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LA SEGURIDAD HUMANA, UN VALOR A REIVINDICAR
Vivimos en un mundo cada vez más obsesionado por la seguridad y, por ello, se habla de “seguridad nacional”, esto es, de las precauciones que se deben tomar para proteger un país, de “seguridad ciudadana”, aún a riesgo de renunciar a cotas de libertad y, en los últimos tiempos, se alude con frecuencia a la “ciberseguridad” como forma de hacer frente a las injerencias intencionadas que se producen en las nuevas tecnologías tanto por parte de particulares (hackers) como por potencias extranjeras con objetivos muy variados.
Frente a esta obsesión por la seguridad, se habla menos, y no por ello es menos importante, del concepto de “seguridad humana”, término que acuñó el Informe para el Desarrollo Humano de la ONU de 1994 y que hace referencia a la necesaria defensa que merecemos todos los seres humanos ante cualquier aspecto que atente contra nuestra dignidad, libertad o derechos, tales como la pobreza, la marginación o cualquier otra violación de los derechos humanos. En consecuencia, son las personas, antes que los intereses de los Estados o de los poderes económicos, los deben ser el objetivo prioritario de cualquier concepto de “seguridad”, tal y como recogía el Informe de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU titulado La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI del año 2006. De este modo, la seguridad humana, como señalaba Jesús Jiménez Olmos, es “aquella que es capaz de garantizar al individuo la posibilidad de desarrollarse como persona, es decir, gozar de libertad y bienestar suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales y desarrollar sus capacidades”. De ello se derivan tres ideas básicas: que la seguridad humana se halla por encima de los intereses de los Estados ; que implica un compromiso permanente de preservar en todo tiempo y lugar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, también, no lo olvidemos, la lucha por la consecución de la justicia social que permita a toda persona disponer de un nivel adecuado de recursos y bienestar para desarrollarse plenamente, idea ésta última que enlazaría con la necesidad de implantación de una Renta Social Básica para que los sectores sociales más desfavorecidos puedan lograr dichos objetivos.
Tan importante y de justicia es la seguridad humana que, para hacerla efectiva, se alude al término de “injerencia humanitaria”, el cual tiene por objeto proteger a la población civil cuando su propio Estado no es capaz de hacerlo ante situaciones de catástrofes naturales, hambrunas, éxodos masivos o violencia extrema desencadenada contra una parte u etnia concreta de su población. Dicha injerencia humanitaria, lógicamente, debe ponerse en práctica tras la aprobación previa de la correspondiente resolución de la ONU, algo que debería de haberse hecho de forma efectiva en casos tan dramáticos como las recientes crisis humanitarias de refugiados o la situación producida en Birmania ante la persecución de la minoría rohingya.
Pero para defender la seguridad humana como valor esencial, resulta prioritario, en este mundo cada vez más desigual e injusto, el garantizar la seguridad alimentaria de las personas. Por ello, la I Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 suscribió una Declaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial en la que, como recordaba José María Medina Rey, “se reafirmaba el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre”. En consecuencia, se pretendía, como objetivo, que el sistema alimentario mundial, además de sostenible, garantizase la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, tanto en el momento presente, como para las generaciones futuras. No obstante, la seguridad alimentaria se halla en la actualidad amenazada por varios factores, entre ellos,
- en primer lugar, una importante pérdida y desperdicios de alimentos, especialmente en el mundo desarrollado, esto es, de productos comestibles destinados al consumo humano que se pierden o descartan en algún punto de la cadena alimentaria.
- en segundo lugar, por los subsidios a los agrocombustibles en los países desarrollados, pues como denunciaba el citado Medina Rey, el impacto de estas políticas sobre la seguridad alimentaria mundial “puede ser letal, porque, sencillamente, no es compatible alimentar el mundo y producir tal cantidad de agrocombustibles”. Además, debemos tener presente que la creciente expansión de su cultivo resulta cuestionable desde diversos puntos de vista tales como el impacto social que causa en los países en vías de desarrollo, su dudosa rentabilidad energética y económica, sus escasos beneficios medioambientales, así como su dudosa capacidad para ser una alternativa real frente al petróleo.
- en tercer lugar, los efectos del cambio climático, el cual está afectando de manera drástica a los productores agroalimentarios con sus nefastos efectos sobre las cosechas y sus consiguientes hambrunas, especialmente en zonas como el África subsahariana, lo cual a su vez, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones, obliga a éxodos masivos como a los que estamos asistiendo en estos últimos años, un proceso que irá en aumento si no se producen cambios drásticos y rápidos en la política económica y energética mundial que frene la contaminación y, con ello, los negativos efectos de este cambio climático que nos amenaza tales como la desertificación, la falta de agua o la escasez de alimentos en amplias zonas de nuestro planeta.
