Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Asistimos a un creciente y tedioso enfrentamiento entre un nacionalismo español que ha cobrado nuevo impulso desde la llegada del PP al poder y sus intentos de  recentralización competencial y, de otra, el auge de  nacionalismos periféricos que, al no sentirse cómodos en España, desean emprender un camino de la independencia como recientemente se ha comprobado en Cataluña: ello nos recuerda el eterno dilema entre “convivir” o “conllevarse” que  expuso Manuel Azaña con motivo de los debates sobre el Estatuto de Cataluña de 1932 en las Cortes de la II República.

     Desde una perspectiva radicalmente democrática resulta evidente que el actual Estado Autonómico ha entrado en crisis, está “agotado”, como señalaba Josep Ramoneda,  pues se creó con la intención de articular a Euskadi y Cataluña en España y, en cambio, ahora la situación es más tensa que nunca en relación a dichas nacionalidades históricas. Por ello, tres son las salidas posibles para lo que ha dado en llamarse la “España post-autonomica”: la recentralización que defiende la derecha nacionalista española,  la secesión independentista o el federalismo.

     Soy partidario de la vía  federalista como alternativa a la recentralización y a la secesión, por ser solución aceptable para encauzar las derivas nacionalistas tanto del centralismo como de la periferia y por ofrecer un camino válido para redefinir el nuevo mapa territorial de España. El futuro siempre es incierto, pero coincido con Pere Navarro, Primer Secretario del PSC en que, dadas las actuales circunstancias, la España futura, “será federal o no será”. Por ello, el reto  es  articular y una nueva España federal que sea aceptable, asimétrica (ya no vale el “café para todos”) y solidaria para con todos los ciudadanos y, tal vez, en un futuro cercano, bajo una forma de gobierno republicana. En este modelo federal, deberán clarificarse cuestiones esenciales tales como los sistemas de financiación, los modelos de coordinación territorial, una corresponsabilidad política y financiera aceptable, sin olvidar la redefinición del papel del Senado: sólo así se sentarán las bases de un  federalismo solidario, ideal al que aspiró eel frustrado Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 o el Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés de 1883, inspirados ambos en la idea del “pactismo”, herencia del pensamiento de Francesc Pí y Margall, esto  la libre, democrática y leal  unión pactada  por los pueblos hispánicos en una estructura política común: la Federación.

     La necesidad de  reformular el modelo territorial del Estado Español va a obligar a emprender una nueva transición política y un gran pacto de estado que, con el añorado “espíritu de consenso”, vincule a todas las fuerzas políticas posibles. En esta misma línea, la importante resolución hecha pública por la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE y su homónima Esquerra Socialista del PSC el pasado 30 de septiembre, plantea la necesidad de un pacto federal que debe desembocar en una profunda reforma de la Constitución de 1978, que ciertamente no es una norma eterna, inmutable  ni infalible, mediante la cual se redefina el papel del Senado, se configure el Estado plurinacional español reconociendo las identidades nacionales que lo conforman, las posibilidades de máximo autogobierno, sin olvidar “la cohesión social y solidaridad interterritorial que reclaman los  derechos de la ciudadanía”. Y añado: también deberían de suprimirse las diputaciones provinciales como último vestigio de un fenecido Estado unitario.

     Sumidos en este incierto siglo XXI, las propuestas federalistas siguen siendo válidas para articular de forma armoniosa la España plural en la que muchos creemos y superar así de forma definitiva cualquier tentación centralista o sentimiento insolidario por parte de los distintos territorios que conforman esta “nación de naciones” que es España. En este sentido, y frente a los intereses de la burguesía catalana, resulta fundamental el papel de la izquierda política y sindical en defensa del federalismo, una lucha histórica que siempre mantuvieron durante la República, la dictadura y la transición, en defensa de la nación catalana dentro de una España plurinacional, recuperando la idea del presidente Companys cuando proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Por ello, el papel a desempeñar por el PSC, como principal fuerza de la izquierda en Cataluña, un partido que asumió las ideas del legado federalista de Pi y Margall, especialmente en diversos posicionamientos expuestos por  Isidre Molas, Pasqual Maragall o Raimon Obiols, va a ser decisivo De este modo, el PSC, comprometido con la España plural desde sus posiciones federalistas y catalanistas, las dos almas que subyacen en el socialismo catalán, debería desempeñar un papel determinante apoyando el derecho a decidir desde una reafirmación de su federalismo y presionando al conjunto del PSOE para que opte con valentía por la senda federal, sobre todo en aquellos sectores del mismo que siguen siendo reticentes a ella.

     La apuesta por un “federalismo cooperativo” es la mejor opción al pluralismo constitutivo de la nación española. De este modo, hay que avanzar, en expresión de José Antonio Pérez Tapias  hacia un “federalismo diferencialista”  como alternativa ante el confederalismo de algunos partidos nacionalistas  y la reactivación de un nuevo nacionalismo español de signo centralista apoyado por los partidos de la derecha tradicional. Retomando una expresión de Víctor Pruneda, el dirigente histórico del federalismo turolense del s. XIX, el modelo propugnado por la República Federal Española es que los territorios que libremente la conformen,  “se sientan unidos por un suave lazo que a todos une y a ninguno ata”: ese es el ideal al que aspiramos los federalistas para España y para el conjunto de esa gran federación que es la Unión Europea.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 8 octubre 2012)

     Los pasados días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Oloron-Sainte Marie un Encuentro de Asociaciones francesas y españolas de la Memoria Histórica, al cual asistieron 17 entidades de ambos países, entre ellas, cuatro aragonesas (Círculo Republicano Galán y García Hernández de Jaca, ARICO, Foro por la Memoria de Aragón y la Fundación Bernardo Aladrén). El Encuentro, organizado por  Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML) bajo el lema “La Memoria Histórica, una cuestión de dignidad y justicia democrática”,  sirvió para abordar diversos temas y proyectos relacionados con esta materia a ambos lados del Pirineo.

