Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     El procesamiento del juez Garzón  ha dejado en evidencia, como señalaba la Federación Estatal de Foros por la Memoria, no sólo “la plena vigencia del sistema jurídico español de impunidad” a la hora de investigar los crímenes del franquismo, sino, también, la “indefensión legal” de sus víctimas. La imagen de Garzón en el banquillo, ha avivado la polémica política y ciudadana a la vez que está teniendo un importante eco mediático internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     Se acusa a Garzón de “prevaricación”, de no ser competente para investigar estos crímenes y, para ello, Manos Limpias, irónico nombre de un colectivo ultraderechista que emponzoña cuanto toca judicialmente hablando, se escuda en la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía mediante la cual quedaban amnistiados (y prescritos) los crímenes del franquismo. Frente a esta postura, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona,  plantea dos cuestiones esenciales: la primera, que, dado que estos delitos tienen la categoría jurídica de “genocidio” y de tratarse de miles de desapariciones forzadas en paradero desconocido,  son impresciptibles y, consecuentemente, pueden ser investigados con retroactividad. La otra cuestión importante es la supuesta impunidad que ampara la referida Ley de Amnistía de 1977, la cual, con arreglo a la legislación penal internacional, tendría nulos efectos jurídicos y, consecuentemente, dejaría de ser una barrera, como desea la derecha política y judicial, para investigar (y condenar) los crímenes franquistas y, de paso, acabar con la labor desarrollada por Garzón desde la Audiencia Nacional.

     El procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008 por el que se inició la investigación de los crímenes franquistas.

     Así las cosas, el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los acuerdos y tratados que, en materia de legislación penal internacional ha suscrito España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España) va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. El hecho de que tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo, nos da una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y en marzo de 2009, Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

     Frente al argumento jurídico de “prevaricación” esgrimido para procesar a Garzón por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y  Manos Limpias, es importante señalar que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello implica la nulidad de la polémica Ley de Amnistía de 1977 así como la modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que legalizaba los actos jurídicos represivos del franquismo. Y es que Garzón, pese a su procesamiento, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos apoyados en la jurisprudencia internacional. Como dijo Albert Camus, “uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen” y, por ello, Garzón, que ha sido coherente con este ideal,  merece nuestro apoyo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Independiente de Canarias, 8 febrero 2012)

     En junio de 2010, Paul Krugman, ya advertía de que la economía mundial, como consecuencia de la agudización de la crisis global, iba a entrar en lo que calificó de “la Tercera Depresión” en la historia reciente del capitalismo, y, lamentablemente, su vaticinio ha sido confirmado por los hechos. De este modo, Krugman, nos recordaba los precedentes de situaciones similares: la primera, conocida como la “Larga Depresión”, se produjo en 1870 y generó el llamado “pánico de 1873”; la segunda, a la que se alude con frecuencia, fue la “Gran Depresión” de 1929, y la tercera, es la que en la actualidad nos hallamos sumidos.

     Frente a la ortodoxia neoliberal de los ajustes presupuestarios asumidos por la práctica totalidad de los gobiernos e incluso impuesta mediante las oportunas reformas constitucionales como ha ocurrido en España, Klugman mantiene una postura crítica y alternativa: reprocha  a los gobiernos su obsesión con controlar la inflación y “apretarse el cinturón”, cuando “el problema real es el gasto insuficiente” puesto que, como señala este prestigioso economista, Premio Nobel en 2008, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, conduce a una grave deflación y ello, nos advierte, “es realmente autodestructivo”. Y no sólo eso: ante la despiadada voracidad de las políticas neoliberales, de los desgarros sociales que están ocasionando (véase desmantelamiento de aspectos esenciales del Estado del Binestar y regresivas reformas laborales), Krugman denuncia que estas recetas económicas tienen como “principal dogma”, el “imponer el sufrimiento a otras personas” como “modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles”, posición que refleja la actitud del FMI, la Comisión Europea, a las reformas auspiciadas por Merkel, Sarkozy o Rajoy. Por ello, Krugman no duda en calificar a esta Tercera Depresión como “el resultado de un fracaso político”,  el de las medidas enarboladas por la política  neoliberal de austeridad, que se han fijado con objetivo “borrar los déficits gubernamentales”, en lugar de optar por “la adopción de una política keynesiana de fuerte estímulo de la economía como medio de salir de la crisis”.