A modo de conclusión, en estos tiempos inciertos, resulta fundamental reivindicar el valor de la seguridad humana, por encima de todos los intereses económicos o geoestratégicos que confrontan a los Estados en la política internacional. Para ello, es esencial partir de la idea, que tantas veces se dice de forma retórica, pero con escasa convicción, que, por encima de ideologías, intereses materiales o confesiones religiosas, está el valor de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas, esto es, la seguridad humana. Defendiendo ésta tendremos en nuestras manos la mejor garantía, la mejor y más justa forma para combatir el fanatismo, la pobreza y la opresión.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 febrero 2018)
BANALIZAR EL HOLOCAUSTO
El pasado 27 de enero, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, António Guterres, Secretario General de la ONU, en un emotivo discurso alertaba sobre el preocupante auge de los grupos neonazis y también, y ello resulta especialmente grave, de la creciente influencia de sus mensajes xenófobos y autoritarios en los partidos políticos tradicionales, razón por la cual se lamentaba de que “algunos partidos, necesitados de votos, están felices de dar un barniz de respetabilidad a ideas viles”. Es por ello que Guterres advertía del peligro que supone la “simbiosis” entre ideas y propuestas de signo claramente ultraderechista con las de partidos “respetables” del arco parlamentario en su búsqueda de réditos electorales. Así hemos de entender las posiciones que han ido adoptando diversos partidos de la derecha conservadora en temas tales como la inmigración o la seguridad ciudadana, como es el caso de la derecha sarkoziana francesa, o de otros partidos del centro y este de Europa, algunos de ellos adscritos al Partido Popular Europeo (PPE), como es el caso de Hungría, Polonia, Eslovaquia o Austria y, también, las posiciones que, por ejemplo en España, defiende en dichos temas Xavier García Albiol, el principal dirigente del Partido Popular de Cataluña (PPC).
Ante esta amenaza que se perfila en el horizonte de muchos países, Guterres pedía unidad para hacer frente a los mensajes que, como señalaba con acierto, pretenden “la normalización del odio”, unos mensajes que tanto la extrema derecha como los supremacistas blancos, expanden impunemente a través de Internet y las redes sociales. Estas actitudes reaccionarias son incapaces de comprender, y mucho menos de aceptar que, en nuestro tiempo, las sociedades son cada vez más multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, y que esa diversidad es un valor, una riqueza social y no una pretendida amenaza. Por ello, estos grupos a la par que expanden sus mensajes de odio, fomentan en la misma medida los incidentes antisemitas y los ataques violentos contra musulmanes e inmigrantes.
Ante esta situación, y recordando lo que supuso el Holocausto en la conciencia y en la memoria de la Humanidad, el discurso de Guterres nos instaba a no olvidar estos hechos, encarnación del mal absoluto, “dado que hoy el odio y el desprecio por las vidas humanas es rampante, debemos protegernos contra la xenofobia todos los días y en todas partes” ya que “nunca podemos ser expectantes cuando las vidas y los valores están en juego”.
En un acto similar que tuvo lugar en el Parlamento de Alemania, Anita Lasker-Wallfish, superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz, instó a los diputados alemanes a “no tolerar el negacionismo del Holocausto”, a la vez que alertaba del “virus” del antisemitismo, que tiene más de 2.000 años y que, “al parecer es incurable”.
Traigo a colación estas declaraciones de Guterres y de Anita Lasker-Wallfish en un momento en el que, por ejemplo, Edouard Philippe, el primer ministro de Francia, reconocía que en el país galo “hay una nueva forma de antisemitismo, violento y brutal, que emerge cada vez más abiertamente”, lo cual ocurre en la comunidad judía más grande de la Europa occidental, como lo prueban la oleada de ataques que está sufriendo en estos últimos años, el último, ocurrido hace unos días en el barrio parisino de Sarcelles contra un niño de tan sólo 8 años.
Esta lucha para evitar la banalización del Holocausto está a la orden del día, como lo ha puesto de manifiesto el caso de Udo Landbauer, líder regional del partido de la ultraderecha austríaca FPÖ, grupo político que, desde el pasado mes de diciembre, forma parte del Gobierno Central de Viena, junto al Partido Popular de Austria (ÖVP). Hace unos días se supo que la cofradía pangermanista y ultranacionalista “Germania”, una de las muchas que existen en el país alpino y de la cual era presidente Udo Landbauer, había editado un cancionero en el cual se glorificaba el Holocausto nazi con letras tan macabras como la que decía “Metan gas, viejos germanos, que llegamos a los siete millones”, razón por la cual se generó una gran polémica y el político ultraderechista se vio forzado a presentar su dimisión.
En esta misma oleada de ascenso de la extrema derecha en el seno de la civilizada Europa, que ya ha empezado a hacerse hueco en los gobiernos de algunos de estos países, podemos encontrar también otro ejemplo significativo en Bélgica. Allí, Jan Jambon, el ministro del Interior del Gobierno belga por el partido independentista flamenco N-VA (Alianza Neo-Flamenca), que cuenta con un importante sector afín a la ultraderecha, el partido que tanto está apoyando el supuesto “exilio” de Carles Puigdemont, manifestó recientemente su “comprensión” hacia los fascistas belgas que militaron en el Partido Rexista y que colaboraron con el ocupante nazi alemán durante la II Guerra Mundial, y cuyo líder, por cierto, Leon Degrelle, fue acogido y protegido, al igual que otros criminales nazis, por la dictadura franquista hasta su muerte en Málaga en 1994 sin que nunca fuera extraditado ni juzgado por los tribunales de su país por crímenes de guerra.
Por todo ello, este tipo de gestos impulsados por partidos reaccionarios no sólo pretenden la banalización de la inmensa tragedia que supuso el Holocausto, sino que también suponen, no lo olvidemos, un oprobio para la memoria de las víctimas, y entre ellas, también, la de varios miles de republicanos españoles asesinados por el nazismo, olvidados de forma deliberada por la derecha española, la misma que tan comprensiva se muestra con determinadas actuaciones de esa negra página de nuestra historia que supuso el franquismo, algo que resulta inadmisible para cualquier demócrata.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 febrero 2018)
