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CON TODOS LOS CAÑONES ARTILLADOS

Con esta gráfica expresión se refería con acierto Iñaki Gabilondo a la actitud del navío en el que se ha embarcado la triple derecha del PP, Ciudadanos y Vox de confrontación total con el nuevo gobierno de coalición progresista formado por el PSOE y Unidas Podemos. Así quedó patente en las agrias sesiones del debate de investidura de Pedro Sánchez y esa crispación, puesta de manifiesto por la beligerante artillería derechista, la misma que se considera defensora de las esencias del nacionalismo español, está dirigiendo a éste a una peligrosa involución, ofreciendo así su peor rostro, el de una intolerancia plagada de actitudes dudosamente democráticas. Y es que, el siempre complejo y espinoso tema del nacionalismo español, tan desacreditado por el perverso uso que del mismo hizo la dictadura franquista es también, ahora, una cuestión que genera una amplia polémica por su uso (y abuso) del cual hace una derecha cada vez más conservadora en lo político, retrógrada en lo social y recentralizadora en lo referente al modelo territorial autonómico vigente.
Es cierto que, tras la muerte del general Franco y el inicio de la Transición, la derecha fue reformulando su concepto de España. Eran unos momentos en los que la nueva derecha posfranquista quería reivindicar un nuevo nacionalismo español puesto que, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), tenía una sensación de “pérdida de la identidad nacional”, como consecuencia al miedo a la gradual integración en la actual Unión Europea, unido a un creciente temor a los efectos de la inmigración, así como al aumento de las “identidades alternativas en la periferia”, a los nacionalismos de Euskadi y Cataluña, de sobrada trayectoria democrática y antifranquista.
Para mejor desvincularse del legado franquista, la derecha trató de construir una nueva legitimidad histórica enraizada con los modelos conservadores y, de este modo, como indicaban los autores citados, dar “continuidad con el liberalismo español de finales del s. XIX y principios del XX”, reivindicando de éste modo, de forma especial, la figura y el legado político de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que, pese a sus déficits democráticos (siempre se opuso a la implantación del sufragio universal, por ejemplo), ofrecía como modelo “un sistema bipartidista estable capaz de oponer resistencia a las demandas desintegradoras” de los nacionalismos subestatales a los cuales, por otra parte, se consideraba que se habían hecho excesivas concesiones desde la Transición, a pesar de que reiteradamente se buscó el apoyo parlamentario del PNV y de la antigua CiU en aquellos tiempos en los cuales el políglota Aznar hablaba catalán en la intimidad.
En esta línea de redefinición ideológica de loa derecha democrática, en su obsesión por demostrar unas credenciales no manchadas por la huella del franquismo, asumió, también, el legado del Regeneracionismo, del pensamiento de Joaquín Costa, de Unamuno o de Ortega y Gasset, e incluso José María Aznar llegó a reivindicar la figura de Manuel Azaña (obviando su republicanismo) tanto en cuanto éste aspiró al establecimiento de una sociedad plenamente democrática (aunque Aznar obvia su republicanismo) y su esfuerzo por fomentar “la cohesión nacional entre los españoles”. De este modo, Aznar no sólo intentaba emparentar a los conservadores con la idea de progreso, sino que indirectamente trataba de desligar al PP de sus vínculos con el franquismo.
Tras el logro de la mayoría absoluta por el PP liderado por Aznar en las elecciones del año 2000, fue el momento que marcaría el inicio para la derecha de la recuperación del concepto de España como nación democrática, un concepto que consideraban que prácticamente había desaparecido “como resultado de los esfuerzos combinados del franquismo, por un lado, y los nacionalismos periféricos, por otro”. Así, en el Congreso del PP de 2002 se aprobó el documento titulado El Patriotismo constitucional del s. XXI, redactado por Josep Piqué y María San Gil, un catalán y una vasca con una visión más abierta de la idea de España, en el cual se rechazaba la tentación de los sectores españolistas más tradicionales del partido de reeditar el viejo nacionalismo español. De este modo, el documento citado ofrecía un nuevo concepto de España articulado en torno a la defensa de la Constitución de 1978, la libertad, la pluralidad y la responsabilidad cívica, acercándose de éste modo a los postulados defendidos por estas mismas fechas por el PSOE en la línea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. No nos debe de extrañar que esta redefinición del patriotismo de derechas sentase mal a los sectores más conservadores del PP, razón por la cual fue criticado por intelectuales afines como González Quirós, mientras que Edurne Uriarte lo consideraba “demasiado habermasiano”.
Pese a lo dicho, el PP, en vez de girar al centro, pretende frenar a los nacionalismos periféricos, sacralizando la Constitución de 1978 y defendiendo una España unida frente a las crecientes demandas federales y confederales. Además, el nacionalismo conservador siempre se ha reafirmado, históricamente, frente al “otro” extranjero, bien fuera éste “el moro”, “el francés” o “la Rusia soviética”, conceptos éstos que en democracia no son políticamente correctos...excepto para la extrema derecha, razón por la cual han sido en la actualidad retomados con pasión por la impetuosa irrupción de Vox, nítida imagen política de los peores vicios del nacionalismo reaccionario.
