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UN CONGRESO CONTRA LA PENA DE MUERTE
Durante los próximos días 12 al 15 de junio tendrá lugar en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte, organizado por las principales asociaciones abolicionistas internacionales, con la presencia prevista de representantes de más de 90 países y patrocinado por el Gobierno de España y los ministerios de Asuntos Exteriores de Noruega, Francia y Suiza.
Largo y tenaz ha sido el camino del movimiento abolicionista que, en los últimos años, ha logrado que se pasase del 20 al 70 % el número de países que han renunciado a aplicar la pena de muerte. Todo empezó en el Congreso mundial que tuvo lugar en Estrasburgo en 2001 y que congregó a miembros de la sociedad civil, políticos y juristas para elaborar estrategias abolicionistas (tanto a nivel nacional como internacional) así como para recordar que la supresión de la pena de muerte es una exigencia de toda sociedad basada en el progreso y la justicia. En este primer Congreso, se constituyó la Coalición Mundial contra la pena de muerte (de la cual hoy forman parte 138 organismos diversos) y se instituyó el 10 de octubre como Día Mundial contra la pena de muerte. A partir de entonces, el movimiento abolicionista se fue consolidando en sucesivos congresos que tuvieron lugar en Montreal (2004), París (2007) y Ginebra (2010).
Especialmente reseñable resulta la aportación española al 4º Congreso (Ginebra, 2010), el cual fue inaugurado con un importante discurso de Zapatero, entonces Presidente del Gobierno español, en el que además de ofrecer el compromiso de España para organizar en Madrid el 5º Congreso Mundial, propuso, inspirado en el calendario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el ambicioso horizonte de lograr una moratoria universal a la aplicación de la pena de muerte la cual debería de entrar en vigor en 2015, como etapa previa a la abolición definitiva de la misma en las respectivas legislaciones penales en aquellos países que todavía la contemplan, los llamados Estados “retencionistas”. Otra de las propuestas de Zapatero fue la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como instrumento catalizador de las acciones abolicionistas de la sociedad civil. En la actualidad, dicha Comisión es un órgano independiente de los gobiernos, está presidida por Federico Mayor Zaragoza y entre sus objetivos figuran el de promover la abolición con cambios legislativos, la aplicación de la citada moratoria universal y el cese de las ejecuciones en los diversos países donde éstas se llevan a cabo.
Mucho se ha avanzado en estos últimos años por parte del movimiento abolicionista mundial, pero la labor continúa siendo larga y difícil. En la actualidad, hay 97 países abolicionistas, además de otros 8 donde la pena de muerte no se aplica a los delitos comunes y 35 que son abolicionistas de hecho frente a los 58 estados retencionistas que todavía mantienen la pena capital en sus respectivas legislaciones y cuyo mapa se extiende por los EE.UU. (sólo son abolicionistas 17 de sus 50 estados), Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, además de la mayor parte de los países africanos, de Oriente Medio y de Asia, mientras que en Europa sólo queda el estigma de Bielorrusia, donde la pena de muerte sigue vigente, como se ha comprobado recientemente.
Cierto es que los avances abolicionistas ha permitido que el pasado 2012 la pena capital se haya suprimido en países como Benin, Mongolia, Letonia o en los estados norteamericanos de Illinois y Connecticut. Pero todavía persiste en esos 58 países retencionistas, los cuales no sólo son regímenes autoritarios o dictaduras diversas, sino también democracias plenas como EE.UU. o Japón y en todos ellos sus gobiernos alegan que esta cuestión concierne únicamente a su legislación interna: frente a este argumento, hay que recordar que la aplicación de la máxima pena infringe no sólo la legislación penal internacional sino los principios fundamentales del Derecho: en la Utopía de Tomás Moro, este humanista del s. XVI ya rechazaba aplicación “legal” de la pena de muerte al negarse a considerar como “derecho supremo al que origina la injusticia suprema”.
En cuanto a datos concretos, según Amnistía Internacional, tan sólo en 2011 se ejecutó “legalmente” a 676 personas en 20 países, cifra que se elevaría de disponer de los datos de China cuyo Gobierno no los facilita y donde las ejecuciones se estiman en torno a 5.000 anuales. A estas cifras habría que añadir que, en ese mismo año, 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países, quedando a la espera de la misma o a la conmutación de ésta en los trágicamente célebres “corredores de la muerte”.
Así las cosas, el 5º Congreso iniciará su andadura en los próximos días en Madrid, enfocado de forma especial hacia la situación en el mundo árabe y africano. De este modo, se pretende lograr la implicación de las Organizaciones Intergubernamentales (OIGs), la sociedad civil y los gobiernos para conseguir nuevos avances hacia su abolición total. Está prevista la celebración de sesiones plenarias, mesas redondas y talleres que tratarán desde la situación en esta materia en California o China, hasta la necesidad de concienciar sobre la abolición en los sistemas educativos, o las consecuencias del terrorismo sobre las estrategias abolicionistas. Y es que, como señalaban los organizadores, “A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, los desafíos son muchos todavía. Nuevas perspectivas se presentan para los actores de la abolición y las estrategias deben de ser reinventadas para hacer avanzar los últimos nudos resistentes”.
