EN RECUERDO DE RAMÓN LAMONEDA

        El 27 de febrero de 1971,  hace ahora 40 años, moría en la ciudad de México, Ramón Lamoneda Fernández, el último secretario general del PSOE elegido en la España republicana y destacado dirigente del sector negrinista del socialismo español.
     Ramón Lamoneda (1892-1971), había emigrado con su familia a Madrid desde su Jaén natal en 1904 y empezó a trabajar como aprendiz de imprenta, integrándose al poco en la Federación de Artes Gráficas de la UGT, la histórica cantera de dirigentes obreros del socialismo español tales como, además del mismo Pablo Iglesias, de García Quejido, Andrés Saborit  o el aragonés Bernardo Aladrén. Su intensa labor sindical hizo que en 1920 fuese ya miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT y más tarde elegido presidente de dicha Federación.
     Como militante del PSOE, quedó impactado por las transformaciones sociales ocurridas tras el triunfo de la revolución rusa de 1917 y por ello se adscribió a la “facción tercerista”, con la cual se escindió para fundar el nuevo Partido Comunista Obrero Español (1921) aunque pocos años después,  retornó al PSOE.
     Durante la II República, fue elegido diputado socialista por Granada (1933), Secretario General del Grupo Socialista en las Cortes y, tras dimitir Largo Caballero en 1935 como Secretario General del PSOE, pasó Lamoneda a ocupar dicho cargo.
     La evolución de la República burguesa y el incumplimiento por parte de ésta de las expectativas populares en materia social, le produjeron una profunda decepción.  Con frecuencia recordaba Lamoneda  que el artículo 46 de la Constitución republicana decía que ésta “asegurará a todo trabajador las condiciones necesaria de una existencia digna” y, sin embargo, “seguían caminando descalzos los campesinos de la Alpujarra, seguía pegando la Guardia Civil”. Esta decepción le llevó a apoyar la insurrección de Asturias de octubre de 1934 para evitar la entrada en el Gobierno de la CEDA de Gil Robles al cual consideraba como “el fascismo vaticanista”. Triunfante el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Lamoneda, decidido partidario de la unidad de la clase obrera, llegó a ocupar en representación del PSOE el cargo de Secretario del Comité Nacional frentepopulista.
     Durante el tiempo en que Lamoneda fue secretario general del PSOE, como señala Amaro del Rosal, “se realizaron los mayores esfuerzos por la unidad de los partidos de clase”, es decir, el PSOE y el PCE. Este fue el caso de la unificación de las ramas juveniles de ambos partidos en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) (marzo 1936) y, ya durante la guerra civil, la firma del Programa de acción conjunta PCE-PSOE del 17 de agosto de 1937, el cual se convirtió en un instrumento fundamental para articular la lucha de la República contra el embate fascista. Igualmente, Lamoneda, frente al derrotismo de Prieto, apoyó decididamente la política del Gobierno del presidente socialista Juan Negrín pues resultaba obvio que el único camino posible era el de reforzar la resistencia republicana a ultranza, al igual que era vital contar con el apoyo de la URSS ante el abandono en que las democracias habían dejado a la República, “esos países adormecidos con la ilusión de poder saciar el apetito del ogro nazifascista”, en expresión de Lamoneda.
     Por ello, Lamoneda y el sector negrinista del PSOE se opusieron al golpe del coronel Casado (5 marzo 1939) que acabó con las últimas esperanzas de resistencia republicana. La actuación de la Junta de “Rendición” casadista, que no de Defensa, tal y como la calificó Lamoneda, supuso un “movimiento alimentado por forcejeos partidistas realmente suicidas y por ilusiones de clemencia totalmente ingenuas”, lo cual propició “una traición generadora de una catástrofe”.
     Tras la derrota, emprendió el penoso camino del exilio y México se convirtió en la tierra de acogida para Lamoneda. Durante sus 32 años de exilio, como el resto del sector afín a Negrín del PSOE, mantuvo una posición política caracterizada por dos ideas esenciales: la fidelidad a la legalidad representada por las instituciones republicanas y la defensa de una política unitaria para acabar con la dictadura franquista y recuperar la democracia por medio de una III República, lo cual suponía un entendimiento con el PCE, lo cual le enfrentó al anticomunismo visceral de Prieto y del sector mayoritario del PSOE. Esta creciente pugna entre ambos sectores llevó a la escisión socialista:  frente a la Ejecutiva salida de España en 1939 y de la cual era secretario general Lamoneda, cuya legitimidad era innegable, Prieto propició una  escisión al crear una nueva Ejecutiva en México, la cual más tarde se trasladaría a Toulouse.
     La cuestión de fondo del duro enfrentamiento era de tipo ideológico: mientras Prieto buscaba el entendimiento del  PSOE con los partidos republicanos e incluso a los monárquicos juanistas, Lamoneda, que siempre defendió el establecimiento de la III República, demandaba  una orientación nítidamente de izquierdas y, por ello, consideraba que “es necesario volver a Marx”, lo cual suponía, además de reafirmar la unidad de acción con el PCE, rechazar el revisionismo oportunista de Prieto y que el PSOE siguiese siendo fiel al “sentido clasista de un puñado de hombres salidos de la clase obrera” y, de este modo, evitar que “la hiedra del oportunismo, de la contemporización y del escepticismo doctrinal ahoguen el tronco robusto de nuestros principios”. Pese a todo, Lamoneda intentó mantener la unidad socialista y evitar una dramática ruptura pero la soberbia y el rencor de Prieto lo impidió. Consecuencia de ello fue la división del PSOE y la UGT y, finalmente, la expulsión en 1946 de Juan Negrín y sus afines del Partido Socialista, entre ellos, Lamoneda, Ramón González Peña (presidente del PSOE), Álvarez del Vayo, Amaro del Rosal, el escritor Max Aub y así hasta 36 destacados militantes negrinistas. De este modo, con la Guerra Fría como telón de fondo, el COMISCO, (siglas en inglés del Comité de la Conferencia Socialista Internacional, antecesor de la Internacional Socialista), optó por la Ejecutiva de Toulouse al sentir mayor afinidad con el grupo prietista que proclamaba entonces abiertamente su anticomunismo.
     Lo que ocurrió después es sobradamente conocido: Negrín, al igual que Lamoneda y sus seguidores fueron calumniados y se pretendió borrar sus nombres y su memoria de la historia del socialismo español. Tras demasiados años de olvido, en el 37º Congreso del PSOE (julio 2008) se reparó esta injusticia histórica al rehabilitar a todos los militantes que, como Negrín y Lamoneda, habían sido expulsados en 1946,  los cuales volvieron a ser readmitidos, a título póstumo, en el PSOE. Cuando el 12 de diciembre de 2009, los hijos de Lamoneda, Ramón y Marxina (llamada así por su padre en honor a Carlos Marx) recibieron en un emotivo acto la entrega del carnet socialista de su padre, la memoria del viejo tipógrafo ugetista, la de aquel militante socialista que asumió con valentía la difícil tarea de ser el secretario general del PSOE en el tramo final de la República, durante la guerra civil y el exilio, quedó plenamente rehabilitada.
     Por ello, ahora, cuando se cumplen los 40 años del fallecimiento de Lamoneda, resulta oportuno honrar su memoria, la de un hombre de quien dijo José Sanchís-Banús, que fue “lúcido, abnegado, modesto e inquebrantable y, por encima de todo, honesto”: y, por ello,  un ejemplo para los que nos consideramos seguidores del pensamiento de Pablo Iglesias.

