia de mercados desregulados y con baja fiscalidad, paradigma de una liberalización cada vez más agresiva y global, el segundo, es el modelo clásico del Estado de Bienestar socialdemócrata, impulsor de una Europa Social cohesionada, de fuerte progresividad fiscal y con amplias prestaciones sociales.

     Ante esta confrontación, convertida en una auténtica guerra dogmática sobre el modelo económico y social para la Europa del s. XXI, Oskar Lafontaine, exdirigente del SPD y actual líder del nuevo partido alemán Die Linke (La Izquierda), señala en su libro El corazón late a la izquierda (Barcelona, Paidós, 2000), que la socialdemocracia debe dar una respuesta a la globalización neoliberal y, para ello, debe mantener "una voluntad activa de estructuración del Estado Social y de la política económica y no una adaptación pasiva ni la sumisión a los supuestos imperativos y estructuras de la economía liberal de mercado". Además, el socialismo debe mantener sus principios internacionalistas ya que, como señala Lafontaine, "la era socialdemócrata tocará efectivamente a su fin si no adquiere un nuevo fundamento en la lucha por la realización a escala mundial de la idea de Estado social".

     Dado que asistimos a un momento en que la política exterior viene determinada más por los inversores y especuladores internacionales que por los gobiernos elegidos democráticamente, la socialdemocracia debe esforzarse por lograr una regulación más intensa de los mercados financieros y, para ello, la clave es controlar la circulación de capital a corto plazo y evitar caer en el dogmatismo de la ideología monetarista preocupada solamente por la estabilidad de precios. En este sentido, hay que recordar que Lafontaine es un activo miembro de la Asociación por la Tasación sobre Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC), destacado grupo antiglobalización que, tomando como ejemplo las teorías de James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, promueve iniciativas para el control democrático del sistema financiero mundial. En esta línea, es tarea de la socialdemocracia el impulsar una nueva política económica desde el Banco Central Europeo (BCE) que, superando el monetarismo, contribuya decididamente a los objetivos de la UE, tal y como se recogen en el artículo 2 del Tratado de Maastricht y que son: "potenciar un alto nivel de ocupación y un elevado índice de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un crecimiento constante y no inflacionario, un elevado grado de competitividad y convergencia de las economías, un elevado grado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, el aumento del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros". Para lograr todos estos objetivos de profundo contenido social, que superan con mucho al dogmatismo monetarista, el BCE no sólo debe implicarse en ello sino que, resulta imprescindible que éste tenga un mayor control democrático por parte de la UE y que tenga la obligación de rendir cuentas de su actuación ante el Parlamento Europeo.

     Preocupante resulta la infiltración de ideas neoliberales en el pensamiento socialista, como es el caso de la Tercera Vía de Blair o los "modernizadores" del SPD, con el riesgo de diluir las ideas y valores de la transformación social marxista en aras a un descafeinado social-liberalismo. Por ello, no me resisto a citar a Friedhelm Hengsbach, el cual nos advierte de esta deriva ideológica pues, "los socialdemócratas europeos se están dejando arrastrar por el delirio de lo nuevo, lo moderno, la adaptación y la flexibilidad. ¿Nuevo? ¿Frente a quién? ¿Moderno? ¿En qué sentido? ¿Adaptado? ¿A qué? ¿Flexible? ¿Por qué?. Estas preguntas reciben invariablemente como respuesta una letanía de referencias al cambio de las condiciones objetivas, a los cambios económicos y sociales, a la evolución económica cada vez más rápida, a las nuevas tecnologías, a la globalización acelerada. Todo esto se registra como fenómenos naturales o golpes del destino. No se les ocurre a los autores que podrían ser consecuencia de una política mal orientada y objeto de una modificación del rumbo político". Ciertamente, de no tener en cuenta las advertencias de Hengsbach, el primer caballo de Troya de la globalización neoliberal habrá entrado en nuestro pensamiento, condicionando nuestra vida, nuestras ideas y nuestro modelo de sociedad….y no es el único caballo de Troya que nos amenaza.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 16 julio 2008)