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SAHARA LIBRE
En estos últimos días, el latente conflicto del Sahara ha vuelto a ser noticia, tras los incidentes ocurridos en el paso fronterizo de Guerguerat, un territorio saharaui que Marruecos considera “tierra de nadie” y que forma parte indisoluble de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en donde ya hubo incidentes en el año 2017. Estos incidentes han supuesto la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 entre la autocrática monarquía marroquí de Mohammed VI y la RASD, un conflicto, plagado de violaciones de los derechos humanos y de injusticias por parte del ocupante marroquí que, desde hace 40 décadas, están impidiendo la plena autodeterminación del pueblo saharaui.
Hay que recordar que ya desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania: todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui y, consecuentemente, rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. Especialmente reveladora resulta la atenta lectura del Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento del inicio de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, dicho informe rechazaba con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos pre colonial (el Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.
Tras el dictamen del TIJ, y pese a las promesas del régimen franquista de conceder una autonomía limitada (1974), los hechos se precipitaron cuando el 16 de octubre de 1975 Marruecos inició la Marcha Verde y el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, los cuales supusieron el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania. Nadie contó con la opinión del pueblo saharaui, el cual quedó abandonado a su suerte. Esta ocupación, ratificada por el posterior Acuerdo de Rabat (14 abril 1976) supuso el reparto del Sahara entre sus dos codiciosos vecinos: Marruecos se hacía con los 2/3 del territorio, mientras que Mauritania, se anexionaba el 1/3 restante. A cambio, España recibió determinadas compensaciones económicas, recogidas en los acuerdos complementarios (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte del dictador, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.
Así las cosas, el Frente Polisario inició una guerra de liberación contra los dos países que se había repartido el Sahara Occidental, la cual hizo que Mauritania renunciase al territorio que le había sido adjudicado (Acuerdo de Argel, 1979), lo que hizo que Marruecos se apropiase de la totalidad del territorio, proclamando acto seguido su supuesta soberanía sobre el mismo.
Durante la ocupación y la guerra consiguiente, los saharauis abandonaron las ciudades (noviembre 1975 – febrero 1976) y se instalaron en el desierto. Pero, tras los brutales bombardeos marroquíes con napalm sobre Tifirati, Guelda Zemur y Umbreiga, gran parte de la población saharaui se exilió en Argelia: este es el origen de los campos de refugiados de Tinduf.
Si algo simboliza la ocupación militar del Sahara, es sin duda la construcción por parte de Marruecos (desde 1980) de un muro defensivo de 2.720 kms. que divide el territorio de norte a sur, y que, con sus 140.000 soldados y sus sofisticadas armas, pretendía evitar incursiones del Polisario y, según Rabat, para “proteger” no sólo las ciudades de El Aaiún y Smara, sino también los ricos (y codiciados) yacimientos de fosfatos de Bucraa.
Pendiente queda la resolución política, que no militar, del conflicto. Desde que en 1991 Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan de paz de la ONU que contemplaba la aceptación de un alto el fuego como paso previo a la celebración de un referéndum de autodeterminación, poco se ha avanzado: mientras que Marruecos proponía la autonomía (2000), el Plan Baker II (2003) planteaba un período autonómico de 4 años como fase previa al referéndum. A fecha de hoy, no se ha llegado a ninguna solución...y ya van cuatro décadas de espera para hacer justicia al pueblo saharaui.