     José Ramón Villanueva Herrero
     (publicado en: El Periódico de Aragón, 26 febrero 2011)

 

PAGOLA, UN TEÓLOGO FRENTE A LA NUEVA INQUISICIÓN

     

     En fechas recientes, la Congregación para la Doctrina de la Fe, continuadora del Santo Oficio, la antigua Inquisición, ha abierto un proceso al teólogo vasco José Antonio Pagola por la publicación de su obra Jesús. Aproximación histórica (Madrid, PPC, 2007), el libro de tema religioso en lengua castellana de mayor acogida en los últimos años, con diversas ediciones y traducido a 9 idiomas. Pagola se convierte así en una  víctima más de la Inquisición vaticana, igual que lo han sido en los últimos años teólogos del prestigio de Leonardo Boff, Hans Küng, José María Castillo o Juan José Tamayo, lo cual supone una ofensiva reaccionaria contra todos aquellos que, como los citados, se han caracterizado por sus posiciones en defensa de las reformas del Concilio Vaticano II, de la teología de la liberación y de la libertad de expresión en el seno de la Iglesia Católica.

     El sector más conservador de la Conferencia Episcopal Española (CEE), representado por los obispos Demetrio Fernández (Córdoba), José Ignacio Munilla (San Sebastián), Juan Antonio Martínez Camino (obispo auxiliar de Madrid y portavoz de la CEE), con el respaldo del cardenal Rouco Varela, han logrado que, finalmente, el Vaticano procesase a Pagola, el cual estaba siendo acosado desde que en octubre de 2007 publicó su libro sobre Jesús de Nazaret.

     La campaña contra Pagola la inició Demetrio Fernández, entonces obispo de Tarazona, cuando a través de la página web de la diócesis turiasonense, difundió un informe, firmando por José Pico Pavés, actual secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que desacreditaba por completo la obra de Pagola, a la que llegaba a acusar de “herética”. El 27 de junio de 2008, dicha Comisión, hizo pública una “Nota de clarificación” en la que recogía lo que ésta consideraba como “deficiencias principales” del texto de Pagola. Así, en el aspecto de “cuestiones metodológicas”, se le reprochaba que el teólogo ofreciese una aproximación a la historia de Jesús desde posiciones ideológicas contrarias a la Iglesia, y, significativamente, se señalaba que, “la reconstrucción histórica realizada por el autor altera datos supuestamente históricos con recreaciones literarias inspiradas en la mentalidad actual, adoptando, además, el análisis propio de la lucha de clases para describir el entorno familiar, social, económico, político y religioso”. En el apartado de las “reticencias doctrinales”, la nueva Inquisición reprocha a Pagola que éste niegue la intención de Jesús de fundar una Iglesia como comunidad jerárquica y es que, según éste teólogo, Jesús nunca tuvo intención de crear un grupo organizado y jerárquico, sino un movimiento de hombres y mujeres unidos fraternalmente en el que “nadie ejercerá un poder dominante y tampoco hay diferencias jerárquicas entre varones y mujeres”, ideas evangélicas que la Iglesia actual no está dispuesta a admitir.

     En consecuencia, la campaña contra Pagola se intensificó y, a partir de entonces, la Conferencia Episcopal Española ordenó retirar el libro de las librerías y  destruir los ejemplares almacenados, todo un eco de las viejas intolerancias inquisitoriales del medievo.

     A partir de ahora, iniciado el procesamiento en los tribunales vaticanos, se abre para Pagola un período largo y lento, basado en un oscuro secretismo. De hecho, el teólogo vasco desconoce las acusaciones que se le imputan: en eso tampoco ha cambiado el espíritu inquisitorial subyacente ya que, en este tipo de procesos, sólo se recurre al acusado para un interrogatorio (que no puede preparar) y, al final del mismo, para anunciarle su condena o absolución: como vemos, las garantías jurídicas y la presunción de inocencia propias de toda legislación civil democrática, no tienen cabida en las seculares normas que rigen los tribunales vaticanos. Y es que éstos, siguen funcionando como en la Edad Media, por medio de denuncias secretas, ante las cuales se niega al procesado la posibilidad de defenderse. Con ello, se ha pretendido silenciar las posiciones teológicas progresistas de Pagola quien días atrás reconocía que  siempre ha tratado de “contribuir a una Iglesia más evangélica al servicio de un mundo más humano”.

     José María Castillo, otro teólogo procesado, al hacer pública su solidaridad con Pagola, recordaba el oscurantismo que rodea a los procesos del Santo Oficio. A Castillo, en abril de 1988 se le comunicó oralmente que la Santa Sede le retiraba el permiso para seguir enseñando en la Facultad de Teología de Granada, en la que  era catedrático:  desde entonces, han pasado 23 años en los que nunca ha recibido del Vaticano una explicación… y sigue suspendido de toda actividad docente.

