EL VALLE DE LOS CAÍDOS, UNA CRUZ PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

 

 

     Cada año, en torno al 20 de noviembre, se suceden las mismas escenas de los nostálgicos del franquismo queriendo honrar a Franco en el Valle de los Caídos, imágenes que, como viejos espectros del pasado, agitan nuestra memoria reciente cual si se tratara de una pesada cruz que todavía arrastra nuestra democracia 35 años después de la muerte del dictador.

     El Valle de los Caídos, imponente y faraónica memorial, símbolo por excelencia del franquismo, sigue siendo sin duda el  lugar más emblemático para el fascismo español. Así, en la página web de la Fundación Francisco Franco hallamos un amplio dossier bajo el engañoso título de “Lugar de reconciliación y de paz” en el que podemos leer todo un cúmulo de despropósitos escritos en el más rancio lenguaje de otras épocas, llegándose incluso al cinismo de  denunciar la que califica de “campaña contra el Valle de los Caídos con la pretensión de convertirlo en un monumento laico, desatada desde sectores comunistas y que propugnan la ruptura de la unidad de España, con datos inexactos, cuando no tergiversados”. Resulta igualmente indignante el que la Fundación franquista, ignorando deliberadamente la realidad histórica, sigue negando  que dicha obra fue realizada por presos políticos republicanos, que muchos de ellos murieron durante los 20 años que duró su construcción, o que dichas obras “supusiesen un dispendio para las finanzas públicas”.

     Los franquistas de ayer y de hoy siempre han querido presentarnos el Valle de los Caídos como “un monumento representativo de la reconciliación nacional” por el hecho de que en el mismo hay enterrados casi 40.000 españoles que lucharon en ambos bandos durante la guerra civil. Esa misma idea, ya la recogió el corresponsal en Madrid del New York Times el día de su inauguración, el 1 de abril de 1959, el “Día de la Victoria” en el calendario del régimen y cuando se cumplían los 20 años del final de la contienda: en pleno idilio anticomunista entre el régimen y los EE.UU., en dicha crónica, se podía leer que, con este monumento, “Franco ofreció el ramo de olivo de la paz a los millones de españoles que entre 1936 y 1939 lucharon al lado del Gobierno republicano vencido”. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad: ni el franquismo se reconcilió con los vencidos en  pues todavía quedaban 16 duros años de dictadura, ni este memorial, por su origen, su significado, su construcción  (realizada, para mayor ignominia con el trabajo y sufrimiento de miles de presos políticos republicanos entre 1940 y 1959) ni por su objeto último (ser lugar de enterramiento del dictador y de José Antonio Primo de Rivera), tenía nada que ver con una ansiada y necesaria reconciliación entre las dos Españas desgarradas por el enfrentamiento fratricida y por las consecuencias del mismo.

     Ante esta situación, en estos últimos años, diversas asociaciones memorialistas han querido poner las cosas en su sitio, denunciar la apología del franquismo que suponía la utilización partidista del Valle de los Caídos a la vez que honrar la memoria de las víctimas republicanas. Ahí están las iniciativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), los Foros por la Memoria, o la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados por el Franquismo (AFARIIREP) tendentes a adecuar y redefinir el sentido que debe tener el Valle de los Caídos en nuestra sociedad democrática. Algo se ha avanzado con la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, que en su artículo 16.2 prohíbe la celebración en el mismo de “actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”, pero no es suficiente. Tal y como proponen estas asociaciones, resulta evidente que, dado que el Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional, debe ser un lugar aconfesional y, por ello, sería necesario desacralizar su basílica y trasladar a la comunidad monástica que lo habita. De igual modo, los restos de Franco y José Antonio se deben de entregar a sus familias, así como también identificar a varios miles de combatientes allí sepultados y exhumar los restos de todos aquellos que, como fue el caso de los republicanos, fueron llevados a este lugar  sin el consentimiento de sus familias, un inaudito robo de cuerpos para intentar simbolizar una reconciliación que nunca existió durante el franquismo, esto último aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre. Otra de las demandas memorialistas pide que se investigue a las empresas que se lucraron durante su construcción con mano de obra esclava republicana indemnizando a sus supervivientes o a sus familias, tema éste inédito en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Alemania tras la derrota del nazismo. Y la exigencia fundamental: que el conjunto del Valle de los Caídos se convierta en lo que moralmente debe ser: un Memorial que honre a las víctimas del franquismo  y recuerde lo que la dictadura supuso en nuestra historia reciente.

     No estoy de acuerdo con quienes pretenden volar o desmantelar la gran cruz que preside la basílica. Y ello por dos razones: porque representa la utilización por parte del franquismo de los símbolos y valores cristianos en beneficio exclusivo de su dictadura contando para ello con la entusiasta connivencia de gran parte de la Iglesia católica. Pienso que no se entendería lo que supuso el franquismo sin esa amalgama de ideas fascistas, pensamiento conservador y clericalismo. Se convierte, pues, en un símbolo, triste símbolo, de esa vuelta anacrónica a la unión de la cruz y la espada, de tan funestos recuerdos en nuestra historia, de la manipulación del verdadero mensaje evangélico, del cual tan responsable fue la Iglesia adicta y legitimadora del franquismo. Tampoco estoy de acuerdo en demolerla por una segunda razón pues, de hacerlo, desaparecería una parte del dolor y del sufrimiento que supuso su construcción para los presos políticos republicanos, como tampoco hay que destruir los restos de los campos de exterminio nazis para que así sean lugares de la memoria y, con ellos, educar a las futuras generaciones en lo que supuso la magnitud del genocidio nazi (o el franquista) y así inmunizarlas ante cualquier delirio fascistoide, xenófobo o racista.

