Memoria histórica

LA AMARGA MEMORIA DE DOMINGO FÉLEZ

 

     En este año en que se cumple el 75 aniversario del exilio republicano, es  importante fomentar acciones que reivindiquen la memoria histórica democrática y antifascista. En este sentido, pese al evidente rechazo y aversión que este tema produce en los sectores conservadores (recordemos la supresión en Aragón del Programa Amarga Memoria por parte del Gobierno PP-PAR), resulta más necesaria que nunca la labor de investigadores, asociaciones y personas comprometidas en recuperar esta parte de nuestra historia. Es por ello un motivo de alegría la reciente publicación en Venezuela de un libro escrito por la prestigiosa investigadora Laura S. Leret, hija y nieta de republicanos represaliados por el franquismo, titulado Domingo Félez. Veterano de tres guerras (Víctima de los nazis, prisionero de EE.UU.). Dicha obra es un serio y documentado relato de la vida del republicano aragonés Domingo Félez Burriel, actualmente residente en Venezuela, a donde arribó tras haber sobrevivido a los avatares de nuestra contienda civil,  de la II Guerra Mundial y, de forma especial, después de los 5 años que pasó por el campo de concentración  nazi de Mauthausen.

     Laura S. Leret plasma la trayectoria vital de Domingo Félez desde su nacimiento en Alcorisa en 1920, en el seno de una familia de hondas convicciones republicanas, y en donde, iniciada la guerra civil, “como buen militante del Partido Socialista Obrero Español, a los 15 años me fui como voluntario”. De este modo, se convirtió en “el soldado más joven de España” y que, tras integrarse en la columna Carod-Ferrer y más tarde en la Macià-Companys, formó parte de la 30 División del Ejército Republicano, combatiendo en Belchite, Teruel y en la batalla del Ebro, siendo ascendido a sargento por méritos de guerra.

     El éxodo republicano le llevó a Francia y pasó por los campos de Argèles y Saint-Cyprien hasta que, reclutado por las Compañías Militarizadas de Trabajo francesas, estuvo construyendo las defensas de la Línea Maginot. Tras la derrota del ejército galo (junio 1940), fue capturado por los nazis cerca de Estrasburgo y enviado, al igual que varios miles de compatriotas, al campo de Mauthausen. Era el preso nº 4.779 en aquel lugar donde la vida y la dignidad humana no tenían ningún valor, una “matazón”, como lo define Félez. Allí trabajó en la tristemente célebre cantera, aquel infierno hecho piedra, al igual que Manuel Rifaterra, también de Alcorisa, el maestro de obras que realizó la famosa escalera de los 186 escalones y la construcción del reciento exterior del campo. Más tarde pasaría por el campo auxiliar de Gusen y fue trasladado por los nazis para trabajar como mano de obra esclava en la fábrica de motores de avión de Foche Wolf cercana a Viena, de donde no regresaría a Mauthausen hasta principios de 1945, permaneciendo allí hasta la liberación del campo por los americanos el 5 de mayo de ese año.

    Hasta aquí la historia de Félez sería similar a la de tantos republicanos españoles que sufrieron el cruel zarpazo de la barbarie nazi y lograron sobrevivir a la política de exterminio hitleriana. Pero el caso de Félez es distinto puesto que, tras  la liberación, fue detenido por las fuerzas de los EE.UU.  bajo la acusación, nunca probada, de haber colaborado con los verdugos nazis. Esta grave acusación ha pesado como una losa sobre la memoria de Félez y, uno de los capítulos más interesantes del libro es el que la autora dedica a los llamados Juicios de Dachau donde, junto a 1.672 criminales nazis,  se juzgó a 5 españoles, entre ellos Félez. Las investigaciones de Leret, basadas en la consulta de los Archivos Nacionales de los EE.UU. (NARA) y de los datos ofrecidos por Joseph Harlow, quien fuera transcriptor del Tribunal de Dachau y autor de un libro revelador (Innocent at Dachau, 1993), demuestran que se trató de juicios viciados, plagados de irregularidades (los testigos del fiscal estaban pagados, la defensa  no pudo contar con testigos fiables, se careció de intérpretes y asesores para los republicanos, etc.). Félez, tras 26 meses en prisión, fue juzgado en julio de 1947. El alcorisano alegó que “Todo esto es puro embuste” y, sin embargo, fue condenado a 2 años de prisión. Al conocer la sentencia, declaró: “Quiero decirle al Tribunal que he luchado contra el fascismo por once años y que no soy ningún criminal”. No obstante, fue acto seguido liberado pues su condena era equivalente al tiempo que había estado en la celda de Dachau a la espera de juicio.

     A su salida de la cárcel, un viejo alemán le leyó la mano y le predijo su destino: “Tienes un futuro bueno, un viaje muy largo a un lugar donde te espera una muchacha morena muy bonita”. Y así fue: embarcó en Bremen con destino a Venezuela a donde llegó en octubre de 1947 y allí inició una nueva vida, se casó con Gladis González y tuvo tres hijos (Ilich, Thaelman y Coromoto).