     Todo lo dicho supone un proceso de  involución eclesial, el avance de las posiciones integristas en el seno de la Iglesia. Este integrismo, según el filósofo francés M. Blondel se caracteriza por la regresión del mensaje cristiano a mera ley de temor y coacción; una sacralización del poder clerical y la sensación de los sectores integristas eclesiales de “vivir en perpetuo estado de sitio”, lo cual presupone una exigencia de “obediencia ciega y supresión de los indóciles”, todo ello con un espíritu de “cruzada” con objeto de imponer  los viejos (y caducos) privilegios clericales a la actual sociedad civil, laica, plural y democrática. Como señalaba el teólogo dominico Yves Congar, también procesado por los tribunales vaticanos, la visión inquisitorial se convierte en “una de las mayores falsificaciones de la verdad cristiana: el integrismo es una manipulación del cristianismo al servicio de la propia necesidad de seguridad, o del propio afán de poder (religioso, político o económico)”. Es por ello que la reacción integrista añora recomponer la trasnochada alianza entre el poder espiritual y el poder político del momento: a partir de ahí, se entienden las afinidades  entre el integrismo eclesiástico y las posiciones políticas conservadoras y reaccionarias.

     Frente a esta involución integrista, Pagola, al igual que otros teólogos procesados, es un decidido partidario de la democratización de la Iglesia con una implicación creciente de los laicos. Por ello reclama el derecho a la libertad de expresión, de investigación y de publicación para los teólogos, al igual que la eliminación de la censura eclesiástica. En consecuencia,  la progresista Asociación de Teólogas y Teólogos “Juan XXIII”,  que repetidamente ha defendido las reformas del Concilio Vaticano II, la opción preferencial por los pobres, el acceso de las mujeres al sacerdocio y  la supresión del celibato obligatorio, considera que resulta urgente que Roma levante las sanciones impuestas a estos teólogos, muchos de ellos condenados, no lo olvidemos, por Joseph Ratzinger en su etapa al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la heredera de la nefasta Inquisición vaticana.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 27 febrero 2011)

 

LA LARGA NOCHE NEOLIBERAL

 

     La magnitud de la crisis global y sus consecuencias económicas, sociales y políticas han desbordado todas las previsiones iniciales desde que ésta se inició en el año 2007. Las crisis cíclicas son consustanciales al sistema capitalista, siempre las ha habido con mayor o menor intensidad, pero la que ahora padecemos se ha convertido en un auténtico tsunami que se está llevando por delante empleos, empresas y logros sociales, además de agrietar gravemente los muros del Estado de Bienestar. Es la victoria del neoliberalismo, el rostro más agresivo e insolidario del capitalismo del siglo XXI.

     Sin embargo, el embate neoliberal ya venía de lejos, desde las ideas de Friedrich Hayek y sobre todo, desde que en los años 80 se impusieron las políticas económicas implantadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Los aspectos esenciales de lo que ahora sucede ya se señalaban en 1993 en el libro La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los 80, editado por el Instituto Sindical de Estudios vinculado a la Escuela “Julián Besteiro” de UGT. En el mismo, nueve economistas realizaban un análisis crítico del neoliberalismo, una ideología que, desde el final de la II Guerra Mundial, se fijó como objetivo “atacar las conquistas sociales del movimiento obrero”. En la presentación, José María Zufiaur, sindicalista histórico de la  UGT, nos ofrecía una síntesis de los cuatro rasgos que definen al neoliberalismo y que en la actualidad se vuelven a repetir con precisión milimétrica: la obsesión monetarista en política económica basada en el control de la inflación; invertir las condiciones del reparto y redistribución de la renta; denostar y desacreditar al sector  público y extender el mercado desregulado, así como el  ataque sistemático contra el sindicalismo de clase y los movimientos sociales alternativos. Cementémoslos brevemente.

     En primer lugar, priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     El segundo objetivo neoliberal consiste en invertir el sentido de la distribución la riqueza para favorecer el incremento de los beneficios empresariales en detrimento de los salarios: de hecho, en los últimos años, se ha reducido el porcentaje de participación de los salarios en el PIB a la vez que se incrementaba el correspondiente a los beneficios empresariales y a las rentas del capital.  Como señala el economista Jesús Albarracín, el objetivo del neoliberalismo es “restaurar el nivel de la tasa de beneficios” existente en las etapas de expansión económica y ello supone la imposición por parte del capital de medidas tales como “aceptar políticas de austeridad y ajuste: reducción de salarios reales, precarización del empleo, retroceso del Estado de Bienestar, aumento de la productividad con cargo al empleo, políticas monetarias y financieras restrictivas”. De este modo, recuperar las tasas de beneficio perdidas pasaba, para las posiciones neoliberales, por debilitar el Estado de Bienestar, combatir las políticas socialdemócratas y rechazar el keynesianismo, esto es, la intervención del Estado en la economía capitalista.

     Otro aspecto lamentable ha sido una regresión en el proceso de  redistribución  de rentas que se realiza mediante los impuestos y el gasto público.  De hecho, el neoliberalismo ha ido socavando la labor redistributiva que, con arreglo a criterios de justicia social, debe llevar a cabo el Estado de bienestar  mediante los impuestos (fiscalidad progresiva), y los gastos en inversiones públicas y en servicios sociales. Bien al contrario, los postulados neoliberales han defendido reformas fiscales conservadoras (rebajas de impuestos y exenciones fiscales) que alivian, sobre todo, a las rentas altas y a las del capital. De igual modo, se han fijado como objetivo el recorte de los servicios públicos y del gasto social, alegando que, con ello, se pretendía corregir el déficit público, un déficit que, paradójicamente, se había generado en muchas ocasiones por esas mismas rebajas fiscales o por la negativa a gravar adecuadamente a los grupos de mayores ingresos.

     El tercer pilar del neoliberalismo es el de  desacreditar todo lo público, esto es, las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía. En contraposición, presentan las privatizaciones y la extensión del mercado como un elemento progresista (la famosa “mano invisible” que autorregula los mercados, de la que hablaba Adam Smith). Así, cuando se alude al mercado libre, lo que en realidad se pretende en conseguir la total discrecionalidad para los grupos de poder que lo controlan y que prefieren una desregulación indiscriminada para mejor imponer sus intereses económicos y, para lograrlo, no debe de haber una sociedad civil organizada que les sirva de contrapeso.

