MERCADOS FINANCIEROS Y SOCIALDEMOCRACIA

          

      Lejos quedan ya aquellos tiempos en que el crecimiento de la economía parecía imparable e ilimitado, cuando el PIB crecía año tras año, se reducía el paro hasta alcanzar mínimos históricos, cuando algunos países, España, aumentaron sus ingresos en tiempos de dorada bonanza, alcanzando, por vez primera, superávit en sus cuentas públicas. Pero todo esto pasó y ahora nos parece tan irreal como un lejano espejismo: llegó la crisis global y sus fatídicos efectos tuvieron consecuencias en la economía, la política y, también, en la vida de todos nosotros, los ciudadanos anónimos.

      Las causas de la crisis las conocemos de sobra: un mal día, la burbuja especulativa, alimentada durante años por los mercados financieros, explotó de forma estrepitosa y, con ello se produjo la crisis más profunda desde la Depresión de 1929. Más tarde, la crisis financiera se convirtió en crisis económica pues la falta de confianza, hizo que las entidades crediticias dejaron de prestar dinero a las empresas, a pesar de que los Estados se lanzaron al rescate de los bancos privados con ingentes cantidades de dinero público.

      Mientras tanto, la crisis hizo que los ingresos estatales procedentes de los impuestos se desplomaran: al haber menos trabajadores en activo, se redujeron los ingresos vía IRPF; al retraerse el consumo, descendió la recaudación por IVA y, al cerrar numerosas empresas, cayeron también los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades. Además, el déficit de las cuentas públicas se agudizó al dispararse los gastos sociales, en especial los destinados a los subsidios por desempleo.

      La situación se hizo angustiosa llegándose a elevados déficits que, como ocurre en España, superaron el 10 % del PIB. En la actualidad nos hallamos ante una paradoja indignante  puesto que los Estados, para financiar el déficit público, se vieron obligados a acudir a los mismos mercados financieros que habían provocado la crisis, a aquellos bancos que habían sido rescatados… para pedirles dinero prestado. De este modo, se emitieron títulos de deuda pública, los cuales se convirtieron ante las presiones especulativas de los mercados financieros, en un sustancioso negocio redondo para ellos y en una auténtica pesadilla para los endeudados Estados.

      Los mercados financieros han logrado imponer sus condiciones, fijando la política económica de los estados democráticos, y por ello, la voracidad insaciable de los mercados, parece habernos ganado la partida. Jugando con cartas marcadas, emitían alarmantes informes sobre la solvencia y riesgo del las economías nacionales para así subir los intereses de la deuda a países como Grecia, Portugal o España. De este modo, la deuda pública, en vez de ser la solución, se convirtió en una sangría insostenible para las haciendas estatales. Como señalaba Antoni Comín i Oliveres, diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, “los mercados financieros se frotaban las manos viendo cómo los problemas fiscales de los mismos gobiernos que les habían rescatado se convertían en un suculento negocio: cuanto peor pinta tenían los países, cuanto más grave era su déficit, más alto eran los intereses de su deuda pública y más negocio podrían hacer los inversores que compraban esta deuda”. De este modo, los mercados financieros, carentes de toda ética, están logrando enormes beneficios, en unos momentos en que la crisis global se está enseñando con los sectores más débiles de nuestra sociedad. Además de los crecientes intereses obtenidos por la compra de deuda pública, no tenían escrúpulos en enriquecerse mediante las llamadas “operaciones a corto plazo o al descubierto”, esto es, la obtención de beneficios a costa de un activo que pierde valor.

      Esta situación obligó a todos los Gobiernos a recortar su gasto público para reducir su déficit y así “calmar” a los mercados financieros y evitar que los intereses de la deuda pública no colapsasen sus finanzas. Así pues, los mercados se han convertido en los amos y señores de nuestras vidas, y sobre todo de nuestras haciendas. Antoni Comín resumía esta situación con dramática claridad:“Ellos hacían y deshacían; ellos nos daban el trabajo y nos lo quitaban; ellos decidían las dimensiones de nuestro sistema de protección social; ellos hacían lo que querían… y los Gobiernos, fuesen de derechas, fuesen de izquierdas, tan sólo les quedaba ir a remolque; siempre desbordados y superados por las circunstancias…”.

      Ante esta auténtica dictadura de los mercados financieros, la socialdemocracia debe ofrecer una alternativa para, como decía Rodríguez Ibarra el pasado 22 de junio, hacer frente a “los sinvergüenzas que vencieron en las Bolsas a los Estados”. Pero para ello, ante el actual crisis, frente a los que desean refundar el capitalismo, pienso que lo que de verdad se necesita es una refundación de la socialdemocracia que la rearme ideológicamente para así recuperar con renovados bríos los viejos anhelos de la justicia redistributiva y para que deje de hacerle el trabajo sucio a la derecha al asumir unas políticas de duro ajuste neoliberal ajenas a la esencia y tradición del pensamiento socialista.

      En consecuencia, los Gobiernos socialistas, deben apostar por la inversión pública para reactivar la economía, la cual en vez financiarse con bonos de deuda pública por la cual hay que pagar luego elevados intereses, debería de hacerse mediante una firme y decidida apuesta por la aplicación inmediata de una fiscalidad progresiva propia de la tradición socialdemócrata. Y no sólo eso sino que también hay que avanzar en la implantación de un impuesto al sistema financiero (en Extremadura está vigente desde hace 12 años, y Alemania lo aprobó el pasado 25 de agosto), desarrollar una política fiscal común para toda la Unión Europea, acabar con los paraísos fiscales, prohibir las “operaciones al descubierto” con la deuda de los Estados, establecer un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (la “tasa Tobin”) y también sobre los sueldos y los bonos que cobran los directivos de las entidades financieras o una más justa tributación para las SICAV.