     Por todo ello, considero que ha llegado el momento de que los poderes públicos asuman las propuestas de las asociaciones memorialistas. Ello requiere, una voluntad política por parte del Gobierno, que deberá reformar en este punto y otros muchos la Ley de la Memoria Histórica. Sólo así, el Valle de los Caídos dejará de ser una cruz que pesa como una losa sobre la conciencia democrática española.

 

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2010 ; Diario de Teruel, 28  noviembre 2010)

 

EL HONOR DE ÁNGEL LACUEVA

 

     Nunca he ocultado mi amistad por Ángel Lacueva y, por ello, como militante socialista, me resulta especialmente dolorosa la continuada campaña que, desde hace tiempo, se está llevando a cabo contra su persona,  campaña plagada de ataques personales que considero inaceptables e injustos, y en la cual el periódico La Comarca ha tenido un papel que, a mi entender, excede el derecho constitucional a la libertad de expresión e información que compete a los medios de comunicación. Por ello, considero estos ataques no sólo desproporcionados sino que, al margen de las discrepancias y críticas políticas libremente expresadas,  atentan contra el respeto que merece su honor personal.

     Desconozco la razón de fondo el origen de esta injusta, desmedida y prolongada campaña contra Lacueva lanzada contra él desde diversos ámbitos políticos e informativos como es el caso de La Comarca, pero tal vez se deba a que sus adversarios no le perdonen el haber mantenido una posición claramente de izquierdas al optar por pactar en Alcañiz con Izquierda Unida y negarse a entregar la alcaldía de la capital bajoaragonesa, como si moneda de cambio se tratara, a la derecha regionalista del PAR, evitando de éste modo situaciones tan escandalosas como la que estamos viendo estos días en el Ayuntamiento de Teruel.

     También considero que no se ha entendido el verdadero sentido del ofrecimiento a Antonio Arrufat de encabezar la lista del PSOE por Alcañiz a las próximas elecciones municipales y que, estoy convencido, fue una propuesta planteada desde la generosidad, pensando en buscar un necesario consenso entre la militancia (a la que algunos pretenden enfrentar permanentemente) y desde la responsabilidad pensando que ello redundaría en beneficio de la  política municipal socialista en Alcañiz.

     Y sin embargo, en esta campaña de permanente ensañamiento  contra Lacueva, no he leído críticas que fomenten el debate sobre su gestión política, que es donde realmente se debería de centrar la cuestión, al margen de descalificaciones personales que desacreditan más a quien las lanza que a la persona a la que van destinadas. Los últimos artículos y editoriales de La Comarca, están plagados de adjetivos insultantes y, sin embargo, obvian su gestión política como teniente de alcalde y senador, tareas en que, pese a la incomprensión y los ataques que recibe, dedica su esfuerzo, su tiempo y energías con la convicción de que con ello, trabaja por el progreso de Alcañiz. Los que lo conocemos, lo sabemos muy bien.

     En cuanto a las críticas que recibe como secretario general de la Agrupación Socialista de Alcañiz, puedo afirmar que Lacueva ha favorecido el debate interno entre la militancia, con libertad, algo bien distinto a la imagen que se pretende ofrecer de él como un maquiavélico político. Si, como se dice en La Comarca las cuestiones internas del PSOE alcañizano competen al Comité Ejecutivo Local y a la decisión soberana  de la Asamblea de la Agrupación Socialista, es de desear que ésta no se vea condicionada por interferencias externas, bien sea desde otros ámbitos políticos, o desde algunos medios de comunicación que ya han tomado partido lanzándose a la arena política con pasión, exacerbando las polémicas internas del PSOE y denostando a un secretario general elegido democráticamente, una actitud ésta de La Comarca, que se circunscribe exclusivamente al PSOE alcañizano y que obvia a los demás partidos del panorama político municipal, para  los cuales el  periódico  parece no tener la misma obsesión que contra Lacueva y las cuestiones internas del PSOE local.

     Recuerdo ahora que, durante mucho tiempo, la figura del socialista Juan Negrín fue vilipendiada por propios y extraños, que contra él se tejió una auténtica leyenda negra en la que las cuestiones personales y políticas desvirtuaron su imagen hasta para los propios socialistas. Pasado el tiempo, el conocimiento objetivo de su labor política le ha hecho justicia y Juan Negrín recuperó su honor y su dignidad en la historia del socialismo español. Por ello, ahora, Ángel Lacueva, amigo y compañero, tiene también un honor personal y político que, pese a quien pese, debe de quedar al margen del saludable debate y la crítica política: es un acto de elemental civismo y espíritu democrático.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (militante de la Agrupación Socialista de Alcañiz)

EL SAHARA, UNA SOBERANÍA USURPADA

 

     Estos días quedan cortas la palabras y las repulsas ante la magnitud de la represión a que está  siendo sometido el pueblo saharaui por parte de las autoridades de ocupación marroquíes. Tras el brutal desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik de Lâayoune (El Aaiún), no sólo han ardido las jaimas saharauis, sino también la tenue esperanza de que las negociaciones iniciadas en la ciudad norteamericana de Manhasset  entre el Frente Polisario  y Marruecos, desbrozasen el camino hacia una salida justa al contencioso del Sahara.

     Asistimos a un nuevo y dramático eslabón en la larga cadena de violaciones de los derechos humanos y de injusticias que, desde hace décadas, padece el pueblo saharaui, al que se le niega ser dueño de su destino y de su tierra por parte de la autocrática monarquía marroquí de Mohamed VI.

