Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

La Troika, ese entente formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, cual si de los nuevos jinetes de la Apocalipsis se tratara, avasalla nuestros derechos laborales y sociales y comete un auténtico golpe de estado contra la soberanía económica de las naciones que, como es el caso de España, se hallan empantanadas en una crisis global de incierta salida. Y es que, en medio de tan sombrío panorama, resultado, como señalaba Susan George,  a la convergencia simultánea de varias crisis (económica-financiera, ecológica y alimentaria), hay que sumar una crisis también democrática ya que, en el marasmo actual, los poderes económicos, que no han sido elegidos por los ciudadanos, son los que fijan las reglas del juego. Todo ello hace que la Troika se convierta en un poder omnímodo que, con sus políticas, está desmantelando los principales logros sociales de la Unión Europea.

Pero nada de esto es nuevo. La Troika, amparada en los vientos conservadores que soplan en Europa, se mantiene fiel a la política desarrollada por el FMI y el Banco Mundial (BM) desde que ambas instituciones financieras internacionales surgieron en la Conferencia de Bretton Woods (julio 1944) convocada por el presidente norteamericano Roosevelt con objeto de crear un nuevo orden económico internacional (capitalista, desde luego) cuando la II Guerra Mundial  entraba en su fase final. Desde entonces, el FMI-BM se convirtieron en los prestamistas de recursos financieros  no sólo para la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, sino para los países en vías de desarrollo.  Pero, a partir de la crisis petrolífera de 1973 y de la crisis de las deuda de principios de los años 80, la concesión de los créditos quedó condicionada a la previa implantación de duros programas de ajuste estructural por parte de los Estados, a los cuales se exigían severas medidas de disciplina fiscal (reducción gasto público, liberalización financiera y comercial, política de privatizaciones). Esta política ultraliberal, conocida como “El Consenso de Washington”, suponía la consagración de los cuatro dogmas de la ortodoxia neoliberal: la estabilidad presupuestaria, la liberalización, la privatización y la desregulación de los mercados financieros.

Estas políticas, aplicadas durante décadas por el FMI-BM en los países en vías de desarrollo, son las mismas que ahora impone la Troika a los países de la UE con dificultades y que han tenido unos resultados nefastos. De hecho, no sólo no favorecen el crecimiento económico, sino que debilitan los elementos de cohesión social y, con ello, aumentan las desigualdades sociales. Es por ello que la Troika ha alcanzado una excesiva capacidad de influencia (y de decisión) sobre las políticas económicas de los Estados soberanos a los que les imponen su rampante programa neoliberal.

Las recetas macroeconómicas que la Troika nos exige son conocidas: desmantelamiento del sector público, privatizaciones, una mayor flexibilidad laboral y una fiscalidad regresiva (aumento de los impuestos indirectos como el IVA en vez de potenciar una fiscalidad progresiva basada en los impuestos directos tales como el IRPF o el de Sociedades), además de otras medidas tendentes a debilitar, cuando no desmantelar, la educación y la sanidad pública así como la reducción de los subsidios. Por todo ello, la Troika simboliza hoy en día el paradigma extremo de la ideología ultraliberal.

Ante semejante panorama, los gobiernos europeos doblan la rodilla. Este es el caso de España donde, como recordaba Pablo Iglesias Turrión, “los partidos por-Troika”, esto es, el PP y el PSOE, se han aprestado en todo momento a cumplir “diligentemente” sus órdenes y, por ello, reformaron la Constitución para limitar nuestra soberanía económica, y aplicaron reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores. Pero la Troika es insaciable y, asumiendo el último informe del FMI, propone ahora como solución a los problemas económicos de los españoles la reducción de un 10 % de los salarios. Eso dice el FMI, cuya directora, Christine Lagarde, cobra 380.000 euros anuales, y en una España que, como recordaba el economista francés jean Paul Fitoussi, se ha producido una caída de los salarios que “no se ha visto nunca en los tiempos modernos en un país desarrollado”.

Ante semejante agresión, una más, de las políticas de la Troika,  el economista Juan Torres nos insta a rebelarnos ante un programa económico que se nos impone y que está generando auténticos crímenes económicos contra la Humanidad y ante los que, consecuentemente, debemos pedir responsabilidades a sus dirigentes y directivos y exigir una legislación y unos tribunales internacionales que los investiguen y juzguen cuanto antes.

Frente a la resignada claudicación de los gobiernos europeos ante los dictados del FMI en su versión Troika, hallamos el contraste de los gobiernos de izquierdas de América Latina, los cuales se han opuesto de forma tajante a la dictadura neoliberal. Este es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa optó valientemente por la dirección contraria: subió los impuestos a los ricos y a los bancos lo cual duplicó la recaudación tributaria, logró la gratuidad plena de la sanidad y la educación y elevó los salarios reales.