      Resulta imprescindible la reforma y regulación a escala mundial de los mercados financieros para evitar que éstos vuelvan a cometer irresponsables maniobras especulativas, las cuales han provocado el actual desastre que todos estamos padeciendo…y pagando. La socialdemocracia debe dar la batalla éste es el camino para revitalizar los ideales y principios socialistas, para que éstos tengan una razón de ser en el futuro. De no asumir este reto, el tiempo histórico de la socialdemocracia se habrá cumplido trágicamente cerrando un ciclo y serán otras formas y alternativas de izquierda las que deberán continuar la defensa del permanente ideal de la justicia social.

 

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en Diario de Teruel, 29 de agosto de 2010)

ELECCIONES PRIMARIAS, POR SUPUESTO

          

      Un soplo de aire fresco ha recorrido las filas del PSM y también las de muchas Agrupaciones Socialistas de toda España al confirmarse que la candidatura a las elecciones para la Comunidad de Madrid se decidirá mediante un proceso de elecciones primarias. Ha hecho bien Tomás Gómez en mantener una postura firme y digna frente a las presiones que ha recibido desde distintos ámbitos del PSOE y del mismo Zapatero, pues al forzar la convocatoria de primarias con su negativa a retirarse de la carrera electoral, ha defendido un compromiso ético a favor de los militantes socialistas madrileños los cuales tendrán la ocasión de elegir libremente y sin imposiciones externas al candidato/a que mejor defienda el programa del PSM frente al actual Gobierno regional de la lideresa conservadora Esperanza Aguirre.

      En unos momentos en los cuales se están imponiendo las políticas de ajuste duro neoliberales, sumida la socialdemocracia en un claro desconcierto ideológico y en un tiempo en que, como señalaba recientemente el politólogo Sami Naïr,  la izquierda europea está “completamente desorientada” ante la aparentemente imparable ofensiva ultraliberal, resulta imprescindible que los partidos progresistas se rearmen ideológicamente, recuperen la iniciativa política e impulsen sus mecanismos de democracia interna.

      Desde la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE siempre hemos defendido un modelo de partido articulado en torno a medidas que profundicen en su democracia interna, en el que se priorice la participación y la capacidad de decisión de los militantes sobre la voluntad e intereses del llamado “aparato” y, por ello, como se acaba de comprobar en el caso de Madrid, la celebración de primarias supone un aspecto básico tanto en cuanto significa el apostar por una actuación política profundamente democrática, transparente y plural. En consecuencia, las primarias no deberían de ser un hecho excepcional sino una práctica habitual de todo partido democrático a la hora de elegir los cargos electos, bien sean éstos orgánicos o institucionales, evitando de éste modo que los “aparatos del Partido”, en sus diferentes niveles orgánicos, se impongan sobre la opinión mayoritaria o soberana de las bases socialistas.

      Enlazando con las ideas anteriores, en mayo de 2008 la asamblea de la Agrupación Socialista de Alcañiz en la que milito, aprobó un documento titulado Avanzando hacia una mayor democracia interna en el PSOE que, pese a ser derrotado en el Congreso Provincial Extraordinario del PSOE turolense celebrado en Utrillas en junio de dicho año, recogía algunas ideas de interés que ahora recobran toda su vigencia y actualidad. En dicho documento, se planteaban propuestas concretas tales como impulsar en todos los ámbitos del PSOE las primarias como forma de favorecer la participación de los militantes a la vez que, para posibilitar la aparición de listas alternativas, se proponía reducir el número de firmas necesarias para lograr los preceptivos avales, el cual quedaría fijado en el 5 % de los afiliados de su respectivo ámbito orgánico. Igualmente se sugería que las primarias fueran preceptivas no sólo para elegir los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas, sino también para las alcaldías de los municipios de más de 10.000 habitantes y no para las superiores a los 50.000 como se recoge  en la actualidad en los Estatutos Federales del PSOE. En consecuencia, los socialistas alcañizanos proponíamos también la posibilidad de modificar el artículo 6º de la Constitución Española para que se contemple en el mismo la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias en los mismos. A modo de ejemplo, digamos que la nueva Constitución de la República de Ecuador hace obligatoria la celebración de primarias en todos los partidos que concurren a las elecciones.

      También proponíamos en el referido documento fomentar el debate y la participación en las agrupaciones, respetar el pluralismo interno así como otras propuestas de gran calado político como evitar la acumulación de cargos y responsabilidades, tanto orgánicos como institucionales, la aplicación de un estricto régimen de incompatibilidades, la limitación de mandatos o el favorecer la participación de los simpatizantes socialistas y, mediante un censo de los mismos actualizable anualmente, ofrecerles el derecho de voto en las primarias y el derecho a tener voz propia en las asambleas de las Agrupaciones Socialistas.

      Dicho esto, considero que el proceso de primarias iniciado ahora en el PSM debería de hacerse extensivo a otras federaciones y, por supuesto, también a Aragón, tal y como ocurrió en 1998 cuando por este procedimiento salieron elegidos Marcelino Iglesias y Juan Alberto Belloch para encabezar las candidaturas socialistas al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora debería de ocurrir lo mismo para evitar designaciones sucesorias tomadas de espaldas a las bases y, por ello, sería muy saludable democráticamente hablando que la previsible candidatura de Eva Almunia fuera confrontada por una lista alternativa que plantee un programa político distinto al continuismo actual, que rompa con la hipoteca permanente que suponen los pactos con el PAR, que tenga la valentía política de pactar con IU y CHA,  y de no ser ello posible, asumir el Gobierno de Aragón en solitario en caso de ser el PSOE el partido más votado en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo de 2011.

      Esto es lo que queremos muchos militantes de base y, para ello, el primer paso es la celebración de primarias en el PSOE aragonés, pues ello supone una decidida apuesta por la democracia interna, y también,  por la renovación del proyecto socialista en nuestra tierra.

