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8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
Desde que el I Congreso Internacional Gitano celebrado en Londres en 1971 acordase la celebración del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, se ha levantado con firmeza la bandera en defensa de la dignidad y las señas de identidad de la comunidad gitana, del pueblo romaní, como también es conocido, la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea, con una cifra estimada en torno a los 12 millones de personas, y que desde hace seis siglos forma parte de la realidad histórica, social y cultural de nuestro continente.
Lejos quedan sus orígenes en la región india del Punjab y su llegada a Europa a principios del s. XV, fechas por las que se fueron estableciendo en casi todos los países grupos de aquellas gentes de lengua extraña y vestimenta pintoresca a los que se les llamó “egipcianos”, término que más tarde derivaría en el actual de “gitanos”.
Si en un primer momento fueron bien acogidos, no tardaron en aparecer prejuicios contra ellos por su modo de vida nómada, sus prácticas de hechicería, así como perversas leyendas que los despreciaban por su piel oscura (en la época, equivalente a señal de inferioridad y maldad), así como otras que los consideraban “malditos” (se les suponía descendientes de Cam, además de haber fabricado los clavos de la crucifixión de Cristo), todo lo cual les fue condenando a la marginación por parte de las sociedades europeas en las que se habían ido asentando.
En el caso de España, la historia del pueblo gitano fue azarosa. Los ejemplos de intolerancia y represión contra ellos fueron numerosos: desde la Pragmática Sanción de los Reyes Católicos de 1499, que los obligaba a sedentarizarse o de lo contrario, a sufrir penas de azotes, corte de orejas, expulsión, o esclavitud hasta la gran redada a Prisión General de los gitanos del 30 de julio de 1749, por la que Fernando VI ordenó “prender a todos los gitanos avecindados en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”, los cuales no serían amnistiados por Carlos III hasta 14 años después, aunque algunos no se liberarían hasta 1783.
La situación siguió siendo adversa para los gitanos en toda Europa a lo largo de los siglos XIX y XX: recordemos el exterminio de la comunidad gitana europea a manos del nazismo durante la II Guerra Mundial, tragedia conocida como “Porraimos”, (“catástrofe”, en lengua romaní), que supuso el asesinato de más de un millón de gitanos y que frecuentemente se ha convertido en un genocidio olvidado: a diferencia de lo que ocurrió con la comunidad judía y como señalaba Yves Ternon, ningún gitano fue llamado a testificar en los procesos de Nüremberg contra los criminales nazis y los supervivientes nunca fueron indemnizados. Volviendo a España, debemos recordar también la célebre Ley de Vagos y Maleantes (1933), tan implacablemente aplicada por la Guardia Civil durante décadas y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), que reemplazó a la anterior durante los últimos años de la dictadura franquista hasta su derogación en el período democrático, pues la Constitución de 1978 reconocía la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley y, consecuentemente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación social por razones de raza, sexo, religión o condición social.
Pese a los solemnes principios constitucionales, lo cierto es que la comunidad gitana, a pesar de ver reconocida la igualdad jurídica, sigue sumida en una desigualdad real que hace que, en excesivas ocasiones, se halle atrapada en las redes de la marginación económica y social. Los problemas siguen siendo numerosos y complejos y deben de ser abordados desde diversas perspectivas para que la integración gitana sea una realidad por encima de las frecuentes (y estériles) palabras y acciones bienintencionadas. No obstante, existen rayos de esperanza como lo son la creciente pujanza del movimiento asociativo gitano y la implicación creciente de éste en la realidad social, aspectos en los que se han dado pasos muy significativos en defensa de la cultura y la dignidad del pueblo gitano. En el caso español, resulta muy destacable la labor desarrollada desde 1986 por la Unión Romaní, presidida por una persona tan prestigiosa como es Juan de Dios Ramírez Heredia.