     En primer lugar, se analizó la situación actual de las políticas públicas de la memoria, constatando con pesar la involución que se está produciendo tras la llegada de la derecha al poder en España. Ejemplo de ello serían la total supresión de dotaciones para memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la desaparición de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por el anterior Gobierno del PSOE, o la supresión por parte del Gobierno de Aragón del Programa Amarga Memoria que, durante estos últimos años había realizado una meritoria labor.

     Especial atención se dedicó a la vigente Ley de la Memoria Histórica: se valoraron su logros (reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y sus descendientes, subvenciones concedidas para exhumaciones de fosas, publicaciones y actividades diversas) y se criticó el que sea una ley que carezca de apoyatura jurídica y de un reglamento específico para desarrollarla. Unánime fue la exigencia de anulación de todas las sentencias y condenas dictadas por los tribunales franquistas para así lograr la plena reparación jurídica de las víctimas: ciertamente, al Gobierno de Zapatero le faltó valentía política en este tema, en contraste con lo hizo el Gobierno de Alemania cuando en 1998 aprobó la Ley de nulidad de las sentencias injustas del nazismo.

     Se trató igualmente el tema de las fosas comunes, consideradas legalmente como “muestras de delito”, ejemplo flagrante de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, razón por la cual todas las exhumaciones deben realizarse a partir de una denuncia inicial que obligue a la justicia a actuar y, consecuentemente, levantar los restos siempre en presencia de un juez y con las indispensables garantías jurídicas. En este sentido, se puso como ejemplo el protocolo de actuación vigente en Aragón el cual, además de muy estricto en cuanto a la aplicación de criterios arqueológicos y antropológicos, se ha cumplido de forma rigurosa. Sobre el tema del Valle de los Caídos, hubo igualmente unanimidad para exigir sacar los restos del dictador del recinto, recordando, tal y como años atrás señaló Baltasar Garzón, que “los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles”.

     Por otra parte, se fijaron los criterios de actualización del Manifiesto en Defensa de la Memoria Histórica Republicana hecho público en Zaragoza en octubre de 2011, incluyendo en el mismo la exigencia de internacionalizar judicialmente las demandas y denuncias por los crímenes franquistas, el apoyo a la Red AQUA sobre las acciones judiciales que, en esta materia, se han abierto en Argentina, así como apoyar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo

     También se trató en profundidad el tema de “Educación y memoria histórica” y, del Encuentro de Oloron salieron propuestas concretas como la realización de encuentros entre profesores de historia españoles y franceses, el impulso de contactos entre las universidades de Pau, Toulouse, Zaragoza y la Complutense de Madrid, la adaptación del proyecto Las Rutas de la Memoria a otras  comunidades autónomas para impulsar una red transfronteriza que fomente los intercambios escolares (4.000 estudiantes visitan anualmente el cercano Campo de Concentración de Gurs), la creación de una red de recursos didácticos y pedagógicos con objeto de divulgar  aspectos relacionados con la memoria histórica, o la puesta en marcha del Tren de la Memoria entre París y Albacete, propuesto por la Asociación de Amigos de Combatientes de la España Republicana (ACER), comprometido con la memoria de las Brigadas Internacionales, o el proyecto de Toulouse como “capital del exilio republicano español” desarrollado por su Ayuntamiento, presente en Oloron por medio de Pierre Lacaze, alcalde-adjunto de dicha ciudad francesa.

     Se constató la necesidad imperiosa de realizar pedagogía sobre este tema por parte de los profesionales de la educación y las asociaciones memorialistas, sin olvidar hacer frente al revisionismo, el cual, como nos recordaban las asociaciones francesas, es un fenómeno internacional, que se extiende como un cáncer cuando nos referimos a la historia de la II República, la Guerra Civil y el franquismo, alentado últimamente por la involución que suponen las actuales políticas educativas del PP. Una autocrítica interesante fue el constatar la escasa presencia de los investigadores en los medios de comunicación pues, excepción hecha de Julián Casanova, son pocos los historiadores que defienden en ellos la dignidad y la memoria histórica, especialmente en el caso de los medios audiovisuales,  cada vez más copados por pseudohistoriadores y tertulianos, tal y como nos recordaba la Asociación republicana Ay Carmela de Burdeos.

     A modo de conclusión, como señalaba Raymond Villalba, presidente de TML, trabajar por la memoria histórica republicana debe valernos para las luchas actuales a favor de la libertad y la igualdad, para combatir las políticas regresivas de la derecha y la vuelta de los neofranquistas. Esta es una lucha por una causa justa, ya que no se puede hacer memoria sin justicia y porque debe quedar claro que no defendemos una memoria “partidista”, sino una memoria “democrática”. Y eso es lo importante.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 octubre 2012)