       José Ramón Villanueva Herrero

      (militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE-Aragón)

      (publicado en Diario de Teruel, 15 agosto 2010)

 

ESPERANZA EN JERUSALEM

          

        Estamos acostumbrados por desgracia a recibir siempre malas noticias del enquistado y sangriento conflicto palestino-israelí, por ello, cualquier pequeño atisbo de entendimiento, cualquier gesto positivo entre las partes enfrentadas, supone un rayo, por tenue que sea, de esperanza hacia el camino de la paz en Oriente Medio. Algo así ha ocurrido con el acuerdo firmado por Israel, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y Jordania para preservar la Ciudad Vieja de Jerusalem,  alcanzado en la 34ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO reunida en Brasilia a finales del pasado mes de julio. Dicho acuerdo, calificado de “inédito” e “histórico”,  pretende,  mediante un plan de acción conjunta, preservar el cuantioso legado jerosolimitano, una ciudad considerada como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

        Al recordar el reciente acuerdo de Brasilia, me viene a la memoria otro acuerdo, actualmente arrumbado por la dramática realidad de los hechos, pero que es de gran importancia para alcanzar una paz justa y definitiva en Oriente Medio: el Acuerdo de Paz de Ginebra de 1 de diciembre de 2003. Este, aunque nunca contó con el respaldo oficial del Gobierno de Israel, suponía un puente hacia la paz tendido entre una delegación israelí encabezada por Yossi Beilin (exministro de Justicia y dirigente del partido pacifista Meretz) y otro grupo de negociadores palestinos  liderado por Yasser Abed Rabo (exministro de Comunicaciones de la ANP).

        El Acuerdo de Ginebra, tal y como se dice en su preámbulo, es una vía para buscar una “reconciliación histórica” entre Israel y Palestina, a la vez que podría abrir el camino para el entendimiento futuro entre el Mundo Árabe e Israel. A lo largo de sus 17 artículos, ampliamente desarrollados, además de reconocer al Estado de Palestina, se intentaba dar respuesta a temas tan difíciles y espinosos como la cuestión de los territorios y las fronteras definitivas entre Israel y Palestina, el futuro de los asentamientos judíos, el retorno de los refugiados palestinos o la cuestión de Jerusalem. A este último tema me referiré seguidamente, al cual se dedica el muy amplio artículo 6º del Acuerdo de Ginebra.

        De entrada, se destaca la “importancia universal, histórica, religiosa, espiritual y cultural” de Jerusalem, así como su carácter sagrado para el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Seguidamente, se reconoce una reivindicación de la ANP de gran calado político y simbólico al considerar a Jerusalem como capital de los dos Estados (Israel y Palestina), al señalar que “las partes tendrán sus respectivas capitales, que reconocerán recíprocamente, en áreas de Jerusalem que estén bajo su soberanía” (art. 6.2).

        Por lo que se refiere al Monte del Templo (Al-Haram-al Sharif), el acuerdo contempla que se halle controlado por una Presencia Internacional, en la que además de los miembros del Grupo de Implementación y verificación (GIV), esto es, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, habría otros miembros designados por las partes, incluyendo también a representantes de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). De este modo la labor de la Presencia Internacional, sería la de responsabilizarse de la seguridad y conservación del Monte del Templo durante un período transitorio tras el cual, “el Estado de Palestina podrá declarar su soberanía sobre el recinto” (art. 6.5.III.A). También se contempla la polémica cuestión de las excavaciones arqueológicas en el Monte del Templo, tema éste que ha sido objeto de alegaciones por parte de Jordania en la citada reunión de la UNESCO celebrada en Brasilia. Pues bien, sobre este punto, el Acuerdo de Ginebra señala expresamente que “no podrán realizarse excavaciones o construcciones dentro de su perímetro a menos que sean aprobadas por ambas partes” (art. 6.5.II.A), con lo cual se evitarían las tensiones ocasionadas por las excavaciones israelíes en un recinto que, además de para el judaísmo, tiene un importante valor religioso para el Islam.

        En cuanto a la Ciudad Vieja, ambas partes reconocen que se trata de “un todo que reviste un carácter único”, comprometiéndose por ello a preservarla conforme a las disposiciones de la UNESCO. En materia de seguridad, se proponía la creación de una Unidad Policial, formada conjuntamente por destacamentos policiales tanto palestinos como israelíes, además de reconocer la “libre e ilimitada” circulación dentro de la Ciudad Vieja y señalar que quedarían bajo soberanía israelí lugares tan significativos para el judaísmo como el Muro de las Lamentaciones, la ciudadela de David o el cementerio del Monte de los Olivos.

        Igualmente, el Acuerdo de Ginebra contempla la cuestión de la coordinación municipal de las zonas de soberanía palestina e israelí. De este modo, las dos municipalidades constituirán un Comité de Coordinación y Desarrollo de Jerusalem (CCDJ) el cual tendría como competencias la coordinación de infraestructuras y servicios de la ciudad bicapital de dos Estados, además de “alentar el diálogo intercomunitario y la reconciliación” (art. 6.11.II). Ciertamente, de haberse aplicado de forma efectiva el Acuerdo de Ginebra y haberse reconocido oficialmente el Estado de Palestina, es posible que el CCDJ hubiese evitado la reciente crisis generada por el desmesurado proyecto de construcción de viviendas judías en los barrios de mayoría árabe del área de Jerusalem.