     El cuarto aspecto del ideario neoliberal es su total rechazo hacia el sindicalismo de clase, presentando las posiciones sindicales como arcaicas y retrógradas, así como su frontal oposición a las políticas de concertación y pacto social propias del modelo socialdemócrata. De hecho, en caso de ofrecer la posibilidad de un “pacto social”, para el neoliberalismo y sus aliados, éste deja de ser, como en otros tiempos una salida progresista a la crisis, sino la búsqueda de una legitimación y respaldo sindical a las políticas neoliberales de ajuste, las cuales se presentan, además, como “las únicas posibles”. La firma  el pasado día 2 de febrero del Pacto Social y Económico, puede ser un buen ejemplo de ello: nunca podrá ser bueno un pacto que suponga, en la práctica, el retroceso de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y, desde este punto de vista, me uno a quienes opinan que la firma de este Pacto antisocial por parte de UGT y CC.OO. supone un grave error.

     Frente al capitalismo, “el reino de la injusticia y del despilfarro” en palabras de Jesús Albarracín, y en el contexto de la actual crisis global, este economista nos advierte que “cualquier política económica que quiera ser realmente de izquierdas, chocará con la oposición cerrada del capital, y, por lo tanto, exigirá un cambio en la correlación de fuerzas para imponerla”. Ello resulta especialmente urgente debido a la claudicación de la socialdemocracia ante la dictadura de los mercados imperante y al hecho de que muchas de estas políticas de ajuste de signo neoliberal, iniciadas por el Gobierno de Zapatero,  es de suponer (y de temer) que serán potenciadas por la derecha política y económica en el caso de que Rajoy alcance el poder en un próximo horizonte electoral.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 6 febrero 2011 y Diario de Teruel, 17 febrero 2011)

 

 

 

 

 

 

 

GARZÓN Y LA JUSTICIA UNIVERSAL

     En estos últimos días ha vuelto a ser noticia el juez Garzón. Desde que en mayo de 2010 fuese suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional como consecuencia de una querella interpuesta por la organización ultraderechista “Manos Limpias”, se halla pendiente de que el Tribunal Supremo le abra juicio oral por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo. Sin embargo, el pasado 14 de enero, se paralizó la tramitación de esta causa con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por Garzón contra 5 magistrados, los cuales, al haber intervenido en diversos momentos de la instrucción de la causa, los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad. A su vez, una nueva plataforma denominada “Franconohamuerto.com” ha iniciado una nueva campaña en apoyo del magistrado bajo el lema de “Salva a Garzón, pásalo”.

     La cuestión de fondo que el procesamiento a Garzón plantea es el debate sobre la necesidad de aplicar, también en España, los principios reconocidos por la justicia penal universal en relación a los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y que, como tales, son imprescriptibles y no pueden ser amparados por ningún tipo de amnistía o norma jurídica o legal equivalente. Y es que, las actuaciones judiciales de Garzón han puesto sobre la mesa esta cuestión, un tema de suma importancia para la salud democrática de la sociedad española: el enjuiciamiento de unos crímenes de lesa humanidad y, consecuentemente, el reconocimiento, reparación y justicia para con las víctimas del franquismo.

     Garzón recordaba en su libro Un mundo sin miedo (2005), que fueron precisamente los dramáticos recuerdos de la guerra civil oídos de  su tío Gabriel, los que le impulsaron a ser juez ya que, fueron “tantas las historias y las injusticias relatadas que, de alguna forma, quedaron grabadas en mi memoria infantil y decidí hacer algo para que esta etapa no volviera a repetirse”. Por ello, desde que en 1988 se incorporó al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y salvo su breve paso por la política (1993-1994), siempre se interesó por el principio de justicia penal universal, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  y que permitía que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad pudieran ser perseguidos por la justicia española con independencia del lugar en donde se hubieran cometido si entre sus víctimas había españoles. En esta materia, hubo un hecho determinante en la trayectoria judicial de Garzón cuando en marzo de 1996 se admitió a trámite en la Audiencia Nacional la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales contra la dictadura argentina (1976-1983) por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo, los cuales, según sus propias palabras, “me transformarían y cambiarían mi carácter, ya especialmente sensible hacia las víctimas y mi vida entera”.

     A partir de entonces, el compromiso ético de Garzón en defensa del principio de justicia penal universal ha sido constante, siendo su punto culminante el intento de procesamiento del dictador Augusto Pinochet (1998): tras la orden de detención internacional dictada por Garzón, a pesar de los obstáculos que a ello puso no sólo la Fiscalía sino también el entonces Gobierno de José María Aznar. Posteriormente, siguió combatiendo en diversos sumarios la “impunidad revestida de aparente legalidad” que encubría los crímenes de las dictaduras latinoamericanas y, finalmente, asumió con valentía el mayor reto de su vida: la investigación de los crímenes del franquismo a partir de la apertura del sumario 53/2008 el cual supuso un aldabonazo hacia la conciencia moral de nuestros valores cívicos.  En el mismo, siguiendo el modelo del Informe Sábato sobre la dictadura argentina, proponía  la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, un peaje pagado por la transición que exculpaba a los responsables de los crímenes del franquismo, puesto que las amnistías nunca pueden aplicarse a dictadores y represores, sino también la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación “para rehabilitar a los miles de víctimas que fueron muertas o expulsadas de España por discrepar ideológicamente de los vencedores de la guerra”.

     Valiente fue igualmente la frontal oposición de Garzón a la ilegal guerra de Irak y a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas ocupantes, especialmente en el prisión de Abu-Ghraib.

