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CRISTIANOS ANTE EL PROCÈS CATALÁN
En el conflicto político originado en Cataluña como consecuencia del procés independentista, la voz de la Iglesia católica apenas se ha dejado oír. Es por ello que resultan interesantes las reflexiones recogidas en el documento Es posible renovar la convivencia, elaborado conjuntamente por los colectivos Cristianisme i Justìcia, vinculado a la Fundació Lluís Espinal de Barcelona y EntreParéntesis del Centro Fe-Culturas-Justicia de Madrid, en un intento de tender puentes y buscar soluciones consensuadas ante un conflicto que, como bien señalan, no debería nunca haber salido del debate político y que produce una gran incertidumbre ante el futuro inmediato de Cataluña y el temor a que aumente fractura social surgida entre partidarios y detractores del procès.
Estos colectivos cristianos, vinculados ambos a los jesuitas, consideran que dicha fractura se ha producido como consecuencia de la falta de liderazgo político, sobre todo, durante los anteriores gobiernos de Rajoy y Puigdemont, unido a los “agravios viscerales” azuzados tanto desde los sectores independentistas como por parte del rígido bloque formado por PP-C’s, pues ambos bloques, con sus “tácticas cortoplacistas”, impidieron el diálogo y el conflicto se desbordó, sobre todo, a partir de los sucesos del 1 de octubre del pasado año. Y es que estamos asistiendo a una bronca confrontación entre dos nacionalismos exacerbados, el catalán y el españolista que fomentan actitudes excluyentes y que “utilizan la identidad en su vertiente más intolerante”. Por ello, estos colectivos cristianos progresistas se lamentan de se haya ido difuminado la idea de la España plural, de un Estado que “no es homogéneo” sino que se configura “desde múltiples pertenencias, culturas y nacionalidades”, todo lo cual supone una oportuna crítica a los intentos recentralizadores de la derecha españolista y, a la vez, una apuesta por un modelo territorial federalista cooperativo, en la línea de las ideas que defiende José Antonio Pérez Tapias.
El documento se lamenta también de la falta de respeto al marco legal, elemento esencial para la convivencia y la estabilidad de todo Estado social y democrático de Derecho, vulnerando tanto la actual Constitución como el vigente Estatut de Cataluña, aun siendo conscientes de que ambos requieren, en un futuro inmediato, una profunda reforma. También reprocha el documento otra obviedad: el que se haya concedido un excesivo papel al poder judicial, que no ha servido para resolver el conflicto, sino que lo ha agriado todavía más y es que, como decía Carl Schmidt, “no es bueno judicializar la política, porque la política no tiene nada que ganar y la justicia puede perderlo todo”.
Ante esta grave crisis política con crecientes derivadas sociales, el primer objetivo que proponen es evitar que el conflicto se enquiste y para ello, es imprescindible tender puentes que recuperen, siquiera sea tímidamente, como ahora intenta el gobierno de Pedro Sánchez, recuperar el diálogo con la Generalitat y que ésta renuncie a la unilateralidad, respetando el actual marco legal, lo cual no impide reconocer la legitimidad democrática de la opción independentista y el derecho a promoverla mediante la demanda de cambios necesarios en el ámbito legislativo.
Se insiste igualmente utilizar la vía de los tribunales de justicia “con mesura” dado que las acusaciones de “sedición” y “rebelión” resultan ciertamente desproporcionadas tal y como piensan muchos juristas, asociaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional. También plantea que no sean reprimidos estos delitos tipificándolos como “terrorismo” lo cual, además de reiterar que es desproporcionado, supone un “agravio” para con las víctimas de atentados terroristas. Reclaman también la libertad para quienes están en prisión preventiva hasta su juicio, “ajustando la acusación a delitos proporcionales” dado que su encarcelamiento “eleva el muro del enfrentamiento y dificulta posibles salidas” ya que, estos líderes políticos y sociales son y serán interlocutores necesarios para buscar las soluciones futuras al problema político de Cataluña.
Ha llegado el tiempo de la audacia política, de que los dos bloques salgan del “modo victoria o humillación” y superen las actuales posiciones, en muchos casos maximalistas. Sólo así se podrá renovar la convivencia, tan seriamente dañada en estos últimos meses, recuperar espacios de diálogo político y abrir “una ventana de oportunidades” por la que entren la luz y las soluciones al conflicto catalán. En ello confiamos.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 octubre 2018)
HIPOCRESÍA POLÍTICA Y NEGOCIOS RENTABLES
El asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi, ha vuelto a poner de actualidad a Arabia Saudí, un país que siempre ha hecho gala de un absoluto y flagrante desprecio por los derechos humanos y en donde las ejecuciones públicas son práctica habitual.