        Como vemos, una tenue luz se abre paso en Jerusalem frente a tanta intolerancia, fanatismo, odios y violencia. Es muy poco para resolver un problema de tan gran magnitud, pero se necesita infundir una nueva esperanza, dar una nueva oportunidad a la paz. La utopía todavía es posible y el Acuerdo de Ginebra, si se tiene el coraje político de retomarlo como forma de desbloquear las negociaciones de paz, puede ser un buen camino, siempre mejorable, en el intento de lograr una solución política y efectiva a un conflicto que ha costado demasiada sangre inocente. Y es que, como señalaba tiempo atrás con pragmatismo Shlomo Ben Ami, “la cuestión no es buscar el mejor acuerdo posible, sino el más cercano a la mejor solución”. Esa es precisamente la razón de ser del Acuerdo de Ginebra de 2003 y la necesidad de retomarlo en la actualidad.

 

        José Ramón Villanueva Herrero

        (publicado en Diario de Teruel, 4 agosto 2010 ; El Periódico de Aragón,

         7 agosto 2010)

 

HAITÍ EN EL CORAZÓN

      El pasado 12 de enero un potente terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter, arrasó Haití, el país más pobre del continente americano y que, con anterioridad al seísmo, según The World Factbook, contaba con el 80 % de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los efectos del terremoto fueron devastadores: al elevado número de víctimas, que algunas fuentes cifran en 300.000 muertos, hubo que sumar la destrucción de la mayor parte de las infraestructuras y demás elementos esenciales de la débil economía haitiana.

     Tras la tragedia, una gran ola de solidaridad se extendió por todo el mundo en apoyo del pueblo haitiano y numerosos estados, organismos internacionales, ONGs y ciudadanos aportaron todo tipo de recursos para la reconstrucción de un país asolado, recursos que, 6 meses después, siguen siendo imprescindibles, un apoyo internacional que va a ser preciso mantener durante bastante tiempo.

     En la agitada y convulsa historia de Haití hubo sin embargo otro mes de enero bien distinto, una fecha memorable: el 1 de enero de 1804. Fue entonces, hace 206 años, cuando Haití escribió una página gloriosa al proclamar su independencia de Francia, convirtiéndose así en el segundo país americano (tras los EE.UU) y el primero de América Latina en lograr la libertad.

     El proceso hacia la independencia se había iniciado en 1791, momento en que la colonia haitiana inició la lucha armada contra Francia. La insurrección, liderada inicialmente por François Dominique Toussaint-Louverture y que culminó en 1804 con la independencia frente a la poderosa Francia napoleónica que fue derrotada por los rebeldes haitianos, supuso el primer caso en la historia universal por el que la rebelión de la población esclava de la colonia (por aquellos años el 85 % del total de habitantes de Haití), condujo a su emancipación, sentando un precedente definitivo para poner fin al escandaloso comercio trasatlántico de esclavos procedentes desde África con destino a las colonias americanas de las potencias europeas.

     La creación de la nueva República de Haití por los esclavos emancipados, no sólo supuso un hito histórico de profundas repercusiones sociales, sino que significó igualmente la quiebra del sistema de cultivo de la caña de azúcar basado en la explotación sistemática y brutal de la población esclava negra. Fue éste un “mal ejemplo” para las vecinas colonias francesas, inglesas, holandesas y también españolas, lo mismo que para la sociedad sureña de los EE.UU., profundamente racista y basada en el sistema de explotación esclavista, el cual no sería abolido hasta la derrota de los Estados Confederados del Sur en la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865).

     El poso reaccionario y racista de la sociedad de los EE.UU., nunca olvidó la emancipación de los esclavos haitianos. Un ejemplo: el 14 de enero, dos días después del terrible terremoto que asoló el país antillano, el famoso (y ultraderechista) telepredicador norteamericano Pat Robertson, afirmaba de forma delirante en la cadena Christian Broadcasting Network (CBN), que “miles de haitianos han muerto en el seísmo porque los esclavos de Haití hicieron un pacto con el diablo para obtener la libertad”: ante semejante estupidez con la cual Robertson pretendía “justificar” cual si de un “castigo divino” se tratara la muerte de miles de haitianos, sobran los comentarios.

     Tras esta recapitulación histórica, volvamos a la realidad, a la dura realidad haitiana actual. Desde una perspectiva totalmente contrapuesta a la de Robertson, desde posiciones cristianas progresistas, el jesuita Ramiro Pàmpols, director adjunto de las escuelas rurales “Foi et Joie” (Fe y Alegría) de Puerto Príncipe, recordaba que Haití es un país plagado de “heridas mortales”, las cuales no sanarán si, además de la ingente ayuda económica internacional que precisa el país para su reconstrucción, no se acometen con profundidad y valentía toda una serie de cuestiones de fondo que lastran su futuro. En este sentido, Pàmpols aludía expresamente a la excesiva dependencia de la economía haitiana del exterior, a sus profundas desigualdades sociales, a la inoperancia del actual Gobierno de René Préval, a la falta de una sociedad civil articulada o a la lacra que supone la corrupción que afecta a las instituciones del Estado, especialmente a la Justicia.

     De este modo, y en primer lugar, Pàmpols nos recuerda que mientras en los años 70 Haití aún gozaba de soberanía alimentaria ya que los agricultores producían el 90 % de los productos que consumía la población pero tras la supresión de los aranceles sobre la importación impuestos por el Plan Reagan-Bush, el arroz norteamericano inundó el mercado local, arruinando así a miles de campesinos, los cuales emigraron en masa a la capital Puerto Príncipe.

     A ello hay que añadir el que muchas familias haitianas sobreviven gracias a las remesas que reciben de la emigración (se estima que hay más de 3 millones de haitianos repartidos por el mundo, sobre todo, en la República Dominicana y en los EE.UU.). Además, el éxodo emigratorio es masivo en lo referente a los profesionales haitianos: Pàmpols alude a la “fuga de cerebros constante e imparable” ya que el 80 % de los haitianos con niveles educativos elevados han emigrado y en la actualidad 30.000 de ellos se hallan en lista de espera para lograr permisos de residencia en EE.UU. y Canadá, lo cual hipoteca gravemente el futuro del país antillano.