     Por todo lo dicho, la trayectoria judicial de Garzón ha abierto nuevos caminos para que España se integre plenamente en un nuevo sistema de justicia penal universal que permita el procesamiento de  los crímenes contra la humanidad, y ello ha sido la causa principal por la que sus adversarios (los sectores más conservadores de la judicatura y los grupos nostálgicos del franquismo), para intentar neutralizarlo, lo cual han logrado siquiera sea temporalmente. Sin embargo, el compromiso ético de Garzón en esta materia sigue firme, máxime cuando en la actualidad se halla vinculado a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual, con arreglo al artículo 7 de sus Estatutos, permite enjuiciar este tipo de crímenes, los cuales tienen la condición jurídica de imprescriptibles. Por lo cual, la CPI, al igual que ya han hecho los tribunales de Argentina, en aplicación del principio de justicia universal, puede reabrir la causa por los crímenes del franquismo, lo cual, de no actuar los tribunales españoles con la misma valentía y determinación que Garzón, sería una indignidad para nuestra democracia y nuestra judicatura, incapaz de saldar una deuda pendiente desde hace tantos años con las víctimas del franquismo puesto que, como escribía el propio Garzón, “las voces que postulan el olvido pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”.

     Pese a todo, hay signos de esperanza: el pasado 7 de enero la Audiencia Nacional, en aplicación de la justicia penal universal, decretó el auto de procesamiento y entrega del nazi John Demjanjuk por crímenes contra la humanidad y complicidad de genocidio cometidos en el campo de concentración de Flossenbürg durante la II Guerra Mundial. Próximos al 27 de enero, instituido como Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad, y con el futuro procesamiento de Garzón en el horizonte y a quien reiteramos nuestro apoyo, considero que avanzar hacia la reparación, también jurídica, de las víctimas del franquismo, sería no sólo el mejor homenaje para con ellas y sus familias, sino un estímulo para la salud democrática nuestra sociedad, en este año 2011 en que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, por cuyos ideales y valores muchas de ellas dieron la vida.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 25 enero 2011 y Diario de Teruel, 14 febrero 2011)

 

 

 

RABINOS Y DERECHOS HUMANOS

 

     Durante el pasado año 2010 hemos constatado el doloroso naufragio (¿definitivo?) del proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Prueba de ello han sido un cúmulo de noticias negativas que han ido arrumbando la tímida esperanza de paz cuya llama parece apagarse por momentos: brutal represión israelí contra la Flotilla de la Libertad que pretendió llegar a la bloqueada Gaza, política de construcciones por parte de Israel en Jerusalem Este tras el fin de la moratoria que, temporalmente las había paralizado, todo ello unido a la creciente derechización del Gobierno y la sociedad israelí, con un Partido Laborista (Avodá) desnortado, con Meretz, el partido de la izquierda pacifista israelí cada vez más débil y con la ausencia de la necesaria presión política y diplomática de los EE.UU. y de Obama para forzar a Israel a asumir con valentía el rumbo hacia la paz justa y definitiva mediante las concesiones políticas y territoriales que ello comporta.

     Por si fuera poco, en fechas recientes, se ha agitado en el siempre convulso Oriente Medio el espectro de los enfrentamientos religiosos como lo prueban los recientes atentados contra las comunidades cristianas de Irak y Egipto. Estos hechos nos plantean el papel ético que debe de tomar la religión, todas las religiones, a la hora de defender la paz y la justicia en estas tierras tantas veces ensangrentadas. Pienso por ello que sería deseable una mayor implicación y compromiso de la Iglesia Católica  para trabajar a favor de la paz y la reconciliación en Eretz Israel, Palestina y el conjunto de Oriente Medio, al igual que, en el ámbito del Islam,  también resulta indispensable que se dejen oír voces en esta misma dirección, que recojan lo mejor de la tradición musulmana y que frenen el creciente radicalismo islamista.

      En este contexto, el mayor compromiso moral a favor de la paz corresponde a la parte más poderosa, al lado israelí, no sólo desde el campo de la política, sino también del religioso. De hecho, en ocasiones, encontramos pequeños gestos, testimonios sencillos, muy minoritarios, pero que nos reavivan de tanto desánimo. Este es el caso de la labor desarrollada por la asociación Rabinos por los Derechos Humanos (Rabbis for Human Rights, RHR, sus siglas en inglés).

      Desde su fundación en 1988, RHR se ha convertido en la voz rabínica de la conciencia de Israel realizando campañas en apoyo de los derechos de las minorías drusas y beduinas existentes en Israel, y sobre todo en apoyo de los atropellos cometidos con la población palestina y los trabajadores extranjeros, promoviendo la igualdad de la mujer y otras actividades diversas, siempre con el objetivo de evitar la violación de los derechos humanos en Israel, denunciando éstos ante los tribunales y la opinión pública y presionando a las autoridades correspondientes para su reparación. De este modo, Rabinos por los Derechos Humanos (RHR), ha asumido un firme compromiso de denuncia de toda injusticia, rechazando cualquier “complicidad silenciosa” con la prepotencia de las autoridades israelíes y sobre todo de grupos ultraderechistas de colonos judíos  para con la población palestina.

     La labor de este grupo de rabinos procedentes de las distintas corrientes del judaísmo (conservadores, reformistas, liberales y restauracionistas), y que no se halla vinculado a ningún partido político, está impulsada por tres principios básicos: las obligaciones religiosas y éticas recogidas en las escrituras sagradas hebreas, su compromiso constitucional con los valores de la democracia y la justicia y, por último, porque, como judíos, saben muy bien lo que significa estar oprimidos a lo largo de la historia.

     Por todo lo dicho, este grupo de rabinos ha denunciado continuamente la construcción del Muro levantado por Israel en Cisjordania, el bloqueo de Gaza, ha promovido junto con otras  organizaciones israelíes y palestinas de Derechos Humanos campañas para suspender la expulsión de palestinos desde Cisjordania a Gaza, o la llevada a cabo junto con el partido Meretz, Voz Judía por la Paz y la Alianza para la Paz en Oriente Medio (ALLMEP) para poner fin a la destrucción por parte de la Administración de Tierras de Israel (ILA) de los poblados beduinos árabes existentes en la región de Neguev, cuyo momento álgido tuvo lugar en la aldea beduina de Al-Arakib, en julio del pasado año. De igual modo, RHR ha tenido una participación decidida en la defensa de las tierras palestinas de Cisjordania frente a las apropiaciones ilegales llevadas a cabo por los colonos judíos ultranacionalistas de los asentamientos allí existentes. En este sentido, el rabino Arik Ascherman, dirigente de los RHR, convertido en escudo humano para proteger a los palestinos, y por ello varias veces detenido y golpeado, fue quien promovió la recuperación de las tierras palestinas de la aldea de Qaryout a través de demandas legales interpuestas ante los tribunales de Israel.

