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CHIPRE, UN CONFLICTO OLVIDADO
Existe en Europa, una situación anómala: el conflicto de Chipre, un país dividido y parcialmente ocupado por Turquía y cuya capital, Nicosia, tiene la triste condición de ser la única capital europea dividida, un problema enquistado desde hace 41 años en esta isla del Mediterráneo oriental que es miembro de de la Unión Europea (UE) desde el año 2004.
Stelios Stavridis, en su libro La Unión Europea y el conflicto de Chipre (1974-2006), nos ofrece una profunda, amarga y dolorosa visión crítica del problema, en especial del “ambigüo e inconsistente” papel desempeñado para buscar una posible solución, tanto por parte de la Unión Europea (UE) como del Parlamento Europeo (PE) pues ambas instituciones no han ejercido, con energía y convicción, su influencia en lo que a todas luces era un caso claro de invasión y ocupación militar ilegales con arreglo al Derecho Internacional.
La historia de Chipre es una historia de continuas invasiones y ocupaciones dada su envidiable posición geoestratégica. Así, desde que en el siglo XIII antes de Cristo se asentaron en ella los griegos, la isla fue ocupada, sucesivamente, por Alejandro Magno, Roma, Bizancio, Ricardo Corazón de León, la dinastía francesa de Guy de Lusignan, Venecia, hasta su conquista por Turquía (1871), potencia que la cedería al Imperio Británico en 1878 al que perteneció hasta que, finalmente, Chipre logró la independencia en 1960. Dado que en la isla convivían dos comunidades diferentes, la greco-chipriota y la turco-chipriota, las aspiraciones de ambas en el nuevo Estado eran bien distintas: mientras la mayoritaria población de origen griego deseaba la unión a Grecia, la “enosis”, la minoritaria turca era partidaria de la “taksim”, de la partición de la isla, de la separación política de ambas comunidades.
Así las cosas, el desencadenante del conflicto actual tuvo lugar cuando el 15 de julio de 1974 se produjo un golpe de Estado por parte de la extrema derecha del EOKA-B contra el cardenal Makarios, entonces presidente de Chipre, y que, al posicionarse durante la Guerra Fría con el Movimiento de Países No Alineados, le valió el que Estados Unidos lo calificase despectivamente como “el Castro del Mediterráneo”. El golpe fue alentado por la Junta Militar de Atenas, por la dictadura griega entonces en el poder, con objeto de lograr la ansiada “enosis”. Ante esta situación, Turquía reaccionó invadiendo el norte de Chipre con el pretexto de restablecer el status quo previo al golpe y defender a la población de origen turco cuando, en realidad, el gobierno de Bülent Ecevit, lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para forzar un “taksim” sobre Chipre. Aunque el golpe pro-griego fracasó a los pocos días, las consecuencias de la invasión y posterior ocupación turca se mantienen invariables hasta el día de hoy puesto que las fuerzas de Ankara siguen dominando el 37% de la isla. Desde entonces, las dos comunidades se hallan separadas política y geográficamente. Además, ha habido variaciones demográficas puesto que, en sucesivas oleadas, han ido llegando a Chipre campesino turcos de Anatolia (unos 115.000), lo cual ha reforzado la turquización del norte de la isla, máxime tras la declaración unilateral de independencia en 1983 de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), tan sólo reconocida diplomáticamente por Turquía.
Para solventar este conflicto han tenido lugar numerosas negociaciones, la más importante fue el Plan de Kofi Annam, el entonces secretario general de la ONU, con sus 5 versiones presentadas entre 2002-2004. Pero, tras ser sometido a referéndum por separado el 24 de abril de 2004, fue rechazado por el 80 % de los grecochipriotas liderados por su presidente Papadopoulos, ya que dicho plan legitimaba la invasión, la ocupación militar turca del norte de la isla y la posterior llegada de los colonos turcos, no se concretaba la futura estructura política del país (federal o confederal) y, además, se obligaba al nuevo Estado reunificado a apoyar el ingreso de Turquía en la UE. Otros intentos, también infructuosos, para buscar una solución al conflicto fueron el proyecto de creación de los Estados Unidos de Chipre de 2001 o el plan de articulación federal de la isla inspirado en la Constitución federal de Bélgica de 1992.
El libro de Stavridus dedica una parte considerable del mismo a analizar el ineficaz papel de la UE y del PE a la hora de intentar solventar un conflicto que afecta, no lo olvidemos, a uno de sus Estados miembros y ante el cual ofrece una valoración muy crítica. Y la razón de esta actitud europea, a su modo de ver, se debe a la posible entrada de Turquía en la UE ya que durante estas cuatro décadas de conflicto, la CEE primero y la UE después, han hecho gala de una retórica que no ha ido nunca respaldada por acciones concretas y firmes para no enemistarse con Turquía. Lo mismo podemos decir del escaso e irrelevante papel del PE pese a que su “diplomacia parlamentaria” pretenda asumir un papel activo en la escena internacional como promotor de los principios democráticos y de los derechos humanos en el mundo. Y, sin embargo, tampoco el PE emprendió en este tema ninguna acción concreta, nunca adoptó sanciones contra Turquía, país considerado como un importante “actor geoestratégico de la realpolitik”. En este sentido, siempre he sido partidario de la integración de Turquía en la UE, una decisión de gran calado político y que, por ello, ha generado siempre polémica, pero no a cambio de pagar el precio que supone la indignidad de perpetuar la división política de la isla y la ilegal ocupación militar que padece, hasta hoy, la República de Chipre.