     Ahondando en la idea de la Tercera Depresión de Krugman, otros economistas críticos han analizado la magnitud de la crisis en la que se halla actualmente sumida  la economía mundial. Este es el caso John Bellamy Foster y Fred Magdoff, autores del libro La Gran Crisis Financiera. Causas y consecuencias (2009), obra en la que estos economistas americanos de izquierdas, desde una perspectiva socialista, señalan con acierto que, “el verdadero problema no tiene que ver con la política económica, sino con el desarrollo del propio capitalismo”. Consecuentemente, nos recuerdan los potenciales riesgos en los que nos puede sumir la radicalidad neoliberal a la hora de buscar una salida a la crisis global con arreglo a inconfesables intereses económicos puesto que la Larga Depresión del último tercio del s. XIX fue seguida de “una gran ola de expansión imperialista que debía de llevar a la I Guerra Mundial”,  mientras que  la Gran Depresión de 1929 llevó al auge de los fascismos y a la II Guerra Mundial. Por ello, ambos economistas nos advierten de que en la situación actual, puede haber quienes piensen que, como en las dos depresiones históricas anteriores, la salida de la crisis y la reactivación económica vengan de la mano de una nueva conflagración bélica. Por ello, señalan, resulta un preocupante y “mal augurio” el actual “conflicto imperialista” centrado en el Golfo Pérsico como ha puesto de manifiesto la tensión creciente no sólo en Afganistán e Irak, sino también en Siria y los tambores de guerra que retumban cada vez con mayor fuerza en torno a un Irán a punto de convertirse en potencia nuclear, que podría provocar un conflicto bélico en la zona, lo cual, en caso de producirse un ataque a Irán, tendría “consecuencias desastrosas para la humanidad en su conjunto” y por ello, debemos estar muy alerta para oponernos a esta nueva escalada belicista de quienes pretenden salir de la crisis mediante la locura de una nueva guerra, esta vez contra Irán.

     Además de ese preocupante horizonte prebélico, Bellamy y Magdoff, advierten igualmente de que no   debemos olvidar “la aceleración rápida de la crisis ecológica planetaria”, que cuestiona la supervivencia de la especie humana en un futuro cada vez más incierto.

     Ante tal panorama, retomando la alusión que Keynes hacía en el último capítulo de su Teoría general del empleo, del interés y de la moneda (1936), en la que instaba a la “eutanasia de los rentistas”, (entiéndase también de los especuladores financieros) mediante la implantación de tipos de interés muy bajos que favorezcan la inversión, Bellamy y Magdoff  van más allá y, para salir de la crisis instan a aplicar la “eutanasia del capitalismo”, poniendo fin a un sistema que tanto dolor e injusticias produce y, reemplazándolo  por “una economía orientada hacia el desarrollo humano verdadero, un florecimiento ecológico y la puesta en valor de la verdadera comunidad humana”. En esta misma línea, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, en su libro Hay Alternativas (2011), planteaban 115 medidas concretas para salir de la actual crisis global, entre ellas, la constitución de un Gobierno Mundial que hiciese frente al poder de los grupos privados internacionales, así como que la ONU asumiese todas las competencias necesarias “para la adopción de decisiones en materia económica y financiera”, las cuales deberían de estar siempre subordinadas a los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez parezca una utopía, pero desde luego, es una alternativa que debemos impulsar las fuerzas y colectivos sociales progresistas  no sólo para superar la Tercera Depresión, sino también para construir un futuro basado en los principios de la justicia social global.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 19 febrero 2012 y El Periódico de Aragón, 20 febrero 2012)

     Desde que el pasado 15 de febrero los jóvenes del Instituto “Luís Vives” iniciaron su protesta, se ha empezado a hablar de una “primavera valenciana”, de una deseable rebeldía juvenil, consciente de los recortes de derechos sociales y de las amenazas que se ciernen sobre la educación pública, cuyas protestas han tenido las consecuencias de todos conocidas: una brutalidad represiva policial, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, al igual que ocurrió con el procesamiento y condena del juez Garzón, lo cual hace que algunos autores califiquen a España como una “democracia de baja intensidad”.

     No se entiende este movimiento de protesta sin tener presente el negro horizonte que, sobre todo para los jóvenes, presenta la crisis económica y la severa e implacable agenda de ajustes y recortes  que el Gobierno de Rajoy está realizando y, más aún, las que pretende aplicar en un futuro inmediato.