Como señalaba Jesús Núñez Villaverde, Arabia Saudí, desde su creación en 1932, más que un país es la propiedad privada de la familia reinante, los Al-Saud, la cual controla directamente todas las palancas del poder social, político, económico y militar del reino. A ello contribuye el hecho de que el poder autocrático de tan anacrónica monarquía se sustenta en la ortodoxia religiosa wahabí, una corriente del Islam surgida a mediados del s. XVIII como consecuencia de la alianza entre el predicador Muhammad Ibn Abd al Wahab y el líder tribal Muhammad ibn Saud y que tiene como objetivos purificar la religión, combatir las innovaciones, aplicar estrictamente la ley islámica (sharia), sin olvidar tampoco la obligación de los fieles de acudir a la guerra santa (yihad), no sólo contra los “infieles” cristianos, sino también contra los musulmanes chiíes, a los que el wahabismo considera como “renegados” de la ortodoxia islámica, cuestión ésta que explica el histórico enfrentamiento, no sólo religioso sino también geoestratégico, de Arabia Saudí con el Irán chiita en todo el Próximo Oriente y de forma especial en el sangriento conflicto del Yemen.
Además de lo dicho, hay que tener presente que es el wahabismo saudí el que financia a los núcleos del Islam más radicales a lo largo de todo el mundo y el que impone en las mezquitas de muchos países, también en Europa, a imanes wahabíes, lo cual, como proponía Tica Font, directora del Instituto Catalán de la Paz, debería de hacernos replantear la política de amistad con Arabia Saudí, así como la necesidad de suspender la venta de armas al régimen de Riad.
En este contexto, asistimos a una nueva hipocresía de Occidente, desde la América de Trump a la Unión Europea (UE) y por supuesto también de España pues, siendo conscientes de lo que significa y cómo actúa el régimen dictatorial saudí, muchos gobiernos miran para otro lado para no poner en riesgo cuantiosas inversiones y contratos, bien sea en infraestructuras como el AVE Medina-La Meca, o en suculentos suministros de armas, dado que Arabia Saudí es el tercer país del mundo en cuanto a gasto en material militar. Es por ello que países como Francia, Reino Unido y también España, olvidan que los fundamentos de la acción exterior de la UE de la cual forman parte se basan en la promoción y la consolidación de la democracia, el apoyo al imperio de la ley, la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos, valores éstos que, en este caso, son absolutamente desoídos como si se predicasen en el desierto…saudí. Sólo Suecia ha tenido el coraje de congelar, por estos motivos, la venta de armas al gobierno de Riad, dando una lección de coherencia en la defensa de los valores de la UE. Por el contrario, resulta sonrojante el caso de España a raíz del polémico contrato de la venta de 400 bombas “de precisión” firmado por el anterior gobierno del PP y asumido (y defendido) por el actual ejecutivo del PSOE por medio de unas impropias y muy criticables declaraciones del ministro Josep Borrell, bombas que, a buen seguro, ya estarán ahora empleándose en la guerra del Yemen. Por todo ello, como declaraba Alberto Estevez, portavoz de Armas bajo control, el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido la oportunidad de ponerse a la cabeza del mundo en el control de las exportaciones de armamento. Estos hechos demuestran que España ha cedido, una vez más, al chantaje de Arabia Saudí que considera las relaciones comerciales “como un todo” por lo que la cancelación de este contrato podría tener consecuencias en otros acuerdos como el de la construcción de las corbetas encargadas a la empresa Navantia.
Y es que, todos estos contratos, por muy cuantiosos que sean, unido a la pasividad de tantos gobiernos democráticos ante la constante violación de los derechos humanos en Arabia Saudí, sirven para continuar legitimando a su régimen autocrático y sangriento. Y tan lamentable como todo lo anterior resulta el que deportistas del prestigio de Rafael Nadal y Novak Djokovic se hayan prestado a celebrar un partido de tenis previsto en Jeddah para el próximo 22 de diciembre con el objetivo propagandístico, abiertamente reconocido, de lavar la imagen internacional de la monarquía saudí, más desacreditada, si cabe, tras el asesinato de Jamal Ahmad Khashoggi, un crimen que en poco tiempo se olvidará ante el poder y los intereses que generan los petrodólares saudíes.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 octubre 2018)