     Otro capítulo interesante de la vida de Félez es el de sus años de participación en la guerrilla revolucionaria procastrista de Venezuela, a la cual se unió en 1962 permaneciendo en la clandestinidad durante 7 años hasta que, como consecuencia de la política de pacificación del presidente Calderón, en 1969 retornó al hogar familiar en La Victoria,  donde hoy sigue residiendo.

     Félez es una de las últimas voces de los republicanos españoles supervivientes del nazismo y hoy, a sus 94 años, casi ciego, en su vivienda ocupa un lugar destacado una fotografía de la puerta de su casa natal en Alcorisa (C/ Mayor, 24), a donde ya nunca regresó, mientras, con sereno estoicismo, señala que “estoy esperando a que llegue la hora de morirme”.

     Esta es la amarga memoria de Domingo Félez, un luchador republicano contra el fascismo en España, superviviente de la barbarie nazi en Mauthausen, guerrillero revolucionario en Venezuela, el cual representa un testimonio emotivo y veraz de un tiempo rasgado por las tragedias y luchas del s. XX y, a la vez, una lección de compromiso político, tenacidad y coraje ante la adversidad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 26 mayo 2014)

 

FRANQUISMO DE BAJA INTENSIDAD

 

     En estos dos años de gobierno de Rajoy  se han ido acumulando una ingente cantidad de despropósitos, incumplimientos electorales y recortes democráticos, sociales y laborales de todos conocidos. En este decidido impulso de intentar hacer retroceder el reloj de la historia y del progreso hacia tiempos pasados por parte de la derecha gobernante, resulta reveladora su actitud hacia un tema que, a fecha de hoy, sigue pendiente en nuestra sociedad: la recuperación de la memoria histórica democrática y la consiguiente reparación moral y jurídica que se debe a las víctimas de la dictadura franquista.

     En este tema, el memorial de agravios para con la insensible derecha española ante tan elemental cuestión de justicia democrática es abultado: resulta inaceptable su permanente olvido cuando no desprecio para con las víctimas y sus descendientes; su mezquina actitud ante los intentos del juez Garzón cuando intentó investigar los crímenes franquistas que no cejó hasta lograr su inhabilitación; su negativa a aplicar en España la legislación penal internacional; su inhibición ante las obligaciones de los poderes públicos derivadas de la Ley de Memoria Histórica (LMH), totalmente ineficaz al vaciarla, además, de dotación presupuestaria mientras se destinaban a la restauración del Valle de los Caídos, sombrío panteón del dictador, 280.000 euros. A todo ello habría que añadir la supresión de la Oficina de Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura, surgida tras la LMH o la previsible reprobación al Gobierno español por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dado que España ostenta, a fecha de hoy, el segundo puesto, tras Camboya, entre los países con mayor número de desaparecidos y asesinados como consecuencia de la violencia política. Todo lo dicho supone un grave cúmulo de actitudes y medidas reaccionarias y lo son tanto en cuanto “reaccionan” desde posiciones propias de la más rancia derecha ante los tímidos avances en materia de recuperación de la memoria histórica democrática que en su día impulsó el gobierno de Zapatero.

     Por si fuera poco, y con una actitud cada vez más arrogante y autoritaria en las prietas filas de la derecha española, el pasado 4 de noviembre tuvieron lugar las ofensivas e hirientes declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería cuando declaró en 13TV, refiriéndose a los familiares de las víctimas del franquismo,  que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Las palabras de Hernando, no sólo ofenden a miles de familias, sino que, también son mentira y él lo sabe puesto que, desde la llegada al poder del PP, ninguna asociación memorialista recibe subvenciones públicas para tareas de localización y exhumación de fosas: conviene recordarle al diputado Hernando que, en su tierra andaluza, según datos de 2010, hay 47.399 asesinados sepultados en 614 fosas sin nombre.

     Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo demandó por “injurias graves” y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), le exigió una inmediata rectificación o que dimitiese recordándole a Hernando que, “a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de los ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos”. Y es cierto, si el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha acuñado el término de “democracia de baja intensidad”,  este caso concreto, como señala Antonio Avendaño, la actitud de Hernando y buena parte de la derecha española evidencia que “siguen profesando, sin saberlo, un cierto franquismo de baja intensidad incapaz de advertir la crucial diferencia que existe entre la paz y la victoria”. La razón es obvia: buena parte del PP es heredero sociológico del franquismo y, tal vez por ello, como decía Aníbal Malvar, “cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta, me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra y no unas elecciones cuatrienales”.

     Este escaso barniz democrático de este sector de la derecha española contrasta con el caso de otras derechas europeas que, como el gaullismo francés, se forjaron en la dura lucha contra el fascismo. No ocurrió así en el caso de España donde, excepto honrosas excepciones, la derecha mantuvo su adhesión inquebrantable a Franco hasta la muerte del dictador y aún después,  ya que mantiene, todavía, una buena dosis de franquismo sociológico en sus ideas y actuaciones.