     La tragedia del pueblo saharaui ha vuelto a poner de actualidad, como tiempo atrás ocurrió con la huelga de hambre de Aminatou Haidar, la justa causa que enarbolan, a pesar de la intolerable actitud de Marruecos y la connivencia de los EE.UU. y Francia para con el reino alauita. Resulta lamentable la actitud de la comunidad internacional que, durante demasiado tiempo, ha mirado hacia otro lado en la cuestión de exigir con firmeza el derecho de autodeterminación para el Sahara Occidental. España, también es responsable pues, en este tema, tiene un compromiso moral y político que no debe nunca olvidar ni posponer por temor a las presiones que, de todo tipo, recibe desde Marruecos.

     Desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania, todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui y, consecuentemente, rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. Especialmente reveladora resulta la atenta lectura del Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, se rechazaban con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos precolonial  (El Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.

     Tras el dictamen del TIJ, los hechos se precipitaron: unas horas después, Hassan II anunciaba la Marcha Verde, el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, que suponía el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania a cambio de determinadas compensaciones económicas recogidas en los acuerdos complementarios. (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte del dictador, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.

     Desde entonces, los hechos son conocidos: Marruecos ha violado de forma continua y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, el Frente Polisario y la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado, está a un solo paso.

Dado que  la cuestión central es la soberanía del Sahara, considero de gran interés la opinión de Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad británica de Exeter, el cual destaca que sumario de TIJ anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui. Por ello, como enfatiza Mundy, “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.

     La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello supone el legitimar de facto la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en ese territorio ocupado. También España debe implicarse con firmeza en defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, ante la ocupación ilegal del Sahara por parte de Marruecos, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, un último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho que merece la causa saharaui, acuerdos de los que en estas fechas se cumple su 35 aniversario.

      En consecuencia, la dignidad y la libertad del Sahara, no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control de la inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islamista, contencioso de Ceuta y Melilla) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Como nos recordaba Fernando Bermúdez-López, médico y teólogo tras su estancia en el campamento de Tinduf, en la despedida, sus  amigos saharauis pedían a la comunidad internacional, y de forma muy espacial a España, que “No nos abandonéis solos gritando en el desierto”. Dar respuesta a esta petición es nuestro compromiso moral para con una causa justa, la causa del pueblo saharaui.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 15 noviembre 2010)

 

 

DOS MONUMENTOS, DOS HISTORIAS DISTINTAS

     

     Con profunda emoción asistí el pasado 27 de octubre al acto de inauguración del Memorial a las víctimas republicanas asesinadas por el franquismo en las tapias del Cementerio de Torrero de Zaragoza. De este modo, se honraba a nuestros familiares asesinados y, pese a tantos años de espera, el significado de tan emotivo acto adquiere una dimensión de justicia, de reafirmación de la cultura de la memoria y, desde luego, también, de los valores republicanos por los que murieron nuestros familiares y multitud de representantes de las organizaciones políticas y sindicales hermanados por su sacrificio en este Memorial.

     Gracias a la iniciativa de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza y al empuje y coraje de Julián Casanova, que junto con su equipo de historiadores, son todo un ejemplo modélico del compromiso a favor de la recuperación de la memoria histórica en Aragón, con este Memorial se honra con dignidad y justicia a todos los republicanos a los que ha sido posible identificar, con nombres y apellidos, una iniciativa valiente que merece el agradecimiento ciudadano, pues con ello, se les libera de un olvido al que el franquismo pretendió condenarlos después de asesinarlos en una represión implacable, calificada de genocidio por la legislación penal internacional. Ciertamente, era una iniciativa necesaria y, de este modo, Zaragoza se convierte en la primera ciudad española que dedica un monumento individualizado a los represaliados republicanos: recorrer las 3.543 placas que recuerdan los nombres, edad, y las fechas de su asesinato de nuestros familiares y compañeros de organizaciones políticas y sindicales, sirve, también, para constatar, entre lágrimas, la auténtica dimensión del baño de sangre que supuso la represión franquista y que se simboliza en el cubo rojo de Arrudi en el que culmina esta espiral de emociones, esta ruta de la memoria.

     Al recordar todo esto, pienso que Zaragoza ha escrito una página digna de su historia. En contraste, me viene a la memoria que todavía quedan muchos, demasiados, republicanos asesinados en fosas y cunetas a lo largo de toda nuestra geografía, que merecen idéntica  reparación. También recuerdo en estos momentos la situación de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, faraónica obra erigida entre 1940-1959 por el general Franco para perpetuar la memoria de la guerra. Es una triste historia que,  ante la evidente laguna que sobre esta cuestión supone el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica, pretende ahora ser reparada por el Gobierno de España, el cual se ha comprometido a financiar la exhumación de todas las víctimas del franquismo cuyos restos fueron robados para rellenar los nichos del Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias.

     Sobre el Valle de los Caídos, construido como macromemorial para honrar a la dictadura franquista (no fue casualidad que se inaugurase un 1 de abril de 1959, el 20º aniversario del final de la guerra, el “Día de la Victoria” en la terminología del régimen),  lo que no es tan conocido es el delirante proyecto, cual de una peculiar “ruta de la memoria” se tratara, diseñado por Salvador Dalí y radicalmente distinto al espíritu y el sentido del Memorial zaragozano. Y es que Dalí,  al margen de su genialidad artística,  era también un entusiasta partidario del régimen franquista. Gracias a la autobiografía de Luís Buñuel publicada con el título de Mi último suspiro, sabemos algo más sobre el esperpéntico memorial proyectado por Dalí en relación a los caídos en nuestra guerra fraticida. Así, tras destacar Buñuel las simpatías de Dalí con el fascismo,  nos describe en los siguientes términos el referido proyecto daliniano:

     “Propuso [Dalí], incluso, a la Falange, un monumento conmemorativo bastante extravagante. Se trataba de fundir juntos, confundidos, los huesos de todos los muertos de la guerra. Luego, en cada kilómetro, entre Madrid y El Escorial, se alzarían una cincuentena de pedestales sobre los que se colocarían esqueletos hechos con los huesos verdaderos. Estos esqueletos serían de tamaño progresivamente mayor. El primero, a la salida de Madrid, tendría tan sólo unos centímetros de altura. El último, al llegar a El Escorial, alcanzaría los tres o cuatro metros. Como es de suponer, el proyecto fue rechazado”.

