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NOS QUIEREN A-MORDAZA-DOS
Otro de los pesados lastres que deja el Gobierno de Rajoy es la limitación de derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Mordaza”, y las restrictivas (y retrógradas) reformas introducidas en el Código Penal, entre ellas, la polémica “cadena perpetua revisable”. Todo este cúmulo de despropósitos, propios de la vieja derecha autoritaria es lo que hizo afirmar a Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que, con la aplicación de dichas leyes, “entra en vigor el mayor recorte de libertades de la historia de la democracia española”.
Si analizamos en detalle la vigente “Ley Mordaza” observamos algunos detalles tan significativos como preocupantes. En primer lugar, ya en su Preámbulo, considera a la “seguridad ciudadana” y a la “seguridad pública” como sinónimos, entendiendo por tales “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Tras estas declaraciones, subyace un concepto ideológico de seguridad anacrónico pues, como señalaba Joan Josep Nuet, la derecha recurre al discurso del miedo, a la coerción, y olvida que “seguridad” no sólo significa riesgos y amenazas, es algo más que el “orden público” de otros tiempos. De hecho, la seguridad debería entenderse en un sentido amplio, como “un instrumento al servicio de la instauración y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales en condiciones de igualdad y dignidad”, esos mismos derechos devastados por el liberalismo rampante que aplica el Gobierno del PP. Desde una perspectiva social, libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Y, por ello, el PP olvida que el bienestar social y seguridad son conceptos complementarios, dado que no pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se abordan la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social. Por ello, la solución no es el endurecimiento de medidas de “orden público”, de lo cual la “Ley Mordaza” es un claro ejemplo, sino, bien al contrario, la aplicación de políticas integrales de empleo y protección social.
El carácter punitivo de la “Ley Mordaza” queda patente si tenemos en cuenta que el capítulo 5 (“Régimen sancionador”) es el más extenso y ocupa la mitad del texto de la ley (desde el artículo 30 al 54). En dicho capítulo, se clasifican las sanciones en “muy graves”, “graves” y “leves” (art. 33). Entre las “muy graves”, hallamos desde las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, hasta la proyección de haces de de luz sobre los conductores de medios de transporte. En cuanto a las sanciones “graves”, figuran 23 tipos distintos: desde las perturbaciones en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos, hasta la realización de de manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, las sanciones “leves” (17 tipos diferentes), van desde la ocupación de inmuebles hasta la “negligencia en la conservación de la documentación personal”.
Si muchas son las sanciones contempladas en la “Ley Mordaza”, mucho es también el importe de las cuantías con las que se les penaliza: de 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y, las muy graves, desde los 30.001 hasta la astronómica cifra de 600.000 euros. La voluntad coercitiva de la ley queda así bien patente.
Ante esta ley tan regresiva resulta reveladora la lectura de las observaciones finales del Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio y que instaba al Gobierno de España a que retirase no sólo la nefasta “Ley Mordaza”, sino, también, las últimas reformas introducidas en el Código Penal, para adecuarlas a la estricta aplicación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y, por ello, de obligado cumplimiento. De este modo la ONU dejaba patente que ambas leyes “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Como señalaba Maina Kiai, Relator Especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación del citado Comité, la “Ley Mordaza”, “limita marcadamente el derecho de reunión” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas”. Todo ello permite “la aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y ello, como es el caso del derecho al ejercicio de libertad de manifestación pacífica, produce un efecto gravemente disuasorio entre la ciudadanía. De este modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dedica en su Informe 8 páginas a los “Motivos de preocupación y recomendaciones”, los cuales suponen un auténtico varapalo para el Gobierno de Rajoy en esta materia, recomendaciones a las que éste, carente de sensibilidad social, ha vuelto a hacer oídos sordos.
De igual modo, dado que la “Ley Mordaza”, con arreglo a su Disposición Final Primera, “legaliza” las “expulsiones en caliente” de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, también en este tema la ONU ha manifestado su preocupación por el tratamiento que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo y, por ello, critica las citadas “devoluciones en caliente”. Y una recomendación final de la ONU ante la que la derecha ha sido y sigue siendo insensible: la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 dado que ella impide investigar en España los crímenes franquistas. Otra carencia de nuestra democracia.
Por todo lo dicho, como nos recordaba Joan Josep Nuet, “En España hay un claro ejemplo para la seguridad nacional, pero ese claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos”. Y, por ello, no queremos ni debemos ser a-mordaza-dos.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 diciembre 2015)
RECORDANDO A FRANCISCO AZORÍN
Hoy, 27 de diciembre, se cumple el 40º aniversario de la muerte del arquitecto y político socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo (1885-1975) que, al igual que su paisano Luis Buñuel, tuvo que exiliarse en México al término de nuestra guerra civil. Su figura, hasta hace poco desconocida en Aragón, ha sido recuperada por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, investigador mexicano y profundo conocedor de la vida y la obra de Azorín, así como por el historiador Serafín Aldecoa, el arquitecto Antonio Pérez y por diversos artículos de Francisco J. Millán publicados en Diario de Teruel.