     Y en esta defensa de la memoria democrática, en esta necesidad de conservar “la cadena de la memoria” a la que se refería Elías Canetti, una consideración final. A las autoridades políticas y judiciales españolas debería causarles cuando menos sonrojo y vergüenza, el hecho de que ciudadanos nuestros, en algunos casos ancianos octogenarios, se hayan visto obligados a atravesar un océano para declarar ante la justicia argentina, ante la juez María Servini, contra los crímenes del franquismo, para reclamar la justicia reparadora a la cual tiene derecho toda víctima, una justicia que la democracia española ha sido incapaz de ofrecer, lo cual descalifica en gran medida a nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Lamentable e indignante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 diciembre 2013)

 

 

JUSTICIA Y MEMORIA

 

    Mucho cambió la imagen de la Justicia española tras la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  en febrero de 2012 por su investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto para nuestra Judicatura un grave descrédito tanto en España como en el extranjero. Por ello, ante una Justicia autista frente a las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (el Tribunal Supremo se negó a hacerlo alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer  a la Justicia española, incapaz de adoptar en esta materia los principios de la legislación y justicia universal, para castigar los crímenes del franquismo, que tienen, no lo olvidemos, la calificación jurídica de “crímenes contra la humanidad”.

       En este contexto, un nuevo rayo de esperanza se abre con la reciente visita a España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU con la intención de ayudar a resolver los casos de los todavía 130.000 desaparecidos (estremece la cifra) como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura franquista en las 2.800 fosas que salpican la geografía y la conciencia de España. A esta situación se ha llegado ante el desamparo total de que han sido objeto las víctimas tanto por parte del Gobierno como de la Justicia española. Al margen de las tímidas acciones llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en  2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en la actualidad incumplida sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, esta herida  de nuestra democracia ha hecho que las asociaciones memorialistas busquen la internacionalización de sus demandas como única vía para hacer justicia ante tanto oprobio y olvido. Así, tras la neutralización jurídica de Garzón, las asociaciones memorialistas, acogiéndose al principio de justicia universal, iniciaron la querella contra los crímenes franquistas ante los tribunales de Argentina, una vía que hoy está resultando esperanzadora no sólo para la reparación moral y jurídica de las víctimas sino para la condena pública y universal de los criminales,  hasta ahora impunes gracias a la Ley de Amnistía de 1977 que, en la práctica, fue una ley de impunidad absoluta, un peaje que hubo que pagar durante la Transición para avanzar hacia la ansiada democracia en España.

     Otras acciones se están llevando a cabo en esta línea ante el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y, es probable que las conclusiones del informe que elabore Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU supongan una amonestación para España por su pasibilidad en la resolución de este triste episodio de nuestra historia y su negativa a aplicar con todas sus consecuencias la legislación penal internacional ante este tipo de crímenes de lesa humanidad que, precisamente por ello, son jurídicamente imprescriptibles. El tema es motivo de polémica y, mientras el Gobierno del PP no tiene ningún interés  en las políticas públicas de la memoria, el fiscal de la Audiencia Nacional ya ha manifestado su opinión contraria a las acciones de la juez Servini. Por el contrario, los fiscales progresistas calificaban de “penosa” la posición de la Justicia española en este tema, y el juez Pablo Ruz, ha dado un paso al frente al citar a declarar a los torturadores Muñecas y González Pacheco (a) Billy el Niño reclamados por la Justicia argentina.

     Aunque la vía internacional ha desbloqueado siquiera sea en parte esta cuestión, considero que, tarde o temprano,  los crímenes franquistas deben ser investigados en España y ello será una garantía de madurez de nuestra democracia y una prueba de que la Justicia es digna de tal nombre. Y, para ello, además de las acciones judiciales pertinentes, resulta imprescindible el crear una Comisión de la Verdad  tal y como se hizo en diversos países de América Latina, unos países que ahora nos dan ejemplo de valentía judicial en la lucha contra la impunidad de las dictaduras y sus cómplices. Y a todo ello no debería oponerse la derecha española, esa derecha que tanto ha monopolizado a las víctimas del terrorismo de ETA y que, en cambio, siempre ignoró a las de la dictadura franquista porque como señalaba Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que ha logrado procesar al exdictador Ríos Montt, “las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo”.Y algo no menos importante: esta página negra de nuestra historia debe de ser estudiada en los libros de texto, al igual que la enseñanza del Holocausto es obligatoria en los programas educativos de diversos países para inmunizar a la juventud frente a la amenaza fascista, esa que siempre resurge en tiempos de crisis económica como los que ahora padecemos y como pone de manifiesto el caso de Grecia.