Los jóvenes valencianos han prendido la llama de la indignación en un Instituto que, precisamente, lleva el nombre de Luís Vives, aquel humanista del s. XVI de origen judeoconverso que, como autor del  Tratado del socorro de  los pobres (1525), se le considera el precursor en Europa  de la organización de la asistencia y los servicios sociales, los mismos que ahora son tan cuestionados desde la ortodoxia neoliberal y cuyo desmantelamiento-privatización amenazan su existencia. En su origen, las primeras protestas de los jóvenes del Luís Vives surgieron en solidaridad con sus compañeros de otros institutos alicantinos en los que se carecía de calefacción (en plena ola de frío siberiano) y en protesta por otros síntomas de deterioro de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tales como la pérdida de personal docente que, como denunciaba FETE-UGT, en los dos últimos años se cifra en una reducción de 2.400 profesores. Era pues, una protesta justificada y legítima ante los recortes en materia educativa del Gobierno conservador valenciano de Albert Fabra.

     Pero estos hechos tuvieron consecuencias lamentables: una desmesurada brutalidad policial (hubo niños de 13 años apaleados), detenciones arbitrarias de menores de edad y, todo ello, silenciado por Canal 9, la televisión autonómica controlada por el PP valenciano. No menos reprochable es la versión tendenciosa de los medios de comunicación conservadores que, como ABC, Intereconomía o La Gaceta, que han tergiversado tanto los hechos que han convertido a los escolares en culpables  a la vez que exculpaban a los responsables políticos y policiales de semejante fiasco. De este modo, se ofrecía una versión tendenciosa de los hechos en la que  los culpables pasaban a ser las “víctimas” y, las auténticas víctimas de una brutalidad inaceptable en una democracia madura, eran criminalizadas gravemente llamándolas “enemigos”, algo que descalifica para siempre quien las pronunció:  Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía en la capital levantina, declaraciones tan reprochables como las del ministro de Cultura, José Ignacio Wert que, en sede parlamentaria, acusó al PSOE de  alentar lo que calificó como “protesta violenta” de los estudiantes valencianos, una torpeza más de tan polémico ministro. Y es que la derecha ha desplegado toda su artillería verbal y mediática para condenar las demandas juveniles, las causas que la motivaron, así como para desacreditar a los líderes estudiantiles.

     Y, pese a todo, las protestas se han extendido al igual que la legítima exigencia de pedir la dimisión de Paula Sánchez de León, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y del citado Antonio Moreno. En el horizonte hay un nuevo reto: la futura convocatoria de huelga en todos los Institutos para el día 29 de febrero, fecha que coincide con la convocatoria de nuevas manifestaciones de las centrales sindicales contra la regresiva reforma laboral que pretende imponer el Gobierno del PP y que, de no cambiar mucho las cosas, hará inevitable la convocatoria de una huelga general, tal y como ya vaticinó Rajoy.

     Rememorando la mítica frase de Humphrey Bogart en la película Casablanca, en vez de París, podríamos decir que, “Siempre nos quedará la juventud” y, aunque como en aquella memorable las circunstancias del momento sean difíciles,  la juventud siempre es esperanza, enarbola ideales nobles y su inconformismo nos empuja hacia un futuro por conquistar.

Ahora, cuando la voracidad  de las políticas conservadoras y el incierto desenlace de la crisis global todo lo anegan, la juventud es más que nunca una fuerza regeneradora, cargada de utopía que, como ocurrió con el Movimiento 15-M, del cual dijo Josep Ramoneda que sirvió para “reanimar la democracia”, en esta ocasión “la primavera valenciana” ha irrumpido de  nuevo en la escena social  y está dejando oír su voz con fuerza. Algunos análisis simplistas hablarán  de que se trata de un estallido  propio de movimientos antisistema con la intención de desacreditar este saludable impulso juvenil. Pero hay algo más, y eso es lo importante. La juventud, pese a no ser excesivamente proclive a la militancia política y al compromiso sindical, mantiene vivo el grito de rebeldía, de indignación, ante el demoledor panorama que la crisis global ha supuesto, especialmente para los jóvenes, y supone un aldabonazo a nuestra conciencia cívica, un contundente cuestionamiento de la realidad  de un mundo injusto, de una sociedad que les cierra tantas puertas y que, pese a ello, no se resignan a ser una “generación perdida”, lo cual supondría  un drama social de enorme magnitud.

     El futuro sigue incierto y preocupante y, como canta Carlos Goñi en una de sus canciones, estamos en uno de esos momentos en que el futuro se convierte “en una cobra que se enreda en tus pies” y, por ello, la rebeldía juvenil es necesaria, imprescindible. Mi admirado Willy Brandt  solía afirmar que, “donde el coraje cívico no tiene asiento,  la libertad no llega lejos” y por eso, tal vez hoy, frente a tanta adversidad, Bogart nos diría que “siempre nos quedará la juventud”. Afortunadamente.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 27 febrero 2012)