Tras unos años de tregua, los últimos acontecimientos en Guerguerat pueden ser el preludio de una escalada armada de consecuencias imprevisibles, así como del incremento de las acciones represivas por parte de Marruecos. Así las cosas, nunca debemos de aceptar que el pragmatismo político que condiciona, con excesiva frecuencia, las relaciones entre España y Marruecos, se imponga sobre la dignidad, la justicia y la defensa del pueblo saharaui, al que nos unen profundos compromisos morales. Su futuro no debe canjearse nunca por un pretendido deseo de mantener una relación amistosa y fluida con el reino de Marruecos. La dignidad de los pueblos se halla en la convicción y firmeza con que se defienden los principios y los valores éticos. En consecuencia, la libertad del Sahara no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islámico, contencioso de Ceuta y Melilla, etc.) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Por ello, la justa causa saharaui nos exige a todos, y en especial al Gobierno de España, un compromiso no sólo humanitario sino también de firmeza política para que, también en este caso, prevalezca el derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre las ambiciones territoriales de Marruecos y los intereses geoestratégicos y económicos de los aliados de Rabat (EE.UU. y Francia). Ello ha permitido a Marruecos realizar una violación continuada y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado podría producirse en cualquier momento.
Dado que la cuestión central es la soberanía del Sahara, considero de gran interés la opinión de Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad británica de Exeter, el cual destaca que el sumario de TIJ de 1967 anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui. Por ello, como enfatiza Mundy, “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.
La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello estos países han aceptado, de facto, la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en ese territorio ocupado ilegalmente por parte de Marruecos. También España debe implicarse con firmeza en defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, amargo, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, el último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho que merece la causa saharaui, acuerdos de los que en estas fechas se cumple su 45 aniversario.
Los últimos sucesos ocurridos en el Sahara Occidental, han vuelto a poner de actualidad la justa demanda del pueblo saharaui, único dueño de su destino y de su tierra, lo cual nos obliga a adoptar una posición de solidaridad y de apoyo activo. Es evidente que sólo hay una solución: la celebración del referéndum de autodeterminación, tantas veces pospuesto, con garantías adecuadas y supervisión de la ONU, en el que el censo legal de la población saharaui, decida libremente su futuro.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en Compromiso y Cultura, nº 72, diciembre 2020)
SOS DEL CENTRO ARAGONÉS DE BARCELONA
Desde siempre, Aragón ha tenido una especial vinculación histórica y emocional con Cataluña. De este modo, a principios del s. XX la emigración aragonesa hacia Barcelona convirtió a la capital catalana en “la segunda ciudad de Aragón después de Zaragoza”, dado que en ella residían, aproximadamente, 50.000 aragoneses, cifra que, en el conjunto de Cataluña, se elevaría a la de 120.000 paisanos nuestros que allí recalaron buscando unas oportunidades laborales que su Aragón natal no les ofrecía.
En aquella Barcelona de principios del s. XX, con un floreciente desarrollo económico no exento de conflictos sociales y una intensa actividad cultural alentada por el Modernismo y las nuevas vanguardias artísticas, desde Gaudí a Rusiñol, desde un joven Picasso al maellano Pablo Gargallo, un grupo de aragoneses decidió fundar, como nexo de unión de todos ellos, el Centro Aragonés de Barcelona. Era el 3 de enero de 1909 y su éxito fue inmediato pues, a finales de dicho año, el Centro contaba ya con 1.300 socios.
El Centro Aragonés, que ya ha cumplido la meritoria edad de 111 años, tiene su sede en un espléndido edificio, un “suntuoso caserón”, como señalaba Antón Castro en su obra Cien años del Centro Aragonés de Barcelona publicada en 2009 con motivo de la celebración del centenario de dicha entidad. El citado edificio, de clara inspiración en la arquitectura renacentista aragonesa, fue obra del prestigioso arquitecto Miguel Ángel Navarro (1883-1956), hijo del también arquitecto Félix Navarro Pérez, éste último autor, entre otras obras, del Mercado Central de Zaragoza. Emotivo y multitudinario resultó el acto del 31 de mayo de 1914, fecha en la cual se colocó la primera piedra del edificio del Centro Aragonés, o mejor dicho, de las tres primeras piedras del mismo, puesto que, con un simbolismo especial, se pretendió edificarlo sobre sólidos cimientos y, por ello, se coloraron tres sillares traídos expresamente, uno de cada provincia aragonesa: el del Zaragoza, procedía de la muralla romana junto al Convento del Santo Sepulcro; el de Huesca, de la vieja muralla en la Ronda de Montearagón y el de Teruel fue traído del Torreón de la Andaquilla de la ciudad de los Amantes. Las obras concluyeron el 7 de septiembre de 1916, fecha en la que el magnífico edificio abrió sus puertas como principal punto de encuentro de la emigración aragonesa en la capital catalana. En la actualidad, tan imponente y centenario edificio tiene la catalogación de Bien de Interés Local, cuando lo deseable sería que lograse la de Bien de Interés Cultural, que sobradamente merece.