Francisco Azorín, “el turolense errante” como lo definió Juan Ignacio del Cueto, nació en Monforte de Moyuela, hijo de un guardia civil de Alicante y de una turolense de Aliaga. Tras unos años de residir en la ciudad de Teruel, en 1902, y con tan sólo 17 años, fue becado por la Diputación Provincial para estudiar Arquitectura en Madrid.
Llegado a la capital de España se establece en el Pensión Canalejas regentada por el también turolense Victoriano Tió Calvo (de Cuevas Labradas), un histórico militante de los primeros días del PSOE y la UGT. Dicha pensión era lugar habitual de encuentro de dirigentes socialistas, entre ellos, Pablo Iglesias, a quien allí conoció y, con quien pese a los 35 años de edad que los separaban, bien pronto se estableció entre ambos una profunda amistad personal y política, convirtiéndose Azorín en una de las personas de la máxima confianza del entorno de Iglesias. Por ello, y por su dominio de idiomas por parte del turolense, (hablaba francés, inglés, alemán y esperanto), éste se convirtió en acompañante habitual de Iglesias en varios congresos de la Internacional Socialista y ello hizo que viajase junto con el fundador del PSOE y la UGT por Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Recordemos igualmente que, años después, el arquitecto Azorín junto al escultor Emiliano Barral, serían los autores del mausoleo de Pablo Iglesias inaugurado en 1930 en el Cementerio Civil de Madrid.
Azorín, afiliado al PSOE desde 1902, bien pronto tuvo claras sus prioridades políticas: la formación y organización de la clase obrera y el derecho al acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. A estos temas dedicó durante toda su vida su intensa actividad política y profesional. Destinado como arquitecto a Córdoba (1912), fiel a sus ideales socialistas, como señala Aldecoa, impulsó “la construcción de viviendas sociales a precios asequibles para los trabajadores como reconocimiento del derecho a disponer de una vivienda digna”. De este modo fue el creador, entre otros, del proyecto de la Ciudad Jardín de Córdoba y años después sería uno de los principales impulsores de la Cooperativa Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, la cual llegó a construir 58.000 viviendas, por todo lo cual Francisco J. Millán definió a nuestro turolense como “el arquitecto de la clase obrera”.
De su también intensa actividad política digamos que fue el primer concejal socialista que tuvo la capital cordobesa (1918) y más tarde llegó a ser presidente de la Agrupación Socialista y también de la Federación Provincial del PSOE, además de destacado dirigente de la UGT. Por todo ello se considera a Azorín como el político más importante de Córdoba de las tres primeras décadas del siglo XX. Pese a su arraigo en Andalucía, no olvidó a su tierra natal y, de este modo, Azorín fue el promotor del primer sindicato socialista de Teruel, el de Oficios Varios (1919), más tarde Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de UGT.
Con la llegada de la II República, fue elegido diputado del PSOE por Córdoba (1931) y en las Cortes republicanas, como señala Francisco J. Millán, dejó constancia de sus prioridades políticas: “la vivienda, el urbanismo o la educación así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores” además de su repulsa al caciquismo que tanto había sufrido en Andalucía como consecuencia de su compromiso político y sindical, ese mismo caciquismo que ya le había detenido y desterrado en 1919 y que, años después, le acusó, de forma infundada, de ser el dirigente del movimiento revolucionario en Córdoba de 1934 y por lo que fue procesado por “rebelión militar”.
Durante la guerra, desempeñó un importante papel en defensa de la legalidad republicana ocupando, entre otros, los puestos de Jefe de la Subsecretaría de Obras de Armamento y Municiones, delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo, cónsul en Tarbes (1938) y después en Toulouse, puestos desde los que ayudó a ponerse a salvo a muchos españoles perseguidos por el fascismo. De igual modo, realizó diversas gestiones diplomáticas ante Francia e Inglaterra a favor de la República.
Tras la derrota de la República en 1939, Azorín fue uno de los millares de españoles que se vieron obligados a exiliarse y al igual que su paisano Luis Buñuel, halló en México una tierra de acogida. En ella desarrollaría una intensa labor profesional y política. Durante su etapa mexicana, se mantuvo vinculado al PSOE, colaboró con la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), retomó sus proyectos sobre la cuestión de la vivienda obrera puesto que, coherente con sus ideas, siempre pensó que este tema, al igual que la educación, eran las claves para el desarrollo y la emancipación personal. En 1972, a sus 87 años, junto a su hijo Ángel Azorín Poch y su nieto Telmo Azorín Bernárdez, ambos también arquitectos, diseñó el monumento erigido en la capital azteca por el Centro Republicano español al Presidente Lázaro Cárdenas en muestra de gratitud por la acogida que éste brindó a miles de refugiados españoles que, tras la derrota republicana, hallaron allí una nueva patria. Muchos ya nunca regresaron, tampoco Azorín que murió en su México de adopción en diciembre de 1975, un mes después de que lo hiciera Franco en la cama de un hospital madrileño tras décadas de una interminable dictadura.
Después de tantos años de injusto olvido, se ha ido haciendo justicia con Azorín y, en estas fechas, puede verse la ciudad de Teruel una exposición en su honor titulada “De vuelta a casa. Francisco Azorín, el turolense errante” organizada por la Fundación Amantes. Una digna bienvenida para quien merece ocupar un lugar destacado en nuestra memoria e historia colectiva.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en El Periódico de Aragón, 27 diciembre 2015)