     Si bien Buñuel se mantuvo durante toda su vida fiel al ideal republicano, y ello le supuso, como a tantos compatriotas penalidades y años de exilio, su en otros tiempos amigo Dalí, se acomodó y enriqueció al amparo de una dictadura a la que siempre rindió vasallaje. Por ello es tan importante el valor ético de la memoria, tal y como se refleja en el Memorial zaragozano de Torrero y por ello, quiero recordar unas palabras, también de Buñuel, sobre el valor de la memoria, tanto para las personas como para cimentar y fortalecer, día a día, las bases de nuestros valores democráticos:  “una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada”.  Estas palabras de Luís Buñuel adquieren hoy pleno sentido pues,  al contemplar el Memorial de Torrero, no sólo honramos a las víctimas republicanas, sino que se interpela a nuestra conciencia para preservar su recuerdo y su compromiso político por ampliar los horizontes de la libertad y la justicia, en homenaje a ellos y como legado ético para las generaciones futuras.

 

José Ramón Villanueva Herrero    

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 octubre 2010)

 

    

 

ÁNGEL SANZ BRIZ, EN SU CENTENARIO

     

     Durante los días en que Aragón se hallaba sumido en el hondo dolor producido por la muerte de Labordeta, estando además en vísperas de una huelga general, pasó desapercibido el centenario de un ilustre aragonés: el diplomático Ángel Sanz Briz, nacido en Zaragoza un 28 de septiembre de 1910.

     Sanz Briz, de digna memoria, es conocido mundialmente por su labor humanitaria llevada a cabo durante 1944 cuando estando al frente de la embajada española en Budapest, salvó la vida de 5.200 judíos húngaros del metódico exterminio al cual los había condenado la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial en lo que conocemos como el Holocausto, la Shoah, en hebreo.

     Cierto es que la ciudad de Zaragoza declaró a Sanz Briz “Hijo Predilecto” en 1977, que años después se dedicó a su memoria una plaza en la capital aragonesa embellecida con un busto de nuestro ilustre paisano, o que un Instituto de Educación Secundaria lleva su nombre en el zaragozano barrio de Casetas. También es verdad que el pasado verano la localidad oscense de Peraltilla, de donde era originaria su abuela materna, le rindió un emotivo homenaje.

     Sin embargo, también es cierto que este centenario pasó casi desapercibido y sólo dos artículos aparecidos en dos diarios madrileños se hicieron eco de la memoria de Sanz Briz con tal motivo: este fue el caso de El País, en donde el historiador Isidro González, especialista en el judaísmo español contemporáneo publicó un artículo titulado “El silencio y la soledad de un gran diplomático: Ángel Sanz Briz” (3 octubre) o el que apareció en el diario El Mundo firmado por Samuel Bengio, presidente de la Comunidad Israelita de Madrid con el título de “El Ángel de Budapest en el centenario de su nacimiento” (28 septiembre).

     En torno a la figura de Sanz Briz, al rememorar su digna labor en los tristes días de la Budapest de 1944, en que se inició el exterminio de los judíos húngaros por parte de las SS hitlerianas (Alemania había invadido el país en el mes de marzo) y de sus aliados magiares del Nyilas Keresztes Mozagalom (Movimiento de la Cruz Flechada), conviene, a mi modo de ver, hacer dos consideraciones.

     En primer lugar, destacar que el compromiso personal asumido por Sanz Briz a favor de la comunidad judía condenada al exterminio, respondió a un impulso ético, a un acto de su conciencia inspirada por sus profundos principios cristianos. De este modo, ante la brutalidad del nazismo, ante el silencio cómplice del régimen franquista y en especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, optó por actuar por cuenta propia sin esperar instrucciones de sus superiores (que nunca llegaron), y se implicó plenamente en salvar cuantas vidas de judíos húngaros le fue posible, cifra estimada en torno a 5.200 personas, (más de las que salvó Oskar Schindler, por cierto), expidiéndoles pasaportes y visados españoles lo cual evitó la deportación de éstos al campo de exterminio nazi de Auschwitz.

     Aunque años después la dictadura franquista quiso lavar su imagen de connivencia con los regímenes nazi-fascistas derrotados en la II Guerra Mundial haciendo suya la labor llevada a cabo por Sanz Briz y otros diplomáticos españoles comprometidos en la salvación de los judíos perseguidos en los países de la Europa ocupada, lo cierto es que su actuación respondió a la actuación personal de éstos ante la magnitud del genocidio que estaba desarrollándose ante ellos y no a instrucciones emanadas de Madrid como en 1961 pretendió hacer creer el ministro Fernando María Castiella.  En este sentido, el periodista Diego Carcedo, en su libro Un español frente al Holocausto. Así salvó Ángel Sanz Briz a 5.000 judíos (Madrid, Temas de Hoy, 2000), no duda en calificar de “actitud timorata” el comportamiento del Gobierno franquista y en especial la del Francisco González Jordana, entonces ministro de Asuntos Exteriores,  a quien Sanz Briz envió un detallado dossier sobre el exterminio que se estaba cometiendo con el pueblo judío titulado “Informe sobre los campos de trabajo de Birkenau y de Auschwitz”. Nunca tuvo respuesta desde Madrid pese al estremecedor relato ofrecido por Sanz Briz y ello  desmonta el argumento esgrimido por la dictadura franquista según el cual ésta desconocía la existencia y la magnitud del holocausto que se estaba perpetrando por parte de su amiga la Alemania nazi.

