Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Hemos  leído con frecuencia que la magnitud de la actual crisis global sólo es comparable con la Gran Depresión de 1929, aquella que, tras aquel 24 de octubre, el “Viernes Negro”,  en que se hundió la Bolsa de Nueva Cork,  produjo una profunda crisis económica que, al igual que ocurre en la actualidad, produjo las dramáticas secuelas de recesión de la producción, desempleo galopante, caída del consumo lo cual, a su vez, originó  más paro, una espiral que, entonces, como ahora, asoló a las sociedades industriales.

     Volviendo al presente, ahora que hablamos de la Tercera Depresión en expresión de Paul Krugman, de la crisis global iniciada a partir del estallido de la crisis financiera de 2007 y cuyo final no se adivina en el horizonte, la comparación entre ambas situaciones nos ofrece algunas reflexiones que nos hacen pensar sobre las alternativas que en cada caso se plantearon para salir de la crisis.

     En primer lugar, el papel que debe desempeñar el Estado como elemento determinante para la reactivación económica. De este modo, frente a las actuales políticas de duro ajuste presupuestario, la aplicación de las políticas económicas de John Maynard Keynes  puestas en marcha en Estados Unidos por el presidente Roosevelt, priorizaron el relanzamiento de la producción y del consumo pues, ante la ausencia de inversión privada y de sequía crediticia, el Estado debe de potenciar políticas de inversión en gasto público que permitan recuperar el empleo y el consumo, aunque ello supusiera un aumento del déficit fiscal. Así se logró combatir el paro en los EE.UU. con un ambicioso programa de obras públicas, a la vez  que la Ley de Reconversión de la Industria Nacional (NIRA) permitió la intervención estatal en el ámbito industrial. Igualmente, frente al drama social que suponían, al igual que ahora,  los desahucios de viviendas para miles de familias, durante la New Deal de  Roosevelt  se aprobó la Ley Nacional de la Vivienda (1934), la cual creaba una Administración Federal de la Vivienda (FHA) que, con fondos públicos, ofreció créditos baratos, estabilizó el mercado inmobiliario y frenó la especulación al responsabilizarse de calcular el valor de los inmuebles. En la actualidad, la FHA continúa siendo un organismo público encargado de financiar las hipotecas y  proyectos de viviendas sociales.

     Otro aspecto a analizar  es el papel del movimiento sindical frente a la crisis. Así, en octubre de 1930 la Federación Internacional de Sindicatos que agrupaba a las organizaciones sindicales socialistas y socialdemócratas,  hizo público un informe en el cual recomendaba que, para hacer frente a tan sombrío panorama económico,  era imprescindible, entre otras medidas,  recuperar la capacidad de compra de la clase trabajadora, disminuir el número de horas de trabajo, a la vez que se exigía una participación activa de los Estados mediante la mejora de los subsidios y el incremento de las obras públicas en la línea de lo que más tarde serían las políticas keynesianas aplicadas con éxito en los Estados Unidos. De hecho, la ya citada NIRA, puesta en marcha en 1934,  así como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 sirvió para garantizar los convenios colectivos en las empresas, un salario justo para los trabajadores y el reconocimiento de la libertad sindical. De este modo, en aquella aguda crisis, el Gobierno de los EE.UU. intervenía decididamente para equilibrar las relaciones laborales y no aprovechaba la coyuntura para reducir los derechos de los trabajadores como ocurre con la actual reforma laboral de Rajoy que descompensa totalmente las relaciones en beneficio del empresario, fragmenta la negociación colectiva, todo ello con el telón de fondo de una campaña sistemática de acoso y descrédito hacia el sindicalismo de clase. Por ello resulta dramático e injusto el hacer pesar   los costes sociales de la crisis sobre la clase media, cada vez más empobrecida, y, de forma especial, sobre la clase trabajadora. Frente a lo que propugnaba en 1930 la Federación Internacional de Sindicatos para recuperar su capacidad adquisitiva de los trabajadores y así fomentar el consumo y el empleo, ahora asistimos a  todo lo contrario: reformas laborales que favorecen los despidos y, en el mejor de los casos, reducciones y congelación de salarios.  Henry Ford, prototipo del capitalista moderno, consideraba, al igual que Keynes, que la reactivación económica dependía del empleo y del consumo, y frente a los que entonces, como ahora, pretenden hacer pagar las crisis a los trabajadores degradando sus condiciones laborales y reduciendo sus salarios,  recordaba a los empresarios que “Nuestro propio éxito depende de lo que paguemos. Si repartimos mucho dinero, ese dinero se gasta. Enriquecer a los comerciantes, a los detallistas, a los fabricantes y a los trabajadores de todo tipo, y esa prosperidad se traduce en un crecimiento de la demanda de nuestros automóviles”.