     A pesar de la agitada historia reciente de Haití, de sus pasados regímenes dictatoriales, de acontecimientos tan trágicos y devastadores como el terremoto de enero de 2010, todos los que amamos al pueblo haitiano tenemos la esperanza de que, del mismo modo que un día fue capaz de romper las cadenas de la esclavitud y levantar la bandera de la libertad y la igualdad, el primer país en que los esclavos negros  lograron la emancipación, se pondrá de nuevo en pie  para romper las cadenas de la pobreza y la injusticia, y caminar hacia un nuevo horizonte, hacia esa sociedad de hombres libres con la que soñó hace más de 200 años Toussaint-Louverture.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (El Periódico de Aragón, 27 julio 2010 ; Diario de Teruel, 1 agosto 2010)

 

 

EL RETO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

     Tal vez a estas alturas ya se haya convencido el primo de Rajoy de que el cambio climático es una seria amenaza para nuestro planeta. Resulta indudable que el aumento del volumen de los gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y sobre todo CO²) es el responsable del aumento de la temperatura media de la Tierra y las consiguientes modificaciones  sobre el clima, todo lo cual está suponiendo un cambio rápido y profundo, el mayor desde las glaciación Würmiense, hace 10.000 años, y cuyas graves consecuencias ya las estamos empezando a percibir.

     Ante esta situación resulta evidente que el modelo económico y energético basado en los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) responsable del calentamiento del planeta debe ser reemplazado por otro alternativo y más respetuoso con el medio ambiente. Es por ello que cada vez adquieren más importancia las llamadas “energías limpias” como es el caso de la eólica o la solar, así como los biocombustibles. Me referiré seguidamente a estos últimos puesto que suponen una alternativa interesante al consumo de los combustibles fósiles tradicionales.

     Los biocombustibles más usados son el bioetanol (sustituto de la gasolina producido a partir de almidones o azúcares de maíz, trigo, caña de azúcar o remolacha) y el biodiésel, obtenido a partir de algunas plantas oleaginosas (aceite de colza, girasol o de palma). En este contexto, debemos hacer mención al Plan de Acción sobre el Clima y las energías renovables elaborado por la Comisión Europea en enero de 2008. Dicho Plan recoge un conjunto de medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático para después del 2012, fecha en la que expira el actual Protocolo de Kyoto. Entre dichas medidas, se propone el que para el 2020 la Unión Europea (UE) debería de consumir en transporte un 10 % de biocombustibles, siempre que su producción sea sostenible (en la actualidad, apenas cubre el 1% del consumo total).

     Digamos igualmente que, según los estudios existentes, las tierras de cultivo de la UE apenas tienen capacidad para producir la mitad de la cantidad prevista en el objetivo del 2020. En consecuencia, la UE necesitará importar ingentes cantidades de biocombustibles, especialmente procedentes de Malasia e Indonesia (proveedores de caña de azúcar y aceite de palma) y también del Brasil, principal productor de bioetanol.

     La creciente demanda de biocombustibles ha supuesto algunas ventajas para los países productores pues ello ha estimulado a sectores agrícolas estancados además de crear empleo en el campo. Así, por ejemplo, en Brasil se fundó en el 2005 la primera cooperativa de biocombustibles que, con métodos agrícolas sostenibles, ha mejorado las condiciones de vida de en torno a 25.000 familias. Pero junto a todo esto, también es cierto que la cada vez mayor producción de biocombustibles es responsable de hasta el 30 % de la subida de los precios de los alimentos durante la crisis alimentaria del 2006-2008, durante la cual éstos se elevaron hasta en un 83 % con los consiguientes efectos devastadores para la población de muchos países en vías de desarrollo.

     Preocupante resulta igualmente la desenfrenada carrera desatada en estos últimos años en determinados países para convertirse en proveedores del sustancioso suministro del 10 % de biocombustibles para el transporte europeo del 2020. Y lo que es más grave: las presiones de las empresas productoras sobre las comunidades indígenas han hecho que, según la ONU, en torno a 60 millones de personas se hallan en peligro de ser desplazadas fuera de sus tierras para dedicar éstas a la producción de biocombustibles, tal y como está empezando a ocurrir en Tanzania o Indonesia.

     También debemos recordar que los biocombustibles, pese a su buena imagen, se producen con frecuencia a costa de la explotación de los trabajadores de los países pobres (bajos salarios, condiciones de trabajo miserables, forzados a comprar la comida y las medicinas en las plantaciones para las que trabajan a precios inflados, todo ello careciendo del derecho a organizarse y crear sindicatos para defenderse de semejante explotación), todo lo cual nos recuerda las dramáticas condiciones de vida de los obreros del salitre de Santa María de Iquique en el Chile de 1907, causa de la rebelión de éstos y la posterior represión y asesinato de casi 3.000 personas.

     A modo de conclusión, algunos expertos consideran que, en el fondo, las políticas de los países industrializados sobre biocombustibles no ofrecen medidas efectivas para combatir el cambio climático puesto que su impacto sobre la atmósfera es equilibrado pues el CO² que atrapan las plantas al crecer lo liberan posteriormente durante la combustión y sin embargo permite a los gobiernos de los países desarrollados el evadirse de tomar otras decisiones (difíciles y urgentes) sobre cómo reducir el elevado consumo energético. De hecho, el coste real de estas políticas puede suponer en algunos países del Tercer Mundo el profundizar la diferencia entre los países del opulento Norte y de los del Sur en vías de desarrollo, además del riesgo cierto de degradación medioambiental ante la deforestación de amplias zonas para dedicarlas a estos cultivos, como ahora está sucediendo en Indonesia.

