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UNA TEOLOGÍA INDIGNADA
A las reacciones y protestas de partidos, sindicatos y movimientos sociales ante la brutalidad de las imposiciones neoliberales en la actual crisis global, también la teología de signo progresista ha dejado oír su voz. Así, Leonardo Boff, uno de los principales exponentes de la teología de la liberación, ya advertía de la magnitud de una crisis que no era coyuntural sino estructural, fruto de una falta de ética y de una codicia financiera desmedida, fomentada por un capitalismo de una voracidad insaciable. Las consecuencias sociales, recordaba Boff, pesaban de forma abusiva sobre los sectores más débiles de la sociedad, con el agravante de que la crisis ha hecho fracasar en gran medida el ambicioso plan de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que pretendía reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el año 2015 y lo mismo podemos decir en relación al Protocolo de Kyoto o a los decepcionantes resultados de la XVII Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático de Durban. Toda esta situación resulta especialmente escandalosa pues, si lamentablemente se han ido estrangulando a nivel mundial estos proyectos que afectan a la Humanidad en su conjunto, los gobiernos, excepción hecha de Islandia, no han dudado en invertir grandes cantidades de dinero para “salvar” a los bancos.
Tras el estallido de rebeldía cívica que supuso la irrupción del Movimiento 15-M, José Ignacio González Faus, destacado teólogo progresista español, señalaba que “el capitalismo global es incompatible con la democracia” y, consecuentemente, hacía suyas las afirmaciones de Boaventura de Sousa Santos que denuncian la existencia, de facto, de un “fascismo económico” aunque maquillado de democracia formal… pero sometida a la dictadura de los mercados. Igualmente, González Faus criticaba la falta de comportamientos éticos en determinados ámbitos de la clase política, y citaba como ejemplos, además de la corrupción, los escandalosos sueldos (suma de pensiones parlamentarias y emolumentos recibidos de grandes empresas) en el caso de los expresidentes Felipe González y José María Aznar. En contraposición con estas situaciones, González Faus instaba a construir lo que Ignacio Ellacuría, jesuita asesinado en El Salvador en 1989, llamaba “una civilización de la sobriedad compartida”.
En vísperas de la pasada huelga general del 29 de marzo, José Algora, obispo de Ciudad Real y anteriormente de Teruel, publicaba un texto titulado A vueltas con la reforma, y que suponía una contundente crítica hacia la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Algora dejaba claro su rechazo a una ley “que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores” a la vez que denunciaba que en nuestra democracia formal los perdedores “son los mismos y siempre los más débiles”. Por ello, tras rechazar el que las políticas conservadoras recurran a “usos del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores”, planteaba la necesidad de buscar otras alternativas para construir “un tejido social compacto y fuerte” que haga “personas y países fuertes para soportar las inclemencias de las coyunturas históricas”.
Si esto ocurría en España, esta ola de “indignación teológica” frente a la crisis, también se ha sumado desde una perspectiva internacional, el Consejo Pontificio Justicia y Paz, el cual, en octubre de 2011 publicó un extenso documento titulado Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia mundial en el que se critica el “liberalismo económico sin reglas y supervisión”, la “ideología de la tecnocracia”, a la vez que denuncia los comportamientos carentes de ética (egoísmo, codicia colectiva o el acaparamiento de bienes a gran escala) que han potenciado la crisis. Interesante resulta la idea de crear una “Autoridad política mundial”, una especie de “Gobierno de la globalización” con competencias en materias tales como: paz y seguridad; desarme y control de armamentos; promoción y tutela de los derechos fundamentales básicos; gobierno de la economía y políticas de desarrollo; gestión de los flujos migratorios y la seguridad alimentaria y también la tutela del medio ambiente. Esta Autoridad política mundial, supondría, en definitiva, reforzar el papel de la ONU tendente a lograr la “justicia social global” y así embridar la actual hegemonía de los poderes económicos, de los mercados sobre los gobiernos y Estados mediante el impulso de una serie de políticas financieras y monetarias que no dañen a los países pobres, que tengan carácter vinculante y se basen en la lógica de la subsidiariedad y en el principio de solidaridad. Sólo así, priorizando el “bien común mundial” que trasciende a los intereses nacionales, ajeno a toda tentación paternalista o hegemónica, se podrá avanzar hacia una ansiada justicia social global.
Además, Justicia y Paz pide una profunda reforma del sistema financiero y monetario internacional mediante una serie de medidas concretas como la creación de un Banco Central Mundial que regule el flujo y el sistema de intercambios monetarios; la potenciación del papel del Banco Central Europeo y el establecimiento de una imposición fiscal a las transacciones financieras internacionales. También propone la recapitalización de los bancos, “incluso con fondos públicos”, pero condicionada al desarrollo de comportamientos “virtuosos” que reactiven la economía “real”.