     El prestigio y eficacia de la Justicia en España dependerá de la resolución de todas estas cuestiones y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón y de la reapertura de los sumarios sobre los crímenes franquistas. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras de Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es una auténtica Justicia democrática que demandamos los ciudadanos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2013)

 

MEMORIA HISTÓRICA SIN FRONTERAS

 

     Los pasados días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Oloron-Sainte Marie un Encuentro de Asociaciones francesas y españolas de la Memoria Histórica, al cual asistieron 17 entidades de ambos países, entre ellas, cuatro aragonesas (Círculo Republicano Galán y García Hernández de Jaca, ARICO, Foro por la Memoria de Aragón y la Fundación Bernardo Aladrén). El Encuentro, organizado por  Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML) bajo el lema “La Memoria Histórica, una cuestión de dignidad y justicia democrática”,  sirvió para abordar diversos temas y proyectos relacionados con esta materia a ambos lados del Pirineo.

     En primer lugar, se analizó la situación actual de las políticas públicas de la memoria, constatando con pesar la involución que se está produciendo tras la llegada de la derecha al poder en España. Ejemplo de ello serían la total supresión de dotaciones para memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la desaparición de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por el anterior Gobierno del PSOE, o la supresión por parte del Gobierno de Aragón del Programa Amarga Memoria que, durante estos últimos años había realizado una meritoria labor.

     Especial atención se dedicó a la vigente Ley de la Memoria Histórica: se valoraron su logros (reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y sus descendientes, subvenciones concedidas para exhumaciones de fosas, publicaciones y actividades diversas) y se criticó el que sea una ley que carezca de apoyatura jurídica y de un reglamento específico para desarrollarla. Unánime fue la exigencia de anulación de todas las sentencias y condenas dictadas por los tribunales franquistas para así lograr la plena reparación jurídica de las víctimas: ciertamente, al Gobierno de Zapatero le faltó valentía política en este tema, en contraste con lo hizo el Gobierno de Alemania cuando en 1998 aprobó la Ley de nulidad de las sentencias injustas del nazismo.

     Se trató igualmente el tema de las fosas comunes, consideradas legalmente como “muestras de delito”, ejemplo flagrante de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, razón por la cual todas las exhumaciones deben realizarse a partir de una denuncia inicial que obligue a la justicia a actuar y, consecuentemente, levantar los restos siempre en presencia de un juez y con las indispensables garantías jurídicas. En este sentido, se puso como ejemplo el protocolo de actuación vigente en Aragón el cual, además de muy estricto en cuanto a la aplicación de criterios arqueológicos y antropológicos, se ha cumplido de forma rigurosa. Sobre el tema del Valle de los Caídos, hubo igualmente unanimidad para exigir sacar los restos del dictador del recinto, recordando, tal y como años atrás señaló Baltasar Garzón, que “los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles”.

     Por otra parte, se fijaron los criterios de actualización del Manifiesto en Defensa de la Memoria Histórica Republicana hecho público en Zaragoza en octubre de 2011, incluyendo en el mismo la exigencia de internacionalizar judicialmente las demandas y denuncias por los crímenes franquistas, el apoyo a la Red AQUA sobre las acciones judiciales que, en esta materia, se han abierto en Argentina, así como apoyar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo

     También se trató en profundidad el tema de “Educación y memoria histórica” y, del Encuentro de Oloron salieron propuestas concretas como la realización de encuentros entre profesores de historia españoles y franceses, el impulso de contactos entre las universidades de Pau, Toulouse, Zaragoza y la Complutense de Madrid, la adaptación del proyecto Las Rutas de la Memoria a otras  comunidades autónomas para impulsar una red transfronteriza que fomente los intercambios escolares (4.000 estudiantes visitan anualmente el cercano Campo de Concentración de Gurs), la creación de una red de recursos didácticos y pedagógicos con objeto de divulgar  aspectos relacionados con la memoria histórica, o la puesta en marcha del Tren de la Memoria entre París y Albacete, propuesto por la Asociación de Amigos de Combatientes de la España Republicana (ACER), comprometido con la memoria de las Brigadas Internacionales, o el proyecto de Toulouse como “capital del exilio republicano español” desarrollado por su Ayuntamiento, presente en Oloron por medio de Pierre Lacaze, alcalde-adjunto de dicha ciudad francesa.

     Se constató la necesidad imperiosa de realizar pedagogía sobre este tema por parte de los profesionales de la educación y las asociaciones memorialistas, sin olvidar hacer frente al revisionismo, el cual, como nos recordaban las asociaciones francesas, es un fenómeno internacional, que se extiende como un cáncer cuando nos referimos a la historia de la II República, la Guerra Civil y el franquismo, alentado últimamente por la involución que suponen las actuales políticas educativas del PP. Una autocrítica interesante fue el constatar la escasa presencia de los investigadores en los medios de comunicación pues, excepción hecha de Julián Casanova, son pocos los historiadores que defienden en ellos la dignidad y la memoria histórica, especialmente en el caso de los medios audiovisuales,  cada vez más copados por pseudohistoriadores y tertulianos, tal y como nos recordaba la Asociación republicana Ay Carmela de Burdeos.