     La labor de RHR le valió la concesión del Premio de la Calidad de Vida en el campo de la mejora del Estado de Derecho y los valores democráticos, la protección de los Derechos Humanos y el fomento de la tolerancia y el respeto mutuo concedido por el Knesset, el Parlamento de Israel en 1993, y el Premio Anual de la Paz concedido en Japón por el Comité del Premio Niwano en reconocimiento a sus esfuerzos para promover la paz en un contexto interreligioso (2006). Como dijo Gunnar Stalsett, obispo luterano emérito de Oslo y Presidente del Comité Niwano en el acto de entrega del citado premio: “los rabinos se las han arreglado para reconstruir los hogares de los palestinos que el ejército israelí destruyó, ayudaron a los palestinos a mantener sus tierras, a recoger la cosecha de aceituna, a plantar, a proporcionarles más de 10.000 árboles para las tierras palestinas, y se han unido a otras organizaciones que se oponen al “Muro de Separación” que expropia tierras palestinas, separa a las personas de sus tierras y divide y rodea las ciudades y pueblos”.

    Ciertamente, los Rabinos por los Derechos Humanos, con su labor y compromiso, son un gesto pequeño, pero que supone un rayo de esperanza para Eretz Israel y para Palestina. Como también tiene que ser esperanzador el compromiso asumido por varios países, entre ellos España, de reconocer oficialmente al Estado Palestino durante el presente 2011, un compromiso que resulta inaplazable después de tantos fracasos y decepciones acumulados a lo largo del nefasto año que acaba de concluir.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 9 enero 2010)

 

CRISIS Y OBJETIVOS DEL MILENIO

      

      La crisis global está sembrando la zozobra en el panorama económico, político y social del Primer Mundo, pero todavía afecta con mayor intensidad a los países en vías de desarrollo. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo con el ambicioso ideal de justicia y progreso que recogía la Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2000, ratificada por 189 países, y que asumió el compromiso de erradicar el hambre en el mundo en el 2015. Y es que la crisis global está retardando, cuando no arruinando, el cumplimiento de la misma, tal y como se constató en la pasada Cumbre de revisión de los ODM celebrada en Nueva York los pasados días 20-22 de septiembre con la asistencia de los principales líderes políticos mundiales y en la cual se realizó un balance de los ODM a los diez años de su aprobación.

      Una lectura atenta del documento Podemos erradicar la pobreza en 2015 allí presentado, supone un detallado análisis de los avances, evolución y el futuro de los 8 puntales básicos sobre los que se sustentan los ODM y que son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; enseñanza primaria universal; igualdad de sexos; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; frenar la pérdida de biodiversidad biológica y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Veamos algunos datos.

      En relación a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el objetivo más afectado por los efectos de la crisis global, se pretendía reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 $ /día. Sin embargo, según numerosos informes, tras la crisis hay en el mundo 215 millones más de pobres y, al finalizar 2010, 64 millones más se sumarán a quienes ya viven en la pobreza. En la lucha contra el hambre, si en el 2007 había 830 millones de personas desnutridas, la crisis ha aumentado su número en otros 41 millones de hambrientos. De hecho, según Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, actualmente hay 100 millones de desnutridos más que en el año 2000 cuando se adoptaron los ODM.

      En cuanto a lograr la enseñanza primaria universal, se pretendía que en el 2015 todos los niños y niñas de mundo fuesen “capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria” pero, a fecha de hoy, 70 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar.

      La promoción de la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer ha tenido escasos avances, mientras que el objetivo de reducir la mortalidad infantil ha tenido mejores resultados pues ésta ha caído de 100 a 72 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Pero, aunque UNICEF reconoce que la mortalidad infantil se ha reducido 1/3 desde 1990, todavía mueren cada año 9 millones de niños menores de 5 años.

      Lo mismo podemos decir de la mejora de la salud materna: si el objetivo era reducir un 75 % su tasa de mortalidad, ésta se reduce de una forma muy lenta pues 350.000 mujeres mueren cada año por complicaciones durante el embarazo o el parto y un millón de niños se quedan huérfanos anualmente.

      En cuanto al combate contra el VIH/SIDA, si el objetivo en el 2010 era lograr el acceso universal al tratamiento del VIH, aunque éste se ha multiplicado por 10 en sólo 5 años en los países de renta baja y media, no debemos olvidar que esta enfermedad sigue causando 5.500 muertos cada día.

      En materia medioambiental, se pretendía “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales”, así como “frenar la pérdida de biodiversidad biológica”, se ha logrado que, desde 1990, 1.200 millones de personas han tenido el acceso al agua potable, pero todavía no disponen  de ella 884 millones y otros 2.600 carecen de servicios de saneamiento.

      Finalmente, el último objetivo tendente a fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo, uno de los más ambiciosos y al único al cual no se le han fijado plazos, también ha sido muy sensible a los efectos de la crisis. De este modo, la proporción de ayuda oficial al desarrollo sigue siendo del 0,31 %, muy por debajo del 0,7 %, acordado por la ONU y que sólo han alcanzado 5 países donantes. Además, muchos países, también España, han reducido los fondos de Ayuda al Desarrollo, cantidades actualmente muy inferiores a las fijadas por los ODM para 2010.

      La conclusión de todo ello resulta obvia: los ODM son alcanzables a pesar de que el progreso en cada uno de estos 8 objetivos no ha sido uniforme tal y como recogía el Boletín de la ONU de marzo de 2010 debido a tres causas: compromisos incumplidos, recursos inadecuados y falta de la necesaria atención y responsabilidad, achacables en parte a la crisis global. Consecuentemente, la ONU insta a todos los países firmantes a cumplir los compromisos de financiación asumidos para el desarrollo de los ODM dado que éstos han quedado en papel mojado tanto por parte de los estados firmantes como por los acuerdos aprobados en las cumbres del G-8 y del G-20.