Ante esta Troika que nos trinca derechos y recursos, la única solución, además de una oposición frontal a estas políticas antisociales, pasa por exigir una transformación radical de las instituciones financieras internacionales, democratizando su funcionamiento y exigiendo que se revisen (y en su caso se anulen) las condiciones de política económica y ajustes estructurales en función de los efectos sociales negativos que de ellos pudieran derivarse. Es difícil doblegar a los amos de la economía global, pero resulta imprescindible para garantizar una sociedad más justa, libre y cohesionada.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 septiembre 2013)

    Mucho cambió la imagen de la Justicia española tras la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  en febrero de 2012 por su investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto para nuestra Judicatura un grave descrédito tanto en España como en el extranjero. Por ello, ante una Justicia autista frente a las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (el Tribunal Supremo se negó a hacerlo alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer  a la Justicia española, incapaz de adoptar en esta materia los principios de la legislación y justicia universal, para castigar los crímenes del franquismo, que tienen, no lo olvidemos, la calificación jurídica de “crímenes contra la humanidad”.

       En este contexto, un nuevo rayo de esperanza se abre con la reciente visita a España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU con la intención de ayudar a resolver los casos de los todavía 130.000 desaparecidos (estremece la cifra) como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura franquista en las 2.800 fosas que salpican la geografía y la conciencia de España. A esta situación se ha llegado ante el desamparo total de que han sido objeto las víctimas tanto por parte del Gobierno como de la Justicia española. Al margen de las tímidas acciones llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en  2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en la actualidad incumplida sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, esta herida  de nuestra democracia ha hecho que las asociaciones memorialistas busquen la internacionalización de sus demandas como única vía para hacer justicia ante tanto oprobio y olvido. Así, tras la neutralización jurídica de Garzón, las asociaciones memorialistas, acogiéndose al principio de justicia universal, iniciaron la querella contra los crímenes franquistas ante los tribunales de Argentina, una vía que hoy está resultando esperanzadora no sólo para la reparación moral y jurídica de las víctimas sino para la condena pública y universal de los criminales,  hasta ahora impunes gracias a la Ley de Amnistía de 1977 que, en la práctica, fue una ley de impunidad absoluta, un peaje que hubo que pagar durante la Transición para avanzar hacia la ansiada democracia en España.

     Otras acciones se están llevando a cabo en esta línea ante el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y, es probable que las conclusiones del informe que elabore Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU supongan una amonestación para España por su pasibilidad en la resolución de este triste episodio de nuestra historia y su negativa a aplicar con todas sus consecuencias la legislación penal internacional ante este tipo de crímenes de lesa humanidad que, precisamente por ello, son jurídicamente imprescriptibles. El tema es motivo de polémica y, mientras el Gobierno del PP no tiene ningún interés  en las políticas públicas de la memoria, el fiscal de la Audiencia Nacional ya ha manifestado su opinión contraria a las acciones de la juez Servini. Por el contrario, los fiscales progresistas calificaban de “penosa” la posición de la Justicia española en este tema, y el juez Pablo Ruz, ha dado un paso al frente al citar a declarar a los torturadores Muñecas y González Pacheco (a) Billy el Niño reclamados por la Justicia argentina.

     Aunque la vía internacional ha desbloqueado siquiera sea en parte esta cuestión, considero que, tarde o temprano,  los crímenes franquistas deben ser investigados en España y ello será una garantía de madurez de nuestra democracia y una prueba de que la Justicia es digna de tal nombre. Y, para ello, además de las acciones judiciales pertinentes, resulta imprescindible el crear una Comisión de la Verdad  tal y como se hizo en diversos países de América Latina, unos países que ahora nos dan ejemplo de valentía judicial en la lucha contra la impunidad de las dictaduras y sus cómplices. Y a todo ello no debería oponerse la derecha española, esa derecha que tanto ha monopolizado a las víctimas del terrorismo de ETA y que, en cambio, siempre ignoró a las de la dictadura franquista porque como señalaba Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que ha logrado procesar al exdictador Ríos Montt, “las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo”.Y algo no menos importante: esta página negra de nuestra historia debe de ser estudiada en los libros de texto, al igual que la enseñanza del Holocausto es obligatoria en los programas educativos de diversos países para inmunizar a la juventud frente a la amenaza fascista, esa que siempre resurge en tiempos de crisis económica como los que ahora padecemos y como pone de manifiesto el caso de Grecia.

     El prestigio y eficacia de la Justicia en España dependerá de la resolución de todas estas cuestiones y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón y de la reapertura de los sumarios sobre los crímenes franquistas. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras de Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es una auténtica Justicia democrática que demandamos los ciudadanos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2013)