Así las cosas, la solución parece hallarse en una apuesta por la bizonalidad y la bicomunidad. La resolución justa del conflicto de Chipre significa, un importante reto político pues ello, además de ser determinante para el futuro de la isla, es también un desafío para la credibilidad de las ideas europeístas, tan dañadas como consecuencia de la actuación de la Troika con respecto a la crisis de Grecia, pues como señalaba Camiel Eurlings, de ello dependerá el que la UE se convierta, o no, en “un actor internacional de envergadura”.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 julio 2015)
LA JUSTICIA, JUZGADA
Ningún gobierno de la democracia española había dejado un rastro tan negativo en lo que a involución de derechos y recorte de libertades se refiere que el ya terminal Ejecutivo de Rajoy: ahí están, como flagrante ejemplo de ello, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, (“la Ley Mordaza”), o la regresiva reforma del Código Penal. A ello hay que sumar la penosa situación actual de la Justicia en España: escasez de medios personales y materiales con el consiguiente colapso de los Juzgados, sin olvidar las reformas del anterior ministro Gallardón y su intento de control gubernamental de la Judicatura, unidas a otras medidas regresivas (modificación de la Ley del Aborto, imposición de tasas judiciales, privatización del Registro Civil, limitación del principio de justicia universal). A este panorama hay que añadir los numerosos (y polémicos) sumarios judiciales que están en la mente de todos: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Bankia, Púnica, Pokemon o los EREs de Andalucía.
Tampoco olvidamos la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón por su valiente actitud ante la investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto un grave descrédito de la Justicia española, no sólo aquí, sino también en el extranjero. Por ello, frente a una Justicia autista ante las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (recordemos que el Tribunal Supremo se negó a investigarlos alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer a la Justicia española, incapaz de aplicar los principios de la legislación y la justicia universal para juzgar los crímenes genocidas del franquismo, que tienen la calificación jurídica de “crímenes de lesa humanidad”.
Si todo esto fuera poco, la Judicatura, en sus órganos más representativos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) no desempeñan correctamente sus funciones dada su politización como consecuencia del perverso sistema de nombramiento por cuotas partidistas. El caso más reciente y escandaloso es el de los jueces Enrique López y Concepción Espejel, ambos miembros del CGPJ a propuesta del PP y que juzgarán el caso Gürtel que salpica de lleno al partido conservador y que, por ello, suscita serias dudas la exigible imparcialidad que deberían tener ambos magistrados en este espinoso asunto.
Difícil son las alternativas ante semejante cúmulo de fiascos. Algunas propuestas resultan de interés. Este es el caso las ideas que plantea el documento Por una reforma constitucional federal elaborado por la Fundación Rafael Campalans afín al PSC, en cuyo capítulo 7º, titulado “Descentralización del Poder Judicial”, propone que el CGPJ se convierta en un “órgano más técnico y neutral” teniendo en cuenta que la mayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa, lo cual implica, además de suprimir el sistema de cuotas, optar por una composición más reducida de sólo 5 miembros: 3 jueces elegidos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 2 juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado.
Por lo que se refiere al TC actualmente desbordado por cantidad de conflictos competenciales y con una preocupante involución conservadora, en el dictado documento se plantea la supresión del actual sistema de cuotas de los grupos parlamentarios por otro en que los magistrados serían elegidos a partes iguales por el Congreso y por un futuro Senado Federal para que, de este modo, todas las comunidades autónomas tengan “alguna conexión” con el referido TC y se sientan integrados y representados en el mismo.
En cuanto al Tribunal Supremo (TS), también presenta en la actualidad graves disfunciones: sus miembros son elegidos por tiempo indefinido (hasta su jubilación) y sin criterios que midan la capacidad u mérito del candidato pues lo son por las cuotas ideológicas o partidistas del CGPJ. La actuación del TS quedó patente durante el nefasto papel del juez instructor Luciano Varela contra Garzón y su sumario de los crímenes del franquismo.
En consecuencia, hay que abrir el debate de cómo elegir a los jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y hay opciones: desde la elección directa como ocurre en Estados Unidos, la votación ciudadana para ratificar a la Corte Suprema como en Japón o la aplicación de duras pruebas de selección, tal y como se aplican en numerosos Estados.
Por su parte, el documento Hacia una estructura federal del Estado, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE (Granada, 6 de julio de 2013) propone que el TS debería de ser un Tribunal de Casación, (esto es, de unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia. Para ello, se sugiere que, “con carácter general, los diferentes procesos en todo y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deben culminar en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo” (punto 31.3). Consecuentemente, es necesaria una territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial que, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado, requiere una creciente desconcentración de todas deliberaciones y decisiones que no afecten a las funciones del CGPJ en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ello, siguiendo el modelo alemán, supondría una auténtica descentralización de la Justicia, tal y como recordaba Martín Pallín.
El prestigio y eficacia de nuestra judicatura dependerá de la resolución de estas cuestiones funcionales, así como de los casos de corrupción política y financiera que tanta alarma social generan y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras del citado Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es la auténtica Justicia democrática al servicio de la ciudadanía.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 agosto 2015)