La participación de la comunidad gitana en la realidad política y social resulta cada vez más necesaria, no sólo como camino para su integración ciudadana plena, sino, también, para sensibilizar y hacer frente a los negros nubarrones de abiertas tendencias xenófobas y racistas que están apareciendo en diversos países de nuestra civilizada Unión Europea de la mano de partidos de la derecha conservadora y también bajo el impulso de determinados grupos fascistas emergentes que han convertido a los gitanos, junto con la comunidad judía y la población inmigrante, en objetivo directo de sus incendiarias soflamas y de sus ataques violentos.
Por ello, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, resulta un buen momento para conocer y valorar la cultura romaní, acabar con los prejuicios seculares que siguen arraigados para con la comunidad gitana, así como para reafirmar nuestra defensa de los valores de la tolerancia y la solidaridad. Estos son los verdaderos cimientos de una sociedad multicultural, ética y justa, de una sociedad que debemos ayudar a construir entre todos.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 abril 2017)
UNA MEMORIA ARCOIRIS
A lo largo de nuestra agitada historia, han pesado demasiados prejuicios, heredados de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita, los cuales nos han hecho difícil aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera este judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias…u homosexual, una cadena de siglos de intolerancia y discriminación que, cual si de una pesada losa se tratara, hemos ido arrastrando durante demasiado tiempo.
El pasado 8 de abril, en el homenaje que anualmente organiza en el zaragozano Cementerio de Torrero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en honor a las víctimas de la represión franquista, se dedicó en esta ocasión un recuerdo especial a quienes fueron represaliados por la dictadura como consecuencia de su orientación sexual, una memoria en arcoiris tan desconocida como silenciada en ocasiones, razón por la cual hoy quisiera dedicarle unas líneas a este tema.
Durante la dictadura franquista, al desprecio secular hacia las personas que por las orientaciones sexuales que se salían de las normas convencionales, se unió el hecho de que éstas tuvieron la condición de figura delictiva, estuvieron criminalizadas. Así consta en la reforma del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1933, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se señalaban en ella las tres medidas represivas que se debían de aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.
El símbolo de la dureza represiva ejercida por el franquismo lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954 y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escasas raciones alimentarias, penaban estos deportados por lo que la dictadura consideraba “un vicio”. Tras el cierre de Tefía, en aplicación de la citada reforma de 1954, los homosexuales seguirían siendo enviados a las cárceles, ésta vez a las llamadas “Galerías de Invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo se completaba con medidas tales como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.
La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que fue reemplazada por la Ley 16/1979, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior. De este modo, entre 1970-1979, según la Asociación de Ex Presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz, para “pasivos” y en la de Huelva, para “activos”. Tras cumplir sus penas de prisión se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley pretendía “la rehabilitación de los que realicen actos de homosexualidad” y, para ello, contemplaba “el internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 4 años, o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).
La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha calificado a todas las personas que fueron objeto de represión por causa de sus orientaciones sexuales como “los olvidados de la Transición”. No sería pues hasta que, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se aprobó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, popularmente conocida como la Ley del Matrimonio Homosexual, cuando finalmente se hizo justicia para con el colectivo de gays y lesbianas, adquiriendo de este modo la plenitud de derechos cívicos que les corresponden en nuestro sistema democrático.
Aunque afortunadamente ya pasaron los viejos tiempos de persecución y desprecio, no han desaparecido por completo de nuestra sociedad actitudes homófonas que, aunque minoritarias, suponen, todavía, un poso de viejos prejuicios y nuevas demagogias, alentadas en ocasiones por los emergentes movimientos de la extrema derecha. Y no obstante, tal y como nos recuerdan los medios de comunicación, todavía es peor la situación que estos colectivos sufren en otros países como Rusia, Chechenia o en el conjunto de las zonas del mundo musulmán que se hallan bajo el yugo del fundamentalismo yihadista. Por todo ello, junto a la defensa de los valores de la memoria democrática, también es de justicia recordar, como este año se hizo en el homenaje del Cementerio de Torrero, la memoria de quienes sufrieron o siguen sufriendo cualquier tipo de discriminación y represión como consecuencia de su orientación sexual, quienes representan la tantas veces olvidada memoria arcoiris.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en El Periódico de Aragón, 23 abril 2017)