       Tal vez sea el momento de desarrollar estrategias financieras innovadoras para logar los recursos que la crisis ha aminorado. Interesante resulta la propuesta del Presidente Zapatero de instaurar una tasa sobre las transacciones financieras internacionales,  la conocida como “tasa Tobin”, la cual se destinaría a luchar contra el hambre y la miseria en el mundo, propuesta que Sarkozy se ha comprometido a impulsar cuando en el 2011 Francia asuma la presidencia del G-8. Por su parte, el G-20, parece optar por una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo destinada a tal fin.

      En este contexto, adquieren especial significado las palabras de Ban-Ki-Moon, secretario general de la ONU al señalar que “no podemos fallar a los miles de personas de que la comunidad internacional cumpla la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo mejor”, máxime teniendo en cuenta que “nuestro mundo cuenta con los conocimientos y los recursos necesarios para alcanzar los ODM” a la vez que nos advierte que, “si fracasamos, las amenazas del mundo –inestabilidad, violencia, enfermedades endémicas, degradación del medio ambiente, aumento de la poblaciones desplazadas- se multiplicarán”, lo cual supondría un fracaso inaceptable a nivel moral y práctico. Y eso es lo que hay que evitar.

 

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en El Periódico de Aragón, 26 diciembre 2010)

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (9). LOS PRIMEROS REORGANIZADORES DE LA UGT (1939-1942)

     

     Tras la derrota republicana en la guerra civil, con muchos militantes asesinados, encarcelados o en el exilio, la UGT inició su reorganización orgánica, tanto en el exilio como en los pequeños núcleos ugetistas que empezaban a aparecer en el interior de España. Como señala David Corellano, esta tarea resultó especialmente dura ya que, los ugetistas, carentes de la férrea organización comunista o la experiencia  de la clandestinidad que poseían los cenetistas, quedaron aislados y abandonados a su suerte. Y no sólo eso, sino que, además, las tensiones y enfrentamientos internos en la UGT, dieron lugar a su ruptura temporal de ésta (11 mayo 1940), la cual quedó escindida en una UGT socialcomunista (integrada por el sector negrinista del PSOE y militantes del PCE) y la UGT-Junta Central, fiel al PSOE, frontalmente anticomunista y  liderada por Pascual Tomás. En este contexto, el aragonés Arsenio Jimeno Velilla, (figura clave del socialismo en el exilio e impulsor del resurgimiento de la UGT en Francia), irá agrupando a pequeños núcleos socialistas antinegrinistas como era el caso del de Zaragoza.

     En el interior de España, los lugares con mayor presencia ugetista eran las abarrotadas cárceles del franquismo. Según datos oficiales, en 1940 había 280.000 presos políticos, que en 1943 se habían reducido a 124.423 republicanos encarcelados. Por ello, las primeras organizaciones ugetistas surgieron en los mismos recintos carcelarios como un acto de defensa y apoyo entre los militantes, para lo cual la colaboración de las familias, que actuaban con serios riesgos como enlaces o escondiendo a presos huidos, resultaba vital. Tal es así que ya en 1942 fue desarticulada una organización de UGT en la cárcel zaragozana de Torrero, liderada por los socialistas turolenses Pascual Noguera y Feliciano Garcés.

     Hacia finales de 1941 se fue articulando lentamente en Zaragoza (de Teruel y Huesca apenas hay datos), un núcleo de oposición socialista. Varias serían las características de este grupo: en primer lugar, su adscripción a la tendencia sindical largocaballerista, la cual propugnaba el entendimiento con la CNT a la vez que evitaba todo contacto con el PCE, del que se desconfiaba profundamente; en segundo lugar, su carácter autónomo pues no fue hasta finales de 1944 cuando establezca contacto con la dirección del PSOE-UGT en el exilio, establecida en la ciudad francesa de Toulouse y con el Comité Ejecutivo del Interior que empezó a tener actividad clandestina en Madrid, labores de enlace en las que el socialista zaragozano Pascual Marco Mateo, tuvo un papel muy destacado; y, en tercer lugar, se caracterizó por la permanente y destacada influencia del socialismo vasco en el núcleo ugetista zaragozano.

     Esta incipiente Organización Socialista, entendiendo por tal la acción conjunta y coordinada del PSOE-UGT-JSE aragoneses en la clandestinidad, se formó a partir de la unión de esfuerzos entre un reducido grupo de ugetistas locales que habían sobrevivido a la represión franquista y, sobre todo, al aporte de un considerable número de militantes de UGT procedentes de diversas partes de España a los que la guerra (muchos de ellos hechos prisioneros tras la caída de Santander en septiembre de 1937) o las consecuencias de la misma (encarcelamientos, condenas a batallones disciplinarios, etc.), los habían desplazado a la capital de Aragón y que, cumplidas sus respectivas penas, se afincaron de forma temporal o definitiva en Zaragoza. Estos ugetistas procedían, principalmente de Asturias, Madrid, Albacete, Cuenca, Navarra y, sobre todo, de Euskadi, estando muchos de ellos destinados en el campo de trabajo penitenciario de Casetas, concretamente en la Base y Talleres de Automovilismo de la V Región Militar.

     Por ello, resulta de justicia destacar la influencia de las ideas y de la actuación de este grupo de ugetistas procedentes del socialismo vasco en la UGT zaragozana de principios de los años 40. Este sería el caso de los procedentes de Guipúzcoa como Luís Arbella Aguirre (años más tarde, secretario general del Comité Central Socialista de Euskadi), Manuel Soto García (de Tolosa), los donostiarras Fructuoso Corcuera y Fidel Mediavilla, (ambos, tras su retorno a Euskadi, serán los contactos habituales entre el PSOE-UGT vasco, los ugetistas aragoneses y la dirección de UGT en el exilio de Toulouse), o Juan Manuel Ferraz Castán, catedrático y vinculado a la masonería, que sería el responsable de la prensa y propaganda de la Organización Socialista en Zaragoza.

