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FRANQUISMO DE BAJA INTENSIDAD
En estos dos años de gobierno de Rajoy se han ido acumulando una ingente cantidad de despropósitos, incumplimientos electorales y recortes democráticos, sociales y laborales de todos conocidos. En este decidido impulso de intentar hacer retroceder el reloj de la historia y del progreso hacia tiempos pasados por parte de la derecha gobernante, resulta reveladora su actitud hacia un tema que, a fecha de hoy, sigue pendiente en nuestra sociedad: la recuperación de la memoria histórica democrática y la consiguiente reparación moral y jurídica que se debe a las víctimas de la dictadura franquista.
En este tema, el memorial de agravios para con la insensible derecha española ante tan elemental cuestión de justicia democrática es abultado: resulta inaceptable su permanente olvido cuando no desprecio para con las víctimas y sus descendientes; su mezquina actitud ante los intentos del juez Garzón cuando intentó investigar los crímenes franquistas que no cejó hasta lograr su inhabilitación; su negativa a aplicar en España la legislación penal internacional; su inhibición ante las obligaciones de los poderes públicos derivadas de la Ley de Memoria Histórica (LMH), totalmente ineficaz al vaciarla, además, de dotación presupuestaria mientras se destinaban a la restauración del Valle de los Caídos, sombrío panteón del dictador, 280.000 euros. A todo ello habría que añadir la supresión de la Oficina de Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura, surgida tras la LMH o la previsible reprobación al Gobierno español por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dado que España ostenta, a fecha de hoy, el segundo puesto, tras Camboya, entre los países con mayor número de desaparecidos y asesinados como consecuencia de la violencia política. Todo lo dicho supone un grave cúmulo de actitudes y medidas reaccionarias y lo son tanto en cuanto “reaccionan” desde posiciones propias de la más rancia derecha ante los tímidos avances en materia de recuperación de la memoria histórica democrática que en su día impulsó el gobierno de Zapatero.
Por si fuera poco, y con una actitud cada vez más arrogante y autoritaria en las prietas filas de la derecha española, el pasado 4 de noviembre tuvieron lugar las ofensivas e hirientes declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería cuando declaró en 13TV, refiriéndose a los familiares de las víctimas del franquismo, que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Las palabras de Hernando, no sólo ofenden a miles de familias, sino que, también son mentira y él lo sabe puesto que, desde la llegada al poder del PP, ninguna asociación memorialista recibe subvenciones públicas para tareas de localización y exhumación de fosas: conviene recordarle al diputado Hernando que, en su tierra andaluza, según datos de 2010, hay 47.399 asesinados sepultados en 614 fosas sin nombre.
Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo demandó por “injurias graves” y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), le exigió una inmediata rectificación o que dimitiese recordándole a Hernando que, “a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de los ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos”. Y es cierto, si el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha acuñado el término de “democracia de baja intensidad”, este caso concreto, como señala Antonio Avendaño, la actitud de Hernando y buena parte de la derecha española evidencia que “siguen profesando, sin saberlo, un cierto franquismo de baja intensidad incapaz de advertir la crucial diferencia que existe entre la paz y la victoria”. La razón es obvia: buena parte del PP es heredero sociológico del franquismo y, tal vez por ello, como decía Aníbal Malvar, “cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta, me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra y no unas elecciones cuatrienales”.
Este escaso barniz democrático de este sector de la derecha española contrasta con el caso de otras derechas europeas que, como el gaullismo francés, se forjaron en la dura lucha contra el fascismo. No ocurrió así en el caso de España donde, excepto honrosas excepciones, la derecha mantuvo su adhesión inquebrantable a Franco hasta la muerte del dictador y aún después, ya que mantiene, todavía, una buena dosis de franquismo sociológico en sus ideas y actuaciones.
Y en esta defensa de la memoria democrática, en esta necesidad de conservar “la cadena de la memoria” a la que se refería Elías Canetti, una consideración final. A las autoridades políticas y judiciales españolas debería causarles cuando menos sonrojo y vergüenza, el hecho de que ciudadanos nuestros, en algunos casos ancianos octogenarios, se hayan visto obligados a atravesar un océano para declarar ante la justicia argentina, ante la juez María Servini, contra los crímenes del franquismo, para reclamar la justicia reparadora a la cual tiene derecho toda víctima, una justicia que la democracia española ha sido incapaz de ofrecer, lo cual descalifica en gran medida a nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Lamentable e indignante.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 diciembre 2013)
ENROCADOS EN GIBRALTAR
En este año que concluye, se cumplió el 300 aniversario del Tratado de Utrech de 1713 mediante el cual España cedió Gibraltar al Reino Unido. Lejos de nostalgias patrioteras, la cuestión de Gibraltar sigue siendo una herida abierta en nuestra historia que algún día habrá que resolver. Por ello, tras tres siglos de “controversia gibraltareña”, como señalaba Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público, España deber reflexionar sobre su posición y las posibilidades de acercamiento y acuerdo en este dilatado y complejo contencioso.