     A modo de conclusión, como señalaba Raymond Villalba, presidente de TML, trabajar por la memoria histórica republicana debe valernos para las luchas actuales a favor de la libertad y la igualdad, para combatir las políticas regresivas de la derecha y la vuelta de los neofranquistas. Esta es una lucha por una causa justa, ya que no se puede hacer memoria sin justicia y porque debe quedar claro que no defendemos una memoria “partidista”, sino una memoria “democrática”. Y eso es lo importante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 octubre 2012)

UN ESPECTRO DEL PASADO

 

     En fechas  recientes, el Grupo Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto, con toda justicia y razón, la retirada de la medalla de la ciudad y el título de “Alcalde honorario” a Ramón Serrano Súñer, uno de los personajes más siniestros del franquismo, título que ostenta desde 1938.

     Serrano Súñer estuvo vinculado a Zaragoza cuando, como joven abogado del Estado, fue destinado a la capital aragonesa. Allí conoció a Ramona Polo, cuñada del general Francisco Franco, por entonces director de la Academia General Militar, con la que se casaría, ceremonia en la que fueron sus testigos José Antonio Primo de Rivera, y el mismo Franco, lo cual nos indica ya la orientación política de Serrano Súñer. Y en Zaragoza, entraría en política, siendo diputado por esta provincia en las filas de la CEDA (1933-1936), evolucionando posteriormente hacia un ardoroso fascismo que le impulsó a conspirar activamente contra la República.

     Iniciada la guerra civil, logró llegar a Salamanca, poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco, su cuñado, convertido ya por entonces “Generalísimo” de las fuerzas liberticidas y reaccionarias alzadas contra la legalidad republicana. Serrano Súñer, convertido ya en el “Cuñadísimo” del Caudillo, al amparo de éste fue acumulando un inmenso poder político que le convirtió en uno de los principales jerarcas del régimen franquista. Además de ser el redactor del Decreto de unificación que creó FET y de las JONS, el partido único de la dictadura de cuya Junta Política fue presidente, fue ministro del Interior (1938) y más tarde de Gobernación (tras la unión de Interior y Orden Público), cargos de los que fue el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a la que fueron sometidos los republicanos  tanto en el interior de España como aquellos que se habían exiliado: gracias a sus buenas relaciones con el régimen de Vichy y el nazismo, logró que fueran entregados a las autoridades franquistas algunos destacados dirigentes republicanos que, como fue el caso de Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys, serían posteriormente fusilados. Recordemos además que, Serrano Súñer firmó un acuerdo de cooperación policial con la Alemania nazi cuando Himmler, el siniestro jefe de las SS hitlerianas, visitó Madrid en octubre de 1940: consecuencia del mismo, se inició la deportación de los republicanos españoles en los territorios ocupados por el Reich a los campos de exterminio nazis, especialmente al de Mauthausen. De este modo, en la entrevista que tuvo  con Hitler el 25 de septiembre de 1940, Serrano le dijo al Führer: “puede hacer con estos rojos lo que quiera porque la nueva patria no los considera españoles”: quedaba así sellado el dramático destino de millares de nuestros compatriotas. Manuel Leguineche recoge el testimonio de Antonio García Barón, un anarquista de Monzón superviviente de Mauthausen que corrobora esta idea al recoger las declaraciones del comandante Franz Ziereis, jefe nazi de dicho campo, quien antes de morir, “me dijo saber que los presos españoles estábamos allí por petición directa de Serrano Súñer a Hitler. El fue el que nos condenó a muerte”. Por todo ello merece el oprobio y el repudio en la historia y en la conciencia cívica de los españoles.

     Además de  artífice de la represión, Serrano Súñer, siendo ya ministro de Asuntos Exteriores, como germanófilo convencido que era, fue un decidido partidario de que la España franquista entrara en la II Guerra Mundial a lado de las potencias fascistas. Recordemos las entrevistas que, con tal motivo efectuó con los principales jerarcas nazis durante los meses de septiembre-octubre de 1940. En su encuentro con Hitler del 17 de septiembre, Serrano le expuso el programa imperialista de Falange, inspirado en el delirante libro de Areilza y Castiella titulado Reivindicaciones de España y en el que el régimen franquista deseaba anexionarse a cambio de su apoyo militar al Eje, además de Gibraltar y el Marruecos francés, el Oranesado argelino, ampliaciones territoriales en Guinea y el Sahara, así como Andorra y el Rosellón y la Cerdaña, esto es, la Cataluña francesa. Diversos motivos hicieron que, pese a que Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra (sin fecha concreta) en el Protocolo de Hendaya tras la entrevista de Hitler y el dictador español, lo cierto es que la mano de Serrano fue la impulsora de la creación de la División Azul.