     En consecuencia, la UE, como señala María Hidalgo Múgica, del Departamento de Campañas y Estudios de Interpón Oxfam, debería replantearse su política de biocombustibles eliminando la meta del 10 % y promoviendo las condiciones sociales y ambientales que permitan el uso sostenible de los biocombustibles. De este modo, no sólo se reduciría de forma efectiva la emisión de gases de efecto invernadero sino que también se ofrecerían oportunidades de desarrollo local y se podrían impulsar en los países productores una tecnología que les ayudase a reducir su dependencia del petróleo.

     Se trata de todo un reto para así evitar los efectos negativos de la opción por los biocombustibles y para que de éste modo, esta alternativa deje de ser una amenaza añadida al cúmulo de riesgos que sufren y padecen los países pobres.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 11 julio 2010)

 

LOS BANKOMUNALES: UN MODELO DE AUTOFINANCIACIÓN CREDITICIA

          

     Estamos viviendo un tiempo en el que el dogal de la crisis económica se cierra con fuerza sobre todos nosotros, un tiempo en que el “Mercado” se ha convertido en amo y señor de nuestros destinos y, postrados ante su supremo poder, parecen haberse rendido los gobiernos de todo signo político. Es como si se hubieran difuminado las ideologías, sobre todo las de signo socialdemócrata, renunciando con una fatal resignación a plantear una alternativa a la dictadura de los mercados y de los especuladores financieros, aunque ello suponga poner en peligro los logros del Estado de Bienestar que tanto ha costado conseguir (y consolidar) en las democracias occidentales.

     La crisis económica está derivando en una crisis social como lo prueba la creciente indignación de los trabajadores, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes a los que se está haciendo pagar una crisis que no hemos generado. Este hecho es una enorme injusticia y resulta inaceptable si los sectores económicos financieros y empresariales no asumen de forma inmediata por medio de unas cargas fiscales progresivas adecuadas, su responsabilidad solidaria para salir de la profunda crisis en la que nos han sumido.

     Mientras el mundo desarrollado y muy especialmente la Unión Europea se debaten en esta crisis global (económica y de modelo productivo), leo con interés noticias procedentes de la República Bolivariana de Venezuela relativas a cómo las finanzas deben de estar al servicio de las personas, especialmente de los humildes, y no al revés como estamos acostumbrados a ver y padecer. Me refiero a la experiencia de los Bankomunales (con “k”), también llamados “Grupos de Autogestión  Financiera”, popularmente conocidos como BK.

     Los Bankomunales  están inspirados en las ideas del Premio Nobel Muhammad Yunus, creador de los microcréditos destinados a las mujeres de Bangla Desh por medio  del Grameen Bank. Y es que si las ideas y realizaciones prácticas de Yunus han demostrado que se pueden financiar a las poblaciones pobres del Tercer Mundo, los Bankomunales (BK), significan una forma concreta de autofinanciación para estas mismas comunidades. De hecho, se trata de pequeñas asociaciones formadas a partir de los capitales aportados por los propios socios con el fin de invertir y prestarse servicios de microinversiones, todo ello organizado de forma autogestionaria.

     La iniciativa de los BK ha alcanzado una gran pujanza en Venezuela a partir de la fundación del BK Banpeninsular en 1999. Éstos, surgieron a partir del impulso de la antropóloga Diana Vilera y de Salomón Raydán, filósofo y fundador de la Fundación de Financiamiento Rural (FUNDEFIR) a partir de  la idea de formar pequeños grupos de personas, geográfica y socialmente homogéneos, los cuales ponen sus ahorros en común con lo los que se constituye el capital inicial del BK, el cual se prestará posteriormente a sus miembros a cambio de un mínimo interés.

     Los BK están diseñados para actuar en tres niveles: el consumo, la generación de ingresos y la capitalización familiar. El objeto de los mismos es el de satisfacer las necesidades vitales de alimentos, medicinas, ropas y otros elementos del hogar para sus asociados, además de financiar a las pequeñas empresas familiares y enseñar técnicas de administración a sus miembros. Las posibilidades de las nuevas tecnologías también son aprovechadas por los BK y de hecho, en el presente año 2010, se está trabajando con objeto de compartir recursos en la red y de este modo crear un software de telefinanciación. En consecuencia, los BK, que actualmente son autónomos, pretenden ahora poner en marcha una gestión centralizada de los mismos utilizando sistemas informáticos.

     Dentro de los BK existe un triple sistema de calificación de los solicitantes de préstamos (niveles A, B y C) en función de la solvencia de éstos y de la prontitud para amortizar éstos. Existe, además, un tope máximo para las cuantías a prestar, la cual se debe devolver en 18 meses y, en caso contrario, la penalización de los pagos atrasados que puede llegar hasta el 12 %.

     En la actualidad existen centenares de BK en Venezuela, lo cual ha supuesto un éxito indudable en el proyecto de autofinanciación de las comunidades pobres y su ejemplo ha sido seguido por proyectos similares que se están ensayando en Bolivia, Brasil, Colombia, Senegal e incluso España.

     Un impulso decisivo para la expansión de los BK fue la aprobación en el año 2004 en Venezuela de una ley mediante la cual cada estudiante universitario debe dedicar 120 horas de su tiempo a trabajos comunitarios. De este modo, la Universidad de Oriente (UDO) no sólo creó su propio BK, sino que está desarrollando una importante labor social en este sentido al ofrecer a otros BK el apoyo y asesoramiento de los estudiantes de la Facultad de Administración, además de impartir cursos universitarios sobre microfinanzas, proyectos éstos a los que se ha unido más recientemente la Universidad de Caracas.

     Como señalaba Salomón Raydán, “el sistema bancario tradicional sólo es útil para más o menos el 20 %  de la población mundial, pero los demás también tienen necesidades financieras, aunque no tan sofisticadas como las de los bancos actuales”. De hecho, como señala Raydán, “Muhammad Yunus enseñó al mundo que nos pobres son financiables. Nosotros hemos demostrado que son auto-financiables”: para ello surgieron los BK, un proyecto alternativo y autogestionario de autofinanciación del crédito al cual algunos han dado en llamar “capitalismo de tercera generación” pues, tras los modelos propios de la era industrial y de la era financiera, se pretende ahora impulsar una nueva forma de gestión del capital crediticio más humana, incorporando la ética a la economía práctica financiera.