     Estas son algunas de las lecciones del pasado pues, tanto en los tiempos de la Gran Depresión de 1929 como ahora, es imprescindible mantener la inversión estatal, los derechos laborales de los trabajadores y las políticas sociales que atenúen los efectos de la crisis para ir dejando atrás estos sombríos tiempos. Y es que cada vez resulta más evidente que con  las medidas de ajuste presupuestario dictadas desde las instancias económicas, no se saldrá de la situación actual de recesión ni tampoco se conseguirá recomponer los desgarros y el aumento de las desigualdades sociales que se han acrecentado como consecuencia de la crisis global.

     Si la historia nos enseña, debemos de intentar aprender de ella y, siempre hallamos lecciones en el pasado, lecciones que deberíamos de aplicar en este incierto futuro nuestro puesto que, como decía Nicolás Redondo, “el conocimiento lúcido del pasado es fundamental para conocer mejor el presente, lo cual resulta, a su vez, imprescindible para proyectar el futuro. Negarse a este tipo de comprensión supone la entrega servil a dejarnos llevar por quienes proyectan otros futuros concebidos a  la medida de sus intereses”.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 12 marzo 2012).

     Estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de  nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al  gradual e imparable deterioro del Estado de Bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria  que nos están siendo impuestas, los cuales cada vez exigen mayores sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

     Mientras esto ocurre, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente Banca Pública estatal, aquella que,  lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles creando  así un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, recuperar la Banca Pública es una exigencia común de los partidos de izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de numerosos colectivos sociales.

     Sin embargo, la cuestión de la Banca Pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del s. XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser “el banquero de los pobres” o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran Banco Nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo (“tendente a cero”), estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado mediante un Banco Nacional único.

     Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una Banca Pública que, con el respaldo del Banco Central Europeo ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por  la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de “crímenes económicos contra la humanidad”. Además, la recapitalización de la banca, que  ha supuesto para las arcas de los  EE.UU. y Europa la inyección de 5 billones (con b) de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía  Joseph Stiglitz. Por ello, los economistas críticos con el neoliberalismo  opinan que hubiera sido mucho más eficaz y equitativo que estos recursos  se hubieran destinado a crear un Banco Público, tal y como en su día sugirió Stiglitz a las autoridades españolas y éstas desoyeron.

     En las circunstancias actuales, recuperar la Banca Pública, como recordaba Juan Torres, tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Además, añadimos, permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

     El resurgir de la Banca Pública los hallamos hasta en los EE.UU.,  en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte (BND). Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido el invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas-basura en su práctica bancaria.  El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como “catalizador del crecimiento” ha hecho que Dakota del Norte tenga  el  menor índice de desempleo de  los EE.UU., ejemplo que se está extendiendo a los Estados de Vermont, Virginia, Michigan o Washington.

     En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el Movimiento 15-M,  ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una Banca Pública que se caracterice  por una gestión plenamente transparente y democrática,  que,  rechace las prácticas especulativas y que  invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

     Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las Cajas de Ahorros así como por la creación de una Banca Pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del Movimiento 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea,  como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute de los EE.UU., “los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente” y, además, no buscan “maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas”. Por ello, recuperar la Banca Pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la banca privada y los intereses  que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Y eso tiene que terminar por el bien de la salud democrática, la cohesión  y  la recuperación económica  de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 22 marzo 2012 y El Periódico de Aragón, 26 marzo 2012)