     El historiador Julián Casanova se hacía eco de la nefasta trayectoria política de Serrano Súñer en un excelente artículo titulado “Serrano Súñer y la sombra de la represión franquista” (El País, 12 septiembre 2003) con motivo del fallecimiento del político, cuya lectura resulta reveladora señalando cómo éste, pese a intentos exculpatorios posteriores, “estuvo allí, en primera línea, acumulando poder, en los años más duros, cuando más se humilló, torturó y asesinó, en el momento en que se puso en marcha el sistema represivo policial, con la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió, con Franco, la rendición incondicional de los rojos, sitió fascinación por las potencias fascistas y odió a las democracias”. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha aplicado la Ley de Memoria Histórica en la toponimia urbana (aunque todavía no ha dedicado la calle prometida hace años a Bernardo Aladrén) y que erigió un digno memorial en el Cementerio de Torrero en honor a las víctimas de la represión franquista, debería de acabar con el lastre que supone el que Serrano Súñer siga ostentando una  distinción que le concedió la corporación zaragozana en plena guerra civil. Ha llegado el momento de acabar con este oprobio, pues resulta ofensivo para la memoria de las víctimas e indigno para la historia de Zaragoza, pues bajo ningún concepto debe honrarse a ese espectro del pasado, del peor y más triste pasado, aquel que representa la figura de Ramón Serrano Súñer.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 septiembre 2013)

 

 

WANNSEE

 

     En tiempos de crisis económica y social, se suelen agitar los negros espectros del racismo y la xenofobia: ocurrió en la Europa de entreguerras y vuelve a ocurrir ahora, y hay que estar alerta ante este peligro, este cáncer para la democracia. Es preciso recordarlo, ahora,  en este año en que se cumple el 70º aniversario de la Conferencia de Wannsee en la que el 20 de enero de 1942 se reunieron  15 jerarcas nazis para adoptar las medidas necesarias para poner en marcha la “solución final”, el exterminio de todos los judíos de Europa en lo que fue conocido como el Holocausto, la Shoah, una de las páginas más trágicas de la historia de la Humanidad.

      En dicha reunión, presidida por Reinhard Heydrich,  jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA), se expuso un plan, el Protocolo de Wannsee, definido por Mark Roseman como “el documento más vergonzoso de la era moderna” dado que “no ha existido jamás una descripción más tenebrosa y funesta” de la planificación metódica de un genocidio. Sus artífices (oficiales de las SS, altos funcionarios y miembros del Partido Nazi), eran personas de un elevado nivel de instrucción: dos tercios de ellos tenían títulos universitarios y, más de la mitad, doctorados, generalmente en derecho. Nadie podía imaginar que, como Wannsee puso de manifiesto, en Alemania, país de los poetas y  filósofos, se pudiera engendrar la bestia del nazismo cuyo delirio criminal avocó al mundo a la sangrienta II Guerra Mundial y al Holocausto.

     ¿Cómo se llegó a Wannsee?. La semilla del odio antisemita fue germinando con fuerza desde años antes: baste recordar la retórica antijudía de Hitler en Mi Lucha (1925) y, tras la llegada de éste al poder en 1933, las leyes racistas de Nüremberg (1935) o la trágica Noche de los Cristales Rotos (9 noviembre 1938). Fueron años en que la Alemania nazi pretendió eliminar la influencia social judía, desposeerlos de sus bienes y riquezas y expulsarlos del Reich. Todo cambió al estallar la II Guerra Mundial en que la brutalidad antijudía adquirió una nueva dimensión y la idea de exterminio se fue abriendo paso. Ya lo había advertido Hitler a sus fieles: “Cierren sus corazones a la compasión: método brutal”. Así, tras la invasión nazi de la URSS (junio 1941), se inició la guerra genocida contra los judíos. Fue allí donde tuvieron lugar los primeros fusilamientos masivos (recordemos Babi Yar) y en donde se fueron ampliando gradualmente el espectro de las matanzas: del asesinato de funcionarios soviéticos y judíos  con cargos se pasó al asesinato de todos los judíos varones en edad militar, al de mujeres y niños  y luego al de comunidades enteras.

     En este contexto, el 31 de julio de 1941 Hermann Goering encargó a Heydrich  “un plan total de las medidas organizativas, prácticas y financieras preliminares para la ejecución de la solución final en Europa”. Se acababa de este modo la idea inicial de Hitler de deportar a los judíos a los territorios del Este  y tenerlos allí como rehenes y sólo actuar contra ellos en caso de que EE.UU. entrase en la guerra. En consecuencia, como señala Gerlach, tras la declaración de la guerra por Alemania a los EE.UU. (11 diciembre 1941),  Hitler decidió dar el paso definitivo para lograr el “exterminio de todos los judíos europeos” y de la “solución territorial” (reserva judía en el Este) se pasó a la “solución final”: fue entonces cuando se hicieron los primeros ensayos  de asesinatos en cámaras de gas como método alternativo a los fusilamientos  masivos cometidos  hasta entonces por los Einsatzkommandos creados por Heydrich.