     Igualmente, Sanz Briz coordinó su  labor humanitaria con otras legaciones diplomáticas de países neutrales (oficialmente, la España franquista lo era) en la Hungría ocupada por los nazis y ante la cual avanzaba ya el Ejército soviético. Este fue el caso de los representantes de Suecia (Raoul Wallenberg y Carl Daniellson), de Suiza (Karl Liz), Portugal (conde Pongracz), el nuncio del Vaticano (Angelo Rotta) y el delegado de la Cruz Roja Internacional (Friedrich Born). Todos ellos firmaron, junto con Sanz Briz, una nota de enérgica protesta pidiendo el cese inmediato de las deportaciones de judíos ante Döme Sztójay, jefe del filonazi Gobierno húngaro  y ante las fuerzas e ocupación alemanas comandadas por el todopoderoso Karl Adolf Eichmann, jefe de los temidos Einsatzgruppen de las SS y uno de los artífices de la tristemente conocida como “solución final” hitleriana destinada a exterminar al pueblo judío en la Europa ocupada.

     La segunda reflexión tiene un componente ético. El recuerdo de Sanz Briz no es sólo necesario desde la perspectiva de la memoria histórica. Su ejemplo y compromiso  nos interpela ante hechos preocupantes que ocurren ante nosotros: ahí están las políticas  racistas hacia la comunidad gitana de los gobiernos conservadores de Berlusconi y Sarkozy, el vergonzoso silencio de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (también de Zapatero), incapaces  de hacer el más mínimo reproche  a Sarkozy por sus deportaciones de ciudadanos gitanos en la cumbre del pasado 16 de septiembre, o el preocupante auge de grupos abiertamente xenófobos como  la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. Por ello, el recordar ahora que se ha cumplido el centenario de su nacimiento, la figura de Sanz Briz supone asumir y defender en todo momento y lugar el valor y la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, por encima de tentaciones  insolidarias, excluyentes o racistas. Ese es el legado de Sanz Briz para las instituciones democráticas progresistas y para los ciudadanos comprometidos, un camino para hacer más habitable y justa la sociedad que nos ha tocado vivir.

    

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 14 octubre 2010)

MALOS TIEMPOS

    

 

     Corren malos tiempos para las ideas y las fuerzas políticas progresistas. Ante la crisis global que todo lo invade, la marea neoliberal parece empeñada en retrasar el reloj de la historia, desmantelando logros esenciales del Estado de Bienestar, desregulando las relaciones laborales a semejanza de lo que ocurría en el s. XIX y desacreditando a los sindicatos de clase, el último dique de contención ante la desaforada ofensiva a que estamos sometidos los trabajadores  por la cada vez más poderosas fuerzas neoliberales,  de cuyo latente peligro totalitario que en ellas subyace nos advertía recientemente Tzvetan Todorov, todo lo cual resulta especialmente grave máxime si tenemos presente que frente a este riesgo real de “pensamiento único”, nos encontramos con el evidente desconcierto, cuando no claudicación de muchos partidos socialdemócratas que han ido aceptando en mayor o menor medida los postulados social-liberales y la primacía de los “mercados”, lo cual contraviene a su razón de ser y a su legado ideológico.

     Resulta triste recordar la visita del pasado día 21 de Zapatero a Nueva York y sus reuniones con el Consejo Editorial del Wall Street Journal y también con los 13 principales inversores de los EE.UU, entre ellos, George Soros, Laurence Fink, John Paulson o los representantes de Citygroup, Morgan Stanley o Goldam Sachs. Zapatero pretendía con ello “tranquilizar” a los mercados sobre la situación de la economía española: tal vez logró este objetivo explicando las “decisiones esenciales” y el  duro ajuste que impuso, sin duda presionado por altas instancias económicas internacionales, a partir de un nefasto 12 de mayo. Pero, también, pienso que, a cambio de solicitar la “confianza” de la banca y los mercados, ha sembrado grandes dosis de desconfianza y decepción entre amplios sectores de la ciudadanía y, sobre todo, entre las filas socialistas y entre su base electoral, además de haber dinamitado el diálogo social con el movimiento sindical.

     Es cierto que, en su intervención en la neoyorquina Universidad de Columbia, Zapatero criticó a los “mercados ciegos” y al comportamiento “pernicioso” de éstos, propiciado por el proceso de desregulación financiera; también es cierto que en estos últimos días Zapatero se ha mostrado finalmente partidario de aplicar una tasa a las transacciones financieras internacionales y de que se potencie la creación de un ente supervisor de los mercados financieros, o  que se va a implantar un nuevo tramo del IRPF para las rentas altas, más simbólico que efectivo dado su escaso impacto recaudatorio el cual se estima tan sólo en torno a 185 millones de euros.

     Pese a todo ello, la dura realidad de los hechos  me recuerda al famoso cuadro de Velázquez “La rendición de Breda” en el cual, ahora, Zapatero parece entregar las llaves de su política económica al ganador de la contienda, al general “Mercado”, y las lanzas de las tropas vencedoras son en esta ocasión sustituidas  por las atentas miradas y los intereses desmedidos de los nuevos caballeros, los grandes inversores de Wall Street (recordemos que John Paulson, ya manifestó a Zapatero en la aludida reunión sus deseos de invertir en el sector de las cajas de ahorros una vez culmine el proceso de privatización de las mismas).