Durante el primer tercio del s. XX el Centro Aragonés fue foco de las polémicas en la agitada sociedad en que estaba inmerso. En su seno, como señalaba el historiador Carlos Serrano, “empezaron a germinar otros ideales, más sociales, más populares, o menos elitistas si se quiere”, las cuales darían lugar a la fundación del Centro Obrero de Barcelona en marzo de 1914. La pugna entre ambos centros se hizo patente, de forma especial, durante el período de la Segunda República, fechas en las cuales, mientras el más conservador Centro Aragonés se redujo a 700 socios, el Centro Obrero contaba con más de 3.000 miembros. Finalmente, después de llevar vidas paralelas, la ansiada unión entre ambos centros surgidos de la emigración aragonesa en Barcelona se logró en 1998, ahora ya con la denominación de Casa de Aragón.
Por otra parte, hay que destacar también que en el Centro Aragonés empezó a surgir un aragonesismo nuevo y, de este modo, bajo el impulso de Gaspar Torrente y de la revista El Ebro, surgió en 1917 la Unión Regionalista Aragonesa (URA), que más tarde pasaría a denominarse Unión Aragonesista, el primer grupo político en enarbolar la bandera del nacionalismo aragonés contemporáneo.
El Centro Aragonés ha sido, desde siempre un intenso foco de actividad cultural. Especialmente destacable en este sentido fue el que en la planta baja del edificio se instalase el Teatro Goya, obra también de Miguel Ángel Navarro, “precioso en sus líneas, alegre y cómodo en todos los departamentos”, tal y como se dijo en su apertura, el cual contaba con una capacidad para 1.000 personas. De la actividad escénica del Teatro Goya podemos señalar que en 1917 programó la obra Campo de Armiño de Jacinto Benavente, que en 1925 actuó un todavía desconocido Carlos Gardel, que en él la turiasonense Raquel Meller presentó la película Ronda de Noche o que Margarita Xirgú estrenó en 1931 La corona, obra del eminente político republicano Manuel Azaña, el cual visitó el Centro Aragonés coincidiendo con el estreno de dicha función.
En el año 1935 el Teatro Goya fue objeto de una importante remodelación y, tras los avatares de la Guerra de España de 1936-1939, en que el edificio fue incautado por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos de la CNT, y el inicio de la dictadura franquista posterior, se arrendó en 1945 al empresario Enrique Marcé el cual, a cambio, financiaba las obras de remodelación y de reforma del edificio, como las llevadas a cabo en 1957. Posteriormente, y después de diversos avatares, la gestión del mismo correría a cargo del Grupo Focus, con quien existe un contrato de arrendamiento por 25 años, siendo nuevamente reformado con ayudas del Gobierno de España y del de Aragón, de las instituciones catalanas (Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona) y de Ibercaja.
Además del Teatro Goya, resulta igualmente destacable la actividad cultural desarrollada por su Sala Goya, por la cual han pasado destacadas figuras de la intelectualidad y en ella, como filial de la Institución Fernando el Católico desde 1957, se han ofrecido múltiples y diversas conferencias, ciclos de cine, festivales de música, exposiciones de todo tipo, etc.