     A mes siguiente tuvo lugar la Conferencia de Wannsee en cuya acta se señala, con absoluta frialdad, que la “solución final” afectaría a 11 millones de judíos europeos, los cuales aparecían desglosados en una tabla  dividida en una Parte A (número de judíos a exterminar en cada uno de los países bajo ocupación o control alemán) y una Parte B, en la que se indican los judíos de los países europeos aliados de la Alemania nazi, de los países neutrales (se incluye España en la que se señala, había 6.000 judíos) y aquellos otros países con los que el Reich estaba todavía en guerra.

     Tras la Conferencia de Wannsee, Heydrich, su promotor, estaba satisfecho: se había puesto en marcha la “solución final” y, por ello,  y se fumó un puro acompañado de tres copas de coñac. En Wannsee estaba nevando, también sobre las gélidas conciencias de los artífices del genocidio.

     La guerra siguió con virulencia creciente, y el Holocausto se desarrollaba con precisión germánica. Pero, en medio de tanta tragedia, la historia hizo justicia con los criminales de Wannsee: Heydrich murió en Praga en un atentado  de la Resistencia checa (junio 1942) y Adolf Eichmann,  su principal colaborador y Jefe del Departamento de Asuntos Judíos de la RSHA, tras huir a Sudamérica al final de la guerra, fue secuestrado en Buenos Aires por un comando judío del Mossad y, tras ser juzgado, fue ahorcado en Jerusalem un 31 de mayo de 1962, hace ahora 50 años.

     La sombra de Wannsee fue dramática pero el combate jurídico contra el nazismo, como pusieron de manifiesto los procesos de Nüremberg y Eichmann, sentaron las bases de la legislación penal internacional, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y abrió la puerta para juzgar, entonces y ahora, a criminales y dictadores. Por ello es necesario recordar lo que supuso Wannsee ahora que el espectro del nazismo reaparece peligrosamente en diversos países de Europa, entre ellos, Grecia, la cuna de la civilización occidental.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 18 junio 2012)

 

UNA FECHA A RECORDAR

 

     Recientes todavía los ecos del 1º de Mayo,  Día Internacional de los Trabajadores, cuyos derechos se hallan hoy más amenazados  que nunca, hay otra fecha en el calendario de  la memoria y conciencia cívica:  la del pasado 8 de Mayo, el Día de la Victoria aliada contra los regímenes fascistas que, en 1945, puso fin a la sangrienta II Guerra Mundial. Aunque oficialmente España no fue beligerante en la contienda pese a que el régimen franquista apoyó a las potencias fascistas (recordemos la División Azul) y sólo se desmarcó de ellas al soplar vientos de derrota para los países del Eje, recordamos ahora el 8 de Mayo en homenaje a la activa participación de los republicanos españoles en la victoria aliada, los cuales  combatieron en todos los frentes y bajo diversas banderas, sumándose a grupos guerrilleros  o bien alistándose en los ejércitos aliados: desde Narvik  a Camerún y Níger; desde Chad hasta los desiertos africanos de Egipto, Libia, Túnez o Argelia; desde las playas de Normandía hasta la inmensa URSS, batiéndose en los frentes de Leningrado, Moscú, Stalingrado o el Caúcaso, los españoles lucharon con coraje contra el fascismo.

     En el caso de la vecina Francia, donde se hallaba al inicio de la II Guerra Mundial el mayor contingente del exilio republicano, según  el libro Los españoles en la Resistencia Francesa y su aportación a la lucha antifranquista  de Sixto Agudo, más de 20.000 compatriotas nuestros participaron en los combates de liberación de Francia en las filas de las FFI. Por su parte, el historiador Jean Ortiz, en su libro Guerrilleros en Béarn, destaca que el número de republicanos españoles en las filas de la Resistencia supuso un 10 % de sus efectivos totales por lo que, proporcionalmente, fue “muy superior a la de los franceses”. En el Béarn se integraron mayoritariamente en la Unión Nacional Española (UNE) y su brazo armado (el XIV Cuerpo de Guerrilleros) que más tarde se convertiría en la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE). Ortiz señala de forma especial la participación en la Resistencia pirenaica de los republicanos aragoneses, la mayor parte de ellos militantes del PCE, como fue el caso de Julio Ferrer, (uno de los fundadores del MOI, que se convertirá en la primera organización resistente en el Béarn), Carmen Blasco (vinculada a la Unión de Mujeres Españolas) o Félix Burguete, jefe de la 226ª Brigada guerrillera.

     Tras la ocupación hitleriana de la llamada “zona libre” de Francia (noviembre 1942), se reactivaron los núcleos del maquis, especialmente en el valle de Ossau. Allí surgió la  10ª Brigada de Guerrilleros que tenía su base de operaciones en el Col de Marie-Blanque y estaba al mando de Hilario Borau, natural de Canfranc que, al igual que otros jefes aragoneses del maquis que actuaban en el Pirineo francés, como Francisco Cavero o Ricardo Sánchez, habían combatido durante nuestra Guerra Civil en la 43ª División bajo el mando de Antonio Beltrán, “El Esquinazau”.