     Son malos tiempos, se ha perdido la batalla ante los mercados por parte de los gobiernos democráticos, y ello resulta especialmente dramáticos en el caso de los países con gobiernos socialistas como Grecia, Portugal y España, ante los cuales, no es casualidad, se han lanzado repetidos y tendenciosos rumores sobre la solvencia de sus respectivas economías.

     Ahora, cuando estamos en vísperas de una huelga general, totalmente justificada, como consecuencia de unas duras medidas económicas de ajuste que cargan el peso de la crisis sobre las víctimas de la misma (trabajadores, pensionistas, empleados públicos, parados y personas dependientes) y no sobre los que la han creado (el capital especulativo financiero), recuerdo con emoción las declaraciones de Nicolás Redondo, el histórico dirigente de UGT, quien el pasado 22 de septiembre, denunciaba públicamente el “grave deslizamiento“ de Zapatero hacia posiciones liberales en materia económica, a la vez que se lamentaba de la crisis en la que está sumida la política socialdemócrata internacional (también en España) y, consiguientemente, apoyaba la huelga general del 29-S, con la misma contundencia que en su día lo hizo contra Felipe González y sus políticas de ajuste.

     Por ello, resulta urgente reconducir la situación económica por otros parámetros de mayor justicia social. Para ello, el primer paso debería ser el que la huelga general del 29-S tuviese un contundente respaldo y que, tras ella, se produjera una profunda rectificación en la política económica de Zapatero. Y es que resulta vital que los estados progresistas tengan el suficiente coraje para embridar a los mercados y así, fijar sus políticas económicas sin menoscabo de sus progresos sociales, salvaguardando el Estado de Bienestar, rechazando la creciente ola de xenofobia y racismo, apostando por el respeto a la multiculturalidad y la integración, acometiendo con valentía una salida corresponsable a la crisis, lo cual pasa, sin duda, por apostar decididamente por una auténtica progresividad fiscal, por una mayor justicia fiscal de signo socialdemócrata.

     Ante estos malos tiempos que estamos viviendo, debemos recuperar la alternativa real al neoliberalismo para volver a avanzar por el camino del progreso y no por el tenebroso sendero de la dictadura de los mercados, el negro futuro que pretenden imponernos las aceradas lanzas de los grandes inversores de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la mayoría conservadora que impera en la Unión Europea. Hoy por hoy, los mercados han ganado la batalla a los estados y a los ciudadanos, pero no pueden ganarnos el futuro.

   (publicado en El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 2 octubre 2010)

EL CONDE DE BALLOBAR: UN DIPLOMÁTICO ESPAÑOL EN JERUSALEM

     En los últimos años, se ha recuperado la memoria histórica de Ángel Sanz Briz (1910-1980), diplomático zaragozano que salvó la vida varios millares de judíos en Budapest en medio de la inmensa tragedia que supuso el Holocausto (Shoáh) durante la II Guerra Mundial. No obstante, menos conocida resulta la figura de otro diplomático, también vinculado a Aragón, llamado Antonio de La Cierva Lewita, Conde de Ballobar. Gracias a él, y a las anotaciones recogidas en su Diario, publicado hace unos años (Diario de Jerusalem, 1914-1919, Madrid, Nerea, 1996), nos podemos aproximar a la compleja realidad de la Tierra de Israel, de la Palestina turca, durante los años de la I Guerra Mundial (1914-1918), coincidentes con el fin  de la ocupación otomana de la zona y con los inicios del movimiento sionista.

      Antonio de La Cierva Lewita (Viena, 1885- Madrid, 1971), era hijo del agregado militar Plácido de La Cierva y de María Luisa Lewita, una judía austríaca convertida al catolicismo. Fallecida tempranamente ésta, su padre se casó de nuevo con María Luisa de las Heras y Mergelín, condesa de Ballobar, pasando así buena parte de su infancia en Zaragoza, lugar donde residía su madrastra. En 1911 ingresó en la carrera diplomática, ocupando a partir de entonces diversos cargos: vicecónsul en La Habana, cónsul en Jerusalem (1914-1919), cónsul en Tánger (1920-1921), Primer Secretario ante el Vaticano (1938-1939) y, nuevamente cónsul en Jerusalem (1949-1952) ya que el general Franco, a pesar de que nunca reconoció al Estado de Israel, mantuvo siempre abierta la legación diplomática española en la ciudad jerosolimitana.

     El Diario del conde de Ballobar, en el que  aparecen datos de interés histórico y diplomático, comenzó a escribirlo en 1914, cuando con 29 años, se hizo cargo del consulado español en Jerusalem. Por entonces, la I Guerra Mundial acababa de iniciarse ensangrentando las tierras de Europa y se extendía igualmente a las colonias de las respectivas potencias beligerantes. Recordemos que, en estos momentos, Palestina para los árabes, la Tierra de Israel (“Eretz Israel”), para los judíos, formaba parte del Imperio Turco, el cual estaba aliado militarmente con los imperios centrales (Alemania y Austria-Hungría) frente al bloque formado por Francia, Inglaterra, Rusia, Italia y, más tarde, Estados Unidos. Por su parte, España, país de segundo orden en el ámbito internacional, mantuvo, afortunadamente, una posición de neutralidad.