A modo de conclusión, esta visión teológica de la actual crisis señala que, “en un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana”. Y es verdad, pues de lo contrario, la humanidad puede adentrarse por los abismos de la Gran Recesión, del aumento insultante de las desigualdades sociales y el riesgo de un colapso ecológico.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en Diario de Teruel, 3 abril 2012 y El Periódico de Aragón, 9 abril 2012)
EL MOVIMIENTO OBRERO UGETISTA EN ARAGÓN (12). LOS AÑOS OSCUROS (1948-1960)
Tras el gran desastre que supuso la caída de febrero de 1948, la UGT aragonesa entró en una profunda decadencia de la cual ya no se recuperaría durante el resto de la dictadura franquista. Pese a ello, a partir de 1948 se intentó llevar a cabo en Zaragoza una precaria reorganización por parte de Ángel Vázquez Copa (a) “El Pipas” (UGT), Adolfo Barbacil (PSOE) y Francisco Laguna Conde (JSE) junto con otros militantes como Eusebio Díez, Celestino Torres (a) “Caspe”, o Francisco Simón Ullate.
Durante estos años oscuros destacó de forma especial Pascual Marco Mateo (1920-2006) (a) “El Maño” y “Teruel”, el cual realizó una importante labor de enlace con los núcleos socialistas de Calatayud, Logroño, Soria y, sobre todo, con Euskadi. Estas tareas encubiertas pudo efectuarlas como chofer de Transportes Ochoa, a cuyos locales, (actual sede del PSOE aragonés en la zaragozana calle de Conde de Aranda, 138), llegaba la propaganda clandestina que recibía la UGT aragonesa procedente de Euskadi y Francia. A partir de 1956, Marco fundó la Academia de Conductores Gran Vía, lo cual le permitió seguir realizando frecuentes desplazamientos a los núcleos ugetistas antes indicados. Igualmente, Marco se encargó de mantener contacto directo con las Ejecutivas del PSOE-UGT en el exilio establecidas en Toulouse, presididas, respectivamente, por Rodolfo Llopis y Pascual Tomás. Otra de las tareas llevadas a cabo por Marco sería la de poner a salvo a compañeros que huían de la represión policial trasladándolos a Euskadi para pasarlos posteriormente a Francia.
La implacable acción policial siguió debilitando al pequeño núcleo ugetista que aún se mantenía activo en Zaragoza. De este modo, en mayo de 1950 se produjo una nueva caída (fueron apresados Barbacil, Laguna y Simón Ullate) mientras que otros compañeros (Horacio González, Benito Landa o Vázquez Copa) no pudieron ser detenidos ya que Pascual Marco consiguió ponerlos a salvo.
La detención, tortura y asesinato de Tomás Centeno, secretario general del PSOE el 20 de febrero de 1953 y la posterior caída del Comité Ejecutivo Nacional socialista, tuvo consecuencias en Zaragoza, donde fueron detenidos algunos ugetistas locales, entre ellos, Pascual Marco. Ante este desmantelamiento organizativo, las Ejecutivas del PSOE y la UGT en el exilio se hicieron cargo de ambas organizaciones en el interior de España, las cuales, desde abril de 1954, pasaron a depender directamente de Toulouse.
A partir de 1955, Marco contactó con los líderes de la UGT vasca, entre ellos, Nicolás Redondo y, sobre todo, Ramón Rubial (a) “Pablo”, el máximo dirigente del PSOE en el interior entre 1958 y 1972. A pesar de las duras consecuencias derivadas de la caída de Antonio Amat (8 noviembre 1958), y la desarticulación de los núcleos socialistas de Madrid, Oviedo, Granada, Barcelona, Sevilla y San Sebastián, en Aragón siguió activo el pequeño grupo de Zaragoza y Pascual Marco continuó manteniendo, pese a todas las dificultades, abiertos sus contactos con Madrid, Euskadi y Toulouse.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 119, abril 2012)
EL VERDADERO PATRIOTISMO
En estas últimas fechas, estamos asistiendo por parte de la derecha política y mediática a un rebrote de un nacionalismo español de tintes rancios y caducos. El último ejemplo ha sido la defensa de la multinacional (¿española?) Repsol-YPF ante el proceso nacionalizador iniciado por la Presidenta argentina Cristina Fernández y que el Gobierno de Rajoy ha interpretado como una ofensa, un agravio a España. Sorprende ver el coraje ardoroso demostrado por nuestros gobernantes en la defensa de los intereses, exclusivamente económicos, de una multinacional que, ni representa a España ni su capital mayoritario es español, mientras que esos mismos gobernantes fustigan a sus propios ciudadanos con una dura y continuada política de ajustes.