     Cuando el 15 de agosto de 1944 tuvo lugar el desembarco aliado en Provenza y el consiguiente repliegue del XIX Ejército Alemán, se produjo una ofensiva guerrillera en el Pirineo así como la liberación de amplias zonas del sur de Francia desde Burdeos a Toulouse. A pesar de la masacre de Buzy-Buziet del 17-18 de julio de 1944 en que la fueron asesinados 15 combatientes españoles por las tropas de las SS, la citada 10ª Brigada tuvo un papel decisivo en la liberación  de los valles pirenaicos de Aspe y Ossau. Por  ello, como recordaba Sixto Agudo, “no hay ciudad pirenaica que no recuerde con cariño a los maquis españoles. Sus nombres están grabados al lado de los combatientes de las FFI en las estelas y monumentos erigidos en su honor en diversos lugares testigos de los gloriosos combates en los que participaron”. Por su parte, Jean Ortiz califica de “auténtica epopeya” la lucha de los guerrilleros antifascistas españoles, aquellos a que tras la liberación de Francia, por la que tanta sangre vertieron, se vieron abandonados por los aliados a la hora de acabar con la dictadura de Franco. Fueron, en expresión de Vázquez Montalbán, unos “atletas morales” que supieron hacer frente a todo tipo de adversidades y así, escribir, según Jean Ortiz, “una de las más bellas páginas del siglo XX, un siglo de grandes propósitos idealistas”.

     Este 8 de Mayo, como ocurre desde 1945, todos estos luchadores de la libertad han recibido un homenaje en los memoriales que los recuerdan y las flores adornan las tumbas en las que reposan : ¡Qué lejos está todavía España en el camino de la dignificación de la memoria de los republicanos, de todos aquellos paisanos nuestros que, todavía, siguen yaciendo en las fosas de la ignominia, esas fosas que salpican nuestra geografía, estas tierras de España por las que, como escribió Antonio Machado, “cruza errante la sombra de Caín”!.

     En estos tiempos de retrocesos en derechos y libertades, cuando se están perdiendo los tímidos avances logrados en la defensa de la memoria histórica republicana (recordemos lo sucedido con el juez Garzón o la supresión por la derecha de las políticas públicas de la memoria como ha ocurrido en Aragón con el Programa Amarga Memoria), adquiere especial sentido la afirmación de Émile Zola cuando decía que “la verdad y la justicia son soberanas, porque sólo ellas garantizan la grandeza de las naciones”, algo que debemos recordar  en estos tiempos en que se atisba en Europa la amenaza emergente de los movimientos fascistas y xenófobos, una amenaza real para los valores cívicos en los que se sustenta nuestra sociedad democrática.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 10 mayo 2012)

GARZÓN, PROCESADO

 

     El procesamiento del juez Garzón  ha dejado en evidencia, como señalaba la Federación Estatal de Foros por la Memoria, no sólo “la plena vigencia del sistema jurídico español de impunidad” a la hora de investigar los crímenes del franquismo, sino, también, la “indefensión legal” de sus víctimas. La imagen de Garzón en el banquillo, ha avivado la polémica política y ciudadana a la vez que está teniendo un importante eco mediático internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     Se acusa a Garzón de “prevaricación”, de no ser competente para investigar estos crímenes y, para ello, Manos Limpias, irónico nombre de un colectivo ultraderechista que emponzoña cuanto toca judicialmente hablando, se escuda en la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía mediante la cual quedaban amnistiados (y prescritos) los crímenes del franquismo. Frente a esta postura, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona,  plantea dos cuestiones esenciales: la primera, que, dado que estos delitos tienen la categoría jurídica de “genocidio” y de tratarse de miles de desapariciones forzadas en paradero desconocido,  son impresciptibles y, consecuentemente, pueden ser investigados con retroactividad. La otra cuestión importante es la supuesta impunidad que ampara la referida Ley de Amnistía de 1977, la cual, con arreglo a la legislación penal internacional, tendría nulos efectos jurídicos y, consecuentemente, dejaría de ser una barrera, como desea la derecha política y judicial, para investigar (y condenar) los crímenes franquistas y, de paso, acabar con la labor desarrollada por Garzón desde la Audiencia Nacional.

     El procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008 por el que se inició la investigación de los crímenes franquistas.

     Así las cosas, el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los acuerdos y tratados que, en materia de legislación penal internacional ha suscrito España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España) va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. El hecho de que tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo, nos da una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y en marzo de 2009, Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

     Frente al argumento jurídico de “prevaricación” esgrimido para procesar a Garzón por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y  Manos Limpias, es importante señalar que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello implica la nulidad de la polémica Ley de Amnistía de 1977 así como la modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que legalizaba los actos jurídicos represivos del franquismo. Y es que Garzón, pese a su procesamiento, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos apoyados en la jurisprudencia internacional. Como dijo Albert Camus, “uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen” y, por ello, Garzón, que ha sido coherente con este ideal,  merece nuestro apoyo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Independiente de Canarias, 8 febrero 2012)