     Tal vez, el proyecto de los BK esbozado en Venezuela, se consolide como una alternativa humana y justa ante la actual voracidad que el capitalismo financiero supone y que, como consecuencia de la crisis global, está socavando los cimientos de nuestra economía y los principios y valores de nuestra sociedad. Ciertamente, se trata de una idea de gran interés en los convulsos y cambiantes tiempos que nos ha tocado vivir.

      José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 21 junio 2010 ; El Periódico de Aragón, 20 julio 2010)

 

 

EL COMPROMISO SOCIAL DE LA CULTURA

          

     Una vez, siendo estudiante y durante un viaje en tren a Madrid coincidí con una ciudadana argentina. Durante el mismo, comentamos largamente la difícil transición política que estaba teniendo lugar en el país austral recién salido de una siniestra dictadura militar. Eran los tiempos del Gobierno de Raúl Alfonsín en los que, además de esforzarse por consolidar la naciente democracia, se intentaba salir de una profunda crisis económica a la que había conducido la Junta Militar. Mi compañera de viaje me habló de las propuestas económicas  de Alfonsín, del llamado “Plan Primavera”, y, con profundo pesar, me añadió: “todos los políticos nos hablan de la primavera, pero nunca vemos las flores”.

     Estos recuerdos me vienen ahora a la memoria, enfangados como estamos en la vorágine y el desánimo propiciados por la crisis global que todo lo invade. Y es que tampoco ahora los ciudadanos de a pie vemos la primavera…ni las flores, sólo atisbamos la agudización de la crisis, los sacrificios que se nos exigen, un otoño caliente con la convocatoria de una huelga general plenamente justificada y un futuro incierto y lleno de pesimismo.

     En situaciones así, se hace necesaria una actitud  firme de la ciudadanía en la defensa de soluciones progresistas que supongan una salida justa de la crisis, siempre a favor de los sectores económica y socialmente más débiles. Por ello es tan importante el compromiso público con estas causas de la intelectualidad, del mundo de la cultura, de los sectores universitarios, pues ello sirve de referente al conjunto de la ciudadanía.

Enlazando con la idea anterior, en medio de la convulsa situación política de la España de la II República previa a nuestra dramática guerra civil, Federico García Lorca manifestaba su compromiso personal con los valores que defendía la democracia republicana ante Luís Bagaria, célebre dibujante del diario El Sol con estas palabras: “En este momento dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo; hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas”. Con estas líricas palabras evocaba García Lorca la necesidad de compromiso del mundo de la cultura con las causas justas: un compromiso que Luís Bagaria asumió desde las páginas de la prensa donde publicaba sus caricaturas, compromiso que mantuvo hasta su muerte en el exilio al poco de concluir la contienda.

     Ese mismo compromiso al que se refería García Lorca lo asumió también Jaime Bagaria Juárez, el hijo del citado dibujante. Jaime, siguiendo la estela de su padre, había iniciado una prometedora carrera como caricaturista la cual truncó la guerra civil. De hecho, iniciada ésta, Jaime se unió a las milicias catalanas que partieron hacia el frente de Aragón en defensa de la legalidad republicana. Jaime Bagaria, afiliado al Sindicato de Dibujantes Profesionales de UGT, resultó herido gravemente en un accidente fortuito ocurrido en Caspe: operado de urgencia en el Hospital de Sangre de Alcañiz, falleció en esta ciudad el 27 de julio de 1937, siendo posteriormente enterrado en el cementerio alcañizano. Al día siguiente, el periódico barcelonés La Vanguardia, que entonces se subtitulaba “diario al servicio de la democracia” y en el cual trabajaba su padre, se hizo eco del trágico suceso a la vez que se lamentaba de cómo el joven Jaime Bagaria había muerto “cuando empezaba a gustar las mieles del triunfo como caricaturista intencionado y sagaz”.

     Ciertamente, en aquellas dramáticas circunstancias bélicas, García Lorca, Jaime Bagaria y tantos otros artistas, intelectuales y personas vinculadas al mundo de la cultura, se comprometieron con la realidad social que les tocó vivir, se metieron “en el fango hasta la cintura”, tal y como había dicho el poeta granadino aunque ello les supusiera la vida, la cárcel, el exilio o el ostracismo por parte del fascismo entonces victorioso.

     Ahora, aunque la realidad no es tan dramática como entonces, resulta no obstante igual de necesario e imprescindible el compromiso militante del mundo de la cultura con los temas que preocupan a la ciudadanía: la defensa de los valores democráticos, la denuncia de la corrupción, el rechazo a las guerras, la defensa del medio ambiente y, de forma especial, la búsqueda de una salida progresista y solidaria a la crisis global sin olvidar tampoco la defensa de la dignidad y la memoria histórica republicana (ahí están los casos de los actos en apoyo al juez Garzón y de denuncia de la impunidad judicial de los crímenes del franquismo).

     El joven dibujante Jaime Bagaria enterrado en Alcañiz o Federico García Lorca, yacente todavía en una  fosa del barranco de Víznar, sentirían de este modo que su ejemplo y sacrificio ha merecido la pena para seguir manteniendo encendida la antorcha de la justicia social, la misma antorcha que hace décadas quiso apagar el fascismo, la misma antorcha que ahora quiere apagar la codicia desenfrenada e insaciable del neoliberalismo y la dictadura de los mercados financieros.