En 2009, en los momentos previos al inicio del procés independentista de Cataluña, el Centro Aragonés celebró su primer centenario. Con tal motivo, se publicó el libro de Antón Castro antes citado, coeditado por el Centro Aragonés y el Gobierno de Aragón y en el que se glosaba la tan dilatada como importante labor llevada a cabo por éste, tanto en el ámbito de la emigración aragonesa como, también, en el conjunto de la sociedad catalana.
Pero este venerable edificio, buque insignia de la emigración aragonesa, que navega en medio de un mar de incertidumbres, necesita en la actualidad el apoyo de las instituciones aragonesas. Ya lo tuvo en el momento de su inauguración en que contó con una ayuda económica del Ayuntamiento de Zaragoza de 8.000 pesetas de aquella época (de 1916), aportación que se mantuvo durante los 8 años siguientes, al igual que las recibió del Gobierno de Aragón o de la Obra Social y Cultural de Ibercaja con motivo de su primer centenario o mediante las convocatorias anuales de ayudas a las Casas de Aragón, todo lo cual permitió la rehabilitación del Teatro Goya, la reforma de su valiosa biblioteca (que alberga más de 14.000 libros) o diversas obras de mejora del edificio. Este apoyo institucional sigue siendo, en la actualidad, tan urgente como necesario pues resulta preciso la reforma integral de las cubiertas del centenario edificio y como forma de evitar que la rapiña de la especulación inmobiliaria ponga en un futuro sus ojos (o sus garras) sobre él poniendo fin a toda una travesía más que centenaria de historia, cultura y convivencia aragonesa en Barcelona. Es por ello que, ahora y en lo sucesivo, el Centro Aragonés de Barcelona-Casa de Aragón debe seguir siendo el principal referente de Aragón en el exterior, en la querida tierra de Cataluña, integrado plenamente en la sociedad catalana, siendo por todo ello un espacio de cultura, de sueños compartidos y de proyección de futuro que, esperemos, lo sea por muchos años.
En la actualidad, el Centro requiere de cuantiosas inversiones, entre ellas, y de forma prioritaria, la reparación de su cubierta, la supresión de sus goteras o la reparación de su cornisa externa, reformas que resultan imposibles de acometer con el presupuesto de dicha entidad (procedente de las cuotas de sus 850 socios, del arrendamiento tanto del Teatro Goya como del Café restaurante y de las salas) y así como de las esporádicas ayudas procedentes del Gobierno de Aragón o de diversas instituciones catalanas (Ayuntamiento y Diputación de Barcelona y de la Generalitat). Por esta razón, el camino para garantizar el legado y también el futuro de tan emblemática entidad pasa, como propone su Junta Directiva, presidida por el alcorisano Jesús Félez Bono, por trasladar a las instituciones aragonesas y a la sociedad aragonesa en su conjunto, no sólo su importancia histórica, a la cual ya nos hemos referido, sino idear los medios adecuados para garantizar su futuro, dando sentido y utilidad a la misma. Y, en este sentido, la opción más idónea sería que el Centro Aragonés de Barcelona – Casa de Aragón, pasase a ser patrimonio del Gobierno de Aragón, al cual se le cedería la propiedad del histórico edificio y, de este modo, se garantizaría su pervivencia y convirtiéndolo, al igual que ocurre con el Centro Blanquerna de la Generalitat de Catalunya en Madrid, en un potente foco de proyección exterior cultural de Aragón, dándole usos diversos, desde punto de encuentro para empresarios y proyectos de promoción turística o gastronómica relacionados con Aragón, todo ello siendo conscientes de que, de este modo, se reforzaría y garantizaría su presencia, más que centenaria, tan necesaria como honrosa, en la sociedad barcelonesa a la que tantos vínculos le unen. Por todo ello, el Centro Aragonés de Barcelona – Casa de Aragón bien merece una apuesta decidida del Gobierno de Aragón para que la firmeza de los tres sillares que sustentan sus cimientos, sea, además de simbólica, efectiva.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 diciembre 2020)