Al igual que durante el s. XIX los abolicionistas lucharon para acabar con la lacra de la esclavitud, éste es el momento para abolir de forma definitiva ese otro escarnio para la conciencia de la Humanidad que significa la existencia “legal” de la pena de muerte. Esperemos que en el 5º Congreso Mundial se logren avances significativos para tan noble causa y que resume el lema del mismo: “Abolición de la pena de muerte, ahora”.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 junio 2013)
POR UN SENADO FEDERAL
Cuando el 29 de mayo la Fundació Rafael Campalans vinculada al PSC hacía público el documento “Por una reforma constitucional federal” planteaba, a lo largo de sus 40 páginas, una cuestión de indudable calado político cual es la reforma del modelo territorial español surgido del proceso autonómico desde una perspectiva federalista. De este modo, el PSC, liderado por Pere Navarro, el rostro amable, integrador y solidario del socialismo catalán, hijo de emigrantes aragoneses de Samper de Calanda, dario del socialismo catalán busca un perfil propio en plena marea soberanista. Y es que, como señalaba Miquel Iceta, presidente de la Fundació Campalans, y dirigente del PSC, su partido no se resigna “a contemplar impasible cómo se agranda una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles” por una serie de problemas latentes a los que no se ha sabido dar respuesta: conflictos competenciales, la representación política de las comunidades autónomas en los órganos del Estado, una justa financiación autonómica y, también el asumir con valentía política la realidad plurinacional de España, entendida ésta como “nación de naciones”. Todas estas cuestiones son razones que justifican la necesidad de una reforma federal de nuestro marco constitucional.
Por todo ello, resulta muy oportuna la propuesta federalista del PSC. En primer lugar, porque genera un debate, tan abierto como necesario, sobre el modelo territorial español y sus disfunciones. El PSC ha sido capaz de proponer una interesante iniciativa política tanto frente a lo que Pere Navarro califica como “utopías secesionistas”, como a las tendencias recentralizadoras del PP. Sin embargo, esta voluntad del PSC de tender puentes de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, lamentablemente, ha hallado escasos apoyos y la propuesta federalista del socialismo catalán ha recibido las duras críticas del nacionalismo españolista conservador, de los partidarios de soluciones independencistas y, también, la incomprensión de los sectores más jacobinos y centralistas del PSOE (Guerra y Bono, entre ellos) con lo que, ante tal situación, parecía cumplirse de nuevo la vieja sentencia de Machado según la cual “en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten”.
En segundo lugar, redimensiona la función a desempeñar por el Senado. Ante el anquilosamiento y atrofia actual del la Cámara Alta, emergen tres posiciones: la de quienes plantean su supresión sin proponer ninguna opción alternativa, la de quienes defienden su continuidad maquillándola de reformas que nunca se llevan a cabo y la del PSC, la más interesante que opta por transformarlo en un Senado Federal dentro de un nuevo modelo territorial de una futura España federal. Las ideas anteriores aparecen recogidas en el capítulo 3º, titulado La conversión del Senado en un órgano federal, en el que, tras calificar su actual papel como de “Cámara inútil”, demanda la necesidad de que su reforma sirva para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas “en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente” con criterios de corresponsabilidad y colegislación según el modelo federal del Bundesrat alemán. Por esta razón, se propone que el Senado Federal esté formado no por parlamentarios elegidos por circunscripciones provinciales como en la actualidad, sino por miembros de los respectivos Gobiernos autonómicos (consejeros y, en ocasiones importantes por los propios presidentes) con lo cual para cada debate, las respectivas Comunidades enviarían al Senado, según la materia a tratar, a sus consejeros respectivos o a los altos funcionarios que consideraran más idóneos, por lo que esta Cámara tendría un mayor perfil no sólo político sino también técnico. Además, su composición sería reducida (92 senadores), a razón de 3 por cada Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes de las mismas, quedando la representación territorial del Senado de éste modo: Cantabria, La Rioja y Navarra (3 votos), Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia (4), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Euskadi (5), Valencia (8), Madrid (9), Cataluña (10) y Andalucía (11).
Finalmente, la presente propuesta federalista reubica al PSC y, esperemos que también al conjunto del PSOE, en la mejor tradición federal de raíz republicana que es consustancial al partido de Pablo Iglesias y ofrece una respuesta positiva y sensata a la crisis identitaria del Estado Español, contra cuya nave se baten con fuerza las olas del españolismo centralista y las de los nacionalismos periféricos e insolidarios. Y es que, como ya decía Rafael Campalans en 1923, “socialismo y federalismo tienen que considerarse como doctrinas complementarias”. El mismo Miquel Iceta nos ofrece una acertada definición del federalismo que propugna el socialismo catalán: “es una forma de organizar la democracia especialmente adecuada cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas por pueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan la fuerza de la unión y el respeto a la diversidad. Federalismo es autogobierno y, por ello, es la mejor forma de organizar el Estado en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas”.
Ciertamente, el futuro siempre es incierto y supone un cúmulo de retos y riesgos añadidos. Pero cada vez somos más los que pensamos que la España del siglo XXI será federal (y por supuesto republicana) o el actual modelo de Estado no tendrá la capacidad de mantener unidos a todos los territorios que conforman esta nación de naciones llamada España.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 junio 2013)