 

     (publicado en El Periódico de Aragón, 19 junio 2010 ; Diario de Teruel, 27 junio 2010)

 

UNA LEY DE ARIZONA

          

En estos días, está siendo noticia el Estado norteamericano de Arizona, una lejana tierra que evoca la época de  la conquista del Oeste, escenas de la desigual lucha entre la población india y los colonizadores blancos, las peleas entre pistoleros en una tierra donde el poder del más fuerte se imponía, de una tierra sin ley.  Y sin embargo, Arizona es ahora noticia por la aprobación de una ley, la conocida como SB 1070, que evidencia un preocupante poso reaccionario, xenófobo y racista.

Con arreglo a la Ley SB 1070, aprobada por el Congreso de Arizona, se permite a  la policía detener a una persona tan sólo por el color de su piel o su aspecto físico bajo la acusación de ser un inmigrante ilegal. Y no sólo eso, sino que los inmigrantes indocumentados ser detenidos, interrogados, encarcelados (hasta 6 meses), multados con hasta 2.500 dólares y posteriormente deportados a sus países de origen sin ninguna garantía jurídica. El hecho de criminalizar a las personas por su sola apariencia física y no por los delitos cometidos, es algo que resulta inadmisible en la legislación de cualquier país civilizado. El espíritu de esta polémica ley, que maltrata a los inmigrantes, recuerda peligrosamente a las tristemente célebres leyes raciales de la Alemania nazi mediante las cuales se perseguía a toda persona que no respondiese al arquetipo racial ario, tan exaltado por el delirio criminal hitleriano.

En el caso de Arizona, el objetivo de este ley es la población inmigrante latinoamericana, especialmente la de origen mexicano, colectivo que en dicho Estado cuenta con 450.000 residentes indocumentados. Digamos igualmente que el volumen total de la población inmigrante procedente de América Latina supone el 10 % de la mano de obra de Arizona (sometida por otra parte a condiciones laborales y salariales degradantes) y que, al igual que ocurre en California, Colorado, Nevada o Texas, uno de cada diez estudiantes de Educación Preescolar y de Primaria, tiene un padre indocumentado.

Ante esta realidad social, en vez de fomentar políticas públicas de integración, se ha optado por la solución más fácil, por penalizar a los sectores más débiles de la opulenta sociedad norteamericana, y éstos son los inmigrantes ilegales latinoamericanos. Por ello,  la Ley SB 1070 supone una muy grave involución respecto al siempre complejo tema de la política inmigratoria de los EE.UU..

Lo preocupante no es sólo la regresión legal que esta ley supone sino también el apoyo ciudadano con el que parece contar. De este modo, los sectores más duros de la derecha americana, vuelven a enarbolar la bandera de la “seguridad” ante potenciales “enemigos”,  que siempre identifican con los colectivos inmigrantes. Y es que, según una encuesta del diario The New York Times y de la Cadena CBS, el 51 % de los americanos consideran esta ley “correcta” y un 9 % más creen que “no es lo suficientemente estricta”. Y no sólo eso:  otros Estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Sur o Michigan, también se plantean el instaurar normativas inmigratorias similares a las de la Ley SB 1070.

Ante esta situación, las reacciones de protesta no se han hecho esperar. No sólo han dado lugar a  airadas quejas por parte de las autoridades de México,  a numerosas manifestaciones de protesta en Los Ángeles, Chicago, Washington, Nueva York, etc., sino que también a que un gran número de asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional, hayan pedido su inmediata derogación.

La ley aprobada en Arizona incumple toda la normativa legal según la cual se considera un derecho humano universal la protección contra todo tipo de detención arbitraria recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9), la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el art. 16 de la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990. Por otra parte, expertos juristas consideran que la criminalización de los inmigrantes indocumentados viola la Constitución de los EE.UU. dado que la 4ª Enmienda prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias, además de exigir la obligatoriedad de la existencia de una orden judicial previa a la detención de cualquier persona.

A la campaña de rechazo a esta ley racista se han sumado numerosas organizaciones defensoras de los inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) o la Coalición Nacional Puertorriqueña (NPRC) pues este último colectivo se siente también afectado ya que, pese a poseer la ciudadanía estadounidense, pueden ser interrogados y reclamarles la documentación si la policía les oye hablando español en vez de inglés.

Lo que es cierto es que nada podrá detener el deseo de muchos habitantes de América Latina de alcanzar el “sueño americano”. Es algo que sabemos muy bien en España, frontera sur de la Unión Europea, a donde la llegada de inmigrantes, especialmente procedentes de África en muchas ocasiones en condiciones dramáticas, jugándose la vida en precarias pateras, es noticia habitual. Hay que reconocer que es un derecho de todo ser humano el buscar para sí y para sus familias una vida mejor, algo por cierto reconocido por la Constitución de los EE.UU. cuando reconoce como derecho constitucional “la búsqueda de la felicidad”. Ciertamente, se trata de un derecho no sólo inalienable, sino también irrefrenable y esta ansia de una vida mejor, no hay barrera ni muro que la pueda contener.

Lo que está ocurriendo en Arizona resulta toda una advertencia, una señal de alerta pues ideas y propuestas similares pretenden ser implantadas por las derechas en algunos países europeos: recordemos las políticas regresivas en materia migratoria que están empezando a aplicar los gobiernos de Berlusconi en Italia o de Sarkozy en Francia. Todo un síntoma preocupante ante el cual debemos estar vigilantes en España para evitar que el tema de la inmigración, unido a los efectos sociales de la crisis económica,  aviven el caldo de cultivo favorable a los grupos de ultraderecha de corte racista y xenófobo o que el PP enarbole demagógicamente la bandera de la inmigración y la vincule a temas sensibles como es el de la seguridad ciudadana (ahí está lo sucedido con los folletos del PP de Badalona) con el único objetivo de obtener réditos electorales en vez de trabajar por la integración y la cohesión de una sociedad española cada vez más multicultural y multirracial.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 23 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 8 junio 2010)