     Como consecuencia del conflicto, las potencias occidentales enfrentadas a Turquía, delegaron sus intereses diplomáticos en el Consulado de España en Jerusalem a cuyo frente estaba el conde de Ballobar. Por ello, éste asumió una importante labor pues, a medida que la guerra avanzaba, debió de hacerse cargo ante las autoridades turcas de Palestina de las legaciones de Francia, Italia, Montenegro, Rumanía, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. A todas estas potencias aliadas habría que añadir que, a partir de noviembre de 1917, en vísperas de la ocupación militar de Jerusalem por los británicos, se encargó también de los intereses diplomáticos de Alemania y Austria-Hungría, razón por la cual Ballobar era conocido con el calificativo de “cónsul universal”.

     En medio de la guerra, su labor diplomática fue  incesante: defendió ante las autoridades turcas todos los edificios religiosos católicos hasta entonces bajo protección de Francia, gestionó un canon especial para los templos protestantes que los salvaguardase de las rapiñas otomanas, realizó diversas gestiones para liberar a religiosos y personalidades judías que habían sido deportadas a Siria, etc.

     El conde de Ballobar no oculta en sus Diarios su profundo desprecio hacia el dominio turco sobre Palestina-Eretz Israel, así como la cuestionable capacidad militar otomana durante la contienda. Por ejemplo, destaca el estrepitoso fracaso militar de los turcos y sus aliados alemanes y austro-húngaros ante el canal de Suez, a la vez que, con cierta sorna de raíz aragonesa, se burla del ejército turco anotando cómo “se batieron brillantemente… desde la retaguardia”. Pero el acontecimiento más destacable para Ballobar fue, sin duda, la ocupación por los británicos de Jerusalem el 9 de diciembre de 1917, razón por la cual describe el recibimiento entusiasta que cristianos y judíos ofrecieron a las tropas del general Allenby. De este modo, se ponía fin  a cuatro siglos de dominación turca sobre Tierra Santa y se abría la puerta al futuro Mandato británico sobre Palestina que se prolongó hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948.

     En el complejo y agitado mapa del Oriente Medio de aquellos años, el conde de Ballobar nos destaca las principales claves políticas y geoestratégicas que movían los intereses de las grandes potencias en Tierra Santa en la fase final del desmoronamiento del imperio turco. El dilema era que, tras el fin de la dominación otomana,  había dos opciones posibles (y contrapuestas): o se constituía una “gran nación árabe”, o se fragmentaba el Oriente Medio sobre la base de los intereses coloniales de Francia y de Inglaterra. Se optó por esta última solución en la Conferencia de San Remo (1920), pasando Francia a ocupar Siria y Líbano e Inglaterra se posesionó de Palestina e Iraq. De este modo, no sólo se generaba un sentimiento nacionalista panárabe contra dichas potencias europeas, sino que se obviaba la creación de un Hogar Nacional Judío en Eretz Israel, tal y como había propuesto la Declaración Balfour de 1917.

     Ballobar alude igualmente al tema de la cuestión sionista, ante el que evidencia un cierto lastre, fruto de prejuicios inherentes a su carácter de católico tradicional y de su ideología marcadamente conservadora. No entiende los objetivos del movimiento sionista más allá de sus innegables logros agrícolas, anotando acertadas descripciones de los viveros, plantaciones y riegos que va descubriendo en sus visitas a Rishon-le-Tzion, Rehovot o Petah-Tikvá. Sin embargo, rechaza las prácticas religiosas del judaísmo a pesar de que su madre perteneció al pueblo de Israel y manifiesta un profundo escepticismo hacia el futuro del sionismo, sobre todo tras los primeros incidentes entre árabes y judíos ocurridos en Jerusalem  en 1918 con motivo del primer aniversario de la Declaración Balfour.

     Sobre el futuro de Jerusalem, ciudad por todos disputada, Ballobar defiende la idea del general Storss, Gobernador Militar británico de Palestina, para quien la mejor solución sería “entregársela a los americanos”, si bien, acto seguido, se apresura a señalar que ello “no haría buena impresión entre cristianos y musulmanes”. De este modo, se esbozaba por primera vez la idea de crear un status político especial para Jerusalem, antecedente de ulteriores propuestas de internacionalización de la Ciudad Santa.

     A través del Diario del conde de Ballobar, a pesar de los condicionantes ideológicos y religiosos propios de su época y su contexto social, se ofrece una aproximación a un período tan interesante como desconocido de la historia de Palestina-Eretz Israel. Por ello, el Diario de aquel joven diplomático cuya infancia transcurrió en Zaragoza, evoca con emoción y nostalgia a aquella tierra, tan santa como disputada y sangrienta, en la cual “se ha desarrollado la historia más interesante de la humanidad”. Una tierra, Palestina-Eretz Israel, que a nadie nos deja indiferentes.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 12 septiembre 2010)

 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (8). LA UGT DURANTE LA GUERRA CIVIL

     La situación de la UGT en Aragón al inicio de la contienda era dramática como consecuencia de la brutal represión sufrida en la zona fascista  y la consiguiente dispersión militantes supervivientes, algunos de los cuales, como Arsenio Jimeno, consiguieron llegar a la zona leal a la República. Pero también allí, los ugetistas que hacer frente a una situación adversa: como señala Ángela Cenarro,  la UGT quedó supeditada a la hegemonía de las columnas armadas anarquistas procedentes de Cataluña. Además, frente a la colectivización de tierras implantada por la CNT-FAI, la FTT-UGT defendía el que los pequeños campesinos poseyesen  la tierra que pudieran cultivar con sus propias manos, lo cual produjo tensiones con los libertarios.

     En cuanto a la reorganización orgánica de las federaciones ugetistas, dado que las tres capitales aragonesas quedaron en manos fascistas desde el inicio de la guerra, ésta tuvo lugar en Caspe, Alcañiz y Barbastro,  convertidas “de facto” en las nuevas capitales de los territorios aragoneses leales a la República.