Algo similar ocurrió durante la pasada huelga general del 29 de marzo cuando la prensa conservadora cargó toda su artillería contra el movimiento sindical y los ciudadanos que libre y conscientemente optamos por ejercer este derecho constitucional como protesta ante una reforma laboral impuesta a los trabajadores y que resulta, indudablemente, inútil, ineficaz e injusta como el tiempo demostrará y que sin embargo fue presentada como una actitud “antiespañola” en dichos medios afines a la derecha. Así, pudimos ver la portada antihuelga del diario La Razón con aquel “Trabaja por España” envuelto en la bandera o el demagógico editorial de La Gaceta de “España quiere trabajar, los sindicatos la paran”, como ejemplos evidentes de la patrimonialización interesada del sentimiento nacional.
Recordando estos hechos, pienso que, como señalaba Mario Onaindía, se confunden con frecuencia los conceptos de “nacionalismo” y de “patriotismo” cuando en realidad se trata de dos visiones contrapuestas: frente al nacionalismo que supone una exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia, siempre confeccionada a medida, existe un tipo de patriotismo distinto que concibe a la nación como “un espacio de libertades, de amparo y de seguridad de derechos y de participación ciudadana”, ideas que entroncan con el término de “patriotismo constitucional” acuñado por Jünger Habermas, y con el “republicanismo cívico” de Philip Petit. Es por ello que, como advertía Onaindía, aunque el lenguaje corriente considera sinónimos el “amor a la patria” y la “lealtad a la nación”, “patriotismo” y “nacionalismo” deben diferenciarse puesto que “para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma de vida libre que ésta permite; en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”. Milton decía que “la patria de uno es allí donde se siente libre”, idea coincidente con Diderot, para quien el verdadero patriotismo no era la vinculación a una tierra sino el afecto que el pueblo siente por las comunidades de hombres libres “que viven juntos por el bien común”, algo que resulta oportuno recordar ahora que cada vez somos menos libres ante la dictadura de los mercados y el bien común colectivo está siendo arrumbado por el individualismo insolidario y el naufragio de ideales y valores en que nos ha sumido la crisis global.
Desde este punto de vista, el verdadero patriotismo, además de las libertades formales es el que, defiende, en los tiempos actuales, los derechos laborales, la educación y la sanidad pública, las prestaciones de dependencia, la aspiración de avanzar de forma decidida hacia una auténtica democracia económica, la fiscalidad progresiva, todo aquello que conforma el “Estado social y democrático de Derecho” que consagra el artículo 1º de nuestra Constitución. Esto es el verdadero patriotismo constitucional, como lo es el ejemplo de aquellos empresarios que, como ocurre en Alemania o Francia, han solicitado públicamente pagar más impuestos como compromiso cívico en estos tiempos de recesión: en cambio, en España, no se tiene noticia de que ninguna figura relevante del empresariado haya manifestado una actitud similar.
En la Constitución de Cádiz de 1812, de la que ahora se cumple su bicentenario, se señala que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” (art. 13), esto es, el derecho constitucional a ser felices, una aspiración que debemos retomar en estos tiempos de zozobra, desánimo y depresión, no sólo económica sino también social.
Todos estos valores propios del verdadero patriotismo, tan contrarios a los patrioteros de salón a los que se refería Cándido Marquesán en un reciente artículo publicado en este mismo periódico, están alejados de las posiciones de esa derecha, caracterizada históricamente por su visión conservadora y restrictiva de las libertades cívicas, esa derecha que prioriza el concepto etéreo de “nación”, de España, y olvida las aspiraciones y demandas de la ciudadanía. Por todo ello, el verdadero patriotismo, aún en estos tiempos de globalización, se manifiesta en la defensa de los valores cívicos, de los derechos y libertades ante la actual amenaza que estos sufren de recortes y retrocesos y se desvincula de los caducos y marchitos conceptos idealizados por el conservadurismo de ayer y de hoy. Y es que, desde este punto de vista, es más patriota el trabajador que defiende sus derechos y aspira en avanzar hacia mayores cotas de justicia social, que aquellos otros que, envueltos en una bandera, la emplean como coartada para desmantelar logros históricos del acosado Estado de Bienestar y que, tras ser beneficiarios de una reforma laboral hecha a su medida y de una generosa amnistía fiscal, no tienen ningún escrúpulo en ser cómplices del enorme fraude fiscal aunque ello esté hundiendo a (su) querida España.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en El Periódico de Aragón, 29 abril 2012)