En la actualidad asistimos a una fragmentación política del nacionalismo conservador español que hasta hace bien poco se cobijaba en su práctica totalidad en las filas del PP y que hoy lo hacen, también, en las posturas tan preocupantes como involucionistas de Vox o en la errática volatilidad ideológica de Ciudadanos, unos momentos en que el nacionalismo español, en su triple versión política, ofrece una imagen de retorno a su cerril centralismo tradicional y una intensificación de la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos, lo cual supone una seria involución propiciada por las consecuencias del conflicto catalán como telón de fondo.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 enero 2020)
AUSCHWITZ EN LA MEMORIA

El 27 de enero de 1945, hace hoy 75 años, el ejército soviético liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, exponente máximo de la barbarie criminal nazi, lugar donde fueron asesinadas en torno a 1.100.000 personas. El recuerdo de lo que supuso la tragedia sufrida en Auschwitz hizo que, tras el final de la II Guerra Mundial se establecieran unas nociones claves en torno a la memoria tales como el concepto mismo de memoria, la noción de víctima, el desarrollo de los derechos humanos, la cuestión de la culpabilidad alemana, la dimensión legal del recuerdo, el impulso de la idea de la justicia reparadora ante los crímenes contra la humanidad, entre ellos los genocidios, así como el inicio de la aplicación de la Justicia Penal Universal.
Para recordar y educar a las nuevas generaciones sobre lo que supuso el Holocausto, la Shoah en hebreo, la ONU instauró en el año 2005 que el 27 de enero fuera declarado como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como un llamamiento al “deber de memoria”, asumiendo así el sagrado compromiso de recordar aquella inmensa tragedia, como una reflexión de lo que supuso aquel pasado trágico y, también, como una lección permanente para el futuro de toda sociedad que pretenda regirse por los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas que la conforman.
En este deber de memoria resulta fundamental hacer frente a cualquier tipo de negacionismo, esa hidra venenosa de indisimuladas simpatías neofascistas que, frente a las aplastantes evidencias históricas, pretende minimizar, negar e incluso justificar el Holocausto, máxime en unos momentos en que el auge de la extrema derecha está convirtiéndose en una seria amenaza para nuestros valores y convivencia democrática, aupada por su perversa manipulación de temas tales como la migración o la xenofobia. Y es que, las sociedades democráticas debemos defendernos, desde la legalidad, contra la expansión de este tipo de actitudes indeseables y ello exige hacerles frente en todos los terrenos, la justicia y la educación incluidas.
En materia legislativa, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en concreto de su artículo 607.2, aunque penaliza la incitación al genocidio, ha despenalizado la negación del mismo como consecuencia de la sentencia del 235/2007 del Tribunal Constitucional, lo cual, ciertamente, resulta un grave retroceso en estos tiempos de resurgir de los fascismos. De hecho, dicha sentencia, en opinión del magistrado del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que en su momento emitió un voto particular, se fundamenta en la creencia errónea de que puede existir una negación “aséptica” del Holocausto, cuando la realidad demuestra que quien lo niega, continuará justificándolo o haciendo apología del mismo. Y es que, este negacionismo no es nunca un ejercicio académico fundado en la libertad de investigación histórica y expresión, es habitualmente un instrumento que sirve al fascismo y al antisemitismo puesto que quienes propagan la patraña de que el Holocausto no fue lo que dicen los historiadores y determinados tribunales, persiguen un propósito político y tienen una intención puramente racista que nada tiene que ver con las libertades públicas. Y es por ello que el negacionismo no debe ampararse en la libertad de expresión puesto que, como señala Alejandro Martínez Rodríguez, “hay interpretaciones de la historia que no se limitan a proponer otro punto de vista sobre los acontecimientos, sino que inciden en un ejercicio de olvido, son proyectos de negación y no sencillas relecturas subjetivas del pasado”. Y ello vale para analizar objetivamente todo tipo de genocidios, desde el sufrido por el pueblo armenio en 1915, el de los españoles leales a la República durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, o la dramática situación del pueblo palestino en la actualidad.
La mejor forma de combatir el negacionismo es contar la verdad y, para ello, el papel de la educación resulta fundamental. En este sentido, tanto la Unión Europea, como la OSCE o la ONU insisten en la necesidad de realizar programas de educación sobre el Holocausto “para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas” ya que no hay que trivializar el crecimiento de la xenofobia y el racismo en detalles tales como la encuesta elaborada en un ya lejano año 2008 por el Movimiento contra la Intolerancia según la cual el 15% de los adolescentes “echaría a los judíos de España”… aunque nunca hayan visto o conocido a ninguno, por puro prejuicio, o como las recientes postales navideñas enviadas por Vox Cádiz en las que ya no aparecía el rey (negro) Baltasar y todo ello nos recuerda, una vez más, la necesidad de establecer una asignatura de Educación para la Ciudadanía en nuestro sistema educativo como eficaz dique contra estos prejuicios y actitudes.
Por todo lo dicho, el Papa Juan Pablo II, natural de Polonia en donde tuvieron lugar los crímenes de Auschwitz, recordando estos hechos dijo: “Nadie puede pasar de largo ante la tragedia de la Shoah, aquel intento de acabar programadamente con todo pueblo se extiende como una sombra sobre Europa y el mundo entero; es un crimen que mancha para siempre la historia de la humanidad. Que sirva de advertencia para nuestros días y para el futuro: no hay que ceder ante las ideologías que justifican la posibilidad de pisotear la dignidad humana, basándose en la diversidad de raza, del color de la piel, de lengua o de religión”. Todo un reto en estos tiempos convulsos pues, recordando a Marlene Dietrich cuando le preguntaron por qué era antifascista, ella declaró “simplemente, por decencia”.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 enero 2020