     La Federación de UGT de Zaragoza, tras el asesinato de Bernardo Aladren, su secretario general, y la mayor parte de sus cuadros orgánicos, se reorganizó tras un Congreso celebrado en Mequinenza el 1 de noviembre de 1936: se creó una Comisión Ejecutiva (CE) con sede en Caspe presidida por el diputado socialista Eduardo Castillo y con una importante presencia de militantes del PCE: recordemos que en la UGT militaban conjuntamente miembros del PSOE, el partido hermano, y también del PCE desde que la Confederación General del Trabajo Unitario (CGTU), el minoritario sindicato comunista, se integró en UGT en noviembre de 1935. De este modo, la CE ugetista zaragozana contaba con militantes del PSOE como Eduardo Castillo, Jacinto Longás (vicepresidente y alcalde socialista de Tauste), Antonio Garulo (vicesecretario general y alcalde socialista de Zuera) y, por parte comunista, entre otros, Alberto Pérez (secretario general) o José Ruiz Borao (tesorero), más tarde conocido como José Ramón Arana, su pseudónimo literario. Según las memorias de Antonio Garulo, editadas por la Fundación Bernardo Aladren, se produjeron constantes tensiones entre los ugetistas socialistas y comunistas. Pese a ello, la UGT participó en el Consejo Regional de Aragón establecido en Caspe y en octubre de 1936, obtuvo dos consejerías: la de Hacienda y la de Educación Pública, al frente de las cuales se hallaban José Ruiz Borao  y el oscense Manuel Latorre.

     La UGT turolense fue reorganizada por Pascual Noguera y un reducido grupo de militantes  de la FTT. Según las memorias de Noguera, editadas también por la Fundación Bernardo Aladrén, tras la creación de un Comité de Evadidos de Teruel y un Comité de Relaciones UGT-CNT, los cuadros ugetistas supervivientes se instalaron en otoño de 1936 en Alcañiz. Allí tuvo lugar una Asamblea Provincial de UGT (noviembre 1936)  eligiéndose un nuevo Comité Provincial (CP) formado por Pascual Noguera (presidente), Francisco Bayo (secretario), Ángel Sánchez Batea o Simeón Marín Catalán. De este CP, fiel a la línea largocaballerista,  dependían 165 organizaciones ugetistas turolenses, quedando patente la hegemonía de la federación campesina de la FTT así como de la FETE, la organización de los maestros ugetistas.

     Menos datos se conocen sobre  la provincia de Huesca. Según Julián Casanova, “no existe información concreta al respecto”. No obstante, parece ser que llegó a reconstituirse parte de la UGT en Barbastro, donde llegó a funcionar un CP formado por dos delegados de cada comarca oscense y que estaba presidido por Malaquías Gil, militante de FETE-UGT.

     Señalemos también que la UGT aragonesa se sumó al esfuerzo bélico en defensa de la República formando sus propias unidades de combate. La primera de ellas fue la Centuria  que se organizó en La Puebla de Valverde con los militantes ugetistas que pudieron huir de Teruel. Igualmente, la UGT zaragozana impulsó la creación del famoso Batallón “Cinco Villas”, el cual contó con oficinas de alistamiento en Caspe y Barcelona y que tras la militarización de las milicias, se integró en la famosa 43 División, (al igual que el Batallón de FETE, incorporado luego a la 130 Brigada Mixta) que tuvo una heroica actuación durante la llamada “Bolsa de Bielsa”.

     A partir de 1937, se constata un evidente crecimiento de la influencia de la UGT aragonesa al aumentar la presencia ugetista en el Consejo de Aragón y, también, en numerosos Consejos Municipales (=ayuntamientos). Según Casanova, la CNT era mayoritaria en 175 de ellos, la UGT  en  91 y estaba en situación de igualdad con la CNT en otras 23 localidades.

     Inicialmente,  se implantó en el Aragón republicano la unidad de acción con CNT, la cual contó con el apoyo de las tres federaciones provinciales ugetistas, formándose en Caspe un Comité Regional de Enlace UGT-CNT. Pero, poco después, tras los sucesos de Barcelona de mayo de 1937 y la dimisión de Largo, hasta entonces presidente del Gobierno y secretario general de UGT, el giro político del nuevo gabinete presidido por el socialista Negrín supuso la disolución del Consejo de Aragón (11 agosto 1937), el desmantelamiento de las colectividades anarquistas y  el auge creciente de la UGT. Pese a ello, en octubre de 1937 se produjo una fractura organizativa en la UGT aragonesa entre caballeristas y negrinistas-comunistas: mientras las federaciones de Huesca y Teruel se mantuvieron fieles al caballerismo y partidarias de pactar con CNT, la de Zaragoza era proclive al acercamiento al PCE.

     Pese a estas divisiones, la guerra continuaba:  al desmoronarse el frente de Aragón (abril 1938), los cuadros y militantes de UGT se replegaron junto con las tropas republicanas y miles de aragoneses antifascistas hacia Cataluña y Levante. La derrota era inminente, y como escribió Pascual Noguera, concluía así “aquella resistencia de tres años consecutivos de lucha desigual entre el pueblo trabajador contra auténticos profesionales de hacer la guerra”. Una nueva y trágica etapa se abría para los ugetistas, al igual que para todos los republicanos: tras la caída de Cataluña (enero-febrero 1939), unos emprendieron el doloroso camino del exilio y otros muchos, los que quedaron en España, sufrieron con toda crudeza la implacable represión que les aguardaba bajo la larga dictadura franquista.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (La Voz Sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 114, septiembre 2010)