En la cuestión de Gibraltar, varias son las controversias que siguen sin resolverse. El primer lugar, el alcance de la cesión de soberanía pues, con arreglo al artículo X del Tratado de Utrech, el territorio realmente cedido era muy limitado: tan sólo el recinto intramuros de Gibraltar (ciudad, castillo, con su puerto, defensas y fortaleza) pero sin ningún territorio fuera de las murallas, lo que excluye de soberanía británica tanto a la montaña (la Roca) como al itsmo de tierra que une a la colonia con La Línea, a pesar de que sobre ambos los británicos ejercen su jurisdicción, y no una soberanía que nunca les fue cedida.. En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, otra controversia deriva de la apropiación del itsmo por el Reino Unido ya que nunca se estableció una línea fronteriza ni posteriormente se realizó una demarcación, por lo que la actual verja es una delimitación unilateral británica que nunca ha sido aceptada por España. Y, en tercer lugar, la cuestión de las aguas, tema éste que se ha agudizado durante el mandato de Fabián Picardo, el actual Ministro Principal de Gibraltar y que ha originado un conflicto pesquero con numerosos incidentes en la bahía de Algeciras. Sin embargo, una lectura literal del Tratado según la cual la soberanía de la montaña sigue siendo española, supondría un cambio del estatuto jurídico de las aguas en disputa puesto que, al no generarse espacios marítimos británicos, éstas serían españolas y Gibraltar carecería de aguas territoriales propias.
Ante estas cuestiones, se constata cómo, en la actualidad, los cauces jurídicos y políticos para resolverlos se encuentran inoperantes. Así, esta “crisis negociadora”, supone un agotamiento o cuestionamiento de los marcos negociadores pues la cuestión de Gibraltar se halla enquistada, desde 1964, en el Comité Especial de Descolonización de la ONU; el Proceso de Bruselas para la co-soberanía del Peñón está bloqueado desde 2002 y lo mismo ocurre con el Foro de Diálogo Tripartito (España-Reino Unido-Gibraltar), creado en 2004 y que, desde enero de 2012, el Gobierno de Rajoy ha reestructurado como Foro Cuatripartito, negando la representación directa a los gibraltareños y, en cambio, incluyendo, junto a las delegaciones de los gobiernos de Londres y Madrid, a representantes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía.
Así las cosas, es necesario relanzar las negociaciones por nuevas vías imaginativas, y algunas se han ido planteando. Este fue el caso del Proceso de Bruselas y las propuestas de co-soberanía surgidas en las negociaciones entre Aznar y Blair durante 2000-2002, las cuales no llegaron a buen puerto por el boicot de Gibraltar y la oposición británica la utilización conjunta de las bases militare y, sin embargo, es de justicia reconocer que, pese a su fracaso, han sido el único y más serio intento de llegar a un acuerdo aceptable que reemplazase al vetusto Tratado de Utrech. Otras propuestas para desbloquear el contencioso fueron las que planteó Peter Caruana, el anterior Ministro Principal de Gibraltar, de optar por el modelo del Principado de Andorra y su bicéfala jefatura de Estado, propuesta que generó temor por las posibles repercusiones que pudiera tener sobre las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, o la idea de considerar a Gibraltar como una ciudad vinculada a las coronas española y británica con un estatuto especial dentro de la Unión Europea.
Retomando de nuevo las ideas de Alejandro del Valle, éste plantea como opción más razonable que España acordase con el Reino Unido “un tratado internacional que de algún modo reconozca la soberanía española actual y futura sobre los espacios actualmente bajo jurisdicción británica, y que establezca un nuevo estatus jurídico internacional que respete la actual organización institucional gibraltareña”. Esta propuesta, para ser un viable, deberá conciliar los tres intereses en cuestión: el militar y de seguridad para el Reino Unido, la recuperación de la soberanía para España y la consulta de la población gibraltareña, a la cual, con arreglo a su nueva Constitución de 2006, se le reconoce, lógicamente, el derecho a decidir democráticamente su futuro y, en consecuencia, poder para vetar los acuerdos hispano-británicos que considere perjudiciales. Además, esta apuesta por un nuevo estatuto internacional debe vincular a la Roca con el Campo de Gibraltar y con Andalucía para poder ofrecer a los gibraltareños, que son el 4º territorio del mundo con mayor renta per cápita, un futuro estratégico de intereses compartidos. Tal vez, de este modo, dejemos de estar, como viene sucediendo en estos últimos 300 años, enrocados en (y por) Gibraltar.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 diciembre 2013)