     También hay que citar a los ugetistas procedentes de Vizcaya, como Manuel Canteli Argüelles que, aunque originario de León, pertenecía a la UGT de Valmaseda y que, tras su salida de la cárcel en 1942, se mantuvo siempre vinculado a la UGT zaragozana; de Alfredo Alonso Tejada, también de Valmaseda y que, hacia 1945 será el secretario general de UGT-Zaragoza, del entrañable “Sr. Braulio” (fundador de la cooperativa bilbaína de Zamákola y amigo personal de Indalecio Prieto), así como otros vizcaínos como Avelino Larrea, Moisés González Carnicero o Ángel Vázquez Copa.

     La primera dirección Colectiva Provincial de la UGT de Zaragoza empezó a dar signos de actividad a principios de 1942 y de ella formaban parte Eusebio Díez Palazuelo (que había sido 2º secretario de la UGT de Toledo antes de la guerra civil), Manuel Aguirre Cepeda, Julio Sanz Benito (secretario del Sindicato Metalúrgico de la UGT zaragozana antes de la contienda) y contó con el apoyo del navarro Francisco Simón Ullate y Julián Pardos Jiménez. Además, comenzó a actuar un reducido Comité Local de formado por Eusebio Díez, Vázquez Copa y el barcelonés José Ribas.

     Por todo lo dicho, en el inicio de los años 40, gracias al tesón y al sacrificio de  este grupo ugetistas afincados entonces en Zaragoza, especialmente en el caso de los procedentes de Euskadi, se inició la lenta reorganización de la UGT aragonesa en aquellos difíciles años.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 115, diciembre 2010)

 

 

 

LA BANCA ÉTICA, UNA ALTERNATIVA

     

     Tan preocupante como la creciente agresividad de los intereses especulativos financieros, de la cada vez más evidente “dictadura de los mercados” sobre los gobiernos democráticos a la hora de fijar sus respectivas políticas económicas para hacer frente a la crisis global, resulta la deriva ideológica y la falta de una alternativa convincente por parte de los partidos socialdemócratas. Y es que estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de nuestras políticas sociales, al  gradual e imparable deterioro, cuando no al desmantelamiento,  del Estado de Bienestar Social, el mayor logro de las políticas socialdemócratas, con la vana ilusión de “calmar” a los especuladores financieros, que cada vez exigen mayores sacrificios como si pretendieran hacer retroceder el reloj de la historia a las más negras etapas del siglo XIX por  lo que a los derechos laborales y sociales de los trabajadores se refiere.

     Mientras esto ocurre, la banca (privada) y sus intereses campan sin freno en medio del tsunami financiero que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una banca pública estatal que sirviera, siquiera en parte, de dique de contención para que tanto los Estados como los ciudadanos pudiéramos hacer frente al embate insaciable de los mercados y facilitar a empresas y particulares créditos en mejores condiciones que las restrictivas, y en ocasiones abusivas, que ofrecen las entidades financieras privadas. Lamentablemente, por lo que a España se refiere, la banca pública fue desmantelada  en sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles  lo cual ha creado un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

     Así las cosas, se debería de recuperar la idea (imprescindible) en los programas económicos socialdemócratas de una nueva banca pública estatal. Igualmente, deberíamos de exigir una mayor implicación del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de hacer frente a las maniobras especulativas que contra los Estados (en el caso de España es evidente) y también contra el euro están lanzando la creciente dictadura de los mercados. Tiempo atrás,  Tzvetan Todorov, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2008, ya nos advertía del peligro totalitario que se encerraba en las cada vez más poderosas políticas neoconservadoras, partidarias de un ultraliberalismo sin límites. De hecho, los acontecimientos recientes están confirmando los negros vaticinios de Todorov tanto en cuanto las políticas ultraliberales han puesto de rodillas a los estados democráticos convirtiéndose por ello en una auténtica amenaza para las sociedades democráticas por su excesiva “concentración de poder y por la limitación del bien común”,  unido a un  cierto “mesianismo” por parte de los mercados, como si éstos nunca pudieran equivocarse,  a la vez que la obsesión ultraliberal por supeditar todo al imperativo económico de lucro y beneficio sin límites.

     Ante esta situación, cada vez se hace más necesario impulsar las ideas de lo que ha dado en llamarse Banca Ética Ciudadana (BEC), un modelo alternativo de crédito que trata de rescatar el valor del dinero como instrumento de justicia y transformación social. Y es que la BEC, frente al precio de las cosas fijado por el mercado  a través de la oferta y la demanda, prioriza el valor social que debe tener el dinero, algo que siempre han despreciado los intereses del mercado.

     La alternativa que ofrece la BEC se sustenta en tres principios de gran calado ético. En primer lugar, considera que el crédito debe de estar al servicio de la justicia social, debe convertirse en un elemento transformador y, por ello, sus “clientes preferentes” serían: la cooperación al desarrollo de los países pobres, las acciones tendentes a la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión (con intervenciones concretas en las necesidades de vivienda y trabajo, claves en todo proceso de inserción) y los proyectos de sensibilización medioambiental.

     En segundo lugar, la BEC se basa en el apoyo y participación de las redes sociales, en lo que algunos llaman “Tercer Sector”, esto es, las organizaciones de carácter no lucrativo comprometidas en luchar por un mundo más justo. De este modo, el eje central de esta nueva Banca Ética son las personas desfavorecidas y las personas que trabajan por ellas  y no la revalorización de las acciones o los dividendos.

     Finalmente, y como conclusión de lo anterior, la BEC se caracteriza por tener un carácter no lucrativo pero esta promoción mediante el crédito de sociedades más justas, no olvida por ello la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos, una gestión económica responsable o la inversión en modernización. Este es el camino emprendido por iniciativas como las de la Banca Popolare Etica en Italia, la Federación de Bancos Éticos y Alternativos o la Fets-Finançament Étic i Solidari en Cataluña.

     Poner coto a los desmanes de la dictadura de los mercados sobre nuestras vidas y haciendas es algo que compete a las políticas socialdemócratas y a los sindicatos de clase, y ello pasa por el restablecimiento de una Banca Pública, tanto a nivel estatal como de la Unión Europea, así como todas aquellas iniciativas que impulsen una Banca Ética Ciudadana socialmente responsable. Tal vez así recuperemos la esperanza como ciudadanos y los Estados la autonomía política y económica que les han arrebatado la dictadura de los mercados.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 6 diciembre 2010 y El Periódico de Aragón, 7 